nombre reservado con COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.

Foja: 97 Noventa y siete.

Cgv C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, nueve de enero de dos mil dieciocho.

Vistos:

A fojas 8, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. - DIRECTORIO REGIONAL DE VALPARAISO, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que estuvo vinculado con el Colegio de Profesores de Chile A.G. en la comuna de domicilio reservado, realizando diversos trabajos de tipo administrativos y contables, adquiriendo con el tiempo otras responsabilidades con la finalidad de dar un mejor servicio a los docentes asociados al gremio, auto perfeccionándose en entregar respuestas a los maestros en materias de Estatuto Docente, cálculo de remuneraciones, revisión de cargas horarias, cálculo de finiquitos, etc.

Indica que en el año 2010 pidió reducción de la jornada laboral, para poder atender libremente los servicios de otros Directorios Comunales del Colegio de Profesores, como también de docentes no colegiados o sindicato de profesores, porque la Comunal Villa Alemana no pudo aumentar sus remuneraciones, a pesar del incremento de sus obligaciones.

Refiere que ambas partes asumieron el compromiso de que, independiente de la reducción de carga horaria, él estaría dispuesto a asistir a reuniones del Directorio Comunal si se necesitaba o a responder a los maestros colegiados de Villa Alemana en los tiempos "no computados para jornada laboral".

Indica que en el año 2014, atendida su trayectoria y excelente desempeño, fue invitado a ser parte de una nueva estructura creada dentro del gremio del profesorado, a saber la del "Provincial Marga Marga", que abarca las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. En este sentido, sus servicios eran remunerados para atender los requerimientos de los profesores colegiados de estas comunas.

Independiente de lo señalado, sus servicios fueron contratados por otras comunas de la región, a través de contratos de trabajo, con la Comunal de Villa Alemana y el Provincial Marga Marga.

Aduce que en el mes de enero del presente año, se puso término a su contrato de trabajo con el Provincial Marga Marga, sin expresión de causal legal, de lo que reclamó ante la Inspección comunal del trabajo respectiva y a falta de acuerdo demandó en juicio ordinario del Trabajo RIT: O-29-2017, del Segundo Juzgado de letras y del Trabajo de Quilpué. El contrato con el comunal de Villa Alemana se mantuvo vigente.

Expresa que el juicio mentado terminó por conciliación, con fecha 13 de Junio de 2017, consistente en el pago de $7.000.000, en 6 cuotas iguales y sucesivas a partir del 1 de julio de 2017.

Paralelamente, en abril del presente y en plena autonomía de las partes, acordó con la Comunal Villa Alemana suspender el contrato de trabajo que los unía y convenir un contrato a honorarios hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en que retomarían el contrato de trabajo en forma normal.

En cuanto al acto recurrido, expresa que como obtuvo un resultado favorable en el juicio laboral, la recurrida determinó que el actor no debe tener relación con ninguna comuna de la región, ni laboral ni de honorarios, incluyendo el Comunal de Villa Alemana, con el cual debe restablecer el vínculo laboral, agravándose lo anterior por el hecho que se ha conminado a todos los Comunales y Provinciales de la V Región, a abstenerse de toda vinculación con él, mediante la amenaza de que aquel o aquellos Colegios Comunales o provinciales de profesores que contraten con él, serán privados del financiamiento que les provee el Regional Valparaíso.

Indica que el acto se contiene en una carta enviada por correo electrónico por la recurrida a todos los Colegios Provinciales y Comunales de Profesores de la V región, con la amenaza de retención de financiamiento del Regional Valparaíso, a los Provinciales o Comunales que contraten sus servicios. Carta firmada por Sr. nombre reservado, Secretario General, y don nombre reservado, Presidente Regional.

Expresa que el acto recurrido es ilegal y arbitrario y vulnera las garantías constitucionales de los números 2 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que la recurrida le impone un trato diferenciado del resto de las personas, lo que se funda en la molestia generada porque él demandó al Provincial Marga Marga.

Asimismo, se vulnera la garantía del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad de trabajo, por cuanto, tras haberse capacitado, habiéndose desempeñado durante los últimos catorce años para los Colegios de Profesores de la Región, en materias pertinentes a su gremio, el acto recurrido cercena su libertad de trabajo, le impide desempeñarse en el nicho profesional que ha desarrollado durante estos años.

Estima igualmente vulnerada la garantía del número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que el actuar de la recurrida impide el desarrollo de su actividad económica, prestar las asesorías que ha desarrollado durante los últimos catorce años.

El acto es ilegal y arbitrario, porque no hay norma alguna en el ordenamiento jurídico que permita a una persona, natural o jurídica, de derecho público o privado, prohibir a otra u otras, personas o instituciones, celebrar contratos con una persona natural sin causa legítima y razonable, lo que lo transforma, además, en arbitrario, al ser un mero capricho.

Solicita finalmente, se acoja el presente recurso, disponiendo lo conducente para restablecer el imperio del derecho, y en especial: 1) Se conmine a la recurrida a abstenerse de todo acto que vulnere las garantías constitucionales señaladas; 2) Se declare que los niveles Provinciales y Comunales del Colegio de Profesores de Chile tienen libertad para contratar con el actor, sin que sea lícito al Directorio Regional tomar medidas de represalia contra los provinciales y Comunales que efectivamente lo hagan, tales como congelamiento de las remesas, 3) Se disponga la notificación del fallo a todos los Provinciales y Comunales de la Comuna, como asimismo al Departamento Jurídico Nacional del Colegio de Profesores de Chile A.G., 4) Se condene en costas a la recurrida.

A fojas 25 comparece don nombre reservado, profesor, Presidente Regional del Colegio de Profesores de la Región de Valparaíso, quien señala que el Colegio de Profesores de Chile A.G. es una organización gremial que cuenta con personalidad jurídica y RUT propio. Al ser una Organización de carácter nacional con presencia en todas las regiones de Chile, tiene una estructura que comprende al Directorio Nacional, Directorios Regionales, Provinciales y Comunales.

Explica que la gestión administrativa y financiera corresponde al Directorio Nacional y a los Directorios Regionales, Provinciales y Comunales en sus respectivas jurisdicciones, conforme a lo que disponen los artículos 35 y 26 del Estatuto del Colegio de Profesores, lo que no altera el hecho de ser una sola organización, con una sola personalidad jurídica y con un solo patrimonio.

Señala que el actor fue contratado en el año 2003, con contrato de trabajo, en calidad de funcionario en atención de público por el Colegio de Profesores de la Comuna de Villa Alemana con jornada parcial, siendo cancelado su sueldo y previsión regularmente. Luego se perfeccionó en las materias relativas a remuneraciones y aplicación del Estatuto Docente, lo que le permitió prestar asesoría a otros "Comunales" del Colegio de Profesores en paralelo a sus funciones para el Colegio de Profesores de Villa Alemana. Por las asesorías paralelas a sus labores para las cuales estaba contratado en Villa Alemana cobraba mensualmente un monto de honorarios ($ 100.000.- Casablanca) y ($ 70.000.- Hijuelas).

Indica que en el año 2013 se creó en la estructura interna del Colegio de Profesores, el "Provincial Marga Marga", que comprende la Comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. En esta nueva estructura al recurrente se le contrató como prestador de servicios a honorarios. Al mismo tiempo que prestaba servidos a honorarios para el "Provincial Marga Marga", continuaba con su contrato de trabajo con el "Comunal de Villa Alemana". Por estos servicios el Sr. nombre reservado emitía boletas de honorarios.

Indica que en el mes de enero del año 2017 la Directiva del Provincial Marga Marga decidió poner término a los servicios a honorarios del actor, quien demandó al Provincial Marga Marga, celebrando las partes avenimiento, que contemplaba cláusula penal, la que el actor pidió hacer efectiva ante la demora en algunos días en el pago de la segunda cuota de lo acordado.

Refiere que al mismo tiempo que el actor demandó al "Provincial Marga Marga" del Colegio de Profesores, convenció a la directiva del "Comunal de Villa Alemana", para "suspender" la vigencia de su contrato de trabajo, hasta el mes de diciembre de 2017, acordándose que durante el periodo de suspensión recibiría la misma suma de dinero como remuneración pero por concepto de honorarios, resultando evidente que la suspensión fue solicitada y lograda por el actor con la finalidad de no tener un contrato de trabajo vigente con el Colegio de Profesores al tiempo que demanda laboralmente al mismo Colegio de Profesores, al demandar al "Provincial Marga Marga", siendo el resultado del avenimiento alcanzado propio de la astucia del actor y de la negligencia de los dirigentes gremiales involucrados.

Señala que en el mes de enero de 2017 se renovaron las Directivas Nacionales, Regionales, Provinciales y Comunales del Colegio de Profesores. La Directiva Nacional y la Directiva Regional que preside se encuentra en un proceso de mejorar la gestión administrativa y financiera de la Organización, a fin de ajustarse a las exigencias de probidad y transparencia, sobre todo en el uso de los recursos económicos que son aportados por los Profesores de Chile.

Indica que, a raíz del daño patrimonial ocasionado a su organización con el actuar del recurrente, el Directorio Regional, por unanimidad, acordó hacer llegar a cada uno de los Dirigentes de la Región de Valparaíso un oficio, para resguardar el eficiente uso de los recursos del Colegio de Profesores, haciendo presente que la práctica de suspensión de remesa es de aplicación permanente a fin de lograr el buen uso de los recursos y cumplimiento en las rendiciones de cuentas.

Manifiesta que la decisión de no contratar los servicios del actor no se puede considerar atentatorio de garantías constitucionales. Ellos no tienen obligación de contratar sus servicios.

A fojas 57 se tuvo por recibido oficio del Segundo Juzgado del Trabajo de Quilpué, adjuntando copias de la causa laboral O-29-2017.

A fojas 88, se ordenó como trámite, que la Dirección Nacional del Colegio de Profesores A.G., informe al tenor de lo indicado por la Dirección Regional de Valparaíso en sus puntos 12 y 13.

A fojas 91, rola informe del Colegio de Profesores de Chile A.G., indicando que el recurrente fue contratado el año 2003 por uno el Comunal de Villa Alemana que pertenece a la misma organización recurrida, prestando servicios en atención de público, perfeccionándose en materias de estatuto docente, prestando asesorías a otros comunales y provinciales a honorarios.

Añade que en enero de 2017, la directiva provincial Marga Marga procedió a poner término a los servicios de honorarios del recurrente, quien posteriormente presentó una demanda ante el Segundo Juzgado de Letras de Quilpué el que terminó por avenimiento. En este sentido expresa que el Directorio es libre de contratar y desvincular lo que en la especie ocurrió lográndose un acuerdo entre las partes. No obstante lo anterior, expresa que la actuación se encuentra plena y válidamente legitimada por los Estatutos, particularmente en el artículo 25 que señala las atribuciones específicas del Directorio Nacional.

A fojas 94 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que para los efectos de resolver el recurso cabe tener presente que es un hecho no discutido que el recurrente prestó servicios al Colegio de Profesores, Provincial Marga Marga, mediando contratos de honorarios y que, sin perjuicio de lo anterior, el primero decidió demandar a la recurrida, sosteniendo la existencia de una relación laboral, causa que terminó mediante conciliación de 13 de junio de 2017, en la que el segundo se comprometió a pagar la suma de $7.002.000.

Segundo: Que, producto de lo anterior el Directorio Regional de Valparaíso del Colegio de Profesores, remitió con fecha 8 de agosto de 2017 a los directores provinciales y comunales de su organización información sobre la situación, lo que constituye el acto recurrido, en los siguientes términos:

“Informamos que don nombre reservado fue contratado por el Comunal domicilio reservado y su salario fue cancelado sistemáticamente, junto con su previsión por esta organización.

Dicho funcionario siempre manifestó interés en conocer la problemática del Magisterio y este Regional le brindó todo el apoyo necesario para satisfacer sus inquietudes.

Nuestra preocupación se genera cuando se tuvo conocimiento de cambio de funciones adjudicándose la condición de asesor jurídico y cobro por sus servicios.

En conocimiento de esta irregularidad es que se envió oficio a todas las estructuras de la región manifestando que ningún dirigente o funcionario estaba facultado para cobrar por apoyo jurídico.

Podemos enumerar lo que a la fecha conocemos de sus acciones:

1.- Asesoría Jurídica Comunal Casablanca con boletas a honorarios por valor de $100.000.

2.- Cobro a funcionarias del Hospital San Martín de Quillota por llenar formulario Bono Post Laboral con costo de $20.000.

3.- Activa participación en la demanda por Ley 19933 en la comuna de Olmué.

4.- Cobro de indemnización por $7.000.000 al provincial Quilpué en circunstancias que su contrato era a honorarios.

5.- Continuó ejerciendo funciones en Comunal Villa Alemana cogiéndose de un extraño acuerdo de suspensión de contrato indefinido por uno a honorarios.

6.- Asesoría jurídica en Molina y Tarapacá.

En reuniones conjuntas con el Regional y el Departamento Jurídico Nacional hubo conclusiones muy claras:

1. El señor nombre reservado no puede ejercer funciones en ningún nivel en el Colegio de Profesores.

2. Al tenor de la demanda presentada su indemnización está cancelada.

3. Como es de conocimiento de todos, el Colegio de Profesores tiene un Rol Único y por lo tanto hay coherencia con la indemnización cancelada.

4. Debiera ser un tribunal quien determine la legalidad de adjudicarse la condición de Asesor Jurídico, figura que se conoce como ejercicio ilegal de la profesión.

Por lo antes descrito, el caso queda en manos de los abogados del Directorio Nacional.

Este Directorio se reserva el derecho a congelar la entrega de remesas a aquellos Provinciales y Comunales que vulneren estas orientaciones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, como se aprecia, la contratación del recurrente a honorarios por la Provincial Marga Marga, trajo como consecuencia que el Colegio de Profesores, por constituir una misma persona jurídica, debiera pagar al recurrente una sustancial indemnización, toda vez que estableció -en los hechos- una relación laboral con éste, sin cumplir con las obligaciones que le imponía el Código del Trabajo y la legislación de seguridad social, lo que determinó el pago de una sustancial indemnización.

Quinto: Que, en este contexto, la carta recurrida, por su naturaleza y por estar justificada en una experiencia anterior con el recurrente, no aparece como ilegal, por lo que el recurso de protección deberá ser desestimado. En efecto, se trata de una comunicación privada en la que se pone en conocimiento de los directores provinciales y comunales del Colegio de Profesores, una situación particular ocurrida respecto de don nombre reservado, que terminó siendo perjudicial para la institución. Se estimó necesario recomendar no volver a realizar contratos similares, haciendo presente que, de acuerdo a las circunstancias del caso, y ante la autonomía de cada filial, el perjuicio económico que esto trajera sería de cargo de la provincial o comunal que decidiera hacerlo, lo que debe entenderse dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad propia de las relaciones entre particulares. Por otro lado, la supuesta calificación de ejercicio ilegal de la profesión, explícitamente se entrega a los tribunales de justicia, por lo que no parece proporcionado acoger el recurso en este aspecto.

Sexto: Que, tampoco puede ser calificado el acto recurrido como arbitrario, toda vez que este se encuentra justificado en que los actos de las directivas regionales y comunales del Colegio de Profesores, tienen su repercusión en un patrimonio común; y en la experiencia adquirida en tanto que lo obrado por una de ellas, respecto del recurrente, terminó perjudicando las finanzas de la institución.

Séptimo: Que, por lo antes razonado, el recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional deducida a fojas 8, por nombre reservado, en contra del Colegio de Profesores de Chile A.G., Directorio Regional de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. Droppelmann.

No firma el Ministro Sr. Droppelmann, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a la redacción del acuerdo, por no integrar el día de hoy, autorizado conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N°Protección-Ant-5550-2017.