nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jepv.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 compareció la abogada Carolina Hidalgo Fiol y deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, cuya profesión y domicilio indica, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. por lo que considera una actuación ilegal y arbitraria consistente en la negativa a restituir los fondos previsionales en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Explica que la extranjera a cuyo favor recurre es de nacionalidad argentina y que terminó la relación laboral que la unía con la sociedad Consultoría y Servicios Migratorios Andina SpA Modelo S.A. con el objeto de regresar a su país de origen, para cuyos efectos ejerció el derecho que le confiere la citada ley, acompañando la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la restitución de sus cotizaciones, pese a lo cual la recurrida rechazó tal petición, comunicando este decisión por mensajería y sin dictar una resolución formal de rechazo.

Afirma que la recurrida estimó que el certificado emitido por la Administración Nacional de Seguridad Social Argentina no indica la fecha de afiliación de doña nombre reservado ni las coberturas otorgadas, lo que no es efectivo ya que dicho certificado consigna que ello ocurrió el 6 de junio de 2015 y que las contingencias aseguradas son vejez, invalidez y sobrevivencia, detallando el sistema de salud vigente en Argentina.

Considera que la negativa de la recurrida resulta ilegal y arbitraria al no evaluar correctamente la documentación acompañada que acredita el cumplimiento de todas las exigencias legales.

Hace presente que la actora se encuentra actualmente de regreso en su país y solicita la devolución de sus fondos previsionales del período cotizado en Chile, esto es, desde el 1 de marzo de 2022 al 30 de diciembre de 2024, razón por la cual, estimando vulnerado el derecho de propiedad y la garantía de igualdad ante la ley, solicita que se acoja el recurso de protección, adoptando las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5 informó la Superintendencia de Pensiones y luego de efectuar algunas consideraciones explicativas acerca de la Ley N° 18.156 señala que la jurisprudencia administrativa de dicho organismo ha resuelto que para acreditar los requisitos de cobertura el extranjero debe aportar la certificación de la institución previsional de su país, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que, a su vez, para establecer este requisito de cobertura, se puede presentar un certificado otorgado por la embajada o consulado del país de origen, que indique expresamente que éste ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social del país respectivo. Tratándose de la cobertura de salud, señala que, además, se debe indicar si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas en caso de enfermedad común. Agrega que el certificado de cobertura tiene que especificar que el extranjero contó con la debida protección por estos riesgos mientras prestó servicios en Chile, ya que se ha entendido que el fundamento de esta devolución de fondos radica en el hecho de no ser necesarias estas coberturas para el extranjero que presta servicios en Chile si los riesgos están cubiertos en su país de origen, de manera que si ello no es así, no procede la restitución.

Hace presente que el certificado acompañado por la extranjera no indica la fecha de afiliación al sistema previsional de su país y por lo tanto no resulta posible acreditar que estaba cubierta por todas estas contingencias durante el tiempo que prestó servicios en Chile.

A folio 8 rola el informe de la AFP recurrida, la que solicita el rechazo de la acción cautelar deducida en su contra.

En primer término, afirma que esta no es la vía idónea para resolver una materia que es de lato conocimiento y de carácter contradictorio. Enseguida, niega la existencia de actos ilegales o arbitrarios que conculquen o amenacen garantías constitucionales de la extranjera a cuyo favor se recurre.

Señala que efectivamente la solicitud de la recurrente fue rechazada ya que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales está vencida. Finaliza el informe, realizando una serie de consideraciones acerca de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en relación a la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados por la Ley N° 18.156 y sobre el sentido y alcance de esta normativa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP PROVIDA S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, ya citado.

SEXTO: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias en relación a la materia debatida:

1.-Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la de abogada, y que cuenta con visa temporaria;

2.-Dicha persona extrajera fue contratada el 1 de marzo de 2022 para desempeñarse como coordinador de inmigración y en la cláusula décimo segunda del contrato de trabajo se dejó expresa constancia que la trabajadora extranjera cotizaría en el régimen previsional chileno;

3.-La recurrente registra cotizaciones en la AFP recurrida entre marzo de 2022 y diciembre de 2024;

4.-Por anexo de contrato de trabajo de 12 de diciembre de 2024 la recurrente dejó constancia de acogerse a la Ley N° 18.156 y de mantenerse afiliada al régimen previsional de su país;

5.-La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición señalando que “no es posible considerar el certificado de afiliación al sistema de seguridad social extranjero toda vez que no señala de manera expresa la fecha de afiliación de la solicitante al Sistema de Seguridad Social Extranjero y debe acompañar certificado de cotizaciones previsionales de todo el período trabajado que contenga información relativa a la fecha de declaración de las cotizaciones previsionales obligatorias, fecha de pago de las mismas, RUT del empleador, razón social del empleador y período cotizado. Certificado de cotizaciones previsionales emitido el 04/08/2025, no indica razón social del empleador”.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la AFP PROVIDA sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado, se puede concluir que la recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerada un técnico extranjero. Asimismo, está acreditado que se encuentra incorporada al sistema de seguridad social de Argentina contando con cobertura en caso de invalidez, vejez y muerte, pero se ignora el período de afiliación y, respecto a las prestaciones por enfermedad el certificado acompañado se limita a señalar cuál es el régimen de salud descrito en la legislación argentina sin precisar si éste incluye prestaciones en caso de enfermedad y aun cuando ello podría ser inferido no está expresamente señalado en el documento acompañado, y tampoco se informa si las coberturas otorgadas en Argentina cubren todo el período en que la recurrente enteró cotizaciones en Chile.

De esta manera, lleva razón la recurrida cuando afirma que la solicitante no acreditó el íntegro cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, y por lo tanto el recurso de protección debe ser rechazado por no existir ninguna conducta ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Nancy Bluck Bahamondes.

N°Protección-5749-2025.

En Valparaíso, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.