nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio N°1 se interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, RUT N°RUT reservado, empleada de nacionalidad venezolana, en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., RUT N°RUT reservado, con motivo del rechazo de fecha 26 de agosto de 2025 a su solicitud de devolución de fondos previsionales, actuación que tacha de ilegal y arbitraria y que conculcaría sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Fundamenta la acción señalando que presentó cuatro solicitudes de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 el 20 de agosto de 2025 (folios N°13260, 13261, 13262 y 13263) a través del portal web de la AFP, adjuntando la documentación requerida, a saber: cédula de identidad, contratos de trabajo y anexos con cláusula previsional, constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con fecha 04 de agosto de 2025, declaración jurada suscrita ante notario público el 11 de agosto de 2025, y título profesional debidamente apostillado.

Sostiene que, sin embargo, mediante carta de fecha 26 de agosto de 2025 fue informada del rechazo de sus solicitudes por el siguiente motivo: "No se acompaña Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile." Argumenta que cumplió íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, encontrándose afiliada al IVSS (régimen que otorga prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte) y habiendo manifestado en sus contratos de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Respecto a la exigencia de apostilla o legalización, sostiene que existe imposibilidad técnica y material de obtenerla debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela posterior a las últimas elecciones presidenciales venezolanas, situación que configuraría caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil.

Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS presentada posee un código de verificación electrónica que permite validar su autenticidad en el portal web oficial del instituto http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss por lo que más allá del formalismo documental, cualquier interesado puede verificar su efectiva afiliación.

Invoca jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta (Rol N°247.104-2023), Valparaíso (Rol N°325-2024) y Concepción (Protección 12525-2024) que habrían acogido recursos similares, reconociendo la suficiencia de documentación análoga y señalando que una interpretación excesivamente formalista vulnera la finalidad de la ley.

Solicita se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a AFP Planvital realizar nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho dentro de plazo de 5 días o el que el tribunal estime conveniente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5 evacúa informe AFP PLANVITAL S.A., representada por el abogado don Víctor Tabilo Marentis, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Señala que el rechazo de las solicitudes se ajusta estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones. Explica que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, y que para acceder al beneficio de devolución de fondos deben cumplirse los requisitos copulativos del artículo 1° de dicha ley.

Destaca que, conforme al Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el cumplimiento del requisito de afiliación a régimen previsional en el extranjero "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Argumenta que la documentación presentada por la recurrente no cumple con los estándares exigidos:

1. Declaración jurada: Constituye un documento unilateral emitido por la propia interesada, sin respaldo de entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, careciendo de fuerza probatoria.

2. Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS: Carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente (artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y Convención de la Haya sobre la Apostilla), y no acredita de manera específica la cobertura previsional exigida por la ley. El documento se limita a citar genéricamente el artículo 1° de la Ley de Seguro Social venezolana, sin permitir verificar que la afiliada haya contado efectivamente con cobertura en las contingencias exigidas ni que dicha cobertura se extendiera durante todo el período trabajado en Chile.

Invoca el criterio reiterado de la Superintendencia de Pensiones contenido en los Oficios Ordinarios N°20.294 (08/10/2020), N°25.057 (29/12/2023) y especialmente el Oficio Ordinario N°12.954 (15/07/2025), que estableció expresamente que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas, que omitan detallar las coberturas específicas y el período de protección, y que se limiten a referencias genéricas sobre el sistema previsional venezolano, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Sostiene que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de la Apostilla, por lo que la AFP no puede crear excepciones no contempladas por el legislador. Argumenta que no existe acto u omisión arbitraria ni ilegal, ya que la AFP se rigió por el Compendio de Normas, la Ley N°18.156, la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia y demás normas aplicables, aplicando un criterio uniforme a todas las solicitudes con documentación similar.

Finalmente, plantea que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver esta controversia, por tratarse de un procedimiento urgente y sumarísimo que carece de contradictorio adecuado y no permite la prueba bilateral propia de un juicio declarativo.

A folio7 evacúa informe la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, mediante Oficio Ordinario N°17429 de fecha 17 de septiembre de 2025.

Informa que la señora nombre reservado no registra ante ese organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes previos referentes a esta solicitud.

Explica detalladamente el marco normativo aplicable, señalando que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que altera la regla general del sistema previsional chileno sobre obligatoriedad de cotizaciones, y que como tal debe interpretarse restrictivamente. Precisa que para acceder al beneficio de devolución de fondos deben cumplirse requisitos copulativos:

a) Afiliación a régimen de previsión fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; b) Calidad de técnico o profesional; c) Manifestación de voluntad en el contrato de trabajo de mantener la afiliación.

Destaca que, conforme a su jurisprudencia administrativa reiterada (Oficios N°21.480/2017, 23.208/2023, 3.141/2024), se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional que el trabajador extranjero acredite haber contado con seguro por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo que prestó servicios en Chile, mediante certificación emitida por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, debidamente legalizada o apostillada.

Respecto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS presentada por la recurrente, concluye que:

1. No se encuentra firmada por quien la emite;

2. No está apostillada por la autoridad competente venezolana;

3. No está legalizada;

4. No señala las coberturas específicas con que cuenta la recurrente;

5. No se puede inferir un período determinado de cobertura;

6. Se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Por tanto, dicha documentación no es apta para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no cumple con los estándares establecidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Respecto a la alegación de fuerza mayor por imposibilidad de legalización consular, señala que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de la Apostilla, por lo que el procedimiento de apostilla es la forma en que la ley prevé que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en Chile, no pudiendo las administradoras crear excepciones no contempladas por el legislador ni el órgano regulador.

Concluye manifestando que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional de la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que lo autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. y solicita la recurrente que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho.

Tercero: Que, informa la recurrida que el recurso de protección es improcedente por tratarse de una materia de lato conocimiento. Subsidiariamente, sostiene que su actuación fue legal al cumplir estrictamente la Ley N°18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud debido a que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada, no se encuentra apostillada ni legalizada, y no acredita de manera específica la cobertura previsional exigida, limitándose a referencias genéricas del sistema venezolano.

A su vez, la Superintendencia de Pensiones sostuvo que para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme al artículo 7° de la Ley N°18.156, resulta imprescindible dar cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo 1°, particularmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero, la que debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y a la Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" de 4 de agosto de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización o apostilla de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional y la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor no exime al recurrente del cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, salvo que el legislador establezca expresamente lo contrario Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por la recurrente, de fecha 11 de agosto de 2025, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes. Por lo tanto, dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose por tanto de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión. Los fondos previsionales permanecen en la cuenta de capitalización individual de la recurrente y podrán ser utilizados para financiar las pensiones o beneficios establecidos en el D.L. N°3.500 de 1980.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Acordada con el voto en contra del Ministro Interino señor Núñez, quien estuvo por acoger el presente recurso, por los siguientes argumentos:

1° Que, es un hecho público y notorio que la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con representación diplomática o consular en Chile que permita cumplir a la recurrente con el trámite de apostilla o legalización del documento "Constancia Electrónica de Cotizaciones" de 4 de agosto de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

2° Que, el quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela constituye un acto de autoridad que torna materialmente imposible para los nacionales venezolanos cumplir con los requisitos de apostilla o legalización consular de documentos.

3° Que, la circunstancia anotada configura un caso de fuerza mayor, definida en el artículo 45 del Código Civil como un imprevisto imposible de resistir, entre los cuales se mencionan expresamente "los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público", que la exime de cumplir una exigencia que se ha tornado fácticamente inexigible.

4° Que, conforme al principio jurídico universal ad impossibilia nemo tenetur (a lo imposible nadie está obligado), no puede exigirse el cumplimiento de una obligación o requisito que se ha tornado fácticamente imposible de realizar por circunstancias ajenas a la voluntad del obligado. Pretender lo contrario importaría una aplicación irrazonable e injusta de la normativa, que tornaría ilusorio el ejercicio del derecho reconocido por la ley.

5° Que, en tales condiciones excepcionales, exigir el cumplimiento estricto de formalidades que se han tornado materialmente imposibles constituye un acto arbitrario, pues implica aplicar criterios rígidos sin considerar las circunstancias especiales que afectan al caso concreto, vulnerando así el principio de razonabilidad que debe regir toda actuación administrativa.

6° Que, la arbitrariedad del recurrido vulnera el derecho de propiedad del actor sobre sus fondos previsionales, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-5660-2025.