nombre reservado con ADMINISTRADRA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Carolina Hidalgo Fiol, abogada, deduce acción de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., RUT RUT reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero notificado con fecha 19 de agosto de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Expone que con fecha 19 de agosto de 2025, el recurrente fue notificado que su solicitud fue rechazada debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud de devolución de fondos, superando la vigencia indicada en dicho documento. Señala que el recurrente adjuntó debidamente la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual fue emitida por la autoridad competente en Venezuela y legalizada por la Embajada de Venezuela en Chile con fecha 27 de mayo de 2024, con vigencia de 120 días. Indica que, si bien la constancia en cuestión presenta una fecha anterior a los 120 días exigidos por la AFP, se debe tener en cuenta que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares desde agosto de 2024, lo cual imposibilita la renovación presencial o directa de dicho documento.

Agrega que cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es perfectamente verificable en línea mediante el sitio oficial del IVSS, ingresando el código de verificación único que figura en la parte inferior del documento: e94b26830-2025809. Aduce que esta verificabilidad electrónica, sumada a la legalización consular y ministerial previa, cumple plenamente con los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, en su artículo 1°.

Sostiene que negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales. Alega que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156.

Añade que la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido, han obtenido respuestas favorables, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, a quien se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplada de acuerdo con la ley N°18.156. Refiere que la solicitud cumple con lo señalado en las referidas normativas, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informados por la Superintendencia de Pensiones. Menciona además que el recurrente prestó servicios en Chile para Comercial Claudio Color Ltda. (desde marzo de 2023 hasta agosto de 2025) y Holdtech S.A. (desde diciembre de 2020), cotizando en el sistema previsional chileno durante dichos períodos.

Concluye solicitando que se sirva acoger la presente acción de protección, ordenando a la recurrida acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales, efectuando el pago mediante vale vista o depósito bancario en un plazo no mayor a 5 días hábiles; que se reconozca como válida la documentación acompañada; que se cree un protocolo de contingencia para casos de extranjeros sin representación consular, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentos.

A folio 5, evacúa informe Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. Sostiene que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio.

En cuanto al fondo, indica que con fecha 19 de agosto de 2025, ProVida rechazó la solicitud del recurrente por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Expone que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Alega que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla de La Haya. Aduce que la constancia de afiliación presentada fue emitida el 27 de mayo de 2024 con vigencia de 120 días, por lo que había expirado el 24 de septiembre de 2024, mientras que la solicitud fue presentada el 26 de julio de 2025. Sostiene que no es posible para la AFP o para la Superintendencia tener por vigente un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, se encontraba vencido a la fecha de su presentación.

El documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" carece de firma autorizada y no fue legalizado ni apostillado. Sostiene que el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional. Añade que las Administradoras de Fondos de Pensiones están impedidas de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios a sus afiliados que sean distintos a aquellos expresamente reconocidos en la ley, conforme al artículo 23 del DL 3.500. Menciona que el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, una vez que cumpla los requisitos legales establecidos al efecto.

Finalmente pide rechazar en todas sus partes la presente acción, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de la Constitución Política en lo que dice relación con el recurrente de autos, sino que por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la ley y la normativa del Compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones.

Acompaña documentos.

A folio 10, se evacúa informe de la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 17880 de 25 de septiembre de 2025.

Sostiene que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que debe interpretarse restrictivamente, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicha ley. Expone que para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1°, el trabajador extranjero debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, constando la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Señala que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI, N°1) establece expresamente la exigencia de legalización. Indica que la cobertura debe acreditarse de forma específica, demostrando que el trabajador contó efectivamente con protección durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Alega que la jurisprudencia uniforme de este organismo ha interpretado que la cobertura debe existir al momento en que el trabajador comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo de ejecución del contrato respecto del cual solicita devolución.

Aduce que, en el caso del recurrente, la constancia de afiliación al IVSS fue emitida el 27 de mayo de 2024 con vigencia de 120 días, por lo que expiró el 24 de septiembre de 2024, mientras que la solicitud se presentó el 26 de julio de 2025, encontrándose vencida. Argumenta que no es posible para la AFP o para esta Superintendencia tener por vigente un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, se encontraba vencido a la fecha de su presentación.

Añade que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no fue firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla de La Haya, del cual tanto Chile como Venezuela son Estados Parte desde 2016. Menciona que dicho documento tampoco especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias, ni acredita cobertura efectiva durante todo el período laborado en Chile.

Se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero notificado con fecha 05 de agosto de 2025, pretendiendo la recurrente que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Tercero: Que, la recurrida indica que rechazó la solicitud por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. El documento presentado carece de firma autorizada y no fue legalizado ni apostillado, y que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N°18.156, establece que: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744". A su turno, el artículo 7°, prevé que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley".

Quinto: Que, del tenor literal de las disposiciones transcritas, se desprende que la posibilidad de solicitar la devolución de fondos previsionales depositados en una Administradora de Fondos de Pensiones está sujeta al cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, a saber: (i) que se trate de personal técnico extranjero; (ii) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (iii) que el trabajador haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo respectivo.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados consta que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y en cuanto a la inclusión de un código de verificación electrónica que podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley.

Octavo: Que, respecto al argumento de la recurrente relativo a la imposibilidad de obtener la legalización consular o apostilla debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar no sólo la existencia del impedimento, sino también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal.

Noveno: Que, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplan los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley N°18.156.

Décimo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5754-2025.

En Valparaíso, veintidós de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.