Protección contra Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos: A folio 1 comparece el abogado don Diego Carvajal Inagori quien deduce acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, por la dictación de la Resolución N°C.M.C. NUM000 de 13 de mayo de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de pensión de invalidez, decisión que estima ilegal y arbitraria y atentatoria de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que padece gonartrosis bilateral, lumbociática crónica, cervicobraquialgia crónica y fibromialgia, además de depresión y crisis de angustia, patologías que, según refiere, le provocan dolor intenso y limitación funcional permanente, requiriendo apoyo de una muleta y asistencia de su hijo y cónyuge para determinadas actividades. Indica que permanece con licencia médica continua desde noviembre de 2022 y que fue sometido a una artroscopia de rodilla izquierda el 9 de mayo de 2023 y a una osteosíntesis de rodilla derecha el 11 de diciembre del mismo año. Agrega que su médica tratante, traumatóloga nombre reservado, calificó su salud como irrecuperable y le indicó iniciar el trámite de invalidez, según informe de 23 de abril de 2024, razón por la cual presentó la respectiva solicitud el 22 de mayo de ese año ante AFP Habitat.

Relata que el 8 de julio de 2024 fue evaluado por la Comisión Médica Regional de Viña del Mar, en una consulta que, según afirma, duró aproximadamente cinco minutos, sin que se le solicitaran los antecedentes médicos que portaba ni se efectuara una evaluación pormenorizada de sus impedimentos. Posteriormente, mediante Dictamen NUM001 de 11 de septiembre de 2024, dicha Comisión rechazó su solicitud, por estimar que las enfermedades alegadas se encontraban bajo observación y tratamiento médico y que aún no se configuraba una pérdida de, a lo menos, el 50% de su capacidad de trabajo.

Señala que apeló de esa decisión, acompañando antecedentes médicos y solicitando evaluaciones por especialistas en traumatología, reumatología y psiquiatría, además de un peritaje sociolaboral. La Comisión Médica Central, mediante Resolución N°C.M.C. NUM002 de 28 de mayo de 2025, rechazó la apelación y confirmó lo resuelto, teniendo por configurado únicamente el impedimento de fibromialgia, con un 14% de menoscabo laboral. Contra esa determinación dedujo reposición administrativa, solicitando una nueva evaluación por especialistas y peritaje sociolaboral, recurso que fue acogido parcialmente, disponiéndose algunas de las evaluaciones requeridas.

Refiere que el 1 de octubre de 2025 fue evaluado por el traumatólogo nombre reservado, quien constató limitaciones en actividades esenciales, desplazamiento, labores domésticas y eficiencia social, diagnosticando gonartrosis moderada de predominio femorotibial izquierdo, con limitación de la marcha, movilidad y dolor, y recomendando evaluaciones de salud mental y reumatología. Añade que se efectuó un peritaje sociolaboral, cuyo informe consignó que conservaba autonomía parcial con mucho esfuerzo.

Indica que, sobre la base de esos antecedentes, la Comisión Médica Central dictó la Resolución N° C.M.C. NUM003 de 27 de octubre de 2025, manteniendo el rechazo de la solicitud de invalidez, al estimar que las enfermedades alegadas no ocasionaban una pérdida de capacidad de trabajo de, a lo menos, un 50%. En esa oportunidad tuvo por configurados los impedimentos de gonartrosis bilateral, fibromialgia y cervicolumbalgia, asignando un menoscabo laboral total de 34%.

Expresa que dedujo recurso extraordinario de revisión y que, sin requerir nuevos antecedentes ni disponer evaluaciones por especialistas en reumatología y psiquiatría, la recurrida dictó la resolución actualmente impugnada, que mantuvo el rechazo y fijó nuevamente un 34% de menoscabo laboral, considerando gonartrosis bilateral y cervicolumbalgia, pero sin incluir la fibromialgia. Añade que se asignó valor cero a los factores complementarios relativos a edad, trabajo específico y estudios, sin expresar, a su juicio, fundamento para ello.

Agrega que el acta en que se sustenta la decisión recurrida señala que no se encontraba en controles de traumatología ni en lista de espera quirúrgica, información que controvierte, pues sostiene que se encontraba esperando una interconsulta en el Hospital Gustavo Fricke. Explica que en febrero de 2026 fue evaluado por un traumatólogo de dicho establecimiento, quien, luego de examinar radiografías de ambas rodillas, le indicó que presentaba deformidad severa producto de la artrosis y que requería una osteotomía correctora de ejes en ambas extremidades, ingresando el 12 de mayo de 2026 a lista de espera quirúrgica con prioridad alta.

Sostiene que sus impedimentos no fueron correctamente evaluados conforme a las Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Evaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas de 2022 y que, de haberse realizado una adecuada ponderación, habría obtenido una declaración de invalidez, al menos parcial, pudiendo además considerarse los factores complementarios. Hace presente que durante más de 25 años se ha desempeñado en el rubro de la construcción, principalmente como albañil e instalador de cerámicas, labor que exige esfuerzo físico, que cursó estudios únicamente hasta enseñanza primaria y que, atendida su edad y patologías, no se encontraría en condiciones de reintegrarse a dicha actividad laboral.

Califica la resolución recurrida de ilegal y arbitraria por carecer, a su juicio, de fundamentación suficiente, invocando los artículos 6° de la Constitución Política de la República y 41 de la Ley N°19.880. Afirma que la decisión se limita a señalar que, revisados nuevamente los antecedentes, el caso fue correctamente estudiado y que las enfermedades alegadas no provocan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, utilizando términos similares a los empleados en las resoluciones precedentes, sin explicar de manera concreta las razones que sustentan tal conclusión.

Cuestiona, asimismo, el informe del interconsultor traumatólogo, por estimar que no detalla suficientemente la interferencia de sus síntomas en las actividades de la vida diaria, como exigiría la normativa técnica aplicable, y sostiene que el peritaje sociolaboral no constituye un criterio médico que pueda suplir aquella evaluación. Reprocha además que, pese a la recomendación del traumatólogo y a las reglas técnicas que invoca respecto de la fibromialgia, la Comisión no dispusiera evaluaciones por especialistas en reumatología y psiquiatría.

Añade que la recurrida no habría corroborado debidamente la afirmación de que no se encontraba en control traumatológico y reitera que el acta tampoco fundamenta la asignación de valor cero a los factores complementarios de edad, trabajo específico y educación. Sostiene, en definitiva, que el rechazo se sustenta en afirmaciones que no concuerdan con lo señalado por sus médicos tratantes, informes periciales incompletos y consideraciones meramente formales, sin hacerse cargo de los antecedentes médicos aportados ni de la magnitud de sus impedimentos. Por ello, estima que la decisión carece de la debida motivación y que la recurrida no realizó las evaluaciones necesarias para ponderar adecuadamente su fibromialgia y determinar el menoscabo laboral correspondiente.

En cuanto a las garantías constitucionales, denuncia vulneración del derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, que hace recaer sobre el derecho que afirma tener a obtener una pensión de invalidez; del derecho a la vida e integridad física y psíquica, previsto en el artículo 19 N°1, por estimar que la decisión le impide acceder a los beneficios asociados a su condición de salud; y de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2, por considerar que ha recibido un trato arbitrariamente distinto respecto de otras personas que se encontrarían en situaciones similares, al haberse adoptado una decisión carente de fundamentación racional y objetiva.

Por lo expuesto, solicita que se acoja el recurso, se declare que la recurrida actuó ilegal y arbitrariamente en el procedimiento de calificación de invalidez; se modifique o deje sin efecto la Resolución N° C.M.C. NUM000 de 13 de mayo de 2026; y se disponga su reevaluación por médicos interconsultores especialistas en las enfermedades que padece, de conformidad con las Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Evaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas de 2022, con costas.

A folio 15, informa la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Como cuestión previa, alega su improcedencia, por estimar que la pretensión excede el ámbito cautelar de la acción de protección. Sostiene que la controversia se refiere a la determinación de los presupuestos técnicos necesarios para configurar los impedimentos que sustentan la calificación de invalidez del recurrente, cuestión que requiere establecer el grado de menoscabo de su capacidad laboral y que no corresponde resolver mediante esta vía cautelar, destinada a tutelar derechos preexistentes e indubitados. Invoca, en apoyo de su postura, pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones de Talca y Valparaíso, esta última en causa Rol N°4142-2026, en cuanto estimó que la discrepancia respecto de la apreciación técnica del grado de invalidez excede el ámbito propio del recurso de protección.

En cuanto a los antecedentes del procedimiento, refiere que el recurrente presentó su solicitud de calificación de invalidez el 22 de mayo de 2024 ante la Comisión Médica Regional de Viña del Mar.

Explica que, en sesión de 11 de septiembre de 2024, se determinó que no era posible configurar impedimento alguno, por cuanto había sido sometido a una intervención quirúrgica en diciembre de 2023 y aún no se cumplía el período mínimo de observación de doce meses necesario para evaluar sus secuelas funcionales. Por ello, mediante Dictamen de Invalidez NUM001, se rechazó su solicitud al no encontrarse acreditada una pérdida de, a lo menos, el 50% de su capacidad de trabajo.

Señala que el recurrente reclamó de ese dictamen el 14 de octubre de 2024 y que, previo informe del médico evaluador, la Comisión Médica Central concluyó que el caso había sido correctamente evaluado, considerando que aún no se cumplía el período requerido desde la última intervención quirúrgica y se encontraba pendiente el tratamiento kinésico indicado. Respecto de la fibromialgia, se estimó que se encontraba en tratamiento de primera línea y presentaba baja interferencia en las actividades de la vida diaria, configurándose un menoscabo clase I, rango alto. En consecuencia, mediante Resolución C.M.C. NUM002 se rechazó la reclamación, al determinarse una pérdida global de capacidad laboral de 14%.

Agrega que, deducido recurso de reposición el 12 de junio de 2025, dispuso una evaluación por especialista en traumatología y un peritaje sociolaboral, destinados a determinar la interferencia de las patologías alegadas en las actividades de la vida diaria. Indica que el traumatólogo constató una fractura de rótula derecha tratada quirúrgicamente, sin secuelas funcionales de mayor relevancia, configurando un impedimento clase II, rango alto, y respecto del lumbago observó un predominio de contractura muscular voluntaria que dificultaba la evaluación clínica, configurando un impedimento clase I, rango medio. Por su parte, el peritaje sociolaboral concluyó que existía un compromiso significativo en las actividades de la vida diaria, con autonomía parcial, tratamiento farmacológico y seguimiento médico, constatando, no obstante, que no registraba controles vigentes de reumatología ni traumatología en el Hospital Gustavo Fricke.

Expone que, analizados tales antecedentes, en sesión de 27 de octubre de 2025 se configuraron como impedimentos la gonartrosis bilateral, con un 34%; fibromialgia, con un 14%; y cervicolumbalgia, con un 7%, determinándose una incapacidad global de 34%. En virtud de ello, mediante Resolución C.M.C. NUM003 se rechazó la reposición y se mantuvo el rechazo de la solicitud de pensión de invalidez.

Refiere que el recurrente dedujo posteriormente recurso extraordinario de revisión, solicitando una nueva evaluación y calificación de invalidez, con intervención de especialistas respecto de todas las patologías invocadas. Señala que, revisados nuevamente los antecedentes, se concluyó que dicho arbitrio no cumplía los requisitos del artículo 60 de la Ley N°19.880, por no advertirse vicios o irregularidades en el procedimiento de evaluación ni en la configuración de los impedimentos, los que, según sostiene, fueron determinados conforme a las atribuciones legales y técnicas de las Comisiones Médicas. Por ello, mediante Resolución N° C.M.C. NUM000 de 13 de mayo de 2026, declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión y confirmó el rechazo de la solicitud de pensión de invalidez.

En cuanto al marco normativo, invoca los artículos 4° y 11 del Decreto Ley N°3.500 y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones. Explica que el acceso a una pensión de invalidez exige un menoscabo permanente de la capacidad de trabajo de, a lo menos, un 50%, distinguiendo entre la existencia de una enfermedad o impedimento y su configuración como generador de menoscabo laboral permanente.

Añade que esta última requiere que el impedimento sea objetivable y demostrable, que se hayan efectuado las medidas terapéuticas pertinentes, que su evolución se encuentre estabilizada o en agravación y que se hayan cumplido los períodos de observación clínica establecidos en la normativa técnica.

Sostiene que el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 faculta a la Comisión Médica Central para estudiar los antecedentes remitidos y disponer nuevos exámenes o análisis cuando corresponda, mientras que el artículo 38 del Decreto Supremo N°57 le atribuye, entre otras funciones, conocer las reclamaciones contra los dictámenes de las Comisiones Regionales y ordenar los exámenes o evaluaciones especializadas que, a su juicio, resulten necesarios.

Afirma que la resolución impugnada fue dictada en ejercicio regular de las atribuciones conferidas por el Decreto Ley N°3.500 y conforme a las normas técnicas que regulan la calificación de invalidez.

Descarta que la decisión sea arbitraria, pues sostiene que estuvo precedida de un procedimiento racional y fundado en el que, al conocer la reposición del recurrente, acogió parcialmente sus alegaciones y dispuso una evaluación traumatológica y un peritaje sociolaboral, cuyos resultados fueron ponderados conjuntamente con los demás antecedentes clínicos y administrativos del expediente.

Finalmente, sostiene que el otorgamiento de una pensión de invalidez no depende de la sola existencia de diagnósticos, tratamientos o limitaciones funcionales, sino de la acreditación de una pérdida permanente de capacidad de trabajo en los porcentajes previstos en el Decreto Ley N°3.500, cuya determinación corresponde a las Comisiones Médicas mediante criterios técnicos uniformes. En consecuencia, estima que las objeciones del recurrente relativas a la clasificación de sus patologías, la suficiencia de las evaluaciones practicadas y la necesidad de nuevas interconsultas constituyen una discrepancia con el juicio técnico del órgano competente y no configuran una actuación ilegal o arbitraria.

A folio 16, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable para su procedencia la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- que provoque alguna de las situaciones indicadas, afectando una o más de las garantías preexistentes protegidas.

Segundo: Que, en la especie, se impugna la Resolución N°C.M.C.

NUM000, de 13 de mayo de 2026, dictada por la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, que mantuvo el rechazo de la solicitud de pensión de invalidez del recurrente. Éste sostiene que la decisión carece de fundamentación suficiente, pues no ponderó adecuadamente sus antecedentes médicos, omitió considerar la fibromialgia y no dispuso evaluaciones por especialistas en reumatología y psiquiatría, cuestionando además la determinación de su menoscabo laboral y la falta de fundamentación de los factores complementarios.

Tercero: Que, la Comisión Médica Central informa que la calificación de invalidez fue efectuada conforme al Decreto Ley N°3.500 y a las normas técnicas aplicables, determinándose un menoscabo laboral global de 34%, insuficiente para acceder a una pensión de invalidez.

Expone que durante la tramitación se dispuso una evaluación por especialista en traumatología y un peritaje sociolaboral, cuyos resultados fueron ponderados conjuntamente con los restantes antecedentes del expediente, sin advertirse vicios o irregularidades que justificaran acoger el recurso extraordinario de revisión. Añade que la existencia de diagnósticos o limitaciones funcionales no determina por sí sola la invalidez, cuya calificación corresponde técnicamente a las Comisiones Médicas, por lo que las objeciones formuladas expresan una discrepancia con el juicio técnico efectuado y no configuran ilegalidad o arbitrariedad.

Cuarto: Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 11 del Decreto Ley N°3.500, la determinación de la invalidez supone establecer, mediante las Comisiones Médicas competentes y con arreglo a las normas técnicas aplicables, la existencia y configuración de los impedimentos que afectan al solicitante y el porcentaje de pérdida de su capacidad de trabajo, correspondiendo a dichos organismos efectuar las evaluaciones y disponer los exámenes o interconsultas que estimen necesarios para tal efecto.

Quinto: Que, en la especie, de los antecedentes aparece que la solicitud del recurrente fue sometida a evaluación por las Comisiones Médicas, disponiéndose durante su tramitación, además, una evaluación por especialista en traumatología y un peritaje sociolaboral, antecedentes que fueron ponderados conjuntamente con los restantes elementos clínicos incorporados al expediente, determinándose finalmente un menoscabo laboral global de 34%, insuficiente para configurar la invalidez en los términos exigidos por el artículo 4° del Decreto Ley N°3.500.

Sexto: Que, en tales condiciones, las objeciones planteadas por el recurrente, relativas a la suficiencia de las evaluaciones practicadas, la necesidad de disponer nuevas interconsultas por especialistas en reumatología y psiquiatría, la configuración y ponderación de la fibromialgia y, en definitiva, al porcentaje de menoscabo laboral determinado, importan controvertir aspectos cuya resolución requiere apreciaciones y evaluaciones de carácter técnico, propias de los organismos especializados establecidos por la ley.

De este modo, dilucidar tales discrepancias excede el ámbito cautelar y de urgencia propio de la acción de protección, que no constituye una instancia destinada a revisar o sustituir el juicio técnico de las Comisiones Médicas ni a determinar el grado de invalidez del recurrente, cuestiones que requieren un conocimiento y análisis que no resultan compatibles con la naturaleza de esta vía.

Séptimo: Que, por consiguiente, no encontrándose esta vía cautelar destinada a resolver las cuestiones técnicas antes señaladas, el recurso de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5504-2026.