nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jepv.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 compareció la abogada Carolina Hidalgo Fiol y deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, cuya profesión y domicilio indica, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. por lo que considera una actuación ilegal y arbitraria consistente en la negativa a restituir los fondos previsionales en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Explica que la persona extranjera a cuyo favor recurre es de nacionalidad venezolana y posee título profesional como técnico superior en informática, desempeñándose en tal calidad para Scotiabank Chile S.A. Indica que solicitó la devolución de sus fondos previsionales ya que cumple con todos los requisitos legales para ello, pese a lo cual, el 19 de agosto del año en curso, la recurrida rechazó su solicitud por estimar que el certificado de afiliación no indica si ésta se mantuvo durante todo el tiempo cotizado en Chile.

Hace presente que el documento acompañado cuenta con verificación electrónica y que en él se puede observar que se indican los datos sobre la fecha de afiliación y las coberturas otorgadas, las que el sistema venezolano mantiene pese a la condición de cesante registrada desde marzo de 2015.

Considera ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida y acusa vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Luego de citar jurisprudencia que estima atingente al asunto planteado, solicita que se acoja el recurso de protección y se adopten las medidas necesarias para obtener la devolución pedida.

A folio 6 informó la Superintendencia de Pensiones y luego de efectuar algunas consideraciones explicativas acerca de la Ley N° 18.156 señala que la jurisprudencia administrativa de dicho organismo ha resuelto que para acreditar los requisitos de cobertura el extranjero debe aportar la certificación de la institución previsional de su país, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que, a su vez, para establecer este requisito de cobertura, se puede presentar un certificado otorgado por la embajada o consulado del país de origen, que indique expresamente que éste ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social del país respectivo. Tratándose de la cobertura de salud, señala que, además, se debe indicar si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas en caso de enfermedad común. Agrega que el certificado de cobertura tiene que especificar que el extranjero contó con la debida protección por estos riesgos mientras prestó servicios en Chile, ya que se ha entendido que el fundamento de esta devolución de fondos radica en el hecho de no ser necesarias estas coberturas para el extranjero que presta servicios en Chile si los riesgos están cubiertos en su país de origen, de manera que si ello no es así, no procede la restitución.

Hace presente que el certificado acompañado por el extranjero recurrente se encuentra vencido ya que dicho documento indica una vigencia de 120 días, que expiró el 9 de julio de 2024 y la petición de retiro data del 26 de julio de 2025. Agrega que la declaración jurada esgrimida por el peticionario no es un documento idóneo para acreditar la cobertura previsional y que el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de apostilla.

A folio 11 rola el informe de la AFP recurrida, la que solicita el rechazo de la acción cautelar deducida en su contra.

En primer término, afirma que esta no es la vía idónea para resolver una materia que es de lato conocimiento y de carácter contradictorio. Enseguida, niega la existencia de actos ilegales o arbitrarios que conculquen o amenacen garantías constitucionales de la persona extranjera a cuyo favor se recurre.

Señala que efectivamente la solicitud del recurrente fue rechazada ya que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales está vencida. Finaliza el informe, realizando una serie de consideraciones acerca de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en relación a la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados por la Ley N° 18.156 y sobre el sentido y alcance de esta normativa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP PROVIDA S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley N°18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias en relación a la materia debatida:

1.-Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la de Técnico Superior Universitario en Informática, y que cuenta con residencia definitiva;

2.-Dicha persona extrajera ingresó a prestar servicios para Scotiabank Chile el 1 de septiembre de 2020 con un contrato de carácter indefinido;

3.-Por anexo de contrato de trabajo de 11 de abril de 2024, el recurrente dejó constancia de su voluntad de mantener vigente su afiliación al régimen previsional de su país;

4.-El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición señalando que el certificado de afiliación está vencido.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la AFP PROVIDA sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerado un técnico extranjero.

En relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, sin perjuicio que la recurrida acotó el reproche a la vigencia del certificado de afiliación, la verdad es que no se acreditó la concurrencia de ninguna de las restantes exigencias.

En efecto, el documento emanado de la Consejera en Comisión/Encargada de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Santiago de Chile no reviste ninguna utilidad en tanto dice relación con los datos aportados por el propio recurrente en una declaración jurada de afiliación, que carece de todo mérito para establecerla así como tampoco acredita las coberturas y el período de vigencia de las mismas.

En similar situación se encuentra la Constancia Electrónica de Cotizaciones, ya que más allá de su vigencia temporal, dicho documento sólo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado cesante, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera, por medio de una referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que tampoco permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos, sin perjuicio de recordar aquí que el derecho extranjero debe ser probado en Chile, por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como residente definitivo, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros residentes definitivos, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo, además, presente que a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Nancy Bluck Bahamondes.

N°Protección-5756-2025.

En Valparaíso, cinco de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.