nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece la abogada Carolina Hidalgo Fiol, quien interpone acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjeros, formulada conforme a la Ley N° 18.156, y la omisión de respuesta a la reclamación deducida ante el órgano fiscalizador, lo que estima atentatorio de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de sus cotizaciones previsionales el 23 de julio de 2025, correspondientes a períodos en que habría prestado servicios para Scotiabank Chile S.A. y Team Mate Consultores Limitada, acompañando antecedentes destinados a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, entre ellos, copia de cédula de identidad vigente; título profesional apostillado; contratos de trabajo, con anexos en los que se consignaría su voluntad de mantener afiliación previsional en su país de origen; y certificación relativa a su inscripción y cotizaciones en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), además de ratificaciones efectuadas bajo ministro de fe.

Explica que la solicitud fue rechazada por AFP ProVida el 20 de agosto de 2025, fundado en que no se cumplirían los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 y por la normativa administrativa aplicable, informándosele posteriormente que el motivo del rechazo consistía en no haber adjuntado un certificado de afiliación al sistema previsional extranjero debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Reclama que el documento acompañado y objetado cuenta con un proceso de validez electrónica a través del portal web del I.V.S.S., por lo que no podría ser considerado vencido ni carente de validez, dado que en Venezuela no existe un mecanismo de desafiliación y que, en su caso, se encuentra afiliada desde el 1 de diciembre de 2009. Añade que, conjuntamente, adjuntó una declaración otorgada ante notario público en Chile, en la que declara bajo fe de juramento que se encuentra debidamente cubierta en un período anterior al inicio de sus cotizaciones en Chile.

Asevera que el rechazo de su solicitud deviene en arbitrario e ilegal, al exigírsele un documento no contemplado en la normativa aplicable, pese a que el antecedente acompañado tendría plena validez y puede ser verificado electrónicamente, en el cual se señala expresamente que “La presente ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso”, considerando, además, la imposibilidad actual de cumplir con lo requerido, en circunstancias que sería un hecho público y notorio que los ciudadanos venezolanos no cuentan actualmente con representación consular en Chile.

Declara que conoce que, al hacer uso del derecho a retirar cotizaciones previsionales, pierde el derecho al bono de reconocimiento y que dicho retiro resulta incompatible con el acceso a una pensión básica solidaria.

Asevera, además, que consultó a la Superintendencia de Pensiones acerca de su situación, sin obtener respuesta, estimando que existe una omisión del órgano fiscalizador en establecer protocolos, mecanismos de contingencia o criterios administrativos uniformes que permitan evaluar de manera justa y flexible la situación de los trabajadores extranjeros cuyos derechos se encontrarían siendo vulnerados.

Sobre esta base, denuncia la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, 18 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la recurrida efectuar la devolución de los fondos previsionales, conforme al valor cuota vigente al día de su pago efectivo, mediante vale vista o depósito bancario en la cuenta que la recurrente dispuso en la plataforma de la recurrida, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles; que se ordene a la Superintendencia de Pensiones reconocer el derecho de devolución de fondos como técnico extranjero que tendrían los ciudadanos venezolanos que puedan demostrar el cumplimiento de las exigencias de la normativa excepcional contenida en la Ley N° 18.156, y que se establezca un protocolo de contingencia para este tipo de casos en los que no se cuenta con representación consular, con costas.

A folio 8, evacúa informe el abogado Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene, en primer lugar, que la acción de protección no sería la vía idónea, por tratarse de materias de lato conocimiento, de carácter contradictorio, añadiendo que no existiría un derecho indubitado, pues la recurrente afirma ilegalidad y arbitrariedad del rechazo, mientras que su parte sostiene que la actuación se ajusta a la normativa vigente.

En cuanto a los hechos, reconoce que ProVida rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente en calidad de técnico extranjero, indicando que ello se fundó en que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraría vencida según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y que, conforme a dichos criterios, las certificaciones electrónicas de cotizaciones que no se encuentren legalizadas o apostilladas, y que además no precisen coberturas o un período determinado de cobertura, no serían suficientes para acreditar el requisito de afiliación y cobertura previsional en el extranjero exigido por la Ley N° 18.156. Agrega que, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile y siendo Venezuela Estado parte, se exige la apostilla de la certificación correspondiente, citando reglas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero.

Desarrolla que el sistema previsional del Decreto Ley N° 3.500 establece un destino específico para los fondos de capitalización individual -financiar prestaciones y beneficios previstos por la ley-, señalando que las AFP no pueden otorgar beneficios distintos a los autorizados legalmente. Expone que la Ley N° 18.156 configuraría una excepción para técnicos extranjeros, permitiendo la devolución de fondos solo si se cumplen copulativamente los requisitos legales (calidad de técnico; afiliación previa a un régimen previsional extranjero con coberturas mínimas; y manifestación contractual de mantener dicha afiliación), sosteniendo que ProVida habría actuado exigiendo únicamente el cumplimiento de esas exigencias conforme a las instrucciones del órgano fiscalizador.

A folio 16 informa la Superintendencia de Pensiones.

Señala que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, por estimar que esta acción cautelar se destina a resguardar derechos indubitados y preexistentes, no a obtener declaraciones de derechos en contextos controvertidos, citando jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema en respaldo de dicha tesis.

En lo pertinente, informa que no existirían antecedentes en esa Superintendencia respecto de un reclamo o presentación administrativa de la recurrente por los hechos del recurso, y agrega que el libelo no individualizaría un acto concreto imputable a dicho organismo.

Arguye que el régimen de exención y devolución de fondos de la Ley N° 18.156 es excepcional y exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° de dicha ley, citando además normas sobre atribuciones de interpretación y fiscalización de ese organismo.

En cuanto a la legalidad del rechazo, sostiene que, si bien la recurrente acreditaría la calidad de técnico extranjero mediante título apostillado, la documentación acompañada para acreditar afiliación y cobertura previsional en el extranjero no cumpliría con las exigencias formales, refiriendo que una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” acompañada en la acción correspondería a un tercero (“nombre reservado”) y que, en todo caso, la constancia que se inserta en el cuerpo del escrito carecería de firma autorizada y no estaría legalizada ni apostillada, afirmando que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales.

Asimismo, menciona un contrato de trabajo de 19 de abril de 2022 con Scotiabank Chile, indicando que en él no habría referencia a la situación previsional de la recurrente, y un anexo de 24 de abril de 2024 en que se consignaría su acogimiento a la Ley N° 18.156 y su voluntad de mantener afiliación en el sistema previsional de su país. A partir de ello, señala que la recurrente declararía afiliación a la seguridad social venezolana después de dos años de consolidada su situación previsional en Chile.

Finalmente, indica que no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad, en especial por cuanto afirma no haberse pronunciado sobre la solicitud materia del recurso, y que no se configuraría privación, perturbación o amenaza de las garantías invocadas respecto de ese organismo, solicitando se declare improcedente el recurso deducido en su contra por exceder el ámbito de la acción y, en subsidio, se lo rechace, con costas.

A folio 17, se ordenó traer lo autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de Técnico Superior Universitario en Informática.

2° Dicha persona extranjera ingresó a trabajar a Banco Scotiabank el 19 de abril de 2022, como analista medios de pago, con modalidad contrato indefinido en jornada completa.

Asimismo, la actora firmó un anexo al contrato de trabajo el 24 de abril de 2024 en el que indica que se acoge a la Ley N°18.156, expresando su voluntad de mantenerse incorporada al régimen previsional de su país.

3° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición fundado en acompañar un certificado vencido, que no permite acreditar que cuente con cobertura previsional en el extranjero para riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante el periodo que prestó servicios en Chile; que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS no permite establecer dicha cobertura por no consignar prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, además de tratarse de un documento sin firma y no encontrarse legalizado ni apostillado.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y acorde a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que la recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerada un técnico extranjero.

En relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, consta que la recurrida ha objetado la suficiencia de la documentación previsional extranjera acompañada para acreditar cobertura previsional en el extranjero en los términos de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, así como el cumplimiento del requisito contenido en la letra b) del mismo precepto en el período pertinente, fundando el rechazo en la exigencia de certificación emitida por autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, y en el carácter insuficiente de constancias electrónicas no legalizadas.

Asimismo, se ha sostenido que la verificación electrónica invocada por la recurrente no sustituye los requisitos formales previstos para que instrumentos emanados en el extranjero tengan valor probatorio en Chile.

NOVENO: Que, en cuanto a la Superintendencia de Pensiones, del mérito de los antecedentes aparece que dicha entidad informa que la recurrente no registra ante ese organismo reclamo ni presentación administrativa vinculada a los hechos que motivan este arbitrio, agregando que no se individualiza un acto u omisión concreta, específica y actual imputable a dicha autoridad que haya producido la vulneración de garantías constitucionales denunciada, razón suficiente para descartar la procedencia de la acción en lo que a dicha recurrida se refiere.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas , el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad N°Protección-5755-2025.

En Valparaíso, treinta de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.