BESTSELLER WHOLESALE CHILE SPA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Valparaíso djc Valparaíso, nueve de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, a folio 1, el abogado Nicolás Vassallo Fernández recurre de protección en favor de la sociedad Bestseller Wholesale Chile Spa, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y de la Tesorería General de la República, pues ambos organismos, de forma arbitraria e ilegal, han vulnerado sus garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República. En síntesis, reclama que nunca fue notificada por carta certificada de la resolución por medio de la cual la Inspección Comunal le impuso una multa derivada de una fiscalización que realizó en uno de sus locales ubicados en la comuna de Viña del Mar. Esto derivó en que, tras solicitar una devolución por concepto de IVA exportador, el Servicio de Tesorería procedió a compensar dicho haber con el monto de la citada multa, todo lo cual vulnera las garantías constitucionales recién enunciadas. Por ende, solicita acoger esta acción y, con ello, se deje sin efecto la resolución N° 3625/19/40 de la Inspección recurrida que le aplicó una multa sin notificación previa, se deje sin efecto la compensación efectuada por la Tesorería General recurrida y se le ordene que restituya a la actora el monto de $ 6.216.208, con costas.

Que, a folio 11, informa la Inspección del Trabajo de Viña del Mar y solicita rechazar esta acción. Precisa que el 25 de septiembre de 2019 recibieron una denuncia en contra de la recurrente, lo que generó la fiscalización N° 0506.2019.2216 en el local de la empresa ubicado en 14 norte N° 976, local 336, Viña del Mar. Allí se constataron diversas infracciones que dieron lugar a la multa N° 3625.2019.40-1, 2, 3 y 4 de 15 de noviembre de 2019. Tal sanción fue depositada en la oficina de Correos de Chile el 11 de mayo de 2020, a fin de cumplir con la notificación por carta certificada, conforme a lo prescrito en el artículo 508 del Código del Trabajo. Empero, tal documento fue devuelto por correos el 28 de agosto de 2020. Indica que se buscó otro domicilio de la empresa, encontrándose el ubicado en domicilio reservado, por lo que por segunda vez se depositó la notificación de la multa en la oficina de Correos el 9 de septiembre, documento que esta vez no fue devuelto, por lo que se tuvo por notificada legalmente a la empresa por carta certificada el día 17 de septiembre de 2020. Destaca que la actuación mencionada no es ni ilegal ni arbitraria, sino que constituye una aplicación de la facultad contemplada en el artículo 508 del Código del Trabajo. Además, precisa que las alegaciones de una eventual notificación tácita debían ser alegadas por la empresa ante la propia Inspección del Trabajo o ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, lo que no hizo, optando por el presente recurso de protección. Luego, y sin perjuicio de ello, aparece del recurso que la actora no cuestiona el fondo de la multa impuesta, por lo que tampoco sería procedente que por esta vía cautelar se deje sin efecto aquélla. Aclara que lo único que, eventualmente, podría aceptarse, es que se ordene se descargue provisoriamente el cobro de la multa, lo que no tendría mayor sentido si se considera que expiró la acción para reclamar de la multa en cuanto al fondo ante el Juzgado de Letras del Trabajo, dado que para ello tenía 15 días contados desde la fecha en que la empresa asegura que tomó conocimiento de la multa, a saber, el 25 de febrero de 2021. Tampoco puede la empresa recurrente interponer un recurso de reconsideración de dicha multa ante la Inspección del Trabajo, debido a que se encuentra fuera de plazo para ello y se optó por el presente recurso de protección, que lo hace incompatible con dicha acción administrativa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 511 del Código del Trabajo. Así, expirado dicho plazo la multa queda ejecutoriada, debiendo disponerse el cobro de la multa.

Que, a folio 15, informa la Tesorería General de la República y solicita el rechazo del recurso. Afirma que éste es inadmisible e improcedente por falta de legitimación pasiva. Esto, ya que la recurrida no ha hecho más que atenerse al ejercicio de sus atribuciones propias y dentro del marco legal que regula la materia. Así, dentro de las funciones de cobro, el Servicio de Tesorerías puede compensar deudas con créditos. Luego, en cuanto a que ambas deudas sean actualmente exigibles, tal requisito se cumplió en el caso sublite, porque los giros en cuestión estaban en Tesorería en “condiciones de ser pagados”. Agrega que el contribuyente no cuenta con un derecho absoluto sobre una devolución de impuestos o el pago de una acreencia fiscal, la que sólo es procedente en la medida que no haya causales para retener o compensar legalmente, en conformidad a las facultades del Servicio de Tesorerías. Precisa que la recurrida no tiene conocimiento sobre los motivos de los cargos, modificaciones o descargos que pudieron ocurrir en este caso particular, ya que es la Dirección del Trabajo el organismo girador responsable de la información que se registra en el Sistema de Cuenta Única Tributaria del contribuyente, limitándose la competencia de Tesorería al cobro de las multas giradas por esa Dirección. Añade que tras revisar la cuenta única del contribuyente, de los formularios aludidos se registra la compensación el 11 de febrero de 2021, y la entidad giradora procedió a los descargos de las multas con fecha 2 de junio de 2021, generando en consecuencia el derecho del contribuyente a solicitar la descompensación respectiva, por la eliminación de los cargos. Por ello, concluye sosteniendo que el presente recurso carece de oportunidad.

Que, a folio 16, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la excepción de extemporaneidad:

Primero: Que en estrados la recurrida Tesorería General de la República ha reclamado como excepción la extemporaneidad de esta acción, toda vez que la compensación que el actor reclama se realizó el día 11 de febrero de 2021, no obstante dedujo este recurso con fecha 26 de marzo del mismo año, vencido a su juicio el plazo consagrado en el Auto Acordado sobre la materia.

Segundo: Que la presente excepción será rechazada toda vez que, conforme a los antecedentes de este recurso, el plazo de 30 días para recurrir a esta Corte se cuentan desde la fecha en que la parte recurrente tomó conocimiento de la situación que implicaba la compensación generada por la aplicación de una multa cursada por la Inspección del Trabajo que en los hechos, no le fue notificada, de acuerdo con lo que se dirá. Lo anterior significa que no obstante que la compensación aparece registrada el día 11 de Febrero de este año, tratándose de una situación compleja que amerita ser investigada y dilucidada, resulta lógico que el plazo para recurrir no puede contarse desde esa fecha, pues todos los datos y antecedentes necesarios para su inteligencia no se encuentran incorporados en el sistema, resultando perfectamente sostenible que los datos necesarios para vincular la compensación con la multa ocurriera el día 25 de Febrero de 2021, por lo que este recurso ha sido deducido dentro del plazo dispuesto para ello.

II.- En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva:

Tercero: Que, asimismo, la recurrida Tesorería General opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, porque sólo se ha limitado en los hechos a cumplir con las sanciones (cargos) formulados por la Inspección del Trabajo.

Cuarto: Que, esta excepción será desestimada, teniendo para ello presente que las garantías esgrimidas por el actor se han visto eventualmente afectadas por las conductas de ambas recurridas, como quiera que el motivo que fundamenta la afectación del derecho de propiedad sería le eventual expropiación de parte de las remesas autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos.

III.- En cuanto al fondo de la acción deducida:

Quinto: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que del mérito de los antecedentes y lo expuesto por las partes en estrado aparece que el acto ilegal y arbitrario recurrido es si, en los hechos, concurrió el presupuesto material que autorizaba a la Tesorería General para compensar y, consecuente con ello, retener o disminuir el monto que por concepto de devolución IVA exportador le correspondería percibir a la empresa recurrente, como quiera que tal desembolso se encontraba autorizado por Resolución Exenta del Servicio de Impuestos Internos. En este punto y de acuerdo con lo sostenido por el abogado de dicho servicio, tal compensación presupone que la Inspección del Trabajo haya efectuado un cargo en contra del recurrente, el que encuentra su origen en una resolución de multa por cuatro incumplimientos laborales.

Séptimo: Que, de los documentos incorporados a estos autos, no consta que la Resolución Exenta N° 3625/19/40 de 15 de noviembre de 2019, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, haya sido notificada a la recurrente, pues sólo se han allegado comprobantes de envío por Correos de Chile, mas no documentación que dé cuenta de haberse recibido aquella resolución en el domicilio de la empresa reclamante, ubicado en la comuna de Independencia, Región Metropolitana de Santiago. Ello significa entonces que no es posible aplicar lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo en que se entiende notificada una persona al sexto día hábil contado desde la recepción de la carta. Por ello, la sanción pecuniaria impuesta por la Inspección del Trabajo no se encuentra ejecutoriada y, como consecuencia de esto, no se encuentra configurado el presupuesto material que autorice la compensación que se cuestiona y el trámite consecuencial realizado a partir de ello por la Tesorería General de la República en tanto efectuó la compensación ya referida.

Octavo: Que, la conducta anterior, atenta contra el derecho de propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, por cuanto ilegal y arbitrariamente la Tesorería General de la República, en los hechos, ha descontado $ 6.216.208 de los $ 14.411.609 cuya devolución fue autorizada en favor del recurrente por el Servicio de Impuestos Internos a través de su Resolución Exenta N° 56(22) de 5 de febrero de 2021, de modo tal que para restablecer el imperio del derecho deberá dejarse sin efecto dicha compensación, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que:

I.- Se rechazan las excepciones de extemporaneidad y de falta de legitimidad pasiva planteadas por la Tesorería General de la República.

II.- En cuanto al fondo, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en folio 1, sólo en cuanto se ordena a las recurridas Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y Tesorería General de la República que devuelvan y paguen a la sociedad recurrente Bestseller Wholesale Chile Spa los montos que ilegal y arbitrariamente fueron compensados, en razón de las multas no ejecutoriadas que se contienen en la Resolución Exenta N° 3625/19/40 de 15 de noviembre de 2019 de la citada Inspección Comunal, debiendo adoptar los mecanismos de coordinación necesarios para cumplir con lo que aquí se ordena, confiriéndose un plazo de cinco días para proceder a la devolución decretada.

Ofíciese a las recurridas en los términos señalados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5589-2021.