nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO Y OTROS (ACUMULADA ROL IC 7594-2025 PROTECCION )

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la empresa Andean Telecom Partners Chile SpA y de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, debido a que, por Resolución contenida en el Formulario 11.2, Permiso de Instalación N°014/2025, de fecha 22 de julio de 2025, se ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal consistente en autorizar la instalación de una torre de telecomunicaciones sin cumplir con el procedimiento de información y participación ciudadana exigido por la Ley N°20.599, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°3, N°8 y N°24 de la Constitución Política de la República.

El recurrente señala que, con fecha 20 de agosto de 2025, los vecinos del sector nombre reservado, comuna de El Quisco, tomaron conocimiento de manera informal de la inminente instalación de una torre de telecomunicaciones en el inmueble ubicado en domicilio reservado, sin haber sido previamente informados ni notificados conforme lo exige el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, impidiéndoles ejercer su derecho a participar, formular observaciones u oponerse al proyecto dentro de plazo legal.

Agrega que, la empresa recurrida actuó de manera unilateral, limitándose a acompañar supuestas cartas certificadas que jamás fueron recepcionadas por los vecinos afectados, lo cual fue erróneamente validado por la Dirección de Obras Municipales de El Quisco, aprobándose el permiso de instalación sin verificar la efectiva comunicación exigida por la ley, configurándose un vicio esencial del procedimiento administrativo que torna el acto en ilegal desde su origen.

Sostiene además que, la instalación de la antena afecta gravemente la integridad física y psíquica de los recurrentes, en su mayoría adultos mayores, algunos de ellos con enfermedades crónicas graves, uso de marcapasos y antecedentes de cáncer, generando un daño actual y concreto a su salud mental, así como una amenaza seria a su salud física, vulnerando asimismo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y provocando una depreciación significativa de sus propiedades, lesionando el derecho de propiedad.

Solicita, en consecuencia, que se acoja el presente recurso de protección, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de las recurridas, se ordene la paralización inmediata de las obras y la prohibición de instalar la referida torre de telecomunicaciones en el inmueble señalado o en sectores cercanos a zonas sensibles, restableciendo el imperio del derecho y otorgando la debida protección a los recurrentes.

A folio 3, informa la Ilustre Municipalidad de El Quisco, solicitando el rechazo íntegro del recurso por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

En cuanto a los hechos, consta que la solicitud de permiso de instalación de torre de telecomunicaciones fue ingresada en forma regular ante la Dirección de Obras Municipales, acompañándose todos los antecedentes exigidos por el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, incluidos el certificado de envío de cartas certificadas por Correos de Chile a los vecinos y junta de vecinos respectivos, así como la publicación del proyecto en un diario de circulación regional dentro de los plazos legales. En mérito de dichos antecedentes, la DOM otorgó válidamente el permiso de instalación N°015/2025, no existiendo omisión ni irregularidad imputable a esta Municipalidad.

En derecho, la normativa urbanística es expresa al señalar que la obligación de comunicación se entiende cumplida “por el solo hecho de haberse remitido la carta certificada”, estableciendo una presunción legal que no exige la recepción efectiva de dicha correspondencia, cuestión que escapa completamente a las atribuciones de la administración municipal. Exigir a la DOM verificar la recepción material de las cartas importaría imponer requisitos no contemplados en la ley, vulnerando el principio de juridicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado.

Finalmente, no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, toda vez que no se ha acreditado afectación real ni actual a la vida, integridad física o psíquica, medio ambiente, debido proceso administrativo ni derecho de propiedad. Las alegaciones formuladas descansan en temores subjetivos y afirmaciones carentes de respaldo técnico o científico, desconociendo que la normativa chilena en materia de telecomunicaciones es de las más estrictas a nivel internacional. En consecuencia, no concurriendo acto ilegal o arbitrario alguno imputable a esta parte, se solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa declaración de que el actuar municipal ha sido conforme a derecho.

A folio 4, informa la empresa Andean Telecom Partners Chile SpA, solicitando el rechazo íntegro del recurso, ya que en cuanto a los hechos, la empresa que represento ingresó la solicitud de permiso de instalación de torre soporte de antenas y sistemas radiantes de telecomunicaciones en conformidad a lo dispuesto en el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, acompañando todos los antecedentes exigidos por la normativa urbanística, incluyendo el certificado emitido por Correos de Chile que acredita el envío de cartas certificadas a la junta de vecinos competente y a los propietarios dentro del radio legal, así como la publicación del proyecto en un diario de circulación regional dentro de los plazos establecidos por la ley.

Cabe señalar que la legislación es clara y categórica al establecer que la obligación de comunicación se entiende cumplida por el solo hecho de haberse remitido la carta certificada al propietario registrado ante el Servicio de Impuestos Internos, sin exigir la recepción efectiva por parte de los destinatarios. En consecuencia, la empresa dio cabal cumplimiento a la exigencia legal, operando en la especie una presunción legal expresa, cuya finalidad es otorgar certeza jurídica al procedimiento administrativo y evitar que su validez quede supeditada a circunstancias ajenas a la voluntad del solicitante.

En cuanto a las alegaciones relativas a una supuesta afectación a la vida, integridad física y psíquica de los recurrentes, estas carecen absolutamente de respaldo técnico o científico. La normativa chilena en materia de telecomunicaciones es una de las más estrictas a nivel internacional, fijando límites de emisión muy por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, no existiendo antecedente alguno que permita sostener que la instalación de la antena produzca daños a la salud, interferencias con marcapasos u otras consecuencias graves como las que se alegan en el recurso.

Asimismo, no se configura vulneración alguna al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, desde que la instalación se encuentra regulada, fiscalizada y sujeta a estándares técnicos definidos por la autoridad competente, ni tampoco al derecho de propiedad, ya que la eventual variación en el valor comercial de los inmuebles no constituye un atributo constitucionalmente protegido del dominio, tratándose de una externalidad económica que no ha sido acreditada mediante antecedente alguno por los recurrentes.

Finalmente, resulta evidente que el recurso de protección ha sido utilizado como una vía para reabrir un procedimiento administrativo válidamente concluido, desconociendo los plazos y mecanismos especiales que la ley contempla para formular observaciones u oposiciones técnicas ante la autoridad sectorial competente. No existiendo acto ilegal o arbitrario atribuible a esta parte, ni afectación actual o inminente de garantías constitucionales, se solicita a S.S. Ilustrísima el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa declaración de que el actuar de la empresa recurrida ha sido conforme a derecho.

Causa acumulada Rol 7594-2025 Que, en estos autos se dedujo recurso de protección por parte de un conjunto de vecinos de la comuna de El Quisco en contra de Andean Telecom Partners Chile SpA y de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, fundado en el otorgamiento, por la Dirección de Obras Municipales, de un permiso para la instalación y construcción de una torre de telecomunicaciones en el inmueble ubicado en domicilio reservado, acto que estiman ilegal y arbitrario.Que los recurrentes sostienen que la referida instalación vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto excedería la altura máxima permitida por el Plan Regulador Comunal, se habría omitido la debida notificación a la junta de vecinos correspondiente, y el predio se encontraría afecto a una prohibición de gravar y enajenar, lo que impediría el otorgamiento válido del permiso.

Que informando las recurridas, solicitaron el rechazo de la acción constitucional, señalando que el proyecto fue tramitado conforme a la normativa especial aplicable a torres de telecomunicaciones, en particular lo dispuesto en el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley N° 20.599, cumpliéndose con todas las exigencias legales. Agregan que no existe acto ilegal ni arbitrario, y que las alegaciones de los recurrentes dicen relación con materias de legalidad administrativa y urbanística que exceden el ámbito del recurso de protección.

A folio 38, se ordenó traer los autos en relación:

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que dicha norma señala, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio, facultando a esta Corte para adoptar las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho.

nombre reservado: Que, en estos autos los recurrentes han deducido recurso de protección en contra de la empresa Andean Telecom Partners Chile SpA y de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, imputándoles un actuar ilegal y arbitrario consistente en el otorgamiento de un permiso para la instalación de una antena de telecomunicaciones, sosteniendo que no se habría dado cumplimiento al procedimiento de información y participación ciudadana previsto en el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que la instalación afectaría la salud de las personas, y que la obra excedería las condiciones urbanísticas del sector, alegaciones que también se reiteran en la causa acumulada a estos autos.

Tercero: Que, informando las recurridas, señalan que el proyecto fue tramitado conforme a la normativa especial aplicable, acompañando antecedentes que dan cuenta del cumplimiento íntegro de los requisitos exigidos por el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como de la normativa sectorial pertinente, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las recurridas aparece acreditado que se dio efectivo cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, toda vez que con fecha 7 de marzo de 2025 se efectuó el envío de las comunicaciones mediante cartas certificadas a los propietarios colindantes al lugar de emplazamiento de conformidad al registro que maneja la municipalidad para efectos de pago de impuesto, y que con fecha 27 de marzo de 2025 se realizó la correspondiente publicación en el Diario Oficial, cumpliéndose de este modo, en forma copulativa, los requisitos legales de información y publicidad exigidos por el artículo recién citado.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación relativa a una supuesta afectación a la salud de los recurrentes, dicha alegación debe ser desestimada, toda vez que no existen antecedentes que permitan dar por establecido que el funcionamiento de torres de telecomunicaciones afecte la salud de las personas que viven en sus inmediaciones, no configurándose vulneración alguna a la garantía consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República. Tampoco se acreditó que la instalación de éstas determinen una rebaja en el valor de las propiedades vecinas, lo que en todo caso debería ser acreditado en un juicio de lato conocimiento.

Sexto: Que, en relación con lo alegado en la causa acumulada, en cuanto a que no sería posible la construcción de una antena de altura superior a seis metros, de los antecedentes acompañados y de lo expuesto en estrados por el abogado de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, consta que el proyecto no se emplaza en una zona de riesgo ni infringe las disposiciones urbanísticas aplicables, habiendo la empresa recurrida acompañado un informe de impacto que da cuenta del cumplimiento de la normativa del ramo, no advirtiéndose infracción urbanística manifiesta que pueda ser conocida y corregida por esta vía cautelar.

Séptimo:Que, respecto de la alegación referida a que la notificación se habría efectuado erróneamente a la Junta de Vecinos “Maipú Mar”, y no a la Junta de vecinos “El mirador”, cabe señalar que la normativa aplicable no exige la notificación a todas las organizaciones vecinales del sector, sino únicamente a los propietarios colindantes y a la organización territorial correspondiente, no pudiendo imponerse a la autoridad administrativa un requisito adicional no previsto en la ley, lo que tornaría el procedimiento en un estándar de cumplimiento imposible o inalcanzable.

Octavo: Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N° 18.168 y en el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y constando en autos antecedentes suficientes que así lo acreditan, no se divisa la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, ni medida que pueda tomar esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto, y el deducido en la causa acumulada, por no configurarse vulneración alguna de garantías constitucionales.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5655-2025.(acumulada 7594-2025)