nombre reservado CONTRA SUBSECRETARIO DE PESCA Y nombre reservado REGIÓN DE VALPARAÍSO SR. nombre reservado Y COMITE DE MANEJO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA V-X.

Foja: 399 nombre reservado y Nueve Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTO:

A fojas 47 comparece doña Natalia Robles González, abogada, con domicilio en domicilio reservado, a favor de nombre reservado, pescador artesanal, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, pescador artesanal, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, pescador artesanal, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, pescador artesanal, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, pescador artesanal, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; nombre reservado, pescador artesanal, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, pescador artesanal e nombre reservado, pescador artesanal, estos últimos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, viene en deducir recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por la dictación de la resolución exenta N° 2463 de fecha 28 de julio de 2017, dictada por el Subsecretario (S) de Pesca y nombre reservado, publicada en el sitio de dominio electrónico de la repartición a su cargo, con fecha 8 de agosto de 2017, por la cual se autoriza Plan de Reducción del Descarte y de la Captura de Pesca Incidental para la Pesquería Industrial y Artesanal de Sardina Común y Anchoveta V - X Regiones, a fin de que la misma sea dejada sin efecto, o en subsidio se disponga que aquella queda sin efecto de manera parcial, en aquellos aspectos que se enunciarán, y en contra de los integrantes del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta V - X, tanto titulares como suplentes, conformado por: 1) nombre reservado, funcionaria de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, domiciliada en domicilio reservado, en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio en domicilio reservado) nombre reservado, funcionario del Servicio Nacional de Pesca, con domicilio en domicilio reservado, en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio en domicilio reservado; 3) nombre reservado, gerente Pesquera Alimar, con domicilio en domicilio reservado, en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; 4) nombre reservado, gerente de Blumar, con domicilio en domicilio reservado, en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio en domicilio reservado; 5) nombre reservado, gerente Pesquera Camachaca, con domicilio en domicilio reservado, en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio en domicilio reservado; 6) nombre reservado, suplente en aludido comité, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado. No se acciona en contra del titular, nombre reservado, por cuanto el mismo falleció en tiempo intermedio; 7) nombre reservado, armadora artesanal, con domicilio en domicilio reservado; en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio en domicilio reservado, Lota alto, Lota; 8) nombre reservado, armador artesanal, con domicilio en domicilio reservado, en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio en domicilio reservado; 9) nombre reservado, armador artesanal, con domicilio en domicilio reservado; en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio en domicilio reservado; 10) nombre reservado, armador artesanal, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; 11) nombre reservado, armador artesanal, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; 12) nombre reservado, armador artesanal, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; 13) nombre reservado, se desconoce profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado, en calidad de titular, y por nombre reservado, suplente en el comité, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado; estos últimos, por haber participado en la elaboración del referido Plan de Reducción del Descarte, de manera arbitraria e ilegal.

Señala que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 20.625, comienza a regir un nuevo marco normativo aplicable al descarte en nuestra institucionalidad pesquera. Dicha ley permitió el desarrollo de estudios en relación a la citada práctica y llevó a la formulación de los denominados Programas de Investigación en las pesquerías, tanto industriales como artesanales, de Sardina común y Anchoveta de la V a la X Regiones, que es uno de los antecedentes necesarios para efectos del establecimiento del instrumento llamado Plan de Reducción del Descarte, aplicable no solo a la especie objetivo, sino también a su fauna acompañante y a la captura de pesca incidental.

Indica que, con ocasión de la vigencia máxima de ejecución los programas de investigación antes referidos, se tornó necesario proceder a la elaboración de un Plan de Reducción del descarte en las pesquerías antes señaladas. Con ocasión de ello, tal necesidad fue abordada en el Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta V - X Regiones, primeramente, al tiempo de formular el Plan de Manejo de las pesquerías antes indicadas. En efecto, el Comité referido, sesionó en diversas oportunidades, a fin de materializar la propuesta de plan de manejo. Luego de elaborada la primera propuesta, fue remitida al Comité Científico Técnico, quien efectúo alcances a la propuesta enviada. Luego de ajustes, la propuesta es enviada a la Subsecretaría de Pesca, para su aprobación, cuestión que se materializó a través de Resolución Exenta N° 2746, de fecha 7 de septiembre de 2016, la cual se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de septiembre de 2016. Dicho instrumento en su apartado "Plan de Acción, Medida 2.1.1, contempló expresamente que correspondía en calidad de "Responsable", entre otros, al Comité de Manejo, "proponer medidas y/o acciones para el Plan de Reducción del Descarte y Código de Buenas prácticas en las operaciones de pesca de las especies objetivos" y la "Coordinación de reuniones de trabajo".

Destaca, en base a lo que dispone el referido artículo 8 de la Ley de Pesca, que las disposiciones del plan de manejo son obligatorias para los actores y embarcaciones regulados por la ley de pesca que participan de la actividad, por lo que su contenido resulta vinculante, disponiendo, en su inciso penúltimo: "La propuesta de plan de manejo deberá ser consultada al Comité Científico Técnico correspondiente, quien deberá pronunciarse en el plazo de dos meses de recibida. El Comité de Manejo recibirá la respuesta del Comité Científico y modificará la propuesta, si corresponde. La Subsecretaría aprobará el plan mediante resolución, y sus disposiciones tendrán carácter de obligatorio para todos los actores y embarcaciones regulados por esta ley que participan de la actividad." Señala que de forma posterior a la entrada en vigencia del Plan de manejo, se inicia un trabajo por parte del Comité de Manejo en el mes de octubre del año 2016, a fin de materializar su cometido, de lo cual da cuenta acta de la sesión N° 9 de fecha 13 de octubre de 2016, procediendo a la realización de diversas sesiones en las cuales se discutieron las propuestas y medidas en relación al Plan de Reducción del Descarte, participando de ello la Subsecretaría, a través de sus representantes institucionales, sin perjuicio de que en el marco de las referidas sesiones, se escucharon y consultaron múltiples opiniones al efecto.

Señala que, luego que la referida tramitación es aprobada, bajo la forma de un Informe Técnico, mediante Resolución N° 2463 de fecha 28 de julio de 2017, dictada por el Subsecretario (S) de Pesca y nombre reservado, publicada en el sitio de dominio electrónico de la repartición a su cargo, con fecha 8 de agosto de 2017, por la cual se autoriza Plan de Reducción del Descarte y de la Captura de Pesca Incidental para la Pesquería Industrial y Artesanal de Sardina Común y Anchoveta V - X Regiones.

Sobre los aspectos irregulares señala que el acto impugnado omite referencia a las actuaciones del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta V-X Regiones, existiendo obligación de considerar tales antecedentes, infringiendo el artículo 8, inciso penúltimo de la LGPA y al artículo 11 de la Ley 19.880, ya que el rol del comité de manejo en esta materia, no es meramente consultivo, sino que derechamente a este le corresponde un rol ejecutivo, pues debe materializar el despliegue de acciones que han sido previstas en el Plan de Manejo respectivo, siendo tal aspecto un imperativo. El Comité es el responsable, en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, de formular las propuestas que deben ser contenidas en el Plan de Reducción del Descarte, siendo ello un antecedente que debe ser considerado en el acto administrativo que lo aprueba, todas vez que ellos son la fundamentación y el antecedente inmediato del Plan de Reducción del Descarte que se pretende implementar. De ello dan fe la totalidad de las actas que tratan el punto, comenzando con acta de la sesión N° 9 de fecha 13 de octubre de 2016, hasta el acta relativa a la última sesión celebrada, esto es la de fecha 20 de julio de 2017. Se suma a ello, que el informe previamente referido, elaborado por Consultora Cesso, tampoco fue considerado en la resolución impugnada. De igual manera, el artículo 11 de la Ley 19.880 obliga a la debida fundamentación.

Así, la Subsecretaría no ha reconocido el contenido y carácter vinculante del Plan de Manejo, que esta misma entidad sancionó favorablemente, mediante resolución exenta antes citada.

Adiciona que incluso las actuaciones del Comité de manejo en esta materia, se encuentran afectas a serios vicios, toda vez que en base a la disconformidad manifestada en relación a la propuesta de Plan de reducción del descarte, ha quedado en evidencia la falta de consenso en torno a la misma, cuestión que vulnera abiertamente el artículo 12 del Reglamento de Designación de los integrantes y funcionamiento de los comités de manejo, contenido en Decreto Supremo N° 95, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de fecha 19 de junio de 2013. De esta forma, el abierto disenso y postura de la mayoría de sus integrantes, deja en evidencia que el Comité de Manejo fue instrumentalizado por la Subsecretaría para efectos de validar una herramienta que contiene medidas abiertamente contrarias a los intereses de los actores del sector, que son los actores.

Otra irregularidad es que el informe técnico N° 095-2017, el que se entiende formar parte de la resolución exenta N° 2463 tiene como sustento un informe que aún se encuentra en proceso de revisión. Esto es, el sustento técnico científico del informe que se entiende formar parte integrante de la resolución, hace referencia a fundamentación e información que estaría contenida en Informe Final Convenio de Desempeño 2016 programa de Observadores Científicos, 2016. Subsecretaría de Economía y EMT. Julio 2017, pero el aludido informe, a la fecha se encuentra en etapa de revisión, no pudiendo considerarse sus conclusiones como información fehaciente y confiable, para efectos de establecer medidas como las contenidas en el plan de reducción del Descarte.

Otro aspecto dice relación con que el plan de reducción del descarte carece del contenido mínimo exigido por el artículo 7 de la LGPA. En efecto, de la revisión de la resolución impugnada, esta deja en claro que el Plan de Reducción del Descarte, está contenido en el Informe Técnico (R. PESQ.) N° 095-2017, el que se entiende formar parte de la resolución exenta N° 2463, según se expresa en su resuelvo primero. Revisado el contenido del Informe técnico antes referido, queda en evidencia que el mismo carece de dos aspectos de contenido mínimo, toda vez que no contiene un programa de monitoreo y seguimiento del plan, ni un programa de capacitación y difusión.

Otro aspecto se refiere a que la resolución recurrida atribuye imperativamente obligación a plantas de proceso, en el marco de un código de buenas prácticas, función fiscalizadora a privados, infringiendo el artículo 122 de la LGPA, toda vez que el Informe Técnico (R. PESQ.) N° 095-2017, el que se entiende formar parte de la resolución exenta N° 2463, refiere en su punto A.4 "Código de Buenas Prácticas para disminuir descarte de especie objetivo". Así, por definición un Código de Buenas Prácticas es un cuerpo normativo de carácter voluntario, cuya vigencia está dada por la adscripción no obligatoria de sus eventuales destinatarios, y que tiene por finalidad complementar la normativa sectorial a fin de contribuir a correcta ejecución de una determinada actividad, tratándose de una institución voluntaria, no siendo posible que, de manera unilateral, y sin el consenso de los actores, se imponga un Código de buenas prácticas, y menos en el carácter de imperativo, que impone obligaciones específicas a las plantas de proceso, como lo es la formulación de un protocolo de verificación de desembarques y es más, se exige a su respecto una validación por parte del Servicio Nacional de Pesca, imprimiendo con ello un sello fiscalizatorio a la aludida acción. Lo anterior vulnera el artículo 122 de la LGPA, que dispone que solo corresponden las funciones fiscalizadoras, en materias pesqueras, a la Armada y al Servicio Nacional de Pesca. En el hecho, por la vía de este instrumento, se le pretenden atribuir funciones fiscalizadoras a un privado, pues será el encargado de proceder a realizar acciones verificación con respecto a los desembarques que sean efectuados en sus instalaciones, con el consiguiente riesgo para quienes serán "verificados", y el ejercicio ilegítimo de funciones por parte de la planta, respecto de funciones privativas de órganos del Estado.

Otro aspecto señala que la resolución recurrida, que aprueba el plan de reducción al descarte dispone la autorización de imputación conjunta de las capturas efectuadas en especies que indica excediendo sus facultades e imponiendo obligación de certificación a los desembarques en contravención a la LGPA. En efecto, el informe Técnico (R. PESQ.) N° 095-2017, el que se entiende formar parte de la resolución exenta N° 2463, refiere en su punto A.1 "Medidas de Administración y Conservación", contiene un punto 1, que expresa: "Autorizar la imputación conjunta de un porcentaje o totalidad de las capturas efectuadas en sardina común y anchoveta. Para tal efecto se deberá certificar el desembarque, independiente de la categoría de la embarcación (aplicación Artículo 3° letra f, inciso final). Esta medida aplicará a contar de la fecha de la publicación del Plan de Reducción del Descarte." Lo anterior incurre en impropiedad, pues el ejercicio de la atribución contenida en el artículo 3 letra f), inciso final, es una atribución privativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que debe ser ejercida conforme a los supuestos y requisitos expresados en la misma norma, no correspondiendo su ejercicio a la Subsecretaría o de poner en situación de ejercerla al Ministerio de Economía. Además, de manera adicional, instaura o pretende instaurar, la certificación de desembarques, más allá de los límites referidos por la LGPA, al indicar que con ocasión de la imputación conjunta, se deberá certificar los desembarques pesqueros, "independiente de la categoría de la embarcación". Tal medida es del todo improcedente pues va más allá de la propia LGPA en la materia, ya que es de competencia exclusiva del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y no de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Por su parte, y en lo que respecta a la exigencia de certificación, la norma que regula el campo de aplicación de la exigencia de certificación de desembarques es el artículo 64 E, el cual refiere respecto de la información relativa a embarcaciones artesanales de eslora igual o superior a 12 metros, que ésta debe entregada certificada por una entidad auditora acreditada por el Servicio Nacional de Pesca, siendo esta la regla aplicable y la única forma de imponer certificación respecto de quienes no les afecte un sistema obligatorio, es a través del Plan de Manejo, conforme lo dispone el inciso final del artículo 8 de la LGPA, así, no cabe exigir certificación a embarcaciones participes de la pesquería objeto del Plan de Reducción del Descarte, en lo que respecta a las especie objetivo, pues lo dispuesto en el artículo 3 f) inciso final, de la LGPA, debe interpretarse armónicamente, con lo dispuesto en el artículo 64 E y 8 del mismo cuerpo normativo, no pudiendo ir una resolución administrativa, más allá de las exigencias que una norma con rango legal.

En cuanto a la arbitrariedad está dada por el hecho de haber establecido y aprobado una duras restricciones y condiciones a una actividad económica, que no encuentra su sustento en la norma legal alguna, ni argumentos técnicos que lo avalen, pues ninguno se expresa ni en el plan de reducción, ni en la resolución aprobatoria pronunciada por la subsecretaría de pesca.

Sobre las garantías constitucionales vulneradas, estima conculcado el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues se ha establecido un mecanismo atentatorio, que trasunta en una imposición arbitraria de un sector importante de la pesca, del cual forma parte la persona en cuyo favor recurro. Así, se vulnera el artículo 19 N° 21, esto es, el derecho a desarrollar una actividad económica, pues en el hecho, y con el actuar de la recurrida, se amenaza con privar de la posibilidad desarrollar una actividad pesquera en los términos actuales, con exigencias e imposiciones específicas que no se contemplan en la ley de pesca, ni se avienen con la misma, así como tampoco encuentran su justificación en norma o criterio alguno previsto en nuestra normativa pesquera. Además, estima amenazada la garantía del número 22 del artículo N° 19 de la Constitución, por cuanto se ha establecido una discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica, pues se han impuesto medidas que afectarán solo a los partícipes de las pesquerías. Finalmente, estima a lo menos amenazada, la garantía del número 24 del artículo N° 19 de la Constitución, esto es el Derecho de Propiedad, pues respecto de los recursos hidrobiológicos que en el futuro capture el recurrente, se limitarán sus posibilidades en función de las imposiciones y restricciones contenidas en la resolución impugnada.

Solicita finalmente, que se acoja el recurso disponiendo: 1) Que el actuar de todos los integrantes del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta V - X, ya individualizados en esta presentación, al participar en la elaboración del aludido plan de reducción al descarte, y del nombre reservado al dictar la resolución N° 2463 de fecha 28 de julio de 2017, dictada por el Subsecretario (S) de Pesca y nombre reservado, publicada en el sitio de dominio electrónico de la repartición a su cargo, con fecha 8 de agosto de 2017, por la cual se autoriza Plan de Reducción del Descarte y de la Captura de Pesca Incidental para la Pesquería Industrial y Artesanal de Sardina Común y Anchoveta V - X Regiones, fue arbitrario y/o ilegal, en los términos expresados previamente en el recurso; 2) Que se deja sin efecto la resolución N° 2463 de fecha 28 de julio de 2017, dictada por el Subsecretario (S) de Pesca y nombre reservado, publicada en el sitio de dominio electrónico de la repartición a su cargo, con fecha 8 de agosto de 2017, por la cual se autoriza Plan de Reducción del Descarte y de la Captura de Pesca Incidental para la Pesquería Industrial y Artesanal de Sardina Común y Anchoveta V - X Regiones; 3) O en su defecto, que se deja parcialmente sin efecto, respecto de los puntos específicos planteados en este recurso; 4) O en defecto de todo lo anterior, o mejor parecer de S.S.I., se ordenen todas las medidas que este I. Tribunal juzgue como procedentes para restablecer el imperio del Derecho que se estima conculcado; 5) Todo lo anterior, con costas.

A fojas 79 y 110 informa la Subsecretaria de Pesca, solicitando el rechazo del recurso, con costas, señalando que la actual regulación del descarte fue incorporada por la Ley N° 20.625 que define el descarte de especies hidrobiologías y establece medidas de control y sanciones para quienes incurran en esta práctica en las faenas de pesca. Así, el descarte es la acción de devolver al mar especies hidrobiológicas capturadas, conducta que se encuentra sancionada en los artículos 40 C y 111 A, en relación a los artículos 2° N° 14 bis y 7°B, de La LGPA y la nueva normativa, junto con prohibir el descarte en las faenas de pesca y sancionarlo consecuentemente, establece un periodo de investigación de esta práctica pesquera con la finalidad de lograr su mitigación a través de un plan de reducción del descarte.

El artículo 7 de la LGPA, regula el Programa de Investigación del Descarte y el Programa de Reducción del Descarte. Conforme dicha norma la Subsecretaría mediante resoluciones de 2014 y una de 2015 y sus modificaciones, autorizó la ejecución de programas de investigación del descarte y de la captura de pesca incidental para las flotas industrial y artesanal de Sardina común y Anchoveta en el área marítima comprendida entre la V a la X Regiones. Una vez vencidos los plazos de ejecución de las respectivas investigaciones, la Subsecretaría procedió a dictar la Resolución Exenta N° 2463 de 2017, que autoriza el Plan de Reducción del Descarte y de la Captura de Pesca Incidental para pesquería industrial y artesanal de Sardina común y Anchoveta en sus unidades de pesquería, comprendidas en el área marítima de la V a la X Regiones, la que se dictó teniendo en consideración los antecedentes contenidos en el Informe Técnico (R.PESQ.) N° 095-2017, de la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría, y lo dispuesto en el artículo 7° A de la Ley de Pesca, por lo que el acto recurrido se ajusta plenamente a la normativa que regula su dictación.

Agrega que en contra de la resolución recurrida se han interpuesto tres recursos administrativos, de reposición ante la Subsecretaría, y jerárquico en subsidio ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los cuales encuentra pendientes de resolver.

Acerca de la supuesta infracción de los artículos 8 de la LGPA y 11 de la Ley N° 19.880, los requisitos de procedimiento para la dictación del Plan de Reducción del Descarte se encuentran contenidos en el artículo 7°A de la LGPA, siendo facultad de la Subsecretaría de Pesca el establecimiento del Plan de Reducción del Descarte, sin que la normativa disponga la consulta, el pronunciamiento ni menos la aprobación del Comité de Manejo como pretenden los recurrentes, por cuanto no es una exigencia del artículo 7°A de la LGPA. Sin perjuicio de que la facultad de elaboración del Plan de Manejo recaiga exclusivamente en la Subsecretaría de Pesca se ha considerado, como política institucional, la participación activa de los Comités de Manejo como un insumo base para la elaboración de las principales medidas de manejo de las pesquerías, en calidad de organismo asesor y la participación de dicho organismo se concretó en el documento denominado "Insumos para la formulación del Plan de Reducción del Descarte de la Captura de Pesca Incidental en la pesquería de Sardina Común y Anchoveta V a X Regiones (mayo 2017)," el que fue aprobado por los miembros del Comité de Manejo según consta en Acta 5/2017, de manera tal que la participación del Comité de Manejo, en su calidad de organismo asesor, fue plenamente garantizada, y sus propuestas y recomendaciones fueron consideradas un insumo para La elaboración del Plan de Reducción del Descarte, de lo que no se colige que las recomendaciones o propuestas formuladas sean vinculantes ni obligatorias para la autoridad pesquera al momento de ejercer sus atribuciones.

Indica que la mayoría de las propuestas formuladas por el Comité de Manejo fueron incorporadas en el Informe Técnico N° 95/2017, denominado "Plan de Reducción del Descarte y de la Captura de Pesca Incidental para la pesquería industrial y artesanal de Sardina común (Strangomera bentincki) y Anchoveta (Engraulis ringens) V-X Regiones", el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 2463 de 2017, acogiéndose de esta manera las recomendaciones formuladas por el organismo asesor.

Tampoco hay infracción al artículo 11 inciso segundo de la Ley N° 19.880, por cuanto la resolución impugnada estableció en su parte considerativa tanto los hechos y fundamentos derecho que se tuvieron para aprobar el Plan de Reducción del Descarte, los cuales quedan resumidos en su Considerando N° 6.

Sobre la supuesta falta de sustento técnico del Informe Técnico 095/2017, ello no es efectivo, toda vez que se fundó en la información proporcionada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), encargado del programa de investigación básica o permanente para la regulación pesquera, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la LGPA, indicando informes de los años 2014 a 2016 y el informe final entregado en junio del presente año analiza de forma agregada la información recopilada durante todos los años de estudio, por lo que cada uno de los informes previos han constituido un importante aporte técnico para la elaboración del Plan de Reducción del Descarte y constituyen en la actualidad la mejor información disponible en materia de descarte y captura incidental.

Sobre la supuesta falta de contenido mínimo exigido al Plan de Reducción del Descarte, ello no es efectivo, porque el Informe Técnico (R.PESQ.) N° 095/2017, que contiene el Plan de Reducción del Descarte, se pronuncia expresamente sobre estas materias en su Capítulo 7 Recomendaciones, en los apartados "A2. Programa de Monitoreo y evaluación de medidas" y "A3. Programa de capacitación y difusión de las medidas. La realización del programa de monitoreo y evaluación de medidas se ha encomendado al Instituto de Fomento Pesquero, en su calidad de organismo encargado de asesorar la toma de decisiones asociadas a las medidas de administración, a través del Convenio de Desempeño suscrito entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y el mencionado instituto. Por otra parte, dicho programa de monitoreo considera la ejecución de un programa de capacitación y difusión a usuarios sectoriales, sin perjuicio de que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el apoyo de las Direcciones Zonales de Pesca de la misma, ha programado reuniones de difusión del Programa de Reducción del Descarte.

Sobre la supuesta obligación de las plantas de proceso de implementar un protocolo de verificación de desembarque. Indica que el Plan de Reducción del Descarte, en su Capítulo 7 Recomendaciones, apartado A4. N° 4.-, establece la implementación de un protocolo de verificación de desembarque, el cual deberá ser aplicado por las plantas de proceso, siendo una acción que tiene por objeto evitar que las plantas de proceso ejecuten malas prácticas al momento de informar la descarga proveniente de las embarcaciones pesqueras, tales como la falta de acreditación del origen de las capturas. Se trata de una recomendación que se fundamenta en que la obligación legal de certificación de capturas recae sólo respecto de las embarcaciones a que se refiere el artículo 64 E de La LGPA, pero no respecto de las plantas de proceso, Las cuales sólo deben informar el abastecimiento de recursos hidrobiológicos y de los productos finales derivados de ellos. En este sentido, se equivocan los recurrentes al señalar que se está imponiendo a través del Plan de Reducción del Descarte, una obligación no prevista en la ley, pues la verificación de capturas se ha formulado en dicho instrumento como una recomendación en el apartado asociado al Código de Las Buenas Prácticas, el cual por su naturaleza es de carácter voluntario, ya que tal carácter quedó claramente establecido en el Acta N° 11/2016.

Sobre la supuesta autorización de imputación conjunta de las capturas de Sardina común y Anchoveta, ello es incorrecto, toda vez que la autorización de imputación conjunta es una medida de administración regulada en el artículo 3° letra f) inciso 4° de La LGPA, la que supone la dictación de un acto administrativo conforme la facultad y el procedimiento establecido en el señalado artículo 3°, esto es, es decreto supremo fundado, con informe técnico de la Subsecretaría y comunicación previa al Comité Científico Técnico correspondiente. Por tanto, la competencia de la Subsecretaría en esta materia consiste en elaborar el informe técnico respectivo el cual se encuentra contenido en el Informe Técnico (R.PESQ.) 170/2017, formular la propuesta de la medida y remitirla al Ministerio de Economía, quien en definitiva deberá determinar la procedencia del establecimiento de la imputación conjunta y, en caso de implementarse la medida de imputación conjunta, los armadores artesanales deberán certificar sus capturas al momento del desembarque, obligación que se encuentra establecida para todo tipo de embarcaciones, independientemente de la categoría o tamaño de la embarcación, pues la ley no estableció una distinción para estos efectos. La medida implica que se podrá desembarcar cualquiera de los recursos antes mencionados aun cuando la cuota anual de captura de alguno de ellos se haya agotado, atendido el carácter mixto de la pesquería o de mezcla de Sardina común y Anchoveta en zonas y periodos determinados.

Sobre la supuesta afectación de garantías fundamentales, señala que el recurso de protección interpuesto no reúne los requisitos de procedencia contemplados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, por cuanto se alude de manera genérica que la supuesta afectación a las garantías constitucionales, sin señalar de manera concreta y directa como se configura la privación, perturbación o amenaza.

No existe vulneración de la igualdad ante la ley y a la no discriminación económica por parte del Estado, por cuanto las principales pesquerías nacionales deben contar con un Plan de Reducción del Descarte conforme lo dispuesto en el artículo 7°A de la LGPA, de modo que de manera progresiva las principales pesquerías nacionales contarán con un plan similar al recurrido por lo cual no hay infracción a la igualdad ante la ley, sino el cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 7°A de la LGPA.

Tampoco se evidencia vulneración al derecho a desarrollar una actividad económica, ya que el artículo 7°A de La LGPA estableció la obligación de efectuar Programas de Reducción del Descarte, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de las pesquerías nacionales, de manera que el desarrollo de una actividad económica conlleva por mandato constitucional el respeto de las normas legales que la regulan. Del mismo modo, no se afecta el derecho de propiedad, ya que los recurrentes no tienen propiedad sobre los peces los cuales constituyen res nullius de acuerdo a nuestra normativa y que sólo se adquieren en dominio por la ocupación una vez capturados. Además, el establecimiento de limitaciones o restricciones en pos de la sustentabilidad de los recursos pesqueros no se puede considerar una limitación a esta garantía constitucional por cuanto no le impide adquirir el dominio de las especies capturadas, sino que sólo establece condiciones para que en su ejercicio cumpla con medidas de conservación de las especies marinas.

A fojas 105 informan el recurso nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos miembros del Comité de manejo de sardina común y anchoveta regiones V a X, quienes se allanan al recurso.

Ahora bien, en el marco de las sesiones aludidas, distintos contenidos del plan de reducción al descarte fueron discutidos, sin embargo, y en lo que respecta a los cuestionamientos, que se alegan como ilegales y arbitrarios en el recurso, fueron ellos incorporados a instancias de los representantes de la Subpesca, sin discusión al efecto, y sin indicarse razones ni técnicas, ni de conveniencia en lo que respecta a la administración de la pesquería.

Así las cosas, en el comité de manejo el plan de reducción al descarte no fue consensuado, fue rebatido, no se fundó en antecedentes técnicos, y su imposición no tiene un fundamento de razón, ni jurídico, ni técnico, ni de conveniencia, que justifique su incorporación, por lo que la alegación de arbitrariedad expuesta en el recurso, no es más que efectiva, sin perjuicio de sumarse a los cuestionamientos de legalidad expuestos en el arbitrio que motivan los presentes autos.

Por su parte y efectivamente como refiere el recurso, la medida supone una seria limitación en el trabajo de quienes se desempeñan en las pesquerías consideradas en el plan de reducción al descarte, afectando su iniciativa en materia económica, sin perjuicio de que con ello se trae consecuencias no solo al armador, sino que a toda una tripulación.

Hacen presente que las actas nunca fueron suscritas por los integrantes del comité de manejo, en aprobación de sus contenidos, y lo que se hacía era solo incorporar una nómina de asistencia como anexo a ellas, por lo que mal consta en ellas expresión de voluntad alguna de sus integrantes, que pueda dar fe de consensos o disensos en relación a la materia debatida o a cualquier otra.

A fojas 234 informa don nombre reservado, quien señala que su desempeño en el Comité de Manejo es en calidad de Suplente.

Señala que no queda claro como el Comité de Manejo pudo haber incurrido en una conducta ilegal si solo se limitó a concurrir con su decisión a un acuerdo para proponer a la autoridad la adopción de una medida, y más aun considerando que dicha medida justamente es la necesaria para la consecución del objetivo prioritario de sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.

Solo se limitó a participar -en calidad de suplente- en un órgano colegiado establecido conforme a la ley, órgano que propuso a la Subsecretaría la adopción de una medida regulada en su habilitación y alcances por la propia ley.

Adhiere a lo expuesto por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

A fojas 236 informa don nombre reservado, quien señala que no ha participado en el Comité de Manejo, careciendo de legitimidad pasiva.

A fojas 240 informa don nombre reservado, quien señala que forma parte del Comité de Manejo de anchoveta y sardina común V - X Regiones, que tiene un carácter asesor, y es un órgano colegiado y en ningún caso de actuación personal o individual, por lo que no se me puede imputar arbitrariedad o ilegalidad alguna por las decisiones que asuma dicho Comité, por lo que el recurso interpuesto debe desestimarse.

Que su labor se da en el marco de un ente colegiado llamado por ley - en el carácter de asesor de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - a participar y preparar una propuesta de plan de manejo, que la propia ley, en la especie, ha definido en su artículo 7°A que es de resorte exclusivo de dicha autoridad pesquera aprobar.

A fojas 273 evacua informe doña nombre reservado y a fojas 274 don nombre reservado, quienes señalan que fueron designados como representante titular y suplente, respectivamente, de la Subsecretaría de Pesca ante el Comité de Manejo, apegándose a la normativa legal.

A fojas 276 informa don nombre reservado, quien señala ser miembro del Comité de Manejo y como en la dictación del acto impugnado no participó, no puede prosperar el recurso. A pesar de ello, estima que el recurso debe acogerse respecto de subpesca, ya que no se apegó a la legalidad, por eso miembros del Comité repusieron. En igual sentido informan a fojas 278 nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado; a fojas 280 nombre reservado. A fojas 305 informa nombre reservado en igual tenor. A fojas 375 informa nombre reservado, en igual sentido y a fojas 387 nombre reservado

A fojas 284 informa nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso por impugnarse un acto en cuya dictación no participó, sino siendo sólo miembro de un ente asesor.

A fojas 315 informa la recurrida, Subpesca, acerca del estado de tramitación del recurso de reposición administrativa deducido por ASIPES, señala que frente a los reparos en contra del acto impugnado se solicitó informe técnico a la División Administrativa Pesquera de la Subsecretaría, para que informara cada una de las objeciones, el que está en elaboración y es un antecedente fundamental para resolver la reposición.

A fojas 337 informa nombre reservado, quien señala no ha efectuado acto ilegal o arbitrario, ya que solo concurrió con su decisión a un acuerdo para proponer a la autoridad la adopción de una medida. En igual sentido informa a fojas 346 nombre reservado y a fojas 376 don nombre reservado.

A fojas 372 informa la recurrida Subpesca, quien señala que el recurso de reposición fue rechazado el 08 de noviembre de 2017 y por oficio de igual fecha se remitieron al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo el recurso administrativo y sus respectivos antecedentes para el conocimiento y resolución del recurso jerárquico interpuesto en subsidio.

A fojas 381 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que, el presente arbitrio ha sido interpuesto en contra del señor nombre reservado y nombre reservado y de los integrantes del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta V-X, tanto titulares como suplentes que se individualizan en el libelo.

2°) Que, al tenor de su texto y de lo expresado en la parte petitoria, resulta claro que la pretensión de los actores se encamina a dejar sin efecto, total o parcialmente, la Resolución N° 2463, de fecha 28 de julio del año en curso, dictada por el Subsecretario (S) de Pesca y nombre reservado que autorizó el Plan de Reducción del Descarte y de la Captura de Pesca incidental para la Pesquería Industrial y Artesanal de Sardina Común y Anchoveta V-X Regiones.

3°) Que, sin embargo, el reproche al Comité de Manejo antes aludido no es tal en cuanto la denuncia a su respecto dice relación, precisamente, con la omisión por parte de la autoridad administrativa al dictar el acto impugnado, de colacionar sus conclusiones puesto que, señalan los recurrentes que dicho Comité “no es meramente consultivo, sino que derechamente a éste le corresponde un rol ejecutivo, pues debe materializar el despliegue de acciones que han sido previstas en el Plan de Manejo respectivo, siendo tal aspecto un imperativo al que debe dar cumplimiento, en base a lo dispuesto en el inciso penúltimo, del artículo 8 de la Ley de Pesca y nombre reservado”, agregando que sus propuestas “deben ser contenidas en el Plan de Reducción del Descarte, siendo ello un antecedente que debe ser considerado en el acto administrativo que lo aprueba, toda vez que ellos son la fundamentación y el antecedente inmediato del Plan de Reducción del Descarte que se pretende implementar”.

Sin embargo, en opinión de los recurrentes, el “acto administrativo omite antecedentes que constituyen su fundamentación directa y esencial, incurriendo así en una abierta ilegalidad al no considerarlos en el tenor de la resolución objeto del presente recurso…” y, reitera que “no se expresan hechos esenciales en la conformación del Plan de Reducción del Descarte, como lo son los materializados al alero de la actividad del Comité de Manejo”, agregando por último que “al no reconocer el rol que al Comité corresponde en el marco de la formulación del Plan de Reducción, no obstante la clara formulación de su función en esta materia establecida en el Plan de Manejo, lleva a sostener que la Subsecretaría no ha reconocido el contenido y carácter vinculante del Plan de Manejo, que esta misma entidad sancionó favorablemente mediante resolución exenta antes citada vulnerando así lo dispuesto en inciso penúltimo del referido artículo 8”.

4°) Que, como puede apreciarse de lo antes colacionado resulta meridianamente claro que los miembros del Comité de Manejo no pueden haber vulnerado ninguna de las garantías constitucionales denunciadas puesto que los recurrentes invocan como fundamento de uno de los acápites de su libelo –único referido al Comité en examen- precisamente que su labor no fue fundamento del acto administrativo impugnado y, en consecuencia, teniendo por finalidad la presente acción invalidar la Resolución N° 2463, de fecha 28 de julio del año en curso, mal puede atribuirse responsabilidad en su dictación a quienes, cuyo trabajo a título de asesores al tenor de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley de Pesca, no fue considerado como fundamento directo de aquella, conforme a lo argüido por los propios actores.

5°) Que, conforme a lo argumentado, el Recurso de Protección en cuanto se dirige en contra del Comité de Manejo, será rechazado por carecer de sustento fáctico y normativo.

6°) Que no es óbice para decidir en el sentido referido la genérica denuncia formulada por los actores en cuanto a que las actuaciones del Comité de manejo en esta materia, se encontrarían afectas a serios vicios, toda vez que en base a la disconformidad manifestada en relación a la propuesta de Plan de reducción del descarte, habría quedado en evidencia la falta de consenso en torno a la misma, cuestión que vulneraría abiertamente el artículo 12 del Reglamento de Designación de los integrantes y funcionamiento de los comités de manejo, contenido en Decreto Supremo N° 95, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de fecha 19 de junio de 2013, agregando que el abierto disenso y postura de la mayoría de sus integrantes, dejaría en evidencia que el Comité de Manejo habría sido instrumentalizado por la Subsecretaría para efectos de validar una herramienta que contenía medidas abiertamente contrarias a los intereses de los actores del sector, esto es, a los recurrentes.

En efecto, amén de no contener una explicitación de cuáles serían las irregularidades que importarían las vulneraciones señaladas, tampoco se desarrolla por los actores en qué sentido la autoridad ha incurrido en actuaciones viciadas y, en tales condiciones, esta Corte no puede dirimir un asunto que no se explica en el libelo pretensor.

7°) Que, en adelante, nos haremos cargo del presente arbitrio en cuanto se encuentra dirigido en contra del Subsecretario (S) de Pesca y nombre reservado, quien habría dictado la Resolución N° 2463, de fecha 28 de julio del año en curso.

8°) Que el primer capítulo de impugnación se hace consistir en haberse omitido toda referencia en la mencionada resolución a las actuaciones emanadas del Comité de Manejo, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el artículo 8°, inciso penúltimo, de la Ley General de Pesca y nombre reservado (LGPA), en circunstancias que, su labor, no solo es consultiva sino que debe entenderse como “un rol ejecutivo”.

9°) Que, el referido artículo 8°, señala “Para la elaboración de la propuesta, implementación, evaluación y adecuación, si correspondiere, del plan de manejo, la Subsecretaría constituirá un Comité de Manejo que tendrá el carácter de asesor…”.

Ahora bien, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, asesorar consiste en dar consejo o dictamen y, asesor, en consecuencia, es aquella persona que realiza alguna de tales acciones.

De lo expuesto, no se advierte de qué manera puede otorgarse el carácter de vinculante a las actuaciones realizadas por el Comité de Manejo puesto que no existe disposición legal alguna que así lo determine y, conforme a la norma de interpretación contenida en el artículo 20 del Código Civil, “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”, cuyo no es el caso.

10°) Que, más aun, el mismo artículo 8° tantas veces mencionado, señala que “La propuesta de plan de manejo deberá ser consultada al Comité Científico Técnico correspondiente, quien deberá pronunciarse en el plazo de dos meses de recibida. El Comité de Manejo recibirá la respuesta del Comité Científico y modificará la propuesta, si corresponde”, disposición legal que permite inferir que será el Comité Científico quien tiene preeminencia en estas materias puesto que, conforme a la norma recién trascrita, el Comité de Manejo deberá ajustar su propuesta a las recomendaciones técnicas que proponga aquel, interpretación que se aviene precisamente con la finalidad de LGPA en cuyo artículo 1° B establece que “El objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos”, materias todas de carácter eminentemente técnico.

11°) Que, conforme a lo razonado, esta Corte no advierte la trasgresión al referido artículo 8° de la LGPA, debiendo rechazarse la acción cautelar por este primer capítulo de impugnación.

12°) Que sólo a mayor abundamiento, cabe consignar que todos los miembros del Comité de Manejo que informaron el presente arbitrio, como recurridos, fueron contestes en afirmar que aquel era un órgano consultivo y no resolutivo.

13°) Que un segundo apartado del recurso denuncia que el informe técnico (R.PESQ) N° 095-2017, que se entiende formar parte de la resolución atacada tiene como sustento un informe que aún se encuentra en revisión, limitándose la recurrente a realizar tal afirmación sin fundamentarla en modo alguno.

14°) Que, atendida la falencia recién anotada esta Corte se encuentra impedida de resolver la pretensión de los actores puesto que al no haber sido desarrollada la alegación en comento, no se advierte de que manera podría aquella ser acogida.

15°) Que, un tercer acápite de infracciones se hace consistir en la vulneración al artículo 7 A de la LGPA, en cuanto “revisado el contenido del Informe técnico antes referido (aludiendo al N° 095-2017), queda en evidencia que el mismo carece de dos aspectos de contenido mínimo, toda vez que no contiene Un programa de monitoreo y seguimiento del plan, ni un programa de capacitación y difusión”.

16°) Que, el mentado artículo 7 A, señala “En el plazo máximo de tres años de ejecución del programa de investigación, la Subsecretaría de Pesca establecerá un plan de reducción del descarte tanto de la especie objetivo como de la fauna acompañante y de la captura de la pesca incidental, el que deberá contener, a lo menos, los siguientes elementos:….”

“b) Un programa de monitoreo y seguimiento del plan.”….

“d) Un programa de capacitación y difusión.”

17°) Que, tal como señala el recurrido, nombre reservado y nombre reservado, en el referido Informe Técnico, sustento principal de la Resolución N° 2463, de fecha 28 de julio del año en curso, se alude en su párrafo 7, A2 y A3, precisamente a ambas circunstancias, señalando en cada caso las finalidades de ambos programas, explicándose en la Tabla N° 17 en qué consistirán las acciones que deberán desplegarse dentro de ellos.

Así, con relación al monitoreo y Seguimiento del Plan de Reducción del Descarte, señala, entre otras medidas, que deberá aplicarse el D.S. N° 76 del 2015, Reglamento de Dispositivos de Registro de Imágenes, estableciéndose la obligatoriedad del embarque de observadores científicos en naves industriales o embarcaciones artesanales seleccionadas aleatoriamente de conformidad con el título VII de la LGPA y el D.S. N° 193 del 2013 que aprobó el reglamento de observadores científicos, agregando que dicho Plan deberá ser mejorado si las medidas no reducen el descarte.

Por otro lado, en lo relativo al programa de capacitación y difusión (del Plan) se indica que “con énfasis armadores, dotación y personal de plantas, será incorporado en las actividades del Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Reducción del Descarte, al igual que el programa de capacitación y difusión a observadores en materia de identificación, manipulación y registro de pesca incidental, entre otros.”

18°) Que, en esta línea de razonamientos, no habiéndose aportado elementos suficientes que permitan a esta Corte estimar que en la forma antes dicha no se ha cumplido con la obligación legal respecto a los programas de Monitoreo y Seguimiento del Plan, así como de Capacitación y Difusión, al tenor de lo estatuido en el Artículo 7 A de la LGPA, el reproche a la actuación de la Administración tampoco resulta acreditado.

19°) Que, por otra parte, se reprocha que el Plan en examen contempla un Código de Buenas Prácticas que otorga en su mérito una función fiscalizadora a privados, infringiendo de este modo el artículo 122 de la LGPA. Señala que al contener la implementación de “un protocolo que permita la verificación de desembarque, el cual deberá ser aplicado por las plantas de proceso. Este deberá ser elaborado por la planta particular y validado por el Servicio de Pesca y Acuicultura”, se vulnera la disposición legal ante referida, haciéndose cargo que el reproche se fundamenta en que el Plan no establece “de manera expresa su carácter de voluntario”.

20°) Que, sin embargo, la recurrida refiere que “se equivocan los recurrentes al señalar que se está imponiendo a través del Plan de Reducción del Descarte, una obligación no prevista en la ley, pues la verificación de capturas se ha formulado en dicho instrumento como una recomendación en el apartado asociado al Código de Buenas Prácticas, el cuál por su naturaleza es de carácter voluntario.”

Añade que el carácter voluntario de las buenas prácticas quedó claramente establecido en el Acta N° 11/2016 que señala: “Al respecto se indica que las buenas prácticas no van asociadas a sanciones por parte de la autoridad, porque no conllevan actos administrativos, sino que se basan en acuerdos sociales entre los actores del sistema”.

21°) Que, conforme a lo argumentado, atendido que los recurrentes fundamentan su reclamo en la circunstancia que, al no establecerse “expresamente” que el referido Código de Buenas Prácticas es voluntario, lo convierte en obligatorio, lo cierto es que, conforme a la consulta que se habría realizado en una etapa previa a la formulación del Plan de Reducción del Descarte, tal conclusión es errónea.

Además, cabe tener presente que la respuesta a la mencionada cuestión planteada debe servir de criterio orientador al momento de aplicar el Plan en examen, motivo que impedirá, a posteriori, desconocer el verdadero alcance del Código de Buenas Prácticas que se analiza.

22°) Que, finalmente, los actores estiman que la resolución impugnada contraviene la LGPA al disponer la autorización de imputación conjunta de las capturas efectuadas en especies que indica, excediendo sus facultades e imponiendo obligación de certificación a los desembarques.

23°) Que, sobre el punto en análisis, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 64 E de la LGPA, que reza: “Los titulares de cualquier instrumento que autorice a la extracción de la fracción industrial de la cuota global o de las autorizaciones de pesca, así como los armadores artesanales de embarcaciones de una eslora igual o superior a 12 metros y los titulares de embarcaciones transportadoras deberán entregar al Servicio la información de desembarque por viaje de pesca a que se refiere el artículo 63 de esta ley, certificada por una entidad auditora acreditada por el Servicio.”

Asimismo, debe colacionarse lo establecido en el artículo 3°,” En cada área de Ley pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, el Ministerio, mediante decreto supremo fundado, con informe técnico de la Subsecretaría y comunicación previa al Comité Científico Técnico, correspondiente y demás informes que se requieran de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, para cada uno de los casos señalados en este inciso, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones o medidas de administración de recursos hidrobiológicos:…”

“…letra f) “En el caso de aquellas pesquerías pelágicas pequeñas en que las especies constituyan una pesquería mixta y que se encuentren sometidas a un programa o plan de conformidad con el artículo 7º A, se podrá autorizar que la totalidad o un porcentaje de las capturas efectuadas en cualquiera de dichas especies sean imputadas, en forma conjunta, a la sumatoria de las cuotas globales que al efecto se establezcan. Para los efectos antes indicados, se permitirá el desembarque de los recursos previa certificación de éstos.”

Por último, el artículo 8° tantas veces aludido expresa que “En el plan de manejo se podrá considerar un procedimiento de certificación de la información de desembarque a que se refiere el artículo 63 de esta ley, para aquellas pesquerías que no contemplen un sistema obligatorio, el cual será efectuado conforme a las reglas establecidas en el artículo 64 E y será obligatorio para todos los participantes de la pesquería.”

24°) Que una interpretación armónica de las normas antes trascritas permite afirmar los siguientes supuestos:

a) Que, conforme a lo estatuido por el artículo 3°, letra f) de la LGPA, en los casos allí señalados, entre ellos, la pesca sometida a lo dispuesto en el artículo 7 A de la misma ley, cuyo es el caso, se podrá autorizar que la totalidad o un porcentaje de las capturas efectuadas en cualquiera de dichas especies sean imputadas, en forma conjunta, a la sumatoria de las cuotas globales que al efecto se establezcan.

b) Que, para los efectos antes indicados, se permitirá el desembarque de los recursos previa certificación de éstos.

c) Que, para materializar dicha decisión se requiere de un decreto supremo fundado previo del Ministerio de Economía, requisito que en ningún caso la Subsecretaría podría desconocer.

d) Que, en lo relativo a la necesidad de certificación de la información de desembarque, el Plan de Manejo puede determinarlo.

25°) Que, conforme se ha venido argumentando, las trasgresiones planteadas por los actores no se han configurado desde que es la propia ley la que enmarca la actuación de la autoridad recurrida en la forma que se ha venido señalando y, en consecuencia, no se ha configurado algún acto arbitrario o ilegal atribuible a los recurridos que pudieran vulnerar garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido a fs. 47 por doña Natalia Robles González, en contra del nombre reservado y nombre reservado y del Comité de Manejo de Sardina Común y Anchoveta V - X Regiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Sentencia redactada por la Ministra señora Silvana Donoso Ocampo.

N°Protección-5549-2017.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Raúl Mera Muñoz, Sra. María Angélica Repetto García y Sra. Silvana Donoso Ocampo.