nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio N°1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien entabla acción de protección en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos de nacionalidad venezolana, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., con motivo del rechazo de sus solicitudes de retiro de fondos previsionales para extranjeros, comunicado el 27 y 29 de agosto de 2025, respectivamente, por no adjuntar certificado de afiliación previsional debidamente apostillado o legalizado, actuar que estiman ilegal y arbitrario y que conculca sus derechos reconocidos en el artículo 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Fundamentan el recurso señalando que solicitaron a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando constancias electrónicas de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), las cuales pueden ser verificadas y validadas en el portal web oficial venezolano mediante códigos de verificación. Sin embargo, aseguran que la AFP rechazó sus solicitudes argumentando que la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile no cumplía los requisitos al no estar debidamente legalizada o apostillada.

Arguyen que la AFP incorpora requisitos adicionales no contemplados en la ley y realizan una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir a los profesionales extranjeros disponer de sus ahorros previsionales. Alegan que cumplen íntegramente con los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, presentando constancias electrónicas verificables que demuestran su afiliación al sistema previsional venezolano, además de contratos de trabajo con sus respectivos anexos y, en el caso de la recurrente nombre reservado, declaración jurada notariada.

Acusan vulnerado su derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicitan se acoja el recurso y se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 5, evacúa informe al tenor del recurso la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. o "AFP Modelo".

Da cuenta que los recurrentes solicitaron la devolución de sus fondos previsionales amparándose en la Ley N°18.156 para técnicos extranjeros, acompañando documentación variada.

Explica que rechazó ambas solicitudes porque la documentación presentada por los recurrentes no cumple con los requisitos legales establecidos. En concreto, las "Constancias Electrónicas de Cotizaciones" emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituyen certificados de afiliación válidos, carecen de firma autorizada, no están apostilladas ni legalizadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, no especifican las prestaciones de cobertura exigidas por ley, ni permiten inferir un período determinado de cobertura. Asimismo, la declaración jurada presentada por la recurrente nombre reservado tampoco satisface los requisitos normativos.

Asevera que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos para la exención, siendo necesario que el trabajador extranjero acredite su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile mediante certificación debidamente legalizada de la institución de seguridad social correspondiente, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Argumenta que su actuación no ha sido arbitraria ni ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a la normativa vigente y a las instrucciones del organismo regulador. Destaca que está obligada a cumplir rigurosamente las disposiciones de la Superintendencia de Pensiones, pues de lo contrario se expone a sanciones.

Cita jurisprudencia judicial favorable de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado recursos similares cuando los documentos presentados no cumplen con los requisitos de apostilla o legalización.

Solicita se rechace el recurso con expresa condena en costas.

A folio 6 evacúa informe la Superintendencia de Pensiones expresando que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros técnicos o profesionales que cumplan requisitos copulativos del artículo 1°. Señala que siendo norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse solo cuando se cumplan todas las exigencias establecidas.

Hace presente que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Respecto a la documentación presentada, informa que las constancias electrónicas del IVSS presentadas por ambos recurrentes no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito porque no están firmadas ni apostilladas o legalizadas, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. Añade que los documentos no señalan las coberturas específicas con que cuentan los recurrentes ni permiten inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Sobre la declaración jurada presentada por la recurrente nombre reservado, señala que no es documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional, ya que debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

Concluye que los recurrentes no cumplen con las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales y que no cuenta con antecedentes que permitan concluir lo contrario.

A folio 8 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, por esta vía extraordinaria, se indica de ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida AFP Modelo S.A., por medio del cual negó lugar a las solicitudes de devolución de los fondos previsionales de los recurrentes extranjeros, al amparo de la Ley N°18.156, desconociendo el valor de las Constancias Electrónicas de Cotizaciones emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Segundo: La recurrida AFP Modelo ha dicho que las peticiones de los actores fueron rechazadas porque dichas constancias no cumplen con los requisitos de especificidad y legalización, porque no están firmadas por quien las emite, además, no se encuentran apostilladas o legalizadas, y no señalan las prestaciones por las cuales se encuentran cubiertos ni el período específico de cobertura. En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar documentación que acredite específicamente la cobertura previsional por todos los riesgos señalados en la norma, debidamente legalizada, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, órgano que evacuó informe en similares términos.

Tercero: Que, el artículo 7° de la Ley N°18.156, establece que "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley"; al tiempo que el artículo 1° letra a) de la misma ley reza que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que, para el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Cuarto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por los actores, es posible constatar que las "Constancias Electrónicas de Cotizaciones" carecen de la especificidad requerida para demostrar la cobertura previsional de todos los riesgos que la norma menciona y, además, los documentos no se encuentran legalizados y/o apostillados, de manera que no es efectivo lo argumentado por los actores, puesto que no cuentan con la documentación pertinente para que sus peticiones sean acogidas.

En efecto, el hecho que los instrumentos contengan códigos de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes establecidos por la Superintendencia de Pensiones, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Adicionalmente, las constancias electrónicas presentadas no especifican las coberturas concretas con que cuentan los recurrentes ni permiten inferir un período determinado de cobertura durante su permanencia en Chile, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, lo cual resulta insuficiente conforme a la jurisprudencia administrativa uniforme de la Superintendencia de Pensiones.

Quinto: Que, asimismo, la declaración jurada acompañada por la recurrente nombre reservado constituye un documento unilateral emitido por la propia parte interesada que no cumple el estándar de exigencias requerido por la Superintendencia de Pensiones, debiendo la acreditación del cumplimiento de los requisitos emanar de la autoridad previsional competente, conforme lo establece la letra b) del N°1 del Título XI, Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Sexto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 94 N°3 del D.L. N°3.500 y el artículo 47 N°7 de la Ley N°19.882.

Séptimo: Que, por lo demás, el rechazo de las peticiones de los recurrentes no impide que posteriormente puedan volver a presentarlas acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente les fue comunicado por la recurrida, tratándose de actos administrativos subsanables y no de decisiones definitivas que generen indefensión.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-5537-2025.