nombre reservado con DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Hugo Botto Oakley, quien interpone recurso de protección en representación convencional de: 1.- nombre reservado; 2.-Inversiones e Inmobiliaria L-R S.A., representada por nombre reservado; 3.- nombre reservado; 4.- nombre reservado; 5.-Inversiones Servirent SpA, representada por nombre reservado; 6.- nombre reservado;7.-nombre reservado; 8.-nombre reservado; 9.- nombre reservado; 10.- Inversiones e Inmobiliaria Calera de Tango, representada por nombre reservado; 11.- nombre reservado y nombre reservado; 12.- nombre reservado y nombre reservado; 13.- nombre reservado, y nombre reservado; 14.-Sociedad de Inversiones PQ Limitada, representada por nombre reservado; 15.- nombre reservado representado por nombre reservado; 16.- nombre reservado; todos propietarios de inmuebles pertenecientes al Edificio Kandinsky y, en contra de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, por su decisión de no mantener a su costo el servicio de guardia y custodia que había proveído en el sector de emplazamiento del referido edificio, a partir del 17 de agosto de 2024, afectando así los derechos de los recurrentes garantizados en el numeral 1, 2, 5 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que desde la evacuación preventiva del Edificio Kandinsky, luego de los deslizamientos de arena ocurridos el 22 de agosto y el 10 de septiembre de 2023, originados por fuertes lluvias que provocaron un socavón de grandes dimensiones cerca del edificio, este ha permanecido inhabitable, sin energía eléctrica ni sistemas de seguridad adecuados, lo que ha facilitado delitos como robos masivos a los departamentos en octubre de 2023.

Indica que si bien inicialmente la Delegación Presidencial Regional estableció un perímetro de seguridad y dispuso vigilancia policial, en noviembre de 2023, esta vigilancia fue reemplazada por seguridad privada a su costa, incluyendo solo 7 guardias para un área extensa y un dron operativo durante tres horas diarias, lo que resultó ineficaz.

Agrega que, posteriormente, en agosto de 2024, la recurrida comunicó que descontinuaría por completo las medidas de seguridad a partir del 17 de agosto de 2024, transfiriendo la responsabilidad y los costos de la seguridad a los copropietarios, decisión que califican como arbitraria e ilegal, pues ignora la persistente vulnerabilidad del edificio y la incapacidad de los propietarios para acceder o habitar sus departamentos.

Asimismo, sostienen que esta medida afecta gravemente derechos constitucionales fundamentales: (1) la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1), incrementando la angustia e inseguridad de los propietarios; (2) la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), al imponerles el costo de la seguridad; (3) la inviolabilidad del hogar (artículo 19 N°5), al exponer sus departamentos a mayores riesgos de delitos; y (4) el derecho de propiedad (artículo 19 N°24), al facilitar actos de vandalismo y daño sobre sus bienes.

Finalmente, solicita que la autoridad cumpla con su deber legal de garantizar medidas de seguridad eficaces, considerando que las condiciones del edificio y su entorno no han mejorado, manteniéndose el peligro y la exposición a daños y delitos.

A folio 7, se concedió orden de no innovar.

A folio 10, informa la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, solicitando se rechace el recurso, con costas; o, en caso contrario, que se resuelva aquello que en derecho estime esta Corte de Apelaciones.

Como cuestión previa, expone que en cuanto a las facultades legales del Delegado, este actúa como representante directo del Presidente de la República en la región, con responsabilidades que incluyen la dirección del gobierno interior, el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y bienes, así como la coordinación y supervisión de los servicios públicos regionales. Estas funciones están consagradas en la Constitución Política de la República y la Ley N°19.175, que regula la administración regional. Asimismo, indica que los artículos 7 y 38 letra d) de la ley N° 21.364, le confieren expresamente a la DPR de Valparaíso las competencias necesarias para el establecimiento del perímetro de seguridad.

En cuanto a los hechos y las medidas adoptadas por la Delegación, refiere que el 18 de agosto de 2023, se declaró emergencia preventiva por el sistema frontal que, entre el 22 y 23 de agosto, provocó posteriormente el socavón que afectó al Edificio Kandisky. Agrega que ante la magnitud del desastre, se solicitaron informes técnicos de SERNAGEOMIN y SENAPRED, y en base a esas recomendaciones, se estableció un perímetro de seguridad inicial mediante la Resolución Exenta N° 1548 del 24 de agosto del mismo año y que fue ampliado mediante la Resolución Exenta N° 1812 del 11 de septiembre de 2023, debido a nuevas lluvias.

Explica que, en agosto de 2024, tras avances en la rehabilitación del terreno y nuevos informes técnicos, la Delegación redujo el perímetro de seguridad mediante la Resolución Exenta N° 1512, excluyendo los edificios Kandinsky y Miramar, lo que implicó la necesidad de evaluar alternativas de seguridad privada para garantizar la seguridad de los inmuebles inhabitables.

Agrega que, en reunión del 7 de agosto pasado, con autoridades, organismos técnicos y propietarios, se discutió el estado de las obras y la posibilidad de que la Municipalidad reconsiderara las declaraciones de inhabitabilidad para permitir a los propietarios instalar personal de seguridad en sus inmuebles, despachándose un oficio al efecto. Lo anterior, debido que aunque el cambio en el perímetro permitiría a los propietarios y ocupantes regresar a sus inmuebles, la declaración de inhabitabilidad dictada por la Municipalidad de Viña del Mar impide dicho acceso, en cumplimiento de normativas urbanísticas y laborales que prohíben el trabajo en áreas riesgosas (artículo 184 bis del Código del Trabajo).

Explica que esta situación también fue discutida en un caso similar respecto al Edificio Miramar, cuya acción de protección fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al determinar que la Delegación ya no tiene competencias ni recursos presupuestarios para continuar con la seguridad, dado que los informes técnicos concluyeron que no existe riesgo para la vida e integridad en la zona excluida del perímetro.

Finalmente, afirma que no ha incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren garantías constitucionales, refutando las alegaciones presentadas por los recurrentes. Respecto al derecho a la integridad física y psíquica (art. 19 N° 1), sostiene que no se ha desprotegido a los inmuebles ni a sus propietarios, ya que el resguardo se enmarca en los mecanismos normales de seguridad y no en medidas excepcionales previamente implementadas. En cuanto al derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2), se rechaza que el Estado esté obligado a ofrecer un servicio de seguridad personalizado, ya que ello generaría privilegios indebidos y contrarios a los principios constitucionales. Afirma que las actuales medidas de seguridad deben ajustarse al marco legal ordinario, dado que el edificio Kandinsky ya no se encuentra en una zona de peligro grave. Sobre el derecho a la inviolabilidad del hogar (art. 19 N° 5), asegura que no se ha permitido ni realizado ingreso alguno a los departamentos sin autorización, implementando previamente dispositivos para prevenir accesos no autorizados. Por último, en cuanto al derecho de propiedad (art. 19 N° 24), se señala que la modificación del perímetro de seguridad restituye a los propietarios las facultades inherentes al dominio sobre sus bienes. La única limitación actual proviene de la declaración de inhabitabilidad municipal, que está fuera de su competencia.

A folio 15, se ordenó traer los autos en relación.

A folio 39, consta oficio respuesta de la Municipalidad de Viña del Mar, solicitado con el objeto de que esta informara sobre la declaración de inhabitabilidad del edificio Kandinsky, sobre sus fundamentos y, sobre la existencia de un procedimiento de reconsideración a su respecto.

Al respecto, señala que la inhabitabilidad del Edificio fue declarada mediante el Decreto Alcaldicio N° 11.220 del 31 de agosto de 2023, respaldado por el Memorando N° 1803 y el Ordinario N° 2137, ambos del 29 de agosto de 2023, emitidos por la Dirección de Obras Municipales y la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. Además, el perímetro de seguridad en la zona afectada por el socavón se determinó a través de las Resoluciones Exentas N° 1548 y N° 1544 de agosto de 2023, dictadas por la Delegada Presidencial de Valparaíso. Finalmente, refiere que el referido Decreto Alcaldicio descansa en la declaración de zona de catástrofe realizada mediante el Decreto Supremo N° 172, de 2023, del Presidente de la República, y lo acompaña a su informe.

A folio 41, se ordenó rija el decreto autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección, tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado que, por causas de actos u omisiones arbitrales o ilegales, sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, del análisis del recurso de protección, lo que se cuestiona por la actora, es su decisión de no mantener a su costo el servicio de guardia y custodia que había proveído en el sector de emplazamiento del referido edificio, a partir del 17 de agosto de 2024, lo que configuraría una vulneración de las garantías contenidas en el artículo 19 N°1, 2, 5 y 24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que se debe precisar que los Tribunales superiores de justicia, conociendo el recurso de protección, deben adoptar todas las medidas conducentes a otorgar la debida protección a quienes han visto amagados los derechos constitucionales que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituyendo una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los agravios que sufra una persona en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión, premisa que legitima el actuar de la judicatura en estos casos.

Cuarto: Que, conforme a lo previsto por en los artículos 7 y 38 de la Ley N° 21.364, corresponde al Presidente del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien a la vez es el Delegado Presidencial Regional, determinar por resolución fundada un perímetro de seguridad respecto de bienes inmuebles, ordenando la evacuación de la población y restricción de ingreso al lugar cuando, según un informe fundado del SENAPRED, exista una grave y actual amenaza a la vida o integridad física de las personas y mientras se mantengan estas condiciones.

Quinto: Que, en la especie, no se discute que el edificio Kandisnky se encuentre en la zona de Viña del Mar afectada por los socavones ocurridos en los meses de agosto y septiembre de 2023, donde actualmente se realizan trabajos de reparación y fortalecimiento del terreno circundante, cuya necesidad tampoco fue objeto debate. Asimismo, tampoco es discutido que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso (DPR), ha adoptado medidas de seguridad en el perímetro establecido, en base a recomendaciones técnicas tanto de Carabineros, como del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Sexto: Que, sin embargo, los recurrentes estiman que todas las medidas que se han adoptado por la autoridad resultan insuficientes, y cuestionan la decisión de la recurrida, en orden a no mantener a su costo el servicio de guardia y custodia que había proveído en el sector de emplazamiento del referido edificio, a partir del 17 de agosto de 2024.

Séptimo: Que, según consta de los antecedentes, la recurrida en el periodo que le correspondió hacerlo dispuso de todos los mecanismos razonables a su alcance para proteger la propiedad de los recurrentes y, en consecuencia, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la Delegación Presidencial Regional, por lo que no existen medidas urgentes que adoptar.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, la situación del referido edificio ha variado, puesto que se disminuyó el perímetro de seguridad en virtud de los informes técnicos que afirman que en la actualidad no existe peligro para la vida e integridad de las personas.

Por lo expuesto y en consideración a que el edificio de los recurrentes queda fuera del perímetro de seguridad establecido en la Resolución N°1512 de 7 de agosto de 2024, la Delegación Presidencial Regional ya no tiene la carga de custodiar el inmueble referido en los términos solicitados por los actores, por lo que en las condiciones actuales tampoco podría ser acogida esta acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Hugo Botto Oakley en representación convencional de los recurrentes ya individualizados, en contra de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada el veinte de agosto del presente año, a folio 7.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-5529-2024.