nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado, Administrativo 1° Titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes en contra de la Corporación Administrativa de Poder Judicial, en razón de dictación de resolución de 8 de julio de 2025, que declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, y resolución de 21 de agosto de 2025, que rechazó el recurso de reposición en contra de la citada resolución, lo que estima conculca las garantías contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos explica que, por resolución de 8 de julio de 2025, la recurrida declaró la vacancia de su cargo, por salud incompatible con el servicio judicial, en razón la facultad que le confiere al jefe de servicio, de conformidad al artículo 151 de la Ley N°18.834, fundado en la recurrente hizo uso de licencias médicas durante 585 días en los últimos 2 años y que de acuerdo a la Resolución N°15967355, de 27 de enero de 2023 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, presenta un estado de salud recuperable.

Agrega la resolución que, se dispuso incluso la realización de una audiencia con el Presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para recabar información sobre la fecha de reincorporación, llevada a cabo el día 10 de enero pasado, donde se exploró la posibilidad de una jornada híbrida con teletrabajo. Lo cierto es que luego del feriado la funcionaria retomó funciones en teletrabajo por un breve lapso y a contar de mayo hasta esta fecha volvió a ausentarse por licencia médica.

Refiere que, en contra de esta resolución interpuso recurso de reposición, fundado en que la recurrente es una profesional de 25 años de servicio, con una trayectoria intachable y evaluaciones sobresalientes, quien nunca hizo uso indebido de licencias médicas, las que han sido siempre debidamente justificadas y respaldadas por profesionales tratantes.

Señala que, pese a su esfuerzo por reintegrarse laboralmente mediante teletrabajo entre marzo y mayo de 2025, se vio imposibilitada de hacerlo debido al recrudecimiento de síntomas físicos y psíquicos lo que confirma la imposibilidad de desempeñar funciones en condiciones adecuadas.

Refiere que lo anterior, en contexto de reactivación de episodios de acoso laboral, los que agravaron su cuadro clínico y precipitaron su recaída. Situación ésta debidamente denunciada y que no mereció por parte del empleador cobijo de conformidad al artículo 184 del Código del Trabajo.

Indica diversos antecedentes médicos como: la presencia de discopatía cervical multisegmentaria, protrusiones discales, estenosis foraminal con compromiso neurológico, neuropatías múltiples y daño musculoesquelético severo. A ello se suma el diagnóstico de fibromialgia, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y un trastorno ansioso-depresivo con crisis de pánico en tratamiento.

Explica que, en razón de lo anterior, solicitó al Excelentísimo Presidente de la Corte Suprema reconocer la enfermedad crónica e irrecuperable y dejar sin efecto la declaración de vacancia por salud incompatible. En su lugar, pidió disponer su retiro o jubilación por salud en calidad de caso excepcional, conforme a la normativa vigente, o bien mantener suspendidos los efectos de la vacancia hasta consolidar el proceso clínico-administrativo.

Precisa que, mediante resolución de 21 de agosto de 2025, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, rechazó el recurso de reposición, teniendo en consideración que los argumentos expuestos son una reiteración de lo manifestado durante toda la tramitación del proceso, sin que de ellos se extraigan nuevas consideraciones que permitan modificar lo decidido.

Esgrime que la decisión es arbitraria e ilegal, fundado en que el jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Sin embargo, alega que en el presente caso el informe de la COMPIN data de enero de 2023, que contiene una declaración de recuperabilidad y no una evaluación de incompatibilidad con el cargo.

Señala que, de estimar esta Corte que lo anterior habilita al jefe de servicio para declarar la vacancia del cargo, en subsidio, alega que la situación de salud de la recurrente se ha agravada en los últimos 2 años, en razón de numerosos diagnósticos, como los ya indicados, entre otros.

Así, estima que el Jefe Superior del Servicio debió requerir un nuevo pronunciamiento por parte Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, omisión que no puede sino entenderse como una infracción al sentido y alcance de la norma antes citada, toda vez que, con posterioridad a la evaluación, y hasta el presente año, la recurrente ha presentado atenciones médicas en el Hospital de Putaendo y en la Unidad de Salud Mental del Cesfam de San Felipe, informe de la psicóloga de este último que describió el cuadro de la recurrente como no recuperable.

Por lo que estima que no cabe sino concluir la existencia de un arbitrariedad al no haber requerido la actualización del certificado emitido por la COMPIN, que había sido extendido hace 2 años y 7 meses.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución que declaró la vacancia. En subsidio, solicita ordenar la suspensión de la resolución que declara la vacancia, hasta la evaluación de los antecedentes por parte de la COMPIN y se adopten todas las medidas necesarias para dar debida de protección a la recurrente, incluyendo la posibilidad de favorecer una jubilación anticipada de carácter excepcional, con costas.

A folio 6, evacúa informe la Corporación Administrativa del Poder Judicial, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Alega en primer término la falta de legitimación pasiva, fundado en que la facultad de declaración de vacancia del cargo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 18.834 le asiste de forma privativa al jefe del servicio, en el caso sublite, al Presidente de la Corte Suprema como máxima autoridad del Poder Judicial mas no a la Corporación.

Esgrime que es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y que según los artículos 506 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, no ostenta la calidad de jefe de servicio.

Agrega que es un organismo técnico-asesor de la Corte Suprema en materias de administración de recursos y su función se limita a detectar casos de funcionarios con más de 6 meses de licencia médica e informar al Presidente de la Corte Suprema, quien tiene la facultad privativa de declarar la vacancia.

En cuanto al fondo, señala que de acuerdo al artículo 151 de la Ley N°18.834, el Jefe Superior puede considerar salud incompatible cuando hay uso de licencia médica superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Que, en el caso concreto, la recurrente hizo uso de 585 días de licencia médica en 2 años, lo que ha sido reconocido por ella y la COMPIN declaró su salud como recuperable mediante resolución n°15967355 del 27 de enero de 2023.

Precisa que la recurrente incurre en un error en la interpretación, pues sostiene que el pronunciamiento de la COMPIN debe evaluar la "incompatibilidad con el cargo", pero la ley no exige eso, sino que el inciso tercero señala que el jefe superior del servicio, deberá requerir previamente a la comisión de medicina preventiva e invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Aclara que la correcta interpretación es, si la COMPIN declara salud irrecuperable, procede vacancia por salud irrecuperable. Si la COMPIN declara salud recuperable, el jefe del servicio puede declarar vacancia por salud incompatible.

Agrega que, en el caso concreto, la recurrente registraba 585 días de licencia médica en los últimos 2 años; la COMPIN declaró salud recuperable el 27 de enero de 2023; el 10 de enero, se realizó audiencia con Presidente de la Corte de Valparaíso; se intentó teletrabajo entre marzo y mayo de 2025, pero la funcionaria volvió a ausentarse; que la Declaración de vacancia, en AD 38-2023 data de 8 de julio de 2025 y la reposición fue rechazada el 29 de julio de 2025.

Finaliza indicando que la actora no tiene un derecho indubitado en cuanto a mantenerse en el ejercicio de su cargo si no da cumplimiento a los requisitos legales establecidos para el mismo, dentro de los cuales se encuentra el mantener una salud compatible con el cargo, no existiendo conculcación de garantías constitucionales.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva:

Primero: Que, la recurrida ha alegado que la acción se ha dirigido erradamente en su contra, en circunstancias que el legitimado pasivo es el Presidente de la Excma. Corte Suprema, quien es el Jefe Superior del Servicio y quien ha dictado los actos que por esta vía se impugnan.

Segundo: Que, para estos efectos se debe tener en consideración lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 508 del Código Orgánico de Tribunal, en cuanto señala que: “La dirección de la Corporación Administrativa corresponderá al Consejo Superior, integrado por el Presidente de la Corte Suprema, que lo presidirá…”. Que, a su turno, el inciso 1 del artículo 509 del mismo cuerpo normativo, expresa que: “El Presidente del Consejo Superior tiene la representación legal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.”

Tercero: Que, en consecuencia, la alegación será desestimada, desde que conforme a las normas antes transcritas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es representada legalmente por el Presidente del Consejo Superior, cargo que detenta el señor Presidente de la Excma. Corte Suprema, por ende, concurren en dicho Excmo. Ministro, ambas calidades.

II.- En cuanto al fondo:

Cuarto: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida en favor de toda persona que, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, mediante esta vía cautelar, se impugnan las resoluciones de 8 de julio y 21 de agosto, ambas de 2025, dictadas por el señor Presidente de la Excma. Corte Suprema, la primera, que declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible y, la segunda, que rechazó el recurso de reposición deducido contra la primera, por estimarse que mediante ellas, se incurre en un actuar que afecta las garantías constitucionales de la actora, consagradas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, por su parte, la recurrida argumenta que, no obstante que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez determinó que la salud de la recurrente era recuperable, el Jefe Superior del Servicio se encuentra habilitado para considerar la salud de la funcionaria como incompatible con el desempeño del cargo, por así permitirlo la legislación aplicable y por cumplirse los requisitos objetivos para ello, que en el presente caso se configuran con 585 días de ausencia en dos años.

Séptimo: Que, el artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considera para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deber requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Octavo: Que, en consecuencia, y de la atenta lectura de la norma antes citada, se debe distinguir entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo. En el presente caso, es decir, de declaración de salud incompatible, la condición médica de la funcionaria resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años. En la especie, esta ausencia incluso se ha prolongado más allá del período examinado.

Noveno: Que, no existe controversia sobre la circunstancia que la actora hizo uso de licencias médicas entre el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022, superando ampliamente el mínimo de 180 días que establece la normativa en cuestión, registrando un total de 585 días de ausentismo laboral. En estas circunstancias, se dio inicio al procedimiento respectivo al tenor de la Circular RH40 de 2006, y en ese contexto se requirió el pronunciamiento de la COMPIN.

Siguiendo con el razonamiento, consta que la COMPIN, mediante Resolución de Evaluación Folio N° 15967355 de 27 de enero de 2023, determinó que la salud del recurrente era recuperable, cumpliéndose con la exigencia del inciso tercero del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Si bien se ha reclamado de la antigüedad de este informe, lo cierto es que se corresponde con la fecha de inicio del procedimiento que terminó con la dictación de las resoluciones reclamadas, y como se dirá tampoco impide la declaración de vacancia por salud incompatible.

Décimo: Que, consta también de los antecedentes, que luego de evacuarse el informe de la COMPIN, la actora intentó reincorporarse pero nuevamente hizo uso de licencias médicas, y más aun en la actualidad -según documentos de Folio 15- se encontraría internada en un establecimiento asistencial de la Provincia del Aconcagua, lo que viene a ratificar la existencia de la incompatibilidad declarada.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, la Contraloría General de la República en Dictamen N°E188441, de 24 de abril de 2022, que ratifica el criterio expuesto en el Dictamen N°17.351, de 2018, concluyó que las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.050 no derogaron la causal de vacancia en el cargo por salud incompatible, la que puede declararse, en el evento de que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, si se configura la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, en términos de lo que dispone el artículo 15 de Estatuto Administrativo.

En otras palabras, el informe de la COMPIN no es vinculante para el Jefe del Servicio, esto es, no obstante declararse que la salud es recuperable puede, igualmente, producirse la declaración de salud incompatible con el cargo como ha ocurrido en la especie, teniendo en vista todos los antecedentes recabados en el procedimiento, donde se dio cuenta de las variadas patologías que afectan a la señora nombre reservado y de los días de ausencia -que superan largamente los seis meses en los dos años contados hacia atrás del inicio del procedimiento-, y que la funcionaria fue oída y ejerció todos las instancias administrativas.

Décimo segundo: Que, se tendrá además presente para el rechazo del recurso, el principio de servicialidad de toda función pública, configurando un deber del jefe del servicio el velar por la continuidad -en este caso- del servicio judicial.

Décimo tercero: Que, se concluye entonces, que las resoluciones impugnadas por esta vía, fueron dictadas por autoridad competente, en uso de una atribución establecida en la ley, y de la forma ordenada en ella, sin que se advierta arbitrariedad alguna, razones por las cuales el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

1.- Que se rechaza la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por la recurrida.

2.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó la ministra suplente Leonor Cohen Briones.

N°Protección-5766-2025.

No firma el Abogado Integrante Sr. Morales, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar Sala el día de hoy.