nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, el abogado Emanuel Isaías Cuadra Suárez deduce acción de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Pública Petorca, representado por nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la disminución unilateral de la asignación de experiencia y con ello la privación de parte de sus remuneraciones, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, hasta el 31 de diciembre de 2025, los actores se desempeñaban como asistentes de la educación regidos por el Código del Trabajo y dependientes del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Papudo. Señala que, en dicho contexto, percibieron de manera constante, regular y sin controversias por años una asignación de experiencia que se devengaba por bienios, incorporándose a sus remuneraciones como una condición contractual más beneficiosa. Indica que, con el traspaso al Servicio Local de Educación Pública Petorca, los trabajadores pasaron a regirse por la Ley N° 21.109, sin que ello implicara pérdida o disminución de los derechos consolidados. Alega que, sin previa notificación, la recurrida decidió rebajar considerablemente dichas asignaciones a contar del mes de enero de 2026. Argumenta que esta actuación es ilegal al infringir directamente los mandatos de los artículos 42 transitorio de la Ley N° 21.040 y 3 transitorio de la Ley N° 21.109, normas que establecen inequívocamente que el traspaso no puede significar disminución de remuneraciones ni pérdida de derechos adquiridos. Sostiene que la modificación unilateral carece de asidero normativo, configurándose de manera arbitraria y vulnerando los principios de protección e irrenunciabilidad. Añade que con ello se conculca la igualdad ante la ley, al imponer un trato discriminatorio respecto de otros servidores, y el derecho de propiedad sobre asignaciones ya incorporadas al patrimonio de los recurrentes.

Concluye solicitando que "se reestablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la orden de disminución de asignación de experiencia, reintegrando el monto que corresponde por las asignaciones no percibidas desde el mes de enero de 2026, debiendo esta, en lo sucesivo pagar la asignación de experiencia determinada con anterioridad por el departamento DAEM de la Municipalidad de Papudo para cada uno de los asistentes de la educación, con costas." Para acreditar sus dichos acompañó documentos.

A folio 9, evacúa informe nombre reservado en representación del Servicio Local de Educación Pública de Petorca.

Expone que, previo al traspaso del servicio educacional, se realizó un análisis técnico de las remuneraciones aplicadas por las comunas, incluyendo a Papudo. Señala que en dicha revisión se advirtió que la fórmula de cálculo del DAEM para la asignación de experiencia excedía ampliamente el parámetro legal del 2% por bienio permitido pactar en el sector público. Indica que, tras confirmar la situación, se procedió a informar a los requirentes sobre el ajuste que se realizaría para adecuar dicho estipendio a derecho. Refiere que, requerida la Contraloría General de la República, esta emitió el Oficio N° 105.060/2026, ratificando el criterio normativo de la recurrida, señalando que los asistentes, a contar del traspaso, solo podrán percibir esta asignación en los términos y porcentajes del artículo 48 de la Ley N° 21.109. Sostiene que el acto impugnado carece de ilegalidad o arbitrariedad, pues obedece al deber jurídico de reconducir el gasto al marco normativo, fundamentándose en los principios de juridicidad y legalidad del gasto público. Argumenta que la reiteración de pagos indebidos no genera derechos adquiridos y que avalar la pretensión consolidaría desigualdades internas injustificadas. Afirma que no existe vulneración a la igualdad ante la ley, puesto que la regularización aplica un parámetro general, objetivo y uniforme, ni se conculca el derecho de propiedad, toda vez que no cabe predicar dominio constitucional sobre un emolumento contrario a derecho.

Finalmente pide "rechazar el presente recurso de protección por los fundamentos previamente expuestos." A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales taxativamente señaladas.

Segundo: Que la materia sometida al conocimiento de este tribunal de alzada consiste en determinar si la actuación del Servicio Local de Educación Pública Petorca, traducida en el recálculo y rebaja unilateral del porcentaje de la asignación de experiencia percibida por los recurrentes a contar de la liquidación de sueldo de enero de 2026, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere sus derechos fundamentales.

Tercero: Que se encuentra pacíficamente acreditado en autos —conforme a las liquidaciones de sueldo, el informe de la recurrida y las alegaciones de las partes— que los siete recurrentes se desempeñaban hasta el 31 de diciembre de 2025 como asistentes de la educación bajo dependencia del DAEM de la Municipalidad de Papudo, amparados por el Código del Trabajo. Asimismo, consta de forma fehaciente que los actores percibían regularmente una asignación de experiencia por bienios calculada bajo una escala progresiva superior al 2%, la cual, por su reiteración continuada en el tiempo, se incorporó a sus contratos de trabajo y a su patrimonio. Finalmente, no es hecho disputado que, a partir del 1 de enero de 2026 y con ocasión del traspaso al SLEP Petorca, dicha asignación fue rebajada al 2% uniforme.

Cuarto: Que, para la adecuada resolución del asunto, corresponde atender al marco normativo de resguardo dictado expresamente por el legislador para los procesos de transferencia de la educación municipal a los Servicios Locales. Al efecto, el artículo 42 transitorio de la Ley N° 21.040 dispone: “Protección de derechos del personal. El traspaso al que alude este párrafo en ningún caso podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral del personal traspasado. Asimismo, no podrá significar disminución de remuneraciones, ni modificación de los derechos estatutarios o previsionales de dicho personal. Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento expreso”.

“La individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos del Ministerio de Educación, expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”.

“Como consecuencia del traspaso a los Servicios Locales, ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos”.

En idéntico sentido, el artículo 3° transitorio de la Ley N° 21.109 establece de forma imperativa que los asistentes de la educación mantendrán sus derechos consolidados bajo el régimen laboral precedente.

Quinto: Que de las normas antes transcritas se desprende la existencia de un mandato legal prohibitivo y categórico dirigido al nuevo sostenedor público, el cual le impide alterar o mermar la estructura salarial histórica de los trabajadores traspasados. Conforme al principio de intangibilidad de las remuneraciones y a las reglas de irrenunciabilidad y condición más beneficiosa contempladas en los artículos 5 y 41 del Código del Trabajo, los estipendios devengados y percibidos de manera constante bajo el empleador municipal ingresaron válidamente al dominio contractual de los funcionarios como derechos incorporales amparados constitucionalmente.

Sexto: Que, en sentencia reciente, la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado sobre la asignación de experiencia, bienio o antigüedad estableciendo que, por sus características, queda comprendida en las normas del Código del Trabajo que regulan las remuneraciones, criterio que esta Corte comparte. El Supremo Tribunal señaló: “Quinto: Que, para dilucidar lo anterior, cabe tener presente que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el particular, en antecedentes Rol Nº 182.643-2020, 5.840-2024 y 54.098-2024, respecto a la asignación de experiencia o bienio, en que se sostuvo que, si bien se reclama el pago de una asignación de experiencia que no está consagrada en la normativa laboral, lo cierto es que más allá del instrumento que la crea debe atenderse a la naturaleza de la prestación, que al tratarse de una suma de dinero determinada, de carácter periódico, que el o los demandantes devengan en razón de los servicios prestados y que se aplica sobre su remuneración básica mínima, incrementándola respecto de cada trabajador cuyo contrato se ha mantenido vigente por al menos un bienio, comparte el carácter de aquellos estipendios que el Código del Trabajo regula en sus artículos 41 y 42. Sexto: Que este tipo de asignaciones constituyen una herramienta de mejora salarial, que cumple las condiciones para su otorgamiento, pues tiene un carácter netamente remuneracional y periódico, por lo que constituye una prestación de orden laboral irrenunciable protegida por el Código del Trabajo, plenamente subsumible en el concepto dado en el inciso primero del artículo 41 de dicho cuerpo legal;; teniendo presente que la enumeración que realiza su artículo 42 no es de carácter taxativo, sino que corresponde sólo a algunas de las formas de remuneración establecidas por la ley; por lo que también la constituyen aquellos incentivos o asignaciones que, como ocurre en el caso, tienen como origen la prestación de servicios y además han adquirido fijeza. Séptimo: Que, por consiguiente, al tratarse la asignación de experiencia o bienios de una contraprestación en dinero de la que, en este caso, el demandante es acreedor por causa del vínculo laboral que lo ligó con el municipio demandado, estos es, una remuneración, un derecho irrenunciable, y encontrándose vigente el decreto Exento Nº 337, de 6 de abril de 1999, de la Municipalidad de Curicó, Reglamento para Funcionarios No Docentes, en particular sus artículos 17 y 18, la interpretación efectuada por la Contraloría General de la República, en caso alguno pueden privarlo del derecho a percibir la asignación establecida.” (CS Rol Nº21.097-24, 10 de marzo de 2026).

Séptimo: Que, en consecuencia, en el presente recurso de protección, la decisión del Servicio Local de Educación Pública Petorca de modificar unilateralmente y por vía de hecho la fórmula de cálculo de la asignación de experiencia para ajustarla al 2%, sustituyendo la escala contractual previa por una interpretación administrativa, constituye un acto ilegal, por cuanto contraviene los mandatos imperativos de resguardo remuneratorio contenidos en los artículos 42 transitorio de la Ley N° 21.040 y 3° transitorio de la Ley N° 21.109.

Que, el Servicio recurrido carece de atribuciones para invalidar unilateralmente cláusulas o prácticas remuneratorias consolidadas, incurriendo en autotutela administrativa.

Octavo: Que, habiéndose constatado la existencia de un acto ilegal que lesionó de manera directa el derecho de propiedad de los actores consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al privárseles de una porción de sus ingresos patrimoniales legítimamente devengados, la presente acción cautelar debe ser acogida.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública Petorca (SLEP Petorca), y en consecuencia:

1.- Se deja sin efecto el acto administrativo por el cual el Servicio recurrido recalculó y redujo la asignación de experiencia de los actores a contar del mes de enero de 2026.

2.- Se ordena al SLEP Petorca mantener y pagar, en lo sucesivo, la asignación de experiencia en los mismos términos, montos y porcentajes en que se venía liquidando bajo la dependencia de la Municipalidad de Papudo.

3.- Se ordena al SLEP Petorca restituir a los recurrentes la totalidad de las sumas descontadas o no percibidas por concepto de dicho recálculo desde el mes de enero de 2026 a la fecha de cumplimiento de esta sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma la Ministra señora Leonor Cohen Briones, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por no integrar Sala el día de hoy, quien se encuentra en comisión de servicio, autorizada por la Excma. Corte Suprema.

N° Protección-5678-2026.