nombre reservado con TESORERIA REGIONAL VALPARAÍSO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece nombre reservado, quien deduce acción de protección en su favor y en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el mandamiento de ejecución y embargo dictado el 6 de abril de 2026, mediante el cual se ordenó requerirlo de pago y, en caso de no verificarse éste, proceder al embargo de bienes de su propiedad, incluso con auxilio de la fuerza pública, acto que le fue notificado por correo electrónico el 19 de junio de 2026, confiriendo patrocinio y poder al abogado Luis Alexis Canales Cabellos.

Explica que la recurrida ha iniciado un plan de recuperación de los créditos con garantía estatal regulados por la Ley N° 20.027, en cuyo marco ha desplegado actuaciones concretas de cobro respecto de particulares, entre ellos el compareciente, mediante procedimientos que exceden el marco jurídico aplicable a esta clase de obligaciones. Precisa que el acto recurrido se funda expresamente en las disposiciones del Código Tributario, particularmente en sus artículos 171 y siguientes, configurando un procedimiento administrativo propio de la ejecución de obligaciones tributarias, aplicado en la especie respecto de una obligación de naturaleza diversa, como es el crédito con aval del Estado.

Agrega que, en el marco de dicho procedimiento, la recurrida emitió un certificado o nómina de deudor moroso en que se le individualiza como deudor de la suma de $29.418.277 por concepto de "CRED CAE L20027".

Sostiene que, conforme al artículo 169 del Código Tributario, el título ejecutivo debe contener, entre otras menciones, la cantidad adeudada por concepto de impuesto, sanciones y tipo de tributo, exigencia que el instrumento invocado no satisface, e invoca al efecto lo razonado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 7367-2024, en cuanto la deuda por Crédito con Aval del Estado constituye una deuda del sector público que no tiene carácter tributario, de modo que el título carece de las exigencias mínimas para ser considerado tal en este contexto.

Precisa que la obligación cuyo cobro se persigue tiene su origen en un contrato de mutuo celebrado con una institución financiera en el marco del sistema de financiamiento regulado por la Ley N° 20.027, documentado mediante los respectivos pagarés suscritos por el recurrente, los que constituyen el verdadero título en que consta la deuda, al contener la declaración de voluntad que la origina, su monto y condiciones de pago.

Añade que la intervención del Estado se produce en virtud del sistema de garantía establecido en la referida ley, de manera que, pagada la deuda al acreedor original, opera la subrogación legal de los artículos 1608 y 1610 del Código Civil, sin que el Fisco cree una obligación nueva, pues se limita a reemplazar al acreedor primitivo, manteniéndose inalterada la naturaleza civil de la obligación y el título en que consta.

Argumenta que, si bien el artículo 2 del D.F.L. N° 1 de 1994 y el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263 reconocen a la recurrida facultades para el cobro de créditos del sector público, tales normas tienen carácter estrictamente instrumental, pues se limitan a regular los mecanismos de cobro, sin alterar la naturaleza jurídica de la obligación ni los instrumentos en que ésta se encuentra documentada, y no la autorizan para sustituir el título ni para extender el ámbito de aplicación del Código Tributario a obligaciones que no revisten naturaleza tributaria, lo que importaría atribuir a la Administración una potestad no conferida por la ley, en contravención al principio de juridicidad.

Sostiene, en el mismo orden, que la utilización de una nómina administrativa de deudores como base de la ejecución implica una sustitución indebida del título, reemplazando un instrumento emanado de la voluntad de las partes por uno de carácter unilateral generado por la propia Administración, y que el mérito ejecutivo que el artículo 169 del Código Tributario reconoce a dichas nóminas constituye una regla excepcional, de interpretación estricta, limitada a obligaciones de naturaleza tributaria, de modo que su extensión a esta acreencia infringe los artículos 1 y 4 del mismo Código, que circunscriben sus disposiciones a las materias de tributación fiscal interna de competencia del Servicio de Impuestos Internos y prohíben inferir de ellas consecuencias para la aplicación, interpretación o validez de otros actos, contratos o leyes.

Añade que el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027 somete las acciones de cobro de estos créditos a las reglas generales de procedimiento, lo que supone su conocimiento y resolución por los tribunales ordinarios de justicia conforme al derecho común, de suerte que la recurrida, al aplicar un procedimiento ejecutivo administrativo fundado en normas del Código Tributario, ha sustituido el régimen expresamente previsto en la ley especial, la que prevalece por sobre la ley general en virtud del principio de especialidad.

Denuncia vulneradas las garantías de los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con sus artículos 6° y 7°. Respecto de la igualdad ante la ley, señala que ha sido sometido a un régimen jurídico que no le corresponde, más gravoso, expedito y restrictivo que aquel aplicable a los demás deudores de obligaciones civiles o crediticias, sin razón objetiva que lo justifique.

En cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, expone que el procedimiento aplicado limita las excepciones oponibles, restringe las posibilidades probatorias, permite la ejecución forzada en etapas tempranas y carece de contradictorio pleno previo, asumiendo la recurrida simultáneamente la determinación de la deuda, la generación del título y la ejecución del cobro, sin intervención previa de un órgano jurisdiccional imparcial e independiente. Y en lo relativo al derecho de propiedad, sostiene que el acto habilita la afectación directa de su patrimonio mediante la ejecución y el embargo, sobre la base de un procedimiento carente de base legal válida, configurando a lo menos una perturbación ilegítima del dominio.

Concluye solicitando que se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario por haberse dictado con infracción al principio de juridicidad, mediante la aplicación indebida de normas del Código Tributario a una obligación no tributaria; que dicho acto vulnera las garantías de los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; que se deje sin efecto el procedimiento de cobro iniciado en su contra, incluyendo el mandamiento de ejecución y embargo y toda actuación administrativa fundada en la aplicación indebida del Código Tributario; que se ordene a la recurrida abstenerse de continuar dicho procedimiento por la vía tributaria mientras no se ajuste a la normativa aplicable a la naturaleza jurídica de la obligación; que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, y que se la condene en costas.

Para acreditar sus dichos acompaña certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República.

A folio 8 se hizo parte don nombre reservado, Fiscal de la Tesorería General de la República.

A folio 11 evacúa informe don Pablo Guzmán Navarro, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, solicitando desde ya el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

Alega, en primer término, la extemporaneidad del arbitrio.

Expone que la impugnación se dirige contra la aplicación del procedimiento de cobro del Título V del Libro III del Código Tributario, exteriorizada mediante la nómina de deudores morosos, el mandamiento de ejecución y embargo y el requerimiento de pago, actuaciones que el recurrente conoció el 7 de abril de 2026, según consta del comprobante de remisión de correo electrónico en que se le adjuntó copia íntegra de la nómina y del mandamiento y se le informó que disponía de diez días hábiles para oponer excepciones conforme al artículo 176 del Código Tributario, de modo que el plazo de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema venció el 7 de mayo de 2026, en circunstancias que el recurso fue ingresado el 16 de julio de 2026.

Agrega que las actuaciones posteriores constituyen actos de ejecución que no contienen una nueva decisión jurídica sobre la aplicabilidad de dicho estatuto ni renuevan el plazo, sin que se configure un acto de tracto sucesivo, e invoca lo resuelto por la Corte de Apelaciones de La Serena en causa Rol N° 943-2026, de 7 de julio de 2026.

Opone, enseguida, la incompetencia territorial de esta Corte, por cuanto el acto impugnado fue dictado en el marco del Expediente Administrativo N° 13087-2026, tramitado ante la Tesorería Provincial de Maipú por el Tesorero Provincial respectivo en su calidad de juez sustanciador, registrando el recurrente en la nómina de deudores morosos, en el certificado de deuda y en su cartola tributaria un domicilio ubicado en la comuna de Maipú, esto es, fuera del territorio jurisdiccional de este tribunal, correspondiendo el conocimiento del asunto, conforme al artículo 1° del Auto Acordado sobre la materia, a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Sostiene, además, la improcedencia de la acción constitucional, atendido que el recurso de protección es una acción de naturaleza estrictamente cautelar, que no reviste carácter declarativo ni constitutivo, y que no puede utilizarse como vía sustitutiva o paralela del procedimiento especial que el legislador estableció para el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero y demás créditos fiscales cuya cobranza corresponde al Servicio de Tesorerías, procedimiento que contempla la formación del título ejecutivo mediante nóminas de deudores morosos, el despacho del mandamiento de ejecución y embargo, la notificación y requerimiento de pago, la oposición de excepciones, la corrección de vicios manifiestos y el ulterior control judicial.

Añade que tampoco procede el arbitrio en contra de resoluciones dictadas dentro de un procedimiento reglado por ley, en el que el Tesorero actúa como juez sustanciador, invocando al efecto lo razonado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 13.301-2019.

Expresa, asimismo, que no existe un derecho indubitado que justifique la acción cautelar, pues lo debatido no es un hecho simple y ostensiblemente contrario a derecho, sino una controversia jurídica compleja acerca del estatuto aplicable al cobro de los créditos CAE una vez hecha efectiva la garantía estatal o ingresada la acreencia al ámbito fiscal, cuya resolución exige la armonización de la Ley N° 20.027 con el Decreto Ley N° 1.263, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y el Código Tributario, invocando al efecto lo resuelto por la Excma. Corte Suprema con fecha 8 de mayo de 2026 en las causas Roles N° 21.416-2026, N° 22.177-2026, N° 23.516-2026 y N° 22.142-2026, en cuanto se pretende definir la naturaleza jurídica del crédito que da origen a la cobranza y, con ello, el tribunal competente y el procedimiento aplicable, cuestiones que exceden la naturaleza cautelar de esta acción.

En cuanto al fondo, describe que la Ley N° 20.027 estableció un sistema de financiamiento de estudios superiores con garantía estatal, administrado por la Comisión Ingresa, en el que el estudiante suscribe los instrumentos con la institución financiera y el Fisco garantiza hasta el noventa por ciento del capital e intereses; que, verificado el incumplimiento y agotadas las gestiones de cobranza de la entidad acreedora, la Comisión aprueba el pago de la garantía mediante el correspondiente acto administrativo, tras lo cual la deuda es informada a la Tesorería General de la República, que la registra como crédito fiscal en la Cuenta Única Tributaria del deudor a través del Formulario 34, quedando incorporada, para efectos de su registro, recaudación y cobranza, al ámbito de los créditos del sector público. Precisa que no atribuye naturaleza tributaria al crédito ni desconoce su origen educacional, sino que afirma que, radicada la acreencia en el Fisco, su cobranza queda sometida al régimen que el legislador entregó al Servicio de Tesorerías.

Afirma que la norma decisiva es el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263, que entrega al Servicio de Tesorerías la cobranza judicial o administrativa de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, disponiendo que aplicará, cualquiera sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos, norma que debe leerse en armonía con los artículos 30, 31 y 40 del mismo cuerpo legal y con el Estatuto Orgánico del Servicio contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, precisando que el propio Código Tributario no restringe el procedimiento a los impuestos en sentido estricto, pues su artículo 171 contempla la hipótesis de multas u otros créditos fiscales y su artículo 186 distingue entre obligaciones tributarias y créditos fiscales. Invoca en apoyo los Dictámenes N° 54.539, de 2011, y D183-2026, ambos de la Contraloría General de la República, y la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 54.802-2024.

Refiere que, en el caso concreto, consta en la Cuenta Única Tributaria del recurrente una deuda fiscal por CAE correspondiente al Formulario 34, folios N° 280423 y N° 400761; que dicha deuda se encuentra demandada ejecutivamente en el Expediente Administrativo N° 13087-2026 de Maipú, en el que con fecha 6 de abril de 2026 se confeccionó la nómina de deudores morosos, se despachó mandamiento de ejecución y embargo y se ordenó la notificación y requerimiento de pago conforme a los artículos 168 y siguientes del Código Tributario; y que con fecha 7 de abril de 2026 se remitió al correo electrónico del ejecutado la notificación respectiva, con copia íntegra de la nómina y del mandamiento.

Concluye que no se configura vulneración alguna de las garantías invocadas.

Respecto de la igualdad ante la ley, porque el recurrente no ha sido sometido a un estatuto singular, sino al mismo régimen aplicable a los deudores cuya acreencia ha ingresado al ámbito fiscal, siendo la diferencia que plantea el resultado de comparar situaciones jurídicas distintas.

En cuanto al debido proceso, porque el procedimiento de los artículos 168 y siguientes del Código Tributario contempla título ejecutivo, mandamiento, notificación, plazo para oponer excepciones, corrección de vicios manifiestos y ulterior control judicial, sin que el Tesorero constituya una comisión especial, habiéndose además incorporado la notificación por correo electrónico por la Ley N° 21.713 y declarado el Excmo. Tribunal Constitucional, en sentencia de 5 de diciembre de 2017, Rol N° 3297-16-INA, que dicho estatuto satisface las exigencias del debido proceso. Y respecto del derecho de propiedad, porque no consta la traba efectiva de embargo sobre bienes determinados, de modo que la sola confección de la nómina, el despacho del mandamiento y el requerimiento de pago no importan privación patrimonial actual, sino el inicio de un procedimiento legal que habilitó al ejecutado para ejercer sus defensas.

Finalmente pide tener por evacuado el informe y, en definitiva, no dar lugar al recurso por las causales de inadmisibilidad invocadas y, en todo caso, rechazarlo, por no haber incurrido la Tesorería General de la República en acto u omisión ilegal o arbitrario que lesione las garantías constitucionales invocadas.

En apoyo a sus dichos acompaña los siguientes documentos: a) Copia del Expediente Administrativo N° 13087-2026, comuna de Maipú, de la Tesorería Provincial de Maipú; b) Certificado de deuda del recurrente en que consta el Formulario 34; c) Copia de los Dictámenes N° 54.539, de 2011, y D183-2026, ambos de la Contraloría General de la República; y d) Informe en derecho denominado "Legalidad y procedencia del uso de los procedimientos de cobro coactivo de la Tesorería General de la República para la recuperación del Sistema de Crédito con Aval del Estado", de 6 de mayo de 2026.

A folio 12, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia destinada a amparar derechos constitucionales preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, el debate planteado por el recurrente dice relación, esencialmente, con la naturaleza jurídica del crédito que da origen a la cobranza y con la determinación del procedimiento y tribunal competente para conocer de las objeciones que se formulen en su contra.

En efecto, el actor sostiene que la deuda CAE no puede cobrarse mediante el procedimiento previsto en el Código Tributario, mientras que la recurrida afirma que una vez radicada la acreencia en el Fisco o incorporada al ámbito de recaudación de créditos del sector público, la Tesorería debe aplicar los mecanismos de cobranza establecidos por dicho cuerpo legal.

Tercero: Que, en este contexto, aparece de manifiesto que en el presente recurso se pretende definir la naturaleza jurídica del crédito que da origen a la cobranza incoada por la Tesorería respectiva y, con ello, determinar el tribunal competente y el procedimiento aplicable en la especie, cuestiones ambas que no son posibles de establecer por esta vía, por lo que la pretensión manifestada por el recurrente excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional.

Cuarto: Que, tampoco se advierte la existencia de un derecho indubitado del recurrente que habilite para excluirlo del procedimiento de cobro iniciado por la Tesorería. Por el contrario, la controversia supone analizar diversas normas relativas al procedimiento de acreencias fiscales, cuestión que excede, como ya se dijo, el conocimiento breve y sumario propio del presente arbitrio.

Quinto: Que, atendido lo razonado, resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre las restantes excepciones formuladas por la recurrida en su informe.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra de la abogada integrante Sra. Verónica Munilla Espinoza, quien fue del parecer de acoger la presente acción de protección en virtud de las siguientes consideraciones:

1°) Que, la Ley Nº 20.027 fue concebida como un mecanismo estatal destinado a garantizar el acceso igualitario a la educación superior de quienes carecen de recursos económicos, estableciendo un sistema especial de financiamiento estudiantil y mecanismos destinados a asegurar el pago de los créditos otorgados. Sin perjuicio de las facultades de cobro conferidas a la Tesorería General de la República, la naturaleza del Crédito con Aval del Estado difiere de la de otros créditos fiscales como los derivados del no pago de las obligaciones tributarias, por cuanto su origen y finalidad responden a la protección del derecho de acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades.

2°) Que, del artículo 18 bis de la norma legal citada se desprende que las acciones de cobranza deben sujetarse a las reglas generales de procedimiento, sin que resulte procedente aplicar el procedimiento especial de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias regulado en el Título V del Libro III del Código Tributario.

En ausencia de una regulación especial de ejecución para estos créditos, corresponde acudir a las normas generales del ordenamiento civil, las cuales otorgan al deudor mayores posibilidades de defensa y resguardan adecuadamente sus derechos procesales.

Asimismo, las amplias facultades de administración, cesión y cobranza que la ley reconoce respecto de estos créditos son incompatibles con la tesis de que su cobro deba efectuarse exclusivamente mediante la vía tributaria.

3°) Que, para reforzar la naturaleza no tributaria del crédito cobrado por la recurrida, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 65 inciso segundo de la Constitución Política de la República las leyes sobre tributos deben tener su origen en la Cámara de Diputados, lo que no ha ocurrido en este caso, pues la Ley N° 20.027 tiene origen en un mensaje presidencial, por lo que el argumento de que el crédito, iniciado el procedimiento administrativo de cobro, ha mutado a una obligación tributaria no puede atenderse.

4°) Que, en consecuencia, la utilización del procedimiento de cobro tributario respecto del Crédito con Aval del Estado constituye una actuación ilegal y arbitraria, por cuanto somete al recurrente a un régimen procesal más restrictivo que el previsto por las reglas generales sobre cobro ejecutivo de obligaciones en dinero, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Además, la naturaleza jurídica de dicho crédito no puede alterarse por su incorporación a formularios o mecanismos propios de obligaciones tributarias.

5°) Que, por lo mismo, esta disidente estuvo por acoger la acción, dejando sin efecto el mandamiento de ejecución y embargo despachado en el Expediente Administrativo N° 13087-2026.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5592-2026.