Protección contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, Abogado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región Valparaíso, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., representado por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana De Santiago; por el acto ilegal y arbitrario de 02 de septiembre de 2025, que declara la anulación de trámite para el retiro de fondos para extranjero.

Señala que la recurrente solicitó ante la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 02 de septiembre de 2025, es informada por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente: “A partir del análisis de los antecedentes acompañados, se informa el rechazo de la solicitud N°20258, 20259 y 20260 debido a lo siguiente: No se acompaña Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; y respecto del empleador nombre reservado al revisar su situación tributaria en el SII se pudo constatar que el contribuyente no corresponde a una empresa de menor tamaño, por tanto, no es posible acceder a la devolución de fondos previsionales, debido a que no le son aplicables las disposiciones de la Ley N°18.156, por cuanto sólo se podrá acceder a la devolución de fondos cuando se trate de contratos de trabajo celebrado con empresas o personas jurídicas; respecto del empleador Cristian CS Propiedades SpA., no existe consistencia entre la documentación laboral acompañada. Lo anterior, en virtud de que el contrato de trabajo suscrito con fecha 01 de enero de 2020 señala que la afiliada mantendrá su afiliación al sistema previsional chileno y, el anexo de contrato de trabajo suscrito en la misma fecha señala que mantendrá afiliación a sistema previsional extranjero, produciéndose con ello, una doble manifestación de voluntad; respecto del empleador Comercializadora El Universo no existe consistencia entre la documentación laboral acompañada. Lo anterior, en virtud de que el contrato de trabajo suscrito con fecha 01 de marzo de 2022 señala que la afiliada mantendrá su afiliación al sistema previsional chileno y, el anexo de contrato de trabajo suscrito en la misma fecha señala que mantendrá afiliación a sistema previsional extranjero, produciéndose con ello, una doble manifestación de voluntad. Además, el afiliado deberá adjuntar documentación que acredite sus facultades para actuar en representación del empleador y que así mismo, es la única que cuenta con dichas facultades…¨.

Indica que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones rechaza argumentando que debe adjuntar certificado de afiliación apostillado, por lo que se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Cita los artículos 1 y 7 de la ley 18.156.

En cuanto a lo indicado respecto al contrato y al anexo de contrato, no es efectivo que presente una doble o incompatible manifestación de voluntad en sus cláusulas. La lectura conjunta de dichas estipulaciones permite advertir que se refieren a materias distintas y complementarias: el anexo del contrato laboral consigna la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen de previsión social fuera de Chile, mientras que la cláusula del contrato establece que, no obstante, lo anterior, cumplirá con la obligación legal de efectuar cotizaciones en el sistema previsional chileno.

Alega que respecto de este punto, no corresponde una aplicación estricta y exegética del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en orden a incluir únicamente los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues, si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente. Es del caso que, el vínculo jurídico entre el empleador y la trabajadora se sustenta en un contrato laboral, siendo aplicable la normativa que permite el retiro de fondos, por lo que no existe contradicción alguna entre el contrato y el anexo del contrato laboral, pues la segunda regula la mantención de una cobertura previsional adicional o paralela fuera del país, y el contrato se limita a reiterar el cumplimiento de la normativa previsional interna. Ambas disposiciones son perfectamente compatibles y no generan conflicto normativo o de voluntad entre las partes.

Expresa que la recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que la recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados. En consecuencia, se evidencia que la recurrente ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Menciona que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, le arrojará la web indicada, constancia que se expidió a petición de la parte interesada en la ciudad de Caracas a los 10 días del mes de Septiembre de 2025, encontrándose vigente hasta el día 30 del mes de Septiembre de 2025.

Señala que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, siendo confirmada esta decisión por la repartición pública recurrida.

Indica que el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política.

Pide, en definitiva, se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que SS. estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos.

A folio 6, evacúa informe la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, señalando que la recurrente no registra presentaciones ante ese Organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos, invocando la ley N° 18.156, la cual faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal, por lo que siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Indica que, de acuerdo con lo dispuesto en el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L.N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L.N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Expresa que tanto del tenor literal de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, como del espíritu del legislador, este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país, respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Agrega que el Certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla. Además, dicho documento no da cuenta de que la trabajadora haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, no siendo útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Alega que la actora, habría adjuntado una declaración jurada a su solicitud de retiro de fondos, emitida el 30 de abril de 2025, en la que declara encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dicho documento no cumple con los requisitos dispuestos para acreditar el cumplimiento del requisito de contar con cobertura previsional, pues no acredita cobertura y tampoco es emitido por la autoridad competente del país de origen de la recurrente, y si durante ese tiempo no tuvo una cobertura efectiva en su país de origen, sí pudo hacer uso de los beneficios que entrega el sistema en Chile, por lo cual no procede la devolución de los fondos destinados a ese fin.

En consecuencia, de conformidad con el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual garantiza la igualdad ante la ley, y el número 18 de ese mismo artículo de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas el Derecho a la Seguridad Social en Chile, los trabajadores extranjeros deben cumplir con las obligaciones que la ley establece, de manera de poder acceder a las prestaciones de la misma manera que lo hacen los trabajadores de nacionalidad chilena que prestan servicios en el país.

Menciona que de los documentos acompañados en autos por la recurrente, consta que el “Anexo de Contrato” que suscribió ella y el representante legal del empleador Comercializadora El Universo SpA, el 1 de marzo de 2022, contiene una manifestación de voluntad equívoca, el cual en su cláusula segunda, expresa que se agrega una nueva cláusula al contrato principal, en la que se estipula que la trabajadora se encuentra afiliada a un régimen de seguridad social fuera de Chile que otorga prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que es su voluntad mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social en el extranjero. A continuación, en la cláusula tercera, se deja constancia de que las cláusulas del respectivo contrato al que accede el anexo se mantienen inalteradas. Adicionalmente, debe tenerse presente que tanto el instrumento principal como su anexo fueron suscritos en la misma fecha, esto es, el 1 de marzo de 2022.

Respecto de la relación laboral con la empresa CS Propiedades SpA, si bien la recurrente acompañó en autos el contrato de trabajo, de fecha 1 de abril de 2020, no adjuntó el anexo respectivo, por lo que no consta que haya expresado su voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional de su país de origen, de manera inequívoca, por lo que el Servicio desconoce si respecto de tal contrato, se cumple el requisito expresado en la letra b) del artículo 1 de la ley 18.156.

En cuanto a la relación laboral entre la recurrente y nombre reservado de que dan cuenta los contratos de trabajo de fechas 19 de febrero de 2018 y de 1 de octubre de 2018, se debe destacar que la señora nombre reservado manifestó en su acción cautelar que “ha sido conteste la jurisprudencia -que se citará en el apartado venidero- en indicar que no corresponde una aplicación estricta y exegética del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en orden a incluir únicamente los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral, pues, si aquella hubiese sido la intención del legislador, lo habría señalado expresamente. Es del caso que, el vínculo jurídico entre el empleador y la trabajadora se sustenta en un contrato laboral, siendo aplicable la normativa que permite el retiro de fondos.”, destacando que la referida relación laboral efectivamente se regiría por las normas del Código del Trabajo. Sin embargo, esta no sería una causal de rechazo para acceder a una devolución de fondos previsionales, sino el hecho de que el empleador es una persona natural y no una empresa, tal como lo requiere expresamente el inciso primero del artículo 1 de la citada ley N°18.156, por lo que los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que han sido contratados bajo las normas del Código del Trabajo les son aplicables las disposiciones y beneficios de exención y devolución de cotizaciones previsionales contemplados en la Ley N°18.156, siempre y cuando su empleador sea una empresa en los términos establecidos en el artículo 3° del Código del Trabajo, o bien, cuando aquellos acrediten que se han desempeñado en las corporaciones municipales de derecho privado sin fines de lucro, que administran y operan la atención primaria de salud, regidos por la ley N°19.378, ya que en esta última situación no tienen la calidad de empleados públicos, conforme lo ha resuelto la Dirección del Trabajo.

Agrega que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Acompaña documentos.

A folio 9, informa la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL S.A., señalando que el 4 de junio de 2025 en la sucursal de Talca de AFP PlanVital la recurrente, presentó a la Administradora tres solicitudes de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley 18.156. Dichas solicitudes adolecen de los siguientes problemas, y que se refiere a los documentos presentados con la solicitud, donde se incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones', una 'Declaración bajo fe de juramento' y documentación laboral a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156. Dicho rechazo de la solicitud fue comunicado oportunamente el 9 de junio de 2025.

En cuanto al Certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones y Declaración jurada, la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil, el cual expresa que la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas indicando que, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos.

Respecto a que el empleador corresponde a persona natural y no a una empresa, indica que la Ley 18.156 establece un régimen excepcional y que debe ser interpretada de forma restrictiva.

En cuanto a la doble manifestación, la normativa exige que el contrato de trabajo suscrito por el afiliado contenga una cláusula expresa en la que éste manifieste su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Dicha manifestación puede constar en el cuerpo del contrato de trabajo, mediante alguna cláusula, o bien en un anexo posterior, siempre que esté debidamente suscrito durante la relación laboral con el empleador y no presente una doble e incompatible manifestación de voluntad.

El rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales informada por la Administradora a la afiliada no fue ilegal, ni arbitraria por parte de la informante y se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones para estos casos.

Cita la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156; artículos 2 y 3 del D.F.L. N°101 de 1980; artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; artículo 47 de la Ley N° 20.255.

Alega que la aplicación de dichas normas no es facultativa para la Administradora, todo lo contrario, la aplicación de ellas es obligatoria para Plan Vital y, en consecuencia, mi representada no ha obrado de manera ilegal.

Por otro lado, el actuar de Plan Vital corresponde a un actuar razonado y en igualdad de trato de todos sus otros afiliados, por tanto, ha actuado de manera justificada y, por consiguiente, no ha cometido acto arbitrario alguno.

Agrega que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitud la devolución, por lo que el actuar de la recurrida no ha significado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña documentos.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., comunicado mediante correo de 2 de septiembre de 2025, que adjunta carta de rechazo de la solicitud efectuada por la recurrente, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida afirma que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1 letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haber acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado y/o apostillado, toda vez que adjunta una "Constancia Electrónica de Cotizaciones", que se encuentra vencida y no especifica las prestaciones cubiertas, además de una “Declaración bajo fe de juramento” y documentación laboral. Sustenta su posición en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, en la normativa vigente, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. A su turno, el artículo 7 de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley” Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la recurrente “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 10 de septiembre de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada, si bien se encuentra apostillado conforme a la normativa vigente, no sustituye el requisito legal formal vigente, esto es, que consta que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por cuanto el documento señalado solo se limita a señalar la existencia de cotizaciones pero no su afiliación al sistema de conformidad a la exigencia legal.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida, tratándose de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los art culos 19 y 20 de la Constitución Pol tica de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5602-2025.