nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, Profesor, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, por el acto ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Da cuenta que el recurrente, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, sin embargo, el 3 de julio de 2026 le informan que su solicitud no sería aprobada, indicándole en síntesis: “Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de su país de origen y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda”.

Hace presente lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que la actora cumple con los requisitos supra señalados. En consecuencia, se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Indica que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita la obtención presencial o directa de dicho documento. Este hecho es de público conocimiento y constituye una situación objetiva que escapa de la voluntad de la recurrente. Sin embargo, la recurrente cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, la cual es perfectamente verificable en línea y se permite la verificación por cédula de identidad.

Agrega que la recurrente acompañó la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S.), expedido por el Consulado de Venezuela en Chile y, legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, además del certificado electrónico de afiliación lo que desde ya, implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada, por lo tanto, se infiere forzosamente que la negativa es injustificada, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente, ya que la recurrida realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, siendo confirmada esta decisión por la repartición pública recurrida.

Además, señala que su certificado de afiliación puede ser verificado y validado en un link mediante internet o bien mediante una simple búsqueda que se realice por google.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, ordenando que el recurrido deba efectuar la entrega de los fondos de pensión solicitados.

A folio 5 evacua informe Rodrigo Montero Atria, abogado en representación de la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo S.A.

Expone que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales acompañando una serie de documentos que, a su juicio, cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la devolución de sus fondos, la cual fue rechazada el 3 de julio de 2026, atendido a que debía acreditar la afiliación a un organismo de seguridad social extranjero, mediante certificación de la propia entidad previsional, que señale la fecha de afiliación y cobertura que otorga en casos de enfermedad (común o ambulatoria y profesional), invalidez, vejez y muerte, durante el período completo laborado en Chile, documento que debe acompañarse debidamente apostillado.

Hace presente que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que tal como se explicará en el derecho de este escrito, la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que en caso de autos, el recurrente no cumplía Finalmente, indica que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, su representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

A folio 8 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, da cuenta que no registra ante dicho Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Expone la normativa jurídica aplicable a la solicitud de la recurrente, haciendo un análisis de lo establecido en el ley N°18.156, haciendo presente que se establece un régimen excepcional, sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo.

A folio 9 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, la presente acción constitucional ha sido interpuesta en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156, fundado en el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Alega que la documentación presentada —Constancia Electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contratos de trabajo y anexos, declaración jurada y título profesional— acredita suficientemente su afiliación a un régimen de seguridad social extranjero y su voluntad de mantenerse afecto a dicho sistema, por lo que la exigencia de apostilla y otros requisitos formales carece de sustento legal y resulta arbitraria Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido —Certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado o legalizado—, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al informar, señaló no registrar reclamo administrativo del recurrente, precisando que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable únicamente a quienes acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1°, mediante certificación debidamente legalizada o apostillada. Ratificó que la jurisprudencia administrativa y las instrucciones vigentes, en particular el Oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, han desestimado la validez de constancias electrónicas no apostilladas emitidas por el IVSS.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, la decisión adoptada por la recurrida, se fundó en la omisión del certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y, de conformidad, a lo resuelto por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, más aun cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es este caso.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5736-2026.