CHILQUINTA ENERGÍA S.A. con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO VALPARAISO

Foja: 86 Ochenta y Seis eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de abril de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 15 comparece don Francisco Javier Fuenzalida Jarpa, abogado, en representación de Chilquinta Energia S.A., interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución de Multa Nº8851/16/118, que le impone una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales, por haber infringido la cláusula 39 del Contrato Colectivo suscrito entre la empresa y El Sindicato Nº1 de Trabajadores de la empresa Chilquinta Energía S.A., sin señalar los fundamentos o hechos en que consistiría el supuesto incumplimiento, arrogándose facultades de interpretación de un contrato colectivo que no tiene y, además, imponiendo una multa superior a la establecida en la ley, afectando con ello las garantías constitucionales del artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política, en relación con el inciso sexto del mismo numeral y con los artículos 6 y 7 de la misma carta fundamental; y el artículo 19 Nº24 del mismo cuerpo normativo.

Explica que el día 9 de diciembre del año 2016, el Fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, don nombre reservado, producto de una denuncia efectuada –al parecer– por el Sindicato Nº1 de Trabajadores de Chilquinta Energía S.A., realizó una inspección en las dependencias de dicha empresa, para verificar el cumplimiento de la cláusula 39 del Contrato Colectivo suscrito el día 1 de enero de 2016 entre la empresa y el Sindicato, cuyo texto reproduce. Agrega que, luego de realizar la inspección, con fecha 16 de enero de 2017, la Inspección procedió a notificar a la recurrente la Resolución de Multa Nº8851/16/118, imponiendo una multa de 30 UTM, por incumplir la cláusula en relación a cuatro trabajadores individualizados en la misma resolución.

Alega que en ninguna parte de la sanción se indica en qué consistiría el supuesto incumplimiento, por lo que no se entiende cuál sería la conducta de que habría constituido el incumplimiento, lo que impide cualquier posibilidad de defensa, impidiéndole igualmente la posibilidad de ejercer los derechos a reclamar judicialmente en conformidad a lo establecido en los artículos 503, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, añade que, al parecer, la Inspección del Trabajo habría interpretado que el hecho de que el Gerente de Personas de Chilquinta, a fines de noviembre de 2016, haya hablado con ciertos trabajadores respecto a distintos temas relacionados a la gestión de su cargo, incluyendo la intención de tales trabajadores de jubilarse anticipadamente, en forma previa a iniciar el procedimiento establecido en la cláusula 39 del Contrato Colectivo, constituiría un incumplimiento al contrato, sin embargo, aduce, no se entiende como una conversación informal entre un gerente y un trabajador pueda ser interpretada como una transgresión, sobre todo cuando a propósito de tal conversación jamás se oficializó una oferta sin conocimiento del Sindicato.

Igualmente, arguye que la recurrida carece de facultades para interpretar un contrato colectivo y se cuestiona ¿cómo la Inspección del Trabajo llega a la conclusión de que existiría un incumplimiento de la cláusula 39, debido a la actuación del Gerente de personas, sin interpretar esa actuación?. Al respecto, sostiene, la E. Corte Suprema ha señalado que la Inspección del Trabajo carece de Facultades para interpretar contratos y, en consecuencia, cuando decidió sancionar en base a una interpretación de ellos, se extralimita en sus facultades y, en palabras de la Excelentísima Corte, “la actuación de la recurrida que constituye una cuestión que se encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por los artículos 503 y siguientes del Código de esta especialidad, la que debe ser resuelta por la judicatura especial que conoce de estos asuntos”, e incurre “en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad.”

Conforme a los argumentos señalados, concluye que la infracción impuesta por la Inspección del Trabajo constituye un acto arbitrario e ilegal. Indica que por aplicación del principio de legalidad de los actos administrativos, la Inspección del Trabajo debe actuar dentro de su competencia y no tienen más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Los actos realizados en contravención a lo anterior son ilegales y nulos en virtud de lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 7° de la Constitución Política, constituyendo una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad, por lo que finaliza solicitando se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto la sanción impuesta, con costas.

A fojas 54 comparece don Saúl Arredondo Vicuña, abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, informando el recurso y solicitando su rechazo, aduciendo que la presente acción cautelar ha sido interpuesta en contra de la aplicación de la multa 8851/2016/118-1, la que tiene su origen en una denuncia formulada por la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores N° 1 de Empresa Chilquinta Energía S.A. con fecha 18 de noviembre de 2016. Señala que la denuncia atendía a un incumplimiento por parte de la empresa Chilquinta Energía S.A. de la cláusula trigésima novena del contrato colectivo celebrado entre las partes con fecha 1 de enero de 2016, y que se describe en la nota de la siguiente manera: “la empresa en los últimos días ha estado llamando trabajadores, socios de nuestra organización, para ofrecerles el incentivo al retiro convenido en la cláusula del contrato colectivo celebrado entre nuestra organización sindical y la empresa, a que hemos hecho referencia, sin la intervención del directorio sindical y sin siquiera comunicarlo a nuestra organización, lo que constituye una abierta vulneración de la cláusula trigésima novena del contrato colectivo de trabajo que nos vincula.” Agrega que la organización sindical concluye su nota solicitando fiscalizar la materia y aplicar las sanciones pertinentes. Entonces, indica, con fecha 25 de noviembre de 2016 se ingresó la nota como denuncia, asignándose la labor inspectiva al fiscalizador nombre reservado nombre reservado, quien concurrió a las dependencias de la empresa los días 28, 29 y 30 de noviembre, 1 y 12 de diciembre, todos de 2016, así como también efectuó labor inspectiva en las oficinas de la Inspección del Trabajo de Valparaíso el día 2 de diciembre de 2016. Agrega que como resultado de su labor, el fiscalizador procedió a elaborar el informe de fiscalización N° 0501/2016/2314, estableciendo hechos y entrevistando a los trabajadores involucrados en el contrato colectivo respecto de la materia denunciada, tomando declaraciones juradas, las que resume en el informe de fiscalización, ante las cuales el fiscalizador pudo constatar que la empresa no dio cumplimiento al procedimiento claramente establecido entre las partes en la cláusula trigésima novena, lo que reseña en su informe de fiscalización, por cuanto el empleador manifiesta directamente a los trabajadores su interés en cuándo jubilarán y no hace partícipe al sindicato para que patrocine a tales trabajadores. Entonces, señala, el fiscalizador cursó la sanción N° 8851/2016/118-1, con el siguiente tenor: “No dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Trabajadores Número 1 de Empresa Chilquinta Energía S.A. vigente a la fecha, referente a las obligaciones contenidas en la cláusula trigésima novena, respecto de los siguientes trabajadores: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.”

Alega que la sanción cursada se ajusta a la constatación de un hecho reconocido por todos los involucrados en la sanción, esto es, que la empresa sin que mediara la intervención de la organización sindical procedió a entrevistarse en forma directa con los trabajadores que estimaba se encontraban en condiciones de jubilar o pensionarse, en abierta contradicción con el contrato solemne firmado, el cual contiene un procedimiento contenido en la citada cláusula 39 del contrato colectivo. A continuación, señala que las facultades de fiscalizar de la Dirección del Trabajo se encuentran indicadas en el DFL N° 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, como asimismo en el Código del Trabajo, añadiendo que el Excelentísimo Tribunal Constitucional ha reconocido el alcance de estas facultades a vía ejemplar en el fallo en causa Rol 2671-14 de 1 de octubre de 2015, que reproduce.

En otro aspecto, señala que la recurrente no acreditó de manera fehaciente, los derechos o garantías indubitadas, cuya conculcación hace procedente el recurso de protección. Ello pues las alegaciones formuladas en torno a ser juzgado por una comisión especial no se ajustan a la bilateralidad del proceso de fiscalización del que fue partícipe la empleadora Chilquinta, ya que la empresa, además de ser debidamente informada del inicio de la fiscalización, tomó conocimiento respecto de los hechos denunciados, participó mediante declaraciones formuladas al fiscalizador durante el procedimiento y se refirió específicamente a la materia que era objeto del mismo, por lo que es imposible que se pueda alegar desconocimiento, todo lo cual consta en el expediente de la fiscalización N° 0501/2016/2314. Además, plantea, en su calidad de funcionarios públicos no pueden excusarse de realizar las labores que las leyes le encomiendan, y el artículo 1º del D.F.L. 2 de 1967 señala expresamente: “La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaria de Trabajo. Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden: a.- La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral.” De lo anterior concluye que la actividad realizada por el funcionario se limitó a recabar antecedentes y a partir de ellos contrastar la actividad efectuada por la parte empleadora con aquello que las partes se comprometieron a respetar al suscribir el contrato colectivo de trabajo, por lo tanto, asevera, esta actividad carece de arbitrariedad, pues se ajusta a las instrucciones impartidas a sus funcionarios por parte de la Dirección del Trabajo y a las facultades legales entregadas por el DFL N° 2 del año 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

A fojas 81 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, atendido el mérito de los antecedentes, aparece que el recurso de protección no resulta ser la vía adecuada para reclamar de la resolución de multa impuesta por la Inspección del Trabajo de Valparaíso, toda vez que el procedimiento respectivo se encuentra regulado en los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo, no advirtiéndose la urgencia de conocer del asunto a través de la presente vía cautelar.

Tercero: Que, con todo, no se constata que la Inspección Provincial del Trabajo haya actuado como una Comisión especial en el conocimiento de los antecedentes y en la dictación de la resolución por la que se impuso la multa a la recurrente, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 505 y 326 del Código del Trabajo, se encuentra facultada para fiscalizar el cumplimiento del contrato colectivo, habiéndose en su oportunidad comunicado a la recurrente sobre la realización de la correspondiente fiscalización, en la que incluso se tomó declaración al Sr. nombre reservado, Jefe de Remuneraciones, a doña nombre reservado, Jefa de Administración y a don nombre reservado, Gerente de Operaciones, confirmándose el hecho de que el Gerente de Personas, don nombre reservado, propuso a cuatro trabajadores alternativas de jubilación anticipada, lo que contraría la cláusula treinta y nueve del contrato colectivo, que establece la participación del Sindicato como patrocinante de las solicitudes de retiro.

Cuarto: Que conforme a lo razonado en los motivos anteriores, no se advierte un acto arbitrario e ilegal cometido por la recurrida que deba ser enmendado por esta Corte a través del presente recurso de protección.

Y visto lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fs. 15 por don Francisco Javier Fuenzalida Jarpa, en representación de Chilquinta Energía S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Arancibia quien fue del parecer de acoger el recurso, estimando para ello que no se le puede atribuir el sentido de una oferta para una jubilación anticipada a las conversaciones previas sostenidas entre el Gerente y los trabajadores. Igualmente, por considerar que la resolución administrativa que impone la multa carece del sustento fáctico en el que se funda el incumplimiento imputado a la recurrente, toda vez que no es suficiente, a juicio del disidente, señalar genéricamente que se incumple con la cláusula N° 39, pues ello conlleva considerar múltiples opciones que no han sido especificadas en la resolución recurrida, de forma tal que en el presente caso la Inspección Provincial del Trabajo ha calificado una conducta que ha tenido su origen en simples conversaciones informales, de lo cual puede concluirse que el organismo en cuestión está efectuando una labor interpretativa y calificativa, propia de un Tribunal de justicia, de manera tal que se ve afectada la garantía del debido proceso, en cuanto se ha erguido como una comisión especial, razones todas, por las cuales se está por acoger el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

N° Protección 555-2017.-