nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado con fecha 2 de julio de 2026, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, a través del portal web institucional, la devolución de fondos previsionales al amparo de la ley N°18.156, que exime de cotización previsional a los técnicos extranjeros que cumplan los requisitos que la misma norma señala. Señala que, con fecha 2 de julio de 2026, fue notificada del rechazo de su solicitud, fundado en que faltaría una constancia de afiliación vigente, apostillada en el país de origen o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando la recurrida que el documento aportado correspondía a una constancia de cotización y no al instrumento requerido.

Sostiene que dio cumplimiento íntegro a los requisitos copulativos del artículo 1° de la ley N°18.156 —afiliación a un régimen de previsión extranjero y expresión de voluntad de mantenerla—, acompañando para ello una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), verificable en línea mediante código alfanumérico, además de un certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela en Chile. Argumenta que la exigencia de apostilla resulta de cumplimiento imposible, atendida la inexistencia actual de representación diplomática venezolana en Chile, y que la recurrida incorpora un requisito no contemplado en la ley, incurriendo en una interpretación formalista y restrictiva que contraviene el propósito del legislador. Aduce que dicho actuar vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, invocando en su apoyo jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han acogido pretensiones similares.

Concluye solicitando que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, notificado con fecha 2 de julio de 2026; que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada; que se disponga un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho; y que se ordene, dentro de un plazo de 5 días, la devolución de los fondos de pensión solicitados, o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos, adoptando en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Señala que la recurrente no registra ante ese Organismo reclamo alguno relacionado con los hechos que motivan la presente acción. Indica que, en el régimen previsional chileno, la regla general es la obligación de cotizar de todo trabajador que preste servicios en el país, siendo la ley N°18.156 un régimen de excepción aplicable únicamente a técnicos o profesionales extranjeros que cumplan copulativamente los requisitos de su artículo 1°, esto es, encontrarse afiliados a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Argumenta que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dicha cobertura debe acreditarse mediante certificación de la autoridad previsional extranjera competente, debidamente legalizada, que señale de forma específica las coberturas y el período respectivo. Sostiene que, en el caso de autos, la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por la recurrente no es idónea, por cuanto no se encuentra firmada por quien la emite, no está apostillada ni legalizada, y sólo menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin precisar un período determinado. Añade que la declaración jurada suscrita por la propia recurrente tampoco constituye medio idóneo para acreditar dicho requisito.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que rechazó la solicitud de la recurrente por no acompañar una constancia de afiliación vigente, apostillada o legalizada, siendo que la constancia electrónica de cotizaciones aportada carece de firma y la declaración jurada no constituye medio idóneo, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones contenida en los Oficios N°5.376, N°12.954 y N°21.880.

Argumenta que la exigencia de apostilla resulta aplicable desde la entrada en vigor del Convenio de La Haya en Chile, el 30 de agosto de 2016, siendo Venezuela también Estado Parte de dicho convenio, y que la recurrente cuenta con cédula de identidad chilena, residencia permanente y es propietaria de un inmueble en el país. Sostiene, con base en el Decreto Ley N°3.500, que los fondos de las cuentas de capitalización individual están destinados exclusivamente al financiamiento de las prestaciones y pensiones que la ley establece, no pudiendo las Administradoras otorgar beneficios distintos a los legalmente reconocidos.

Aduce que no concurre ninguno de los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción de protección, por cuanto no existe acto ilegal ni arbitrario, no se ha causado agravio y no se ha privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna, invocando en su apoyo numerosos fallos de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país que han rechazado acciones similares.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, por lo demás, la recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-5686-2026.