nombre reservado con DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE QUILLOTA
- Fecha
- 26 de septiembre de 2024
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 5528-2024, sentencia de 26 de septiembre de 2024
Resumen
Se rechaza la protección de la administradora del condominio contra la Dirección Provincial del Trabajo: el recurso fue extemporáneo, interpuesto pasado el plazo fatal de treinta días desde la notificación de la multa, sin acto arbitrario o ilegal.
Texto íntegro
I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.
Visto:
A folio 1, comparece sin patrocinio letrado Ariela Alejandra Arancibia Simpertigue, administradora, en representación del Condominio Rivera del Inca, interpone recurso de protección en contra de la Dirección Provincial del Trabajo de Quillota, solicitando se ordene a esta que deje sin efecto la sanción de multa impuesta en su contra contenida en Resolución de Multa N°8817/24/5 de fecha 30 de enero de 2024 dictada por la recurrida, por un monto de $7.925.740, al haberse vulnerado sus garantías fundamentales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y solicita además se condene en costas a la recurrida en caso de oposición infundada.
La recurrente señala que el 18 de enero de este año, a propósito de una fiscalización en terreno de parte un inspector de la Dirección Provincial del Trabajo de Quillota, les entregaron actas con la finalidad de exhibir documentación laboral y corregir condiciones de limpieza y seguridad en favor de los trabajadores de dicha comunidad, bajo apercibimiento de sanción de multa administrativa, de conformidad a lo establecido en los artículos 31 y 32 del DFL N° 2 de 1967.
En cumplimiento de lo anterior, la administración del domicilio reservado de enero de este año en las oficinas de la Dirección del Trabajo que les practicó la inspección llevando todos los documentos requeridos, siendo revisados por un inspector del servicio, quien confirmó su autenticidad y contenido y les pidió que fueran digitalizados y enviados a unos correos electrónicos de la institución, la que posteriormente fue remitida por ese medio a través de una carpeta electrónica comprimida.
El 30 de enero de 2024 se emitió Resolución de Multa N°8817/24/5 de fecha 30 de enero de 2024 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota mediante la cual se le impuso al Condominio Rivera del Inca una multa de 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales, equivalentes a esa fecha a $7.925.740. Esa resolución les fue notificada formalmente el 8 de febrero por correo electrónico.
A fin de revertir esa decisión y atendido que ya habían acompañado la documentación solicitada en tiempo y forma, y que, además esta se encontraba a disposición materialmente en dependencias del condominio para su revisión, el 26 de febrero el representante legal del condominio fue a las oficinas de la recurrida a pedir explicaciones de lo sucedido y se le indicó someramente que el mecanismo para revertir el vicio era a través del recurso de reconsideración del artículo 511 del Código del Trabajo, para sustituir la multa por un programa de capacitación. El recurso fue interpuesto y recepcionado el 1 de abril del año en curso por la Dirección del Trabajo antes referida. Admiten que el formulario de solicitud de recurso administrativo se presentó sin acompañar antecedentes dado que ya se habían acompañado anteriormente.
El recurso administrativo interpuesto fue rechazado mediante Resolución Exenta N°503-13429/2024 de 30 de mayo de 2024 emanada de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, al no haberse acompañado documentación alguna.
Luego la recurrente pidió audiencia especial con el inspector jefe de dicha Inspección, haciéndole presente que sí habían acompañado los antecedentes en su oportunidad, a lo que este les manifestó que hubo un error al momento de resolver el recurso y cursar la multa porque no se revisaron los documentos enviados.
Para revertir la situación antes señalada presentaron el 6 de julio un recurso extraordinario de revisión ante la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso acompañando toda la documentación físicamente. Esta última, por Resolución Exenta N°500-17218/2024 del 10 de julio del año en curso, resolvió rechazar el recurso interpuesto, resolviendo que no fue posible advertir de la documentación acompañada en esa oportunidad que esta hubiese permitido a la Inspección Provincial de Quillota haber acogido la solicitud de sustitución por capacitación.
Finalmente la recurrente indica que accionan de protección porque agotaron todas las instancias administrativas para impugnar la sanción de multa impuesta por la Dirección Provincial del Trabajo de Quillota y transcurrió el plazo establecido en el artículo 503 del Código del Trabajo para presentar la correspondiente reclamación de multa ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente.
Acompaña a su recurso copia de las tres resoluciones antes señaladas.
A folio 7, se evacúa informe por el abogado Felipe Melo López, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, solicitando el rechazo del arbitrio constitucional deducido en su contra, con costas, atendido que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal que produzca afectación o amenaza alguna a las garantías constitucionales que la recurrente estima vulneradas.
Indica que el presente recurso de protección se interpuso el 16 de agosto del año en curso y adolece defectos formales en su interposición porque no determina de manera clara y precisa cuál es la acción u omisión recurrida.
Además indica que en el escrito del recurso se pide que se deje sin efecto la Resolución de Multa N°8817/24/5 de 30 de enero de 2024 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, la cual les fue notificada el 8 de febrero del mismo año, por lo cual el plazo de interposición de este arbitrio habría transcurrido con creces. Tampoco podría ser el acto recurrido la Resolución Exenta N°500-17218/2024 del 10 de julio del año en curso dictada por la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso porque en ese caso el legitimado pasivo de esta acción constitucional habría sido esta última y no la recurrida en autos. A su vez, indica que la decisión de la recurrente de interponer distintos recursos administrativos es contradictoria.
Alega igualmente que el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional de acciones y procedimientos para impugnar por otra vía las actuaciones administrativas y que esta vía constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho preexistente e indubitado, lo que no acontece en la especie.
Acompaña documentos a su informe.
A folio 8, se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
Segundo: Que de la lectura del recurso y los antecedentes acompañados a estos autos se desprende que lo pretendido por la recurrente a través del presente arbitrio constitucional es dejar sin efecto la Resolución de Multa N°8817/24/5 de fecha 30 de enero de 2024 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, por la cual se les impuso una multa de 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales, al argumentar que dicho órgano adoptó esa decisión sin tener a la vista la documentación que acompañó en su oportunidad a través de una carpeta electrónica comprimida.
Tercero: Que la Dirección Provincial del Trabajo en su informe, solicita el rechazo del presente recurso, alegando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que produzca afectación o amenaza alguna a las garantías constitucionales. Además, señaló que el recurso fue interpuesto fuera de plazo, adolece de defectos formales y no existiría una vulneración real y efectiva de un derecho preexistente e indubitado.
Cuarto: Que según lo señalado por la propia recurrente la Resolución de Multa N°8817/24/5 de 30 de enero de 2024 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota se le notificó formalmente el 8 de febrero de 2024 por correo electrónico, mientras que el presente recurso lo interpuso el 16 de agosto de este año, transcurriendo con creces el plazo fatal de treinta días corridos contados desde que tuvo conocimiento cierto del acto, según lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, motivo por el cual se acogerá la alegación de extemporaneidad invocada por la parte recurrida en su informe.
Quinto: Que a mayor abundamiento, la recurrente en su recurso de protección reconoció que “debido al tiempo transcurrido, la posibilidad de presentar una reclamación de multa ante el Juzgado de Letras de la comuna ha prescrito”, admitiendo con sus dichos que no ejerció dentro de plazo la vía que le otorga la ley para reclamar de la multa administrativa impuesta, esta vez por vía judicial, conforme lo dispone el artículo 503 del Código del Trabajo.
Sexto: Que, además se desprende de lo obrado en el presente arbitrio, que la recurrente pudo hacer valer en las instancias pertinentes su derecho, que estimaba se encontraban conculcados, lo que efectivamente realizó en tanto recurrió ante la Inspección del Trabajo deduciendo el recurso administrativo que le franqueaba la ley, el cual fue rechazado por dicho organismo.
Séptimo: Que también cabe tener presente que no se advierte que existe algún acto u omisión arbitrario o ilegal emanado de la autoridad administrativa recurrida que haya conculcado alguna de las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la resolución atacada fue dictada por una autoridad facultada para hacerlo, dentro de sus atribuciones legales y con el mérito que lo justifica.
Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por Ariela Alejandra Arancibia Simpertigue, en representación del Condominio Rivera del Inca, en contra de la Dirección Provincial del Trabajo de Quillota.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
NºProtección-5528-2024