FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL V COSTA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA

Jepv.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, en representación de la Federación de Funcionarios de Salud Municipal V Costa, quien interpone recurso de protección en favor de 190 funcionarios del Departamento de Salud de la Municipalidad de Cartagena (a quienes se individualiza en el libelo de interposición de la acción), y en contra de la Ilustre Municipalidad de Cartagena, representada por su alcaldesa doña Lily Silva García, por haberlos privado del reajuste salarial de 4,9%, contemplado en el artículo 1° de la Ley 21.724, afectando los derechos fundamentales contenidos en los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que, los recurrentes, en su calidad de funcionarios de la atención primaria de salud de la Municipalidad de Cartagena, están sujeto a la Ley 19.378, esto es, al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Dichos trabajadores dependen laboralmente del Departamento de Salud de Cartagena, entidad que tiene a su cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria de la referida comuna, y se encuentran vinculados mediante contratos indefinidos y a plazo fijo, sujetándose al régimen laboral previsto en el Estatuto de Atención Primaria, y en forma supletoria al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y al Código del Trabajo.

Añade que, el Estatuto de Salud Municipal, establece que cada municipalidad debe fijar un sueldo base para cada uno de los niveles de la carrera funcionaria y que ellos serán ascendentes, teniendo en cuenta para definir cada uno de dichos niveles, los factores constitutivos de la carrera funcionaria (experiencia y capacitación).

En este contexto, explica que, el artículo 1° de la Ley 21.724, que otorga reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público, estableció que, a contar del 1 de diciembre de 2024 se otorgará un reajuste de 3,0% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero de las trabajadoras y los trabajadores del sector público; un 1,2% a contar del 1 de enero de 2025, y un 0,64% a partir del 1 de junio del mismo año.

Por su parte, refiere que, conforme al artículo 55 del Decreto Alcaldicio N°1.406, de 3 de mayo de 2017, que aprobó el sistema de carrera funcionaria del Departamento de Salud de Cartagena, el sueldo base no puede ser inferior al sueldo base mínimo nacional, cuyo monto es fijado por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y se reajusta en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público.

En ese contexto, afirma que los sueldos base del personal de salud de la comuna de Cartagena, vienen siendo objeto de un incremento gradual y ascendente derivado del reajuste anual de remuneraciones, y es por ello que el Concejo Municipal aprobó el reajuste del 0,5% conforme a Decreto N°1406, de 22 de mayo de 2024, vigente a partir del 1 de junio del mismo año.

Señala que tomaron conocimiento de la decisión de no aplicar el reajuste, el 20 de agosto de 2025, en una reunión del Departamento de Salud, donde el Director informó que se utilizarían los recursos destinados al reajuste del sector público para realizar mejoras en infraestructura y adquirir equipamiento, presentando una modificación presupuestaria al Concejo Municipal para tales efectos, lo que se encuentra reflejado en el Oficio N°223, de 23 de junio de 2025, enviado por el Director del Departamento de Salud al Director de la Secretaría Comunal de Planificación.

Afirma que, llegado el día 29 de agosto, fecha en que se efectuó el pago de las remuneraciones del período, pudo constatarse nuevamente que la liquidación de sueldo no aplicaba el reajuste salarial previsto en el artículo 1 de la Ley 21.724, que otorga un reajuste a las remuneraciones del personal de salud municipal a contar del mes de diciembre del año 2024, lo que motivó la presentación del recurso.

Solicita que se ordene a la recurrida aplicar el reajuste salarial retroactivamente desde diciembre de 2024, y se pague a los funcionarios las sumas dejadas de percibir.

Acompaña Decreto Alcaldicio de 3 de mayo de 2017, que aprobó el sistema de carrera funcionaria del Departamento de Salud de Cartagena; Decreto Alcaldicio N°2.464, de 11 de junio de 2024, que aplica reajuste salarial para el año 2024; Decreto Alcaldicio N°4.491, del 29 de noviembre del 2024, donde consta que la Municipalidad de Cartagena aprobó y distribuyó los ítems de los subtítulos de ingresos y gastos del presupuesto para el área de salud del período 2025; Oficio N°223, de 23 de julio del 205, relacionado con la modificación presupuestaria N°3 del área de salud municipal del año 2025; Acta de la reunión del 20 de agosto de 2025, entre otros documentos.

A folio 9, informa Héctor Sepúlveda Zuleta, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Cartagena, quien alega, en primer término, la extemporaneidad del recurso, sosteniendo que el supuesto acto ilegal y arbitrario ocurrió en diciembre de 2024 (respecto del reajuste del 3%), en enero de 2025 (respecto del 1,2%) y en junio de 2025 (respecto del 0,64%), habiendo transcurrido en exceso el plazo de 30 días corridos contemplado en el Auto Acordado, ya que el recurso fue interpuesto el 10 de septiembre de 2025. Señala que el recurrente pretende computar el plazo desde el 20 de agosto de 2025, basándose en un acta de reunión que no existió y que fue elaborada por el propio recurrente para fabricar el plazo.

En cuanto al fondo, señala que los hechos denunciados son de lato conocimiento, propios de procedimientos administrativos o laborales, por lo que la acción de protección no es la herramienta idónea para resolverlos, tratándose de materias que requieren ser ventiladas en un juicio ordinario donde se debatan las controversias de fondo y se determinen los derechos pertinentes.

Funda su defensa en la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, particularmente en el Dictamen N°001914N01, de 18 de enero de 2001, que establece que no procede aplicar el reajuste del sector público al personal afecto a la Ley 19.378, cuyo sueldo base sea superior al sueldo base mínimo nacional, por cuanto en tal caso corresponde a remuneraciones fijadas por el empleador, las cuales quedan excluidas de los reajustes generales.

Afirma que el artículo 55 del Decreto Alcaldicio N°1406, dispone que el sueldo base mínimo nacional se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público, pero que ello sólo procede cuando el sueldo base corresponde al mínimo nacional, no cuando lo excede.

Acompaña tablas comparativas que demostrarían que los sueldos base pagados por la Municipalidad de Cartagena al personal regido por la Ley 19.378, al menos desde el año 2023 y 2024, que exceden el sueldo base mínimo nacional para cada categoría y nivel, por lo que no correspondería aplicar el reajuste del artículo 1° de la Ley 21.724, de conformidad con el inciso segundo de dicha norma que excluye expresamente a los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.

Indica que se consultó a la Contraloría General de la República sobre la procedencia del reajuste, y que mediante Oficio N°E107204/2025, el órgano de control señaló que la Municipalidad de Cartagena debe estarse a lo dicho en oficios previos acerca del personal regido por la Ley 19.378, confirmando el criterio de que cuando el sueldo excede el mínimo nacional, no procede el reajuste.

Reconoce que, tras la revisión realizada, se identificó que en años pretéritos también se había otorgado erróneamente el reajuste del sector público a funcionarios de salud cuyo sueldo base era superior al mínimo nacional, debiendo haber quedado excluidos de tal beneficio, pero que ello no genera un derecho adquirido para continuar recibiendo ilegalmente dichos reajustes.

Sostiene que no existe vulneración de garantías constitucionales, argumentando que en su actuación no hay ilegalidad ni arbitrariedad, sino el cumplimiento de los dictámenes de la Contraloría General de la República, que tienen naturaleza vinculante y establecen criterios interpretativos que la Administración debe seguir, creando jurisprudencia administrativa.

Pide que se rechace el recurso y acompaña dictámenes de Contraloría General de la República; tablas comparativas de sueldos base nacionales versus comunales para los años 2023, 2024 y 2025; liquidaciones de remuneraciones, y Oficio N°E107204/2025, de Contraloría General de la República.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad alegada por la Municipalidad de Cartagena.

Primero: Que, la alegación de extemporaneidad será desestimada, teniendo únicamente presente que el acto que se califica de ilegal y arbitrario perdura hasta la fecha, y produce efectos de carácter permanente en el patrimonio de los recurrentes y que se extienden hasta la fecha, ya que se le priva de parte de remuneraciones que, según fundan en el libelo, debieron percibir reajustadas desde el mes de diciembre de 2024 y hasta la fecha, motivo por el cual el recurso ha sido interpuesto dentro del término de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

II.- En cuanto al fondo de la acción constitucional de protección.

Segundo: Que, el asunto sometido al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la Ilustre Municipalidad de Cartagena ha obrado de manera arbitrario o ilegal al no aplicar el reajuste contemplado en el artículo 1° de la Ley 21.724, a los funcionarios del Departamento de Salud Municipal de dicha comuna, pues los recurrentes sostienen que dicha omisión vulnera el artículo 55 del Decreto Alcaldicio N°1406, de 2017, que aprobó el reglamento de carrera funcionaria del Departamento de Salud de Cartagena, así como los artículos 23, 24 y 39 de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, causándoles un menoscabo económico en sus remuneraciones mensuales.

Tercero: Que, de los antecedentes acompañados por las partes en estos autos, y su análisis integral en relación con la acción deducida, se concluye que el recurso de protección no es la vía idónea para cobrar el reajuste que se reclama, ya que su propósito es amparar derechos fundamentales que sean indubitados y no sujetos a controversia. Las disputas sobre la interpretación de normas legales referidas al pago de remuneraciones de funcionarios de la salud municipal -como lo es el cobro de reajustes- y si existe un derecho adquirido en favor de éstos, requieren de un procedimiento ordinario de lato conocimiento, que permita resolver aspectos técnicos y legales que son de la competencia de la Contraloría General de la República, y en último caso de los tribunales ordinarios o laborales, pues escapan a la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección.

Cuarto: Que, en todo caso, no es posible calificar de antojadiza, de falta de razón y de ilegal la decisión de la recurrida, en el entendido que el fundamento de la Municipalidad de Cartagena de no aplicar el reajuste de la Ley N°21.724 a los funcionarios del Departamento de Salud, se funda en dictámenes de la Contraloría General de la República, y sobre todo en el Oficio N°E107204/2025, emitido por dicho órgano de control, el que concluyó que los pagos anteriores no tienen justificación legal, y que los reajustes establecidos por la ley precitada, no se aplican a los funcionarios en cuestión, pues el sueldo de éstos excede el sueldo base mínimo nacional de manera tal, que la recurrida ha seguido los lineamientos de un órgano cuyas resoluciones y dictámenes le son obligatorios al tenor de lo prevenido en los artículos 51 y 52 de la Ley N°18.695.

Quinto: Que, a mayor abundamiento, tampoco se advierte perjuicio que amerite la adopción de alguna medida de cautela urgente, especialmente teniendo en vista que ambas partes reconocieron en estrados que los recurrentes recibieron un aumento de sueldo previo, equivalente al cinco por ciento, porcentaje que incluso excede el reajuste reclamado, y que se aplicó en el mismo período en que incide este recurso excepcional.

Todo lo razonado amerita el rechazo de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad.

II.- Que, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por la Federación de Funcionarios de Salud Municipal V Costa, en contra de la Municipalidad de Cartagena.

Redactado por la Ministra Suplente Sra. Leonor Cohen Briones y el voto disidente de su autora.

Acordado el rechazo de la alegación de extemporaneidad con el voto en contra de la ministra suplente señora Cohen quien estuvo por acoger tal defensa por cuanto el acto recurrido que indican los actores no es el que les ocasiona el perjuicio de no recibir el reajuste que reclaman, el cual se materializó en los períodos de remuneraciones en que debieron pagarse en concepto de los recurrentes, siendo el último de ellos en el mes de julio del año en curso, por lo que la presente acción aparece interpuesta fuera de plazo. Sin perjuicio de ello, también concurre al rechazo por el fondo de lo reclamado, por los argumentos vertidos en los motivos cuarto y quinto del presente fallo.

Acordada con el voto en contra de la ministra Nancy Bluck Bahamondes quien estuvo por acoger el recurso de protección en atención a las siguientes consideraciones:

1.-Que, la Ley N°21.724 otorgó un reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público, de un 3% a partir del 1 de diciembre de 2024; un reajuste del 1,2% desde el 1 de enero de 2025 y otro de 0,64% a partir del 1 de junio de 2025. Este reajuste se aplica sobre todas las remuneraciones, asignaciones y demás retribuciones en dinero de las trabajadoras y los trabajadores del sector público, con las excepciones que contempla la misma ley, entre las que se cuenta, aquella que establece la exclusión de las trabajadoras y los trabajadores cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora, norma de excepción que la recurrida esgrime en su favor para justificar la decisión de no aplicar a los recurrentes el reajuste previsto en la ley ya mencionada;

2.-Que, para dilucidar el asunto planteado, resulta necesario recurrir al concepto de remuneración definido en la Ley N° 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, normativa que en su artículo 23 prescribe que “Para los efectos de esta ley, constituyen remuneración solamente las siguientes:

a) El Sueldo Base, que es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por períodos iguales, que cada funcionario tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria en que esté clasificado o asimilado de acuerdo con el Título II de esta ley y que se encuentre señalado en el respectivo contrato.

b) La Asignación de Atención Primaria Municipal, que es un incremento del sueldo base a que tiene derecho todo funcionario por el solo hecho de integrar una dotación.

c) Las demás asignaciones, que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en consideración a la naturaleza de las funciones o acciones de atención primaria de salud a desarrollar, a las peculiares características del establecimiento en que se labora y a la evaluación del desempeño funcionario. Estas son: la asignación por responsabilidad directiva; la LEY 20157 asignación por desempeño en condiciones difíciles; la asignación de zona y la asignación de mérito”.

3.-Que, por otra parte, el artículo 24 de la citada ley N° 19.378 establece que “El sueldo base no podrá ser inferior al sueldo base mínimo nacional para cada una de las categorías funcionarias señaladas en el artículo 5°, cuyo monto será fijado por ley. Si se trata de contratos por jornadas parciales, el sueldo base no podrá ser inferior al mínimo nacional proporcionalmente calculado en relación con la jornada de trabajo establecida en el artículo 15 de este Estatuto. El sueldo base mínimo nacional de cada categoría funcionaria se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del Sector Público”.

4.-Que, siguiendo la opinión de la Contraloría General de la República en un asunto similar, pero diverso, la recurrida sostiene que al estar los actores remunerados con un sueldo base que supera el mínimo nacional, se está en presencia de remuneraciones que son fijadas por la entidad empleadora y que por lo tanto están excluidas del reajuste general otorgado por la Ley N° 21.724, razón por la cual le ha negado estos reajustes a las trabajadoras y los trabajadores individualizados en el recurso de protección, reunidos en la Federación de Funcionarios de Salud Municipal V Costa y representados en esta acción cautelar por su Presidente.

5.-Que, para quien disiente, la conducta del municipio de Cartagena resulta ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho de propiedad de quienes recurren a esta Corte, los que gozan de derechos cuya indubitabilidad emana del texto legal que les reconoció el derecho al reajuste en su calidad de trabajadores y trabajadoras del sector público.

6.-Que, para arribar a esta conclusión, resulta necesario tener presente que las exclusiones al citado reajuste están expresamente señaladas en el texto legal y que la única que se relaciona con el monto de las remuneraciones, está consagrada en el artículo 19 de la Ley N°21.724 y tiene un ámbito muy reducido de aplicación, dejando fuera a los trabajadores que perciban remuneraciones superiores a $3.396.325, los que no tienen derecho a percibir aguinaldos de fiestas patria y navidad ni bonos de escolaridad en ciertos casos. Es decir, cualquiera que sea la remuneración de los trabajadores del sector público, éstos tienen derecho al reajuste en comento.

Esta idea se ve reforzada por el artículo 24 de la Ley 21.724 que aplica el reajuste incluso a la planilla suplementaria en los casos allí descritos, cualquiera que sea su monto.

7.-Que, según el parecer de esta ministra, la interpretación que realiza la recurrida carece de sustento normativo, desde que resulta indiscutido que el sueldo base mínimo nacional está fijado por ley y no por la parte empleadora, lo mismo que las demás asignaciones que el artículo 23 de la Ley 19.378 incluye en el concepto de remuneración. De esta manera, la circunstancia de percibir un sueldo base superior al mínimo nacional no autoriza al municipio recurrido para efectuar distinciones que la Ley N° 21.724 no realiza y tampoco transforma la remuneración que perciben los recurrentes, integrada por varios rubros, en una fijada por el empleador. Pretender lo contrario, implica interpretar extensivamente exclusiones que por su naturaleza tienen aplicación reducida o limitada a los casos expresamente descritos en el texto legal.

8.-Que, refuerza lo anterior, el mandato contenido en el artículo 24 de la ley 19.378 que dispone expresamente que el sueldo mínimo nacional de cada categoría funcionaria se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajusten las remuneraciones del sector público.

9.-Finalmente, cabe desechar la alegación efectuada por la recurrida, quien afirma que el asunto propuesto es de lato conocimiento. En efecto, para quien disiente, el ejercicio interpretativo realizado precedentemente, resulta consustancial a toda la actividad jurisdiccional en tanto no existe asunto alguno que no exija desentrañar el sentido de las normas invocadas por las partes y el contenido de los derechos que invocan. Lo importante, para esta sede cautelar, radica en que se trate de derechos indubitados, como en este caso, y para llegar a este concepto -o al que se ubica en el otro extremo en calidad de dubitado- se requiere por cierto una tarea de interpretación, asignando contenido a ambas circunstancias.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

No firman las ministras suplentes Sra. Leonor Cohen Briones, por haber concluido su periodo de suplencia ni la Sra. nombre reservado, por estar ausente, no obstante, haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo.

N°Protección-5571-2025.

En Valparaíso, veinte de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.