Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana
- Fecha
- 22 de septiembre de 2026
- Sala
- Segunda
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 5503-2026, sentencia de 22 de septiembre de 2026
Resumen
Se acoge protección contra Caja La Araucana: debe abstenerse de cobrar créditos sociales por descuentos en la remuneración y devolver lo deducido, por cobro unilateral y extemporáneo tras más de siete años, vulnerando el derecho de propiedad.
Texto íntegro
Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.
Vistos:
A folio 1, doña Silvia Andrea Prado Durán, abogada habilitada, en representación de doña nombre reservado, deduce acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, corporación de derecho privado representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en haber instruido de manera unilateral y extemporánea el cobro y descuento por planilla de su remuneración respecto de los créditos sociales N° NUM000 y N° NUM001, cobro ejecutado en su liquidación de sueldo de junio de 2026 bajo la glosa «PRESTAMO CAJA LOS ANDES» por un monto total de $155.6436, mediante el mecanismo del Sistema Intercajas. Sostiene que esta actuación constituye un acto de autotutela que vulnera su garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.
La recurrente señala que en el año 2013 contrajo ambos créditos a 60 cuotas, los que pagó parcialmente hasta quedar desempleada. Las últimas cuotas vencieron en enero y octubre de 2019, respectivamente, habiendo transcurrido más de siete años desde su exigibilidad total sin gestiones de cobro judicial de la acreedora. En abril de 2018, la propia recurrida le informó vía correo electrónico que las deudas se encontraban en estado de "Castigado" y ofreció convenios de pago a tasa 0%, generándole la legítima expectativa de que las condiciones de exigibilidad originales habían quedado sin efecto.
Agrega que tras más de ocho años de inactividad de la recurrida, se instruyó de forma imprevista el descuento de $155.643 en sus remuneraciones de junio de 2026 pagadas por SERNATUR.
Sostiene que las acciones de cobro están prescritas conforme al artículo 2515 del Código Civil y que, según doctrina uniforme de la Corte Suprema, la facultad de descuento del artículo 22 de la Ley N° 18.833 exige un "ejercicio oportuno", constituyendo su reactivación tardía una autotutela arbitraria.
Solicita que se acoja la acción constitucional de protección, declarando ilegal y arbitrario el descuento instruido por CCAF La Araucana sobre sus remuneraciones por concepto de los créditos señalados y, consecuencialmente, se ordene a la recurrida a abstenerse de continuar instruyendo dichos descuentos, reembolsar de forma inmediata la totalidad de las sumas que le hayan sido descontadas desde el reinicio del cobro con sus correspondientes reajustes e intereses y condenar en costas a la parte recurrida.
A folio 12, evacúa informe el abogado Felipe Díaz Wittig, en representación convencional de la Caja de Compensación de asignación familiar La Araucana. Solicitando el rechazo del recurso de protección argumentando, en primer lugar, que el descuento de las remuneraciones no es un acto ilegal ni arbitrario, sino la ejecución de una obligación vigente y morosa mediante el mecanismo legal imperativo de orden previsional contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, cuya validez no se ve afectada por tramitarse a través del Sistema Intercajas recaudador. Sostiene que el estado de "castigo" de los créditos constituye una mera clasificación contable de gestión de cartera y no extingue la deuda, no habiendo existido una condonación o novación de la misma por cuanto la recurrente nunca suscribió el convenio ofrecido en 2018.
Asimismo, descarta que se trate de una actuación clandestina o sorpresiva, ya que la propia deudora reconoció haber recibido un correo electrónico de advertencia previo a la materialización de los cobros en su liquidación de junio de 2026.
Finalmente, la recurrida afirma que la acción de protección no es la vía idónea para declarar la prescripción extintiva de las obligaciones, la cual no opera de pleno derecho y debe ventilarse en un juicio de lato conocimiento, concluyendo que no existe un derecho indubitado que amparar ni una vulneración ilegítima al derecho de propiedad de la recurrente.
A folio 13, se ordenaron traer los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
Segundo: Que, por eta vía constitucional se recurre en contra del actuar de la Caja de Compensación la Araucana, el cobro y descuento por planilla de su remuneración respecto de los créditos sociales N° NUM000 y N° NUM001, cobro ejecutado en su liquidación de sueldo de junio de 2026, por un monto total de $155.6436, mediante el mecanismo del Sistema Intercajas, lo que el recurrente califica de un acto de autotutela, el que vulnera su garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene a la recurrida a abstenerse de continuar instruyendo dichos descuentos, reembolsar de forma inmediata la totalidad de las sumas que le hayan sido descontadas.
Tercero: Que, al informar, la recurrida señala que doña nombre reservado mantiene dos créditos sociales otorgados por esta Caja, ambos actualmente registrados en estado moroso castigado. Añade que, el primero corresponde al Crédito Social asociado al Contrato ID N°NUM000, otorgado durante el año 2013, por un monto solicitado de $2.166.153, con cuota mensual actualmente informada de $89.524. La carga financiera emitida con fecha 22 de julio de 2026 da cuenta de pagos efectuados respecto de las primeras cuotas del crédito y registra una recaudación posterior de la cuota N°19, con fecha 21 de julio de 2026, mediante SINACCAF - cobranza de cuotas, manteniéndose posteriormente cuotas insolutas y morosas. Y, el segundo corresponde al Crédito Social asociado al Contrato ID N°NUM001, correspondiente a una operación de compra de cartera otorgada durante el año 2013, por un monto solicitado de $1.860.668, con cuota mensual actualmente informada de $66.119. Indica que, la carga financiera emitida con fecha 22 de julio de 2026 refleja pagos de las primeras cuotas y registra una recaudación posterior de la cuota N°10, con fecha 21 de julio de 2026, mediante SINACCAF - cobranza de cuotas, subsistiendo igualmente cuotas insolutas y morosas.
Sostiene que la C.C.A.F. La Araucana le envió un correo electrónico a la actora informándole que “a partir del próximo mes (sic) se reanudará el cobro”, lo que sería reconocido el recurso, por lo que estima que no resulta posible sostener que el descuento haya sido clandestino, sorpresivo o carente de comunicación previa, pues la propia recurrente admite la existencia del aviso y haber tomado conocimiento del reinicio del mecanismo de descuento.
Cuarto: Que en tales circunstancias, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema en los Roles N°s 6.928- 2021; 30.294-2021; 71.519-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1791-2022, entre otros, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. En efecto, atendida la fecha de mora enero y octubre de 2019, respectivamente, habiéndose castigado dicha deuda, lo que fue comunicado a la actora, sin gestiones de cobro judicial y proceder al descuento unilateralmente, transcurrido más de siete años desde su exigibilidad total resulta carente de fundamento, por cuanto lo que correspondía era que la Caja acreedora ejerciera las acciones civiles que correspondan, a fin de obtener el pago de lo adecuado, lo que no hizo, pretendiendo subsanar dicha omisión con un descuento extemporáneo e improcedente. Quinto: Que este proceder de la recurrida resulta manifiestamente arbitrario, desde que soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo a la actora, de lo contrario la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.
Sexto: Que, el acto cuya arbitrariedad se ha puesto de manifiesto en los considerandos que preceden, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago de los créditos sociales vía descuentos en las remuneraciones de la actora, como asimismo devolver los montos indebidamente deducido a partir del reinicio del cobro por la vía impetrada, sin perjuicio del derecho del ente recurrido a perseguir la satisfacción de sus acreencias por la vía jurisdiccional pertinente.
Comuníquese, notifíquese y regístrese.
Redacción de la Ministra Sra. Carolina Figueroa Chandía.
N°Protección-5503-2026.
Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante señor Gonzalo Góngora Escobedo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por no integrar sala el día de hoy.