nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, representada legalmente por don nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros formulado al amparo de la Ley Nº 18.156, vulnerando sus garantías constitucionales del derecho de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N° 2 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere el recurrente que la administradora justificó dicha negativa bajo el pretexto de que era necesario acompañar un certificado de afiliación previsional apostillado o validado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Frente a esto, la parte recurrente sostiene haber dado cumplimiento íntegro a las exigencias legales mediante la presentación de sus contratos de trabajo notariados y de una constancia de afiliación emitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la cual fue debidamente legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y timbrada por el Consulado de Chile en Ecuador. Por tal motivo, indica que las entidades recurridas incurrieron en una conducta interpretativa restrictiva y formalista ajena al texto de la ley, conculcando con ello sus garantías fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.

Solicita que se acoja la acción constitucional de protección, declarando ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjeros y en definitiva que se realice un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteado conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

A folio 8, informa la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección alegando en primer término la extemporaneidad de la acción constitucional, señalando que la solicitud del recurrente fue rechazada con fecha 8 de junio de 2026, por lo que al interponerse la acción el 21 de julio del mismo año, se superó con creces el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado sobre la materia.

Asimismo, opone como alegación principal que la vía de protección no es la idónea para resolver la controversia, pues esta acción cautelar de emergencia está destinada a amparar derechos indubitados y no discutidos, mientras que en la especie se pretende la declaración de un derecho controvertido, materia que es de lato conocimiento y que debe ser ventilada mediante un procedimiento ordinario de carácter administrativo o judicial.

En cuanto al fondo, sostiene la licitud de su actuar, argumentando que se ha dado estricto cumplimiento a la Ley N° 18.156 y a las circulares de la Superintendencia de Pensiones. Fundamenta que la solicitud fue rechazada debido a que no fue posible validar la información del certificado de afiliación previsional extranjero en el respectivo sitio web de la institución de seguridad social del país de origen. Adicionalmente, señala que los documentos presentados resultan insuficientes por cuanto no acreditan de forma específica coberturas integrales de salud —médicas y pecuniarias por enfermedad común— durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, constando que el afiliado no se encuentra al día con sus aportaciones previsionales en el extranjero.

Por último, señala que en los contratos de trabajo originales no se estipuló la voluntad de eximirse de cotizar, figurando dicha declaración solo en anexos posteriores, lo que resulta extemporáneo y contradictorio con el entero de cotizaciones en Chile; haciendo presente que, al tener el recurrente residencia permanente y propiedad raíz en el país, un retiro improcedente podría obligar al Fisco a asumir en el futuro el financiamiento de su pensión a través de fondos solidarios estatales.

A folio 11, evacúa informe la abogada Ana María Herrera Brummer, en representación de la Superintendencia de Pensiones, solicitado el rechazo de la acción constitucional de protección por estimar que la situación reclamada excede el ámbito de este arbitrio de naturaleza cautelar.

Argumenta que esta vía de emergencia tiene por finalidad adoptar medidas de urgencia destinadas a amparar derechos indubitados y preexistentes, y no a declarar la existencia de un derecho controvertido, cuya determinación -referente al cumplimiento o no de los requisitos de la Ley N° 18.156- debe ser ventilada a través de un procedimiento declarativo de lato conocimiento en sede administrativa o judicial, so pena de instrumentalizar de forma indebida la acción de protección. Asimismo, hace presente que el recurrente no registra ningún reclamo previo o presentación formal ante dicho organismo fiscalizador respecto de los hechos que motivan la presente causa.

En cuanto al fondo, sostiene la legalidad del actuar fiscalizado y la ausencia de arbitrariedad, argumentando que la exención y devolución de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros constituye un régimen excepcional que exige una interpretación restrictiva y el cumplimiento riguroso de requisitos copulativos que en la especie no se acreditaron. Fundamenta que el recurrente únicamente acompañó un certificado emitido por el Consulado de Ecuador en Chile que resulta insuficiente para certificar una afiliación previsional efectiva y coberturas específicas en el extranjero bajo las exigencias de la ley y el Compendio de Normas de la Superintendencia.

Adicionalmente, hace presente que el afiliado no adjuntó título profesional habilitante ni contratos de trabajo donde conste, de forma inequívoca y desde el inicio de la relación laboral, su voluntad de mantener la afiliación en su país de origen, figurando dicha declaración solo en anexos posteriores de carácter extemporáneo. Finalmente, advierte sobre el riesgo fiscal que representa autorizar la devolución de fondos a un extranjero con cédula de identidad y residencia permanente en Chile, ante la posibilidad de que el erario público deba asumir el costo de su pensión solidaria en el futuro, precisando que el rechazo de la solicitud no significa la pérdida de sus ahorros, los que mantienen su destino legal único y exclusivo de financiar pensiones dentro del sistema nacional.

A folio 12, se ordenaron traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

Primero: Que la Administradora de Fondo de Pensiones recurrida alega que el recurso ha sido deducido en forma extemporánea, en atención a que el rechazo de la solicitud de restitución de sus fondos previsionales se produjo el 8 de junio de 2026 y el recurso fue deducido el 21 de julio del mismo año, esto es fuera del plazo de 30 días que dispone el artículo 1° del Auto Acordado sobre la materia.

Segundo: Que, si bien el documento que da cuenta del rechazo de la restitución de fondos solicitada es de 8 de junio de 2026, la recurrida no aportó antecedente alguno que de cuenta de la fecha exacta de la notificación de ello al actor, el que asevera que aquello ocurrió el 13 de julio del presente año, motivo por el cual la excepción en análisis será rechaza.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Quinto: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Sexto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Séptimo: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Octavo: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1°) Se trata de una persona de nacionalidad ecuatoriana, que cuenta con cédula de identidad chilena, residencia permanente en el país y propiedad raíz en Chile.

2°) El recurrente acompañó a su solicitud de devolución de fondos contratos de trabajo notariados y una constancia de afiliación emitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), alegando su legalización previa ante las autoridades consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

3°) Con fecha 8 de junio de 2026, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el recurrente, fundado en la imposibilidad de validar la información del certificado en el portal institucional del IESS, así como en la falta de acreditación de coberturas específicas por enfermedad común (médicas y pecuniarias) durante todo el período trabajado en Chile, constatándose además morosidad en sus aportes previsionales en el extranjero. Asimismo, se objetó que la voluntad de eximirse de cotizar solo figuraba en anexos de contrato extemporáneos.

Noveno: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su contenido en el país del extranjero.

Décimo: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los antecedentes de autos, en relación con los requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que las recurridas reprochan el contenido genérico e insuficiente del certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); la imposibilidad de verificar su vigencia en las plataformas oficiales de dicho organismo; la falta de demostración de coberturas efectivas por contingencias de salud -tanto médicas como pecuniarias-; la existencia de lagunas o morosidad en las cotizaciones en el extranjero; y la falta de estipulación oportuna en los contratos de trabajo originales de la voluntad de mantener la previsión de origen.

En efecto, la constancia del IESS y las certificaciones consulares acompañadas no revisten utilidad suficiente, en tanto solo dan cuenta de una afiliación o inscripción general al sistema previsional ecuatoriano, pretendiendo acreditar las coberturas requeridas mediante referencias genéricas al régimen extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad común durante todo el tiempo en que el actor prestó servicios en Chile, ni acreditar el cumplimiento al día de sus cotizaciones fuera del país, requisitos que resultan copulativos y de carácter estricto bajo el imperio de la Ley N° 18.156 y la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de residencia permanente, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Undécimo: Que, en consecuencia, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que la Ministra señora Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5684-2026.