nombre reservado con SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA Y OTRO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, once de junio de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, interpone recurso de protección don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Aconcagua y de doña nombre reservado, funcionario del Hospital Psiquiátrico Phillippe Pinel, por la dictación de la Resolución Exenta N°122 de 17 de enero de 2025, la que estima ilegal y que infringe su garantía fundamental del número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, por Resolución Exenta N°991 de 8 de abril de 2024, la Dirección de Servicio de Salud Aconcagua, instruyó proceso disciplinario en su contra, producto del cual se le formuló como cargo “Infringir la prohibición funcionaria establecida en el artículo 84, de la ley N°18.834, en particular su letra “i) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo”.

Sostiene que, opuso sus descargos y defensas en tiempo y forma, sin embargo, mediante Resolución Exenta N°1811 de 4 de octubre de 2024, se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, conforme a los artículos 121 letra d) y 125 letra b), en relación con el articulo 84 letra l), de la Ley N°18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo. De esta resolución recurrió mediante reposición con apelación en subsidio, rechazándose su arbitrio mediante la Resolución Exenta N°122 de 17 de enero de 2025, que le fue notificada el 3 de febrero del año recién citado, y cuya ilegalidad reclama en este recurso.

Afirma que, el proceso por el cual fue sancionado adolece de una serie de vicios procesales que vulneran su garantía constitucional del debido proceso, específicamente, como primera cuestión, alega que no fue notificado en forma de la Resolución Exenta N°991, de 8 de abril de 2024, que ordenó instruir el sumario en su contra, y que solo tomó conocimiento del proceso el 17 de abril del referido año, al recibir por correo electrónico una citación, encontrándose en ese momento con licencia médica desde el 4 de marzo de 2024.

Arguye que, fundado en dicha falta, al momento de presentar sus descargos, solicitó que el proceso se retrotrajera a la etapa de notificación de la resolución que instruyó el sumario, conforme al criterio adoptado por la Excma. Corte Suprema de Justicia entre otros, en los autos Rol 69.666-2021 que ratificó lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt en sus autos Rol 993-2021, sin embargo, la Fiscalía administrativa, excediendo sus facultades, mediante resolución de 29 de 2024 rechazó su solicitud, argumentando que se cumplió con la formalidad de citarlo a declarar en sumario con anterioridad a la formulación de cargo, situación que constituye la regla general en materia de sumario administrativo en que el supuesto inculpado toma conocimiento de la resolución que instruye el sumario al momento de la citación a declarar.

Indico que, además, en esta etapa se generó otro vicio grave, cual es, que la Fiscalía administrativa excedió sus facultades, pues procedió directamente a resolver la petición de retrotraer el proceso, en circunstancias que dicha solicitud correspondía ser conocida por la Dirección del Servicio, en la cual recae la facultad disciplinaria, esto es, la Dirección del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel.

Agrega que, en específico solicitó certificación en cuanto a si su solicitud fue derivada a la Dirección del Servicio, sin obtener respuesta formal, y que esta alegación la reiteró en la etapa de descargos y al momento de reponer la resolución que decretó su destitución, siendo rechazada bajo el argumento que no existe norma que exija notificación previa de la instrucción del sumario, y que, al haber sido citado, se le permitió ejercer su derecho a defensa.

Plantea que, la Fiscalía administrativa incurrió en otras tres ilegalidades durante el proceso sumarial:

a) Realizar preguntas sobre calificaciones jurídicas a los testigos, en circunstancias que los testigos solo están llamados a declarar sobre hechos de los que hayan tomado conocimiento sea presencialmente o de oídas, sin embargo, se advierte en varias de las declaraciones (fojas 28, 35, 43, 53, 70 y 97) que la Fiscalía formuló preguntas del tipo: “¿Estas situaciones mencionadas las consideraría un acoso sexual? Explique.”, es decir, se pidió a los testigos emitir juicios jurídicos o calificaciones legales, lo que corresponde exclusivamente a la Fiscalía.

b) Falta de notificación de diligencias probatorias, en particular, cuestiona que durante el período de defensa, solicitó prueba testimonial, pero la Fiscalía procedió a la toma de declaraciones sin darle el debido aviso y notificación, lo que impidió su presencia, vulnerando con ello el principio de contradictoriedad consagrado en el artículo 10 de la Ley N° 19.880, así como en sus artículos 17 y 36, que establecen la obligación de notificar previamente la práctica de pruebas.

Invoca, en este punto, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en especial los dictámenes N°65.120 de 2010 y N°49.846 de 2011, que disponen: “Asimismo, la Administración debe comunicar a los interesados con la suficiente antelación el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas, consignando en la notificación el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba”.

c) Extensión del interrogatorio más allá de la minuta presentada, esto es, que al presentar su prueba testimonial, acompañó minutas de preguntas específicas. No obstante, algunos testigos le informaron que la Fiscalía les formuló preguntas no contempladas en dichas minutas, lo cual es contrario a derecho, pues la etapa indagatoria del proceso sumarial se encontraba cerrada, y esta constituía la etapa de su defensa, no pudiendo la Fiscalía indagar más allá de lo ya investigado.

Por lo expuesto, y debido a las infracciones al debido proceso denunciadas, solicita se declare como ilegal y arbitrario el actuar de las recurridas en la tramitación de Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N°991 de fecha 8 de abril de 2024 y, en consecuencia, se declare la nulidad de todas las actuaciones procesales viciadas, retrotrayendo el sumario a la etapa de notificación del acto administrativo que dispone su instrucción.

Acompaña copia del expediente sumarial.

A folio 9, evacúa informe la recurrida Servicio de Salud Aconcagua.

Explica que, el Director del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, en uso de sus atribuciones, y frente a una denuncia de acoso sexual, efectuada acorde a los protocolos internos, dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra el recurrente (Resolución Exenta Nº 991 de 8 de abril de 2024), y efectuada la tramitación del procedimiento disciplinario, la Fiscal en su Vista, carente de facultades legales para imponer la medida de destitución, propuso a la Dirección del Servicio su aplicación, remitiendo el expediente para su resolución.

De este modo, mediante la Resolución N°1811 de 4 de octubre de 2024, se aplicó al recurrente, la medida disciplinaria de destitución en consideración al tenor del expediente sumarial, la multiplicidad de antecedentes, todos ellos coherentes entre sí, que permitieron tener por acreditada la denuncia efectuada por doña nombre reservado, en el sentido de haber sido víctima de acoso sexual de parte del actor, y dada la gravedad de la infracción, correspondía aplicar la medida disciplinaria de destitución, conforme a lo previsto en los arts. 125 letra b) en relación con el art. 84 letra l) del DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone: “Art. 84 El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones:” “ letra l) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación.”

En cuanto al supuesto vicio de falta de notificación de la resolución que dio inicio al procedimiento, indica que el Estatuto Administrativo en parte alguna dispone tal diligencia, y que el artículo 130 sólo exige notificar tal resolución al Fiscal para que este designe actuario y de comienzo a sus funciones investigativas, agregando que, no obstante ello, en la citación efectuada al reclamante a fin que prestase declaración, y que fue agregada a fojas 76, consta que se le cita a prestar declaración “en calidad de inculpado”, comunicación que dado el hecho de encontrarse con licencia médica le fue enviada a su correo electrónico.

Respecto a la alegación de existir vicios en la producción de la prueba testimonial, aclara que si bien es efectivo que algunos emitieron una calificación jurídica o juicios en el contexto de sus declaraciones, cabe considerar que tales declaraciones deben y fueron consideradas en su totalidad, pues se les formularon diversas interrogaciones, no solo su opinión o juicio respecto de los hechos sobre los cuales declararon, siendo debidamente ponderados tanto por el Fiscal al emitir la Vista, como también por la autoridad administrativa al resolver y aplicar sanción en el sumario de marras.

En lo relativo a la falta de notificación al recurrente de la diligencia de recepción de prueba testifical, sostiene que no hay norma que haga tal exigencia, y que el artículo 138 del Estatuto Administrativo exige en su inciso final que, en caso de que el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo a tal efecto, que no podrá exceder de los 20 días.

Finalmente, sobre la alegación de concurrir un vicio al recibir las notificaciones de la defensa, por haberles interrogado más allá de las minutas presentadas, estima que no se ha afectado el debido proceso, en la medida que el artículo 135 del Estatuto Administrativo entrega al Fiscal amplias facultades para su desempeño.

Debido a lo planteado, pide rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Que a folio 29, se prescinde del informe solicitado a nombre reservado, y se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para resolver el presente arbitrio, se debe tener presente que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar se impugna la Resolución Exenta N°122 de 17 de enero de 2025, que desestima el recurso de reposición planteado por el recurrente respecto de la Resolución N°1811 de 4 de octubre de 2024, que le aplicó la sanción de destitución, por estimar que la misma ha sido el resultado de un procedimiento viciado, vulnerándose con ello la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, en su vertiente del debido proceso.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida solicitó el rechazo del arbitrio, por estimar que sus actuaciones se encuentran enmarcadas en las normas del Estatuto Administrativo que regulan la materia, no habiéndose incurrido en las vulneraciones denunciadas por el recurrente.

Cuarto: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 de la ley N°18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo, el sumario administrativo se ordenará por el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, mediante resolución, en el cual designará al fiscal que estará a su cargo. Asimismo, conforme al artículo 130 del citado cuerpo legal, la resolución a que se refiere el artículo anterior será notificada al fiscal, quien designará un actuario, el que se entenderá en comisión de servicio para todos los efectos legales. Luego, su artículo 138, dispone que el inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas.

Quinto: Que, consta a fojas 76 del expediente administrativo, que el recurrente fue citado para el día 19 de noviembre de 2024 a declarar en calidad de inculpado, siendo notificado de esta comunicación el día 17 de abril del citado año.

Sexto: Que, en cuanto a las demás alegaciones expuestas por el actor, todas ellas dicen relación con asuntos de fondo, ajenas a la presente vía cautelar de urgencia.

Séptimo: Que, de lo expuesto se advierte que la recurrida no ha incurrido en las actuaciones ilegales y arbitrarias que se le imputan, por lo que habrá de rechazarse el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra Servicio de Salud Aconcagua y de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-573-2025.