nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como trabajadora técnica extranjera.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, y que el 14 de julio de 2026, fue informada telefónicamente de que su solicitud había sido rechazada porque la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba legalizada o apostillada por la autoridad competente.

Sostiene que la recurrente cumple íntegramente los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, por cuanto posee la calidad de profesional extranjera, se encuentra afiliada al sistema de seguridad social de su país de origen y manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo y anexos.

Reclama que la recurrida efectuó una interpretación excesivamente formalista de la normativa, incorporando exigencias no contempladas expresamente por el legislador; y que no obstante haber acompañado un certificado de afiliación emitido por el Consulado de Venezuela y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, además de constancias electrónicas de cotizaciones cuya autenticidad puede verificarse mediante los códigos incorporados en ellas, directamente en el sitio web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la administradora omitió verificarlos y rechazó la solicitud sin expresar fundamentos suficientes.

Añade que la actual inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile torna imposible obtener una nueva legalización, por lo que no puede exigirse a la recurrente el cumplimiento de un requisito materialmente insuperable cuando su afiliación puede acreditarse por otros medios idóneos.

Expresa que otras administradoras de fondos de pensiones han aceptado constancias electrónicas de similares características, lo que demuestra que la actuación impugnada constituye una diferenciación injustificada.

Sostiene que la finalidad de la Ley N°18.156 es evitar que los técnicos extranjeros deban cotizar en dos sistemas previsionales diferentes, sin que corresponda establecer restricciones adicionales a las previstas por el legislador.

Invoca como vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, que se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptándose las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega preliminarmente que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia, por cuanto se pretende discutir una materia de lato conocimiento y obtener la declaración de un derecho controvertido, excediendo la naturaleza cautelar, urgente y sumaria de este arbitrio constitucional.

En cuanto al fondo, reconoce que rechazó la solicitud de devolución presentada por la recurrente conforme a la Ley N°18.156, debido a que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba legalizada ni apostillada por la autoridad competente.

Explica que el retiro de los fondos previsionales constituye una excepción a la regla general dentro del Decreto Ley N°3.500, razón por la cual solo puede autorizarse cuando se acredita el cumplimiento íntegro de los requisitos copulativos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Apunta que la constancia de afiliación acompañada fue emitida el 31 de enero de 2024, tenía una vigencia de 120 días, estaba destinada a ser presentada ante otra administradora y se encontraba vencida al momento de formularse la solicitud; añadiendo que la constancia electrónica de cotizaciones carece de firma, legalización o apostilla; no especifica las coberturas previsionales de la recurrente ni permite establecer el período durante el cual habría gozado de ellas, limitándose a describir genéricamente las prestaciones del sistema venezolano.

Sostiene que, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe acreditarse específicamente que la trabajadora estuvo cubierta durante todo el período en que prestó servicios en Chile respecto de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad común, exigencias que la documentación presentada no satisface.

Agrega que la recurrente posee cédula de identidad chilena, residencia definitiva y un inmueble en el país, circunstancias que no garantizan su retorno a Venezuela y podrían ocasionar que, luego de retirar sus cotizaciones, el Estado deba financiar en el futuro sus prestaciones previsionales.

Afirma que las exigencias aplicadas emanan de la normativa vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, por consiguiente, estima que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que se ajustó estrictamente al procedimiento aplicable a las solicitudes de devolución de fondos formuladas por técnicos extranjeros.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno relacionado con los hechos que motivan la presente acción, por lo que no dispone de otros antecedentes sobre su situación previsional.

Respecto del caso concreto, señala que la constancia de afiliación legalizada fue emitida el 31 de enero de 2024, con una vigencia de 120 días, encontrándose vencida cuando se presentó la solicitud de devolución; además, la Constancia Electrónica de Cotizaciones carece de firma, apostilla o legalización, no individualiza las coberturas de la recurrente ni permite determinar el período durante el cual habría contado con ellas.

Expresa que el código de verificación electrónica no reemplaza las formalidades exigidas por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y por la Convención de La Haya sobre la Apostilla, aplicable tanto en Chile como en Venezuela. Cita, además, jurisprudencia que ha descartado la existencia de ilegalidad o arbitrariedad al exigirse dichos requisitos para que los instrumentos públicos extranjeros produzcan efectos en el territorio nacional.

Se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental Segundo: Que, en el presente recurso, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la respuesta entregada por la A.F.P. Provida S.A., mediante la cual se rechazó a la recurrente su solicitud de retiro de fondos de capitalización individual, en razón de no cumplir con la documentación exigida, de conformidad a la Ley N°18.156.

Tercero: Que, la AFP recurrida informó que rechazó la solicitud porque la recurrente no acreditó el cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en la Ley N°18.156 y en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, toda vez que la constancia de afiliación acompañada se encontraba vencida y la Constancia Electrónica de Cotizaciones carecía de firma, legalización o apostilla, además de no especificar las coberturas previsionales ni el período durante el cual habrían estado vigentes, por lo que su actuación se habría ajustado a la normativa aplicable.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N 18.156, establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.” A su turno, el artículo 7 de la misma Ley prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Quinto: Que, respecto a la primera causal invocada por la recurrida para desestimar la solicitud de devolución de fondos previsionales del extranjero recurrente, cabe señalar que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado carece de firma autorizada y no cuenta con la legalización o apostilla requerida por el ordenamiento jurídico nacional.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el art culo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, al no cumplir la recurrente con los requisitos exigidos en la norma citada y encontrándose la decisión impugnada fundada en antecedentes objetivos, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de AFP ProVida, por lo que el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-5625-2026.