TRANSPORTES MAÑIGUALES LIMITADA CONTRA INSPECCION DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR

Foja: 37 Treinta y siete jjm C. A. de Valparaíso CERTIFICO: Que se anunciaron para alegar el abogado don Aldo Féndez Pacheco 10 minutos por el recurso y la abogado doña Carla Pineda González, 10 minutos contra el recurso, quienes hicieron uso de su derecho en estrado, luego de escuchar relación pública. Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

nombre reservado.

Relator Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.

Visto:

A fojas 4, comparece don Aldo Féndez Pacheco, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de la empresa “Transportes Mañiguales Ltda.”, del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la “Inspección Provincial de Marga Marga”, representada por don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo, funcionario público, ambos con domicilio en domicilio reservado, con ocasión del acto ilegal y arbitrario que lo hace consistir “en haber dictado la resolución denegatoria que consta en el Ordinario Nº 408, dictado con fecha 30 de junio de 2016, y notificado el 5 de julio de 2016…”, en cuanto vulnera las garantías fundamentales del artículo 19 Nº 2 (“igualdad ante la ley””), y Nº 24 (derecho de propiedad sobre toda clase de bienes”) de la Constitucin Pl﷽﷽﷽﷽﷽﷽stituciio de propiedad sobre toda clase de bienes"14olucilñol Mar, con ocasi ón Política de la República.

En cuanto a los fundamentos del recurso, indica que la empresa recurrente fue objeto de una fiscalización por parte de la Inspección recurrida, diligencia que dio origen a una multa administrativa, notificada a su parte el día 20 de abril del año en curso; sanción pecuniaria que fuera objeto de reconsideración en sede administrativa, conforme lo autoriza el artículo 511 del Código del Trabajo, arbitrio que fuera presentado el día 31 de mayo del año en curso.

Destaca que aquella de acuerdo al artículo 512 del mismo Código, aquella acción de reconsideración debe ser impetrada “dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”, término legal que debe entenderse como de días hábiles y no corridos por aplicación del artículo 25 de la Ley N° 19.880, y citando también jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

Sin embargo de lo expuesto, el recurrido al pronunciarse sobre aquel recurso administrativo, decide no dar curso al mismo, por estimar que no fue presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación, tal y como se lee del acto administrativo reclamado por esta vía: “no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación”, en circunstancias que aquel es un término legal de días hábiles y no corridos como sostiene el reclamado, de manera que “el plazo de 30 días vencía el día 01 de Junio de 2016…”

Por lo expuesto y razonado, afirma que se vulneran las garantías fundamentales enunciadas en el libelo.

Con el mérito de lo expuesto, solicita en definitiva se acoja el recurso impetrado y ordenado al recurrido “que se resuelva la solicitud de reconsideración conforme al mérito de los antecedentes…”, con costas del reclamado.

Acompaña copia del acto administrativo reclamado por esta vía consitucional.

A fojas 23 rola informe de la recurrida, “Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga”, representada por el Inspector Provincial, señor nombre reservado, solicita el rechazo del recurso deducido, con costas del recurrente.

Previo a los descargos de fondo respecto del recurso impetrado, hace una relación de los hechos que motivaron la aplicación de multa administrativa a la empresa reclamante, “motivada a partir de denuncia de un trabajador, respecto a materias relacionadas con excesos de jornada y revisando toda documentación pertinente…”, y se pudo verificar, por ejemplo, que la recurrente excede el límite máximo de 180 horas mensuales de tiempo de espera para choferes de vehículos de carga terrestre, o bien que no compensa los tiempos de descanso a bordo o en tierra.

En cuanto al fondo del reclamo, desarrolla sus argumentos en base a los siguientes acápites:

1.- Improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido: ello por cuanto en la especie se reclama en contra de una resolución que declara inadmisible una solicitud de reconsideración administrativa de multa por ser dicha presentación extemporánea, en circunstancias que la el ordenamiento jurídico laboral contempla instancias y recursos específicos para impugnar una resolución pronunciada por la Inspección del Trabajo, “garantizando con ello…un juicio rápido, oral, bilateral y contradictorio, donde se determinará efectivamente la contienda sometida a discusión…”, y de lo cual concluye que la presente vía constitucional no puede ser utilizada con el objeto preciso de “resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución…claramente la vía jurisdiccional de protección no resulta procedente para impugnar la referida resolución…”, y 2.- Improcedencia del recurso de protección por ausencia de acto arbitrario e ilegal: toda vez que el plazo de 30 días que prevé el artículo 512 del Estatuto Laboral es un plazo de días corridos y no hábiles como lo sostiene el recurrente, citando al efecto jurisprudencia judicial y administrativa de la propia Inspección del Trabajo, y sin perjuicio además, que el propio formulario Nº 10 de reconsideración administrativa establece expresamente como “NOTA IMPORTANTE”, que la solicitud de reconsideración administrativa debe presentarse “dentro del plazo fatal de 30 días CORRIDOS de notificada la resolución de la multa.”

Solicita en definitiva el rechazo de la acción constitucional impetrada por ser “absolutamente improcedente…”, con costas del recurrente.

Acompaña los documentos y antecedentes en que funda sus descargos.

A fojas 34 se ordenó traer estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa administrativa ante el Director del Trabajo; plazo que, como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, es de días hábiles y no corridos, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; regla que atendida su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil, y en consecuencia aplicarse en la especie.

Segundo: Que por lo antes razonado y advirtiéndose del mérito de los antecedente allegados al proceso por las partes, que la solicitud reconsideración administrativa fue presentada por la recurrente de protección el día 31 de mayo del año 2016, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 20 de abril del mismo año, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución de multa, debiendo habérsele otorgado por la autoridad recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido, y conforme con todo lo cual, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 4 por el abogado don Aldo Féndez Pacheco, en representación de la empresa “Transportes Mañiguales Ltda.”, en contra de la “Inspección Provincial de Marga Marga” y en consecuencia se deja sin efecto el Ordinario N° 408 de fecha 30 de junio de 2016 que rola a fs. 3 y 18, y se ordena a la recurrida dar tramitación a la solicitud de reconsideración de multa administrativa impuesta por Resolución N° 8217/16/12 de fecha 16 de febrero de 2016 rolante a fs. 13 de autos.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Martínez, quien fue del parecer de rechazar el recurso deducido por las siguientes consideraciones Primero: Que del mérito de los antecedentes y de lo expresado por las partes en audiencia, lo que motiva el presente recurso es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, materia que escapa del ámbito de aplicación de una acción constitucional como la presentada, la cual tiene por finalidad adoptar las medidas cautelares de emergencia cuando exista una vulneración o amenaza a algunas de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cuyo no es el caso.

Segundo: Que de lo expuesto, fluye que en la especie se discute con respecto a la interpretación de normas legales, en lo que dice relación a un plazo administrativo, materia que aparece resuelta por Contraloría General de la República, con fecha 20 de octubre de 2008, mediante Dictamen N° 64.985 del año 2009, ratificado por Dictamen N° 85.946 del año 2013, instrumentos ambos que resultan ser vinculantes para la recurrida.

Tercero: Que, relacionado con lo anterior, del análisis del artículo 20 de la Constitución Política de la República se desprende que la finalidad del recurso de protección es la de reaccionar contra una situación de acto normal que de manera evidente vulnere alguna de las garantías constitucionales que dicha norma señala, no encontrándose destinada a resolver conflictos de intereses o dificultades de interpretación o de aplicación de normas legales, cuyo es precisamente el caso de autos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad N° Protección: 5552 - 2016.- Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Patricio Martínez Sandoval, Sra. Rosa Aguirre Carvajal, y Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide.

En Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.