nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgg C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Carolina Hidalgo Fiol, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, Técnico Universitario con mención en informática, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, S.A. y Superintendencia de Pensiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de sus fondos previsionales, de lo que tomó conocimiento formal el 19 de agosto de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que, el recurrente con fecha 28 de julio de 2025, presentó una solicitud de devoluciones de sus fondos previsionales en la sucursal virtual de la recurrida, en virtud de la exención establecida en la Ley N°18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones enteradas a su nombre, correspondientes a su antiguo empleador: Scotiabank Chile S.A, rol único tributario número 97018000-1.

Que, con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Exención normativa Ley N°18.156, el recurrente acompañó, copia de cédula de identidad vigente, título profesional como técnico extranjero apostillado, contrato de trabajo notariado con Scotiabank Chile S.A, RUT: RUT reservado, que incluye el anexo de disposición de sus aportes en su fondo de pensiones de vejez e invalidez en Venezuela tal como lo estipula el artículo 1° de la Ley 18.156, y certificado de inscripción y de cotizaciones en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S). posteriormente ratificado por declaración bajo fe de juramento, de que se encuentra cubierta por éste en un periodo anterior al de comenzar a cotizar en los fondos de pensiones de AFP de Chile, y que fue ratificado bajo ministro de fe chileno.

Con todo, la recurrida rechazó la petición del recurrente, toda vez que, de acuerdo con los antecedentes presentados, estimó que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N.º 18.156 y en la normativa del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, lo cual le fue informado vía mensaje por WhatsApp, negándose la recurrida a dictar resolución expresa sobre este rechazo.

Sin perjuicio de lo anterior, y luego de varias peticiones del recurrente, se le informa formalmente que el motivo del rechazo con data del 19 de agosto de 2025, se debió a la falta de constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ya que, el documento aportado era sólo una constancia de cotización.

A su respecto, el recurrente indica que el documento acompañado puede ser verificado a través del portal web del I.V.S.S. con el código de verificación, y en tal sentido, no podría refutarse como vencido si cuenta con una verificación electrónica y además se encuentra debidamente notariado, legalizado, apostillado y con declaración bajo fe de juramento de que se encuentra cubierto por éste, en un periodo anterior al de comenzar a cotizar en los fondos de pensiones de AFP de Chile, y habiendo sido validado por ministro de fe en Chile.

Alega, que el rechazo resuelto por la recurrida, deviene en un acto arbitrario e ilegal, ya que exige la actualización de un documento que no sólo cuenta con plena validez, sino que además puede ser verificado electrónicamente.

Hace presente que hizo un requerimiento a la Superintendencia de Pensiones, sin respuesta alguna.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesto el presente recurso y en definitiva acogerlo, ordenando a la AFP PROVIDA la devolución de sus fondos, que la Superintendencia de Pensiones le reconozco el derecho que le asiste, con expresa condenación en costas.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo con costas.

Refiere en primer lugar, que el recurso excede el ámbito del recurso de protección, por cuanto el artículo 20 de la Constitución protege derechos claros e indiscutidos, no los que dependen de una interpretación o verificación técnica, por lo que este caso requiere un proceso declarativo o de conocimiento, no una acción de emergencia como el recurso de protección.

Respecto al fondo, estima que no existe acto ilegal ni arbitrario, que, además, la Superintendencia no dictó resolución ni intervino directamente en el rechazo, por lo que no existe un acto atribuible a ella, su actuar se basa en la Ley 18.156, el D.L. 3.500 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que los requisitos de la Ley 18.156, para retirar fondos, el extranjero debe acreditar:

a) Afiliación vigente a un régimen de seguridad social en su país de origen (enfermedad, vejez, invalidez y muerte).

b) Que su contrato de trabajo en Chile incluya una cláusula expresa donde manifieste su voluntad de mantener esa afiliación extranjera.

Con ello, el certificado presentado por el recurrente Rivas no estaba apostillado ni legalizado y había expirado su validez (120 días). Además, no acompañó su contrato de trabajo, por lo que no acreditó el requisito de mantener afiliación extranjera.

Por último, respecto de la situación de Venezuela, la Superintendencia reconoce el cierre de la embajada venezolana, lo que dificultó la validación de los documentos, sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los certificados pueden gestionarse y apostillarse directamente en Venezuela, mediante el portal https://mppre.gob.ve/; haciendo presente que varias AFP ya han tramitado devoluciones válidas con certificados correctamente legalizados o apostillados.

A folio 11, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, S.A. solicitando el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

En síntesis, la AFP alega la improcedencia del recurso de protección, por cuanto, el recurso de protección no es el mecanismo adecuado para resolver materias complejas o controvertidas, como las de tipo previsional, ya que el recurso de protección solo protege derechos indubitados frente a actos ilegales o arbitrarios, no sirve para discutir la aplicación o interpretación de leyes. Por tanto, el caso debió ventilarse en un juicio de lato conocimiento (ordinario o laboral).

Que, respecto al fondo, estima la recurrida haber actuado en forma legal y no arbitrario, ya que el rechazo a la solicitud del recurrente el 19 de agosto de 2025, se debió porque el certificado de afiliación al IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales): no estaba apostillado ni legalizado, no señalaba coberturas específicas, y además estaba vencido, según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Conforme lo anterior, la AFP estimar haber actuado conforme al art. 7 de la Ley 18.156, el DL N°3.500 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Agrega, que si bien Ley N°18.156 autoriza el retiro de fondos previsionales por técnicos extranjeros, esto procede bajo el cumplimiento de tres requisitos: 1. Acreditar calidad de técnico (título legalizado); 2. Demostrar afiliación vigente a un sistema previsional extranjero (documento legalizado/apostillado); y 3. Que el contrato de trabajo en Chile contenga la cláusula de mantener dicha afiliación.

Que, los requisitos antes señalados no fueron cumplidos por el recurrente, por lo que el rechazo fue ajustado a derecho.

Previas citas legales y apoyo jurisprudencial, solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 12, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente, de nacionalidad venezolana, por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., a través de la cual pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado por parte del extranjero el certificado de afiliación al régimen previsional de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley y que, por lo demás, se encontraba vencida.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regulando las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de quince de julio de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, adicionalmente, se advierte una inconsistencia en la documentación contractual acompañada, pues el contrato original de 05 de diciembre del año de 2022 contiene cláusulas que expresan la voluntad del recurrente de quedar adscrito al sistema previsional chileno, mientras que, transcurrido más de un año, mediante anexo de contrato de 18 de abril de 2024, se pretende modificar dicha manifestación de voluntad. Tal contradicción no satisface el requisito previsto en el artículo 1 letra b) de la Ley N°18.156, puesto que no resulta inequívoca su voluntad de mantener su afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile.

Noveno: Que, por otra parte, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el presente, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional.

De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

Décimo: Que, en consecuencia, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la AFP recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse su actuación como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar, decisión a la que se llega asimismo respecto de la referida Superintendencia de Pensiones, emplazada en estos antecedentes como recurrida para que reconozca el derecho que le asistiría al recurrente, pretensión que resulta improcedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-5757-2025.