nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Solange Osmayda Villar Vásquez, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el descuento efectuado por la recurrida en la remuneración del actor en agosto de 2025, sin previo aviso, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 19 de abril de 2023, suscribió el pagaré N°208DIG100197144 en favor de la recurrida por $1.524.624.-, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que se pagaría en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $57.788.- cada una, estipulándose que el simple retardo permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida. Indica que, su situación económica se vio enormemente perjudicada, lo que significó incapacidad para cumplir el pagaré. Agrega que, como consecuencia, la recurrida interpuso demanda ejecutiva el 4 de julio de 2024, en causa Rol C-3357-2024 tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de San Miguel, haciendo uso de la cláusula de aceleración y pretendiendo el cobro total de la deuda insoluta de $1.492.861.- Agrega que en dicha causa opuso la excepción de prescripción.

Menciona que, desde 19 de junio de 2024 trabaja bajo dependencia de Grupo de Soporte y Asistencia Ltda. y que al revisar su liquidación de agosto de 2025 se percató de un descuento denominado "Créditos CCAF Los Andes" por $268.025.-. Argumenta que, jamás fue informado previamente respecto del descuento que finalmente se ordenó a su empleador por parte de la recurrida, sin que tuviera elementos que le permitieran prever tal afectación. Sostiene que, el descuento efectuado constituye un acto ilegal y arbitrario, sin informaciones previas ni explicación del monto, vulnerando flagrantemente la garantía constitucional del artículo 19 N°24.

Refiere que, la recurrida al interponer la demanda ejecutiva ejerció la cláusula de aceleración cobrando la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil, acción prescrita en su totalidad. Por lo anterior, resulta arbitrario que habiendo ejercido el cobro judicial y siendo vencida, siga informando descuentos a su actual empleador.

Concluye solicitando que se declare que los descuentos son ilegales y arbitrarios, que se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados en agosto de 2025 y durante la tramitación del recurso, y abstenerse de efectuar descuentos futuros, o en subsidio, todo lo que se estime pertinente para reestablecer el imperio del derecho.

A folio 7, se concede orden de no innovar.

A folio 12, evacúan informe nombre reservado e nombre reservado, ambos en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes. Exponen que, el 9 de junio de 2022, la recurrida otorgó al actor el crédito código 008CON103252314, por $3.138.459.- a una tasa de 1.73%, pagadero en 36 meses, con cuotas de $126.850.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2022. Señalan que durante el periodo 6 de septiembre de 2022 al 27 de junio de 2024, se recibió el pago de las cuotas de agosto de 2022 a agosto de 2023 (1 a 13), más un abono parcial en septiembre de 2023, mientras que el resto de cuotas hasta julio de 2025 se encuentran en mora.

Indican que, adicionalmente, el 19 de abril de 2023 la recurrida otorgó al recurrente un segundo crédito con el código 208DIG100197144, por $1.524.624.- a una tasa de 2.4%, pagadero en 48 meses, con cuotas de $57.788.-. Agregan que solo la primera cuota fue pagada el 5 de julio de 2023, mientras las demás hasta julio de 2025 están en mora. Argumentan que se trata de créditos plenamente vigentes, exigibles y cuyas acciones no están prescritas, por lo que su recaudación según el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna.

Alegan que los créditos de las Cajas de Compensación tienen carácter social por mandato del legislador, a diferencia de otros préstamos del sistema financiero. Señalan que el descuento por planilla es un mecanismo especial inherente al régimen de crédito social, obligatorio por ley y no dependiente de la voluntad de las cajas, recayendo esta obligación sobre el empleador.

Sostienen que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declarada judicialmente. Refieren que respecto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad del artículo 19 Nº24 de la Constitución, no procede porque no hay traspaso ilegal ni expropiación de remuneraciones, pues la propia ley permite solicitar el descuento de las cuotas.

Añaden que la Caja no requiere sentencia ni proceso previo para informar el descuento al empleador, por contar con normas especiales para su recaudación según el artículo 22 de la Ley 18.833.

Finalmente piden rechazar el recurso de protección por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida.

A folio 13, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el descuento efectuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes en la remuneración del recurrente, solicitando que se ordene a la recurrida el reintegro de los descuentos aplicados a su remuneración, correspondiente a agosto de 2025, así como aquellos que se realicen durante la tramitación del presente recurso y que se abstenga en lo sucesivo de efectuar o informar descuentos en las remuneraciones del actor.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que otorgó dos créditos al recurrente: (i) El primero por $3.138.459.- el 9 de junio de 2022 del cual solo se pagaron 13 cuotas más un abono, encontrándose las restantes en mora, y, (ii) El segundo ascendió a $1.524.624.- y fue otorgado el 19 de abril de 2023, del cual solo se pagó la primera cuota, estando las demás en mora. Sostiene que se trata de créditos vigentes y exigibles, cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación mediante el mecanismo de descuento por planilla establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es legal.

Cuarto: Que resultan hechos no controvertidos del recurso, que la recurrida otorgó al recurrente dos créditos sociales, de los cuales el segundo, correspondiente al pagaré N°208DIG100197144 por $1.524.624.- suscrito el 19 de abril de 2023, fue objeto de cobro judicial mediante la interposición de demanda ejecutiva en causa Rol C-3357-2024 tramitada ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de San Miguel. Asimismo, resulta pacífica la circunstancia de haberse efectuado descuentos en la remuneración del actor por un monto de $268.025.- en agosto de 2025 y posteriormente por $174.696.- en septiembre del mismo año, pese a la orden de no innovar concedida.

Quinto: Que, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar se encuentran regidas por la Ley N°18.833, cuyo artículo 22 establece el mecanismo de descuento por planilla para la recaudación de los créditos sociales que otorgan, disponiendo: "Para los efectos de la recaudación de los créditos sociales otorgados por las Cajas, los empleadores y las entidades pagadoras de pensiones, a requerimiento de aquéllas, estarán obligados a deducir de las remuneraciones y pensiones los montos determinados para el servicio del crédito respectivo, de conformidad a las normas contenidas en el artículo 58 del Código del Trabajo, el que para estos efectos, será aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que fuere la naturaleza jurídica del vínculo de subordinación y dependencia, aun cuando no estén sometidos al Código del Trabajo".

Sexto: Que, si bien la recurrida cuenta con una facultad legal para solicitar el descuento por planilla de las cuotas de los créditos sociales, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema en causas roles N°s 6.928-2021, 30.294-2021, 71.519-2021, 65.946-2021, 65.973-2021, 1791-2022 y más recientemente en rol N°11.739-2024, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.

Séptimo: Que, tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente respecto del crédito correspondiente al pagaré N°208DIG100197144, a consecuencia de haber optado la recurrida por la vía judicial para obtener su cobro, mediante la interposición de demanda ejecutiva en causa Rol C-3357-2024, haciendo uso de la cláusula de aceleración para exigir el pago total de la deuda. En este contexto, dicha entidad acreedora no estaba facultada para hacer los descuentos efectuados al actor, sino que debió atenerse a lo resuelto en sede judicial en relación con el crédito otorgado, o ejercer las acciones ordinarias que corresponda.

Octavo: Que este proceder de la recurrida resulta manifiestamente arbitrario, desde que por su intermedio la Caja de Compensación acreedora soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, constituyendo un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial. La actuación resulta especialmente reprochable respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo y sin previa información.

Noveno: Que, de esta manera, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo acoger el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de efectuar descuentos en la remuneración del actor, como asimismo, deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente deducidos correspondientes a agosto y septiembre de 2025 y aquellos que se hubieren practicado durante la tramitación del presente recurso, sin perjuicio del derecho del ente acreedor a perseguir la satisfacción de la obligación por la vía jurisdiccional pertinente.

Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada a folio N°7.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5542-2025.