nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos.

Comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de don nombre reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de Valparaíso; deduce acción de protección de en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, impugnando el acto ilegal y arbitrario de fecha 11 de agosto de 2025 que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero, pidiendo que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que don nombre reservado solicitó ante AFP Planvital, vía portal web, la devolución de fondos previsionales conforme la Ley N° 18.156 (exención de cotizaciones para técnicos extranjeros).

Indica que, por notificación mediante correo electrónico de 11 de agosto de 2025, se rechazó la solicitud N° 164575, fundándose en: (i) Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 19 de julio de 2021 no vigente al ingreso de la solicitud; y (ii) que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no es suficiente para acreditar la cobertura exigida por la Ley N° 18.156 de su artículo 1° letra a) por tratarse de documento genérico, no vigente y sin apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Afirma que el recurrente, como profesional extranjero, cumple los requisitos establecidos en la ley 18.156; que la recurrida aplica una interpretación formalista y desconoce la finalidad del legislador, permitir disponer de los ahorros previsionales, pues los documentos acompañados —contrato, anexos y certificado de afiliación— son válidos.

Señala que el propio rechazo de la recurrida admite implícitamente la afiliación del actor, desde que reconoce la existencia de constancias; estima por ello el acto arbitrario e ilegal.

Sostiene que la AFP incorpora requisitos no expresamente establecidos en la ley, lo que torna su decisión arbitraria e ilegal.

Afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones es verificable en el enlace web www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/ verificar Constancia.ivss señala que una búsqueda con las palabras “validar IVSS” conduce a esa web—.

Precisa que tales constancias incluyen código alfanumérico de verificación —en el caso del actor: 049904659-2025809—, consignándose al pie del documento que su validez puede comprobarse a través del portal IVSS.

Aduce que la omisión de la AFP de verificar la constancia —documento oficial, público y verificable— y descartarla por configura arbitrariedad e ilegalidad.

Agrega que, en subsidio, se presentó declaración jurada ante notario con firma electrónica avanzada para corroborar la afiliación.

Refiere que otras AFP, cita AFP Cuprum, han aceptado constancias electrónicas verificadas en la misma web del IVSS, y que una interpretación excesivamente formal vulnera el derecho de propiedad de los solicitantes.

Reitera que la AFP tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, insiste en que las constancias electrónicas no serían válidas, sin especificar fundamentos técnicos o jurídicos suficientes, según el correo de 11 de agosto de 2025.

Explica que la web del IVSS indica vigencia al emitir la constancia y que ésta puede descargarse sucesivamente, motivo por el cual cambian los códigos entre un mes y otro (agosto / septiembre).

Sostiene que, con lo anterior, se acredita el cumplimiento de la Ley N° 18.156 y que la decisión de la AFP es contraria a derecho.

Alega vulneración de las garantías del artículo 19 N° 2, la igualdad ante la ley, y N° 24, derecho de propiedad.

Recuerda la distinción entre ilegalidad y arbitrariedad, señalando que la notificación de 11 de agosto de 2025 perturba el derecho de propiedad y desconoce el cumplimiento del artículo 1 de la Ley 18.156.

Añade que, aun si se entendiera exigible apostilla o la legalización, cita el artículo 18 del Código Civil, de tal sostiene que la ley especial no exige tal formalidad; que el régimen venezolano cubre vejez, muerte, enfermedad e invalidez y que hoy no existe representación diplomática venezolana en Chile, configurándose caso fortuito o fuerza mayor del artículo 45 del Código Civil, por lo que no puede imponerse una carga imposible.

Releva que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela.

Reitera la verificabilidad electrónica de la constancia por código o por cédula mediante el ya antes referido enlace alternativo http: //www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, de tales medios que la AFP pudo y debió emplear.

Insiste en la vulneración de los derechos fundamentales de la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2) y derecho de propiedad (art. 19 N° 24) por diferencias arbitrarias frente a otros casos similares y por la retención de ahorros.

Invoca el artículo 19 N° 26 de la Constitución destacando que la negativa afecta la propiedad sobre los fondos y la igualdad ante la ley.

Repite, con apoyo en capturas, que la verificación puede hacerse directamente en los enlaces del IVSS por código o cédula, de acceso público; subraya que la normativa especial no exige apostilla, ni prohíbe el documento electrónico, que basta con acreditar afiliación.

Asevera, finalmente, que el protegido se encuentra afiliado a la seguridad social de su país desde el 21 de enero de 1999, con 591 semanas cotizadas, por lo que la retención de sus fondos por la AFP sería injustificada.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección contra AFP Planvital por el acto de 11 de agosto de 2025; que se reconozca la validez de la documentación acompañada; se ordene nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados y, en general, se adopten providencias para restablecer el imperio del derecho.

Comparece don nombre reservado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien, en autos sobre recurso de protección caratulados, evacúa informe solicitando rechazo íntegro del arbitrio, con costas, por las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Indica que con fecha 6 de agosto de 2025, a través de la página web de AFP PlanVital, don nombre reservado presentó solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Precisa que la solicitud adolece de problemas referidos a los documentos acompañados, en particular una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una “Declaración bajo fe de juramento”, la negativa fue comunicada el 11 de agosto de 2025.

Sobre el Certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones y la Declaración jurada, invoca el Oficio Ordinario N° 12.954 de la Superintendencia de Pensiones, de 15 de julio de 2025, que —respondiendo consulta de distintas administradoras— exige para cumplir la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 una certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen que acredite cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo de servicios en Chile, y que dicha certificación venga legalizada o apostillada según el Convenio de La Haya y el Código de Procedimiento Civil.

El mismo Oficio, prosigue e indica que no sirven para acreditar debidamente la cobertura certificaciones electrónicas que no estén legalizadas o apostilladas no contengan mención específica de los riesgos cubiertos; y que las declaraciones juradas del afiliado, incluso notariadas o apostilladas, carecen de valor probatorio suficiente para efectos previsionales, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Procede a citar el antedicho oficio: “los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, no requiriéndose ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla”.

Sostiene que el rechazo de la solicitud no fue ilegal ni arbitrario, pues se funda en las normas legales que regulan la materia y en las instrucciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones.

Cita la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, invoca el artículo 2° del D.F.L. N° 101 de 1980, el artículo 3° del mismo cuerpo, el artículo 94 del D.L. N° 3.500, el artículo 47 de la Ley N° 20.255.

Arguye que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece un procedimiento claro y obligatorio para todas las AFP; y que, precisamente en consideración a tales normas y al Oficio Ordinario N° 12.954, se fundó el rechazo.

Reitera que la aplicación de dichas normas no es facultativa para la Administradora; y que, en consecuencia, PlanVital no ha obrado ilegalmente.

Afirma que su actuar es razonado y en igualdad de trato respecto de sus afiliados, por lo que no habría arbitrariedad.

Destaca que el rechazo no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución.

Añade que la acción de protección no es procedente para actos intermedios o trámites que no ponen término al procedimiento ni afectan irreversiblemente derechos fundamentales ya que el afiliado cuenta con mecanismos ante la Administradora o la Superintendencia de Pensiones, resultando el recurso inadecuado y desproporcionado para el caso.

Indica que el actuar de la Administradora no ha significado privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de derechos del artículo 19 de la Constitución, ni acto u omisión ilegal o arbitraria que le fuera imputable.

Por lo tanto, solicita rechazar en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida en su contra, por no existir privación, perturbación o amenaza de los derechos invocados, ni acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a PlanVital S.A., con expresa condena en costas.

Así mismo, emite informe la Superintendencia de Pensiones la que da cuenta que el recurrente no registra reclamo alguno ante esa Superintendencia respecto de los hechos que motivan la acción, por lo que no obran antecedentes administrativos propios sobre la materia.

Expone el marco general del ordenamiento, que en Chile la regla previsional es la obligación del trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura, con independencia de su nacionalidad; precisándose que tal no constituye un fondo de ahorro libremente retirable al término de los servicios.

Arguye que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción —exención de cotizar y devolución de fondos— solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos, que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1 del referido texto legal.

Por su parte transcribe los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, sobre esa base, se concluye que, siendo la ley una norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse únicamente cuando se acrediten todos los requisitos copulativos que establece.

Hace valer la competencia interpretativa de la Superintendencia en la materia en base al artículo 47 N° 8 de la Ley N° 20.255, artículo 94 N° 3 del D.L. N° 3.500, de 1980 y artículo 3 letra i) del D.F.L. N° 101, de 1980, correspondiéndole la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones y en ejercicio de dichas facultades, que se ha fijado jurisprudencia administrativa para la aplicación de la Ley N° 18.156, estableciendo el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que el requisito de cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, se ha resuelto que puede acreditarse mediante certificado de cobertura otorgado por embajada o consulado del país de origen, en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social, con mención expresa de tal representación.

Precisa que el documento debe acreditar específicamente que el trabajador contó efectivamente, durante la prestación de servicios en Chile, con protección para todos los riesgos indicados: vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Explica que en lo relativo a salud, se exige que se especifique si la cobertura comprende prestaciones pecuniarias y médicas en caso de enfermedad común.

Advierte que no es suficiente un instrumento que genéricamente describa coberturas del sistema extranjero; debiendo consignarse específicamente, por la autoridad previsional competente, que el trabajador tuvo la protección por todos los riesgos durante todo el tiempo laborado en Chile respecto del cual solicita devolución.

Agrega que su jurisprudencia uniforme ha interpretado que la cobertura debe existir al inicio de los servicios en Chile y durante todo el contrato, y ser efectiva, esto es, con otorgamiento de beneficios por la entidad, con independencia de que el imponente esté o no cotizando.

En particular, respecto del documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS, se expresa que, conforme al Compendio, al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla, tal constancia no sirve para acreditar el requisito del artículo 1 letra a) Ley N° 18.156 por no estar firmada, apostillada o legalizada, y por no especificar si la cobertura de salud incluye prestaciones médicas y pecuniarias.

Empecina en el carácter excepcional de la Ley N° 18.156 y que el procedimiento de apostilla es la forma legal prevista para que documentos extranjeros surtan efectos en el país; siendo Chile y Venezuela Estados Parte de la Convención de la Apostilla, concluyéndose que no corresponde hacer lugar a la pretensión en la falta de dichos cumplimientos.

En referencia a las alegaciones del derecho de propiedad invocado, por el artículo 19 N° 24 de la Constitución se reconoce que los afiliados son dueños de los fondos de sus cuentas de capitalización individual, administradas por las AFP conforme al D.L. N° 3.500; precisándose que tal propiedad no puede concebirse aislada de su naturaleza previsional, protegida a su vez por el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental.

Concluye que siendo la Ley N° 18.156 una ley especial aplicable a técnicos o profesionales extranjeros, el acceso a sus beneficios exige acreditar la cobertura prevista en el artículo 1 letra a), sin excepción por país de origen.

En conclusión, el Organismo Fiscalizador solicita a esta Corte tener por cumplido lo ordenado.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadano venezolano, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende de los informes evacuados por la recurrida y la Superintendencia de Pensiones, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable. En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una “Declaración bajo fe de juramento”, acompañado por el actor, es posible constatar que estos carecen de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentran debidamente apostillados.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5538-2025.