nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en los descuentos efectuados directamente de sus remuneraciones con motivo del cobro de un crédito social.

Expone que contrató un préstamo de consumo, documentado mediante un pagaré, en el cual se contempló una cláusula de aceleración y, asimismo, la facultad de efectuar descuentos de su remuneración para el pago de las cuotas correspondientes. Señala que, debido a sus condiciones personales, económicas y financieras, incurrió en mora respecto de la obligación, tomando conocimiento en mayo de 2026, al recibir su liquidación de remuneraciones, de que su empleador había efectuado un descuento por la suma de $304.767, por instrucción de la Caja de Compensación.

Sostiene que dicho proceder fue realizado sin que previamente se le hubiera informado o notificado que comenzarían a efectuarse los descuentos, estimándolo unilateral, arbitrario y abusivo, además de afectar su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Agrega que las deducciones excederían el límite legal permitido, indicando que, conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, la cuota mensual de los créditos otorgados por una Caja de Compensación no puede exceder del 25% de la remuneración líquida mensual, circunstancia que, según afirma, no habría sido respetada en su caso.

Funda su acción en la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, relativa al derecho de propiedad, en relación con el artículo 20 de la Carta Fundamental y las disposiciones de la Ley N° 18.833 que regulan el crédito social de las Cajas de Compensación. Señala que tomó conocimiento del acto durante mayo de 2026, al recibir su liquidación de remuneraciones con el descuento ya efectuado, y que sus efectos se produjeron en su lugar de trabajo, ubicado en la comuna de El Quisco, dentro de la jurisdicción de esta Corte.

Solicita que se acoja la acción de protección y se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en sus remuneraciones y restituir las sumas descontadas, incluyendo aquellas que pudieren efectuarse durante la tramitación de la acción, además de condenarla en costas. Asimismo, en otrosí, solicita decretar orden de no innovar para detener los descuentos presentes y futuros, y que dicha resolución sea comunicada tanto a la recurrida como a su empleador, a fin de que se abstengan de continuar efectuando las deducciones cuestionadas.

A folio 4, informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso, debido a que los descuentos efectuados a la recurrente corresponden al mecanismo de cobro establecido legalmente para créditos sociales, respecto de obligaciones vigentes, exigibles y no prescritas. Señala que la recurrente mantiene tres operaciones de crédito social, otorgadas entre febrero y diciembre de 2024, encontrándose todas ellas en mora por doce cuotas, correspondientes al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. En consecuencia, sostiene que resulta procedente su recaudación mediante el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Expone que el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece expresamente que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora. Agrega que la propia Superintendencia de Seguridad Social, mediante Circular N°3.894 de 13 de noviembre de 2025, contempló expresamente la posibilidad de que continúen efectuándose descuentos por planilla aun cuando exista un juicio ejecutivo de cobro, disponiendo únicamente que las cuotas descontadas sean informadas al tribunal para efectos de reliquidar la deuda. Por ello, sostiene que el descuento cuestionado constituye un mecanismo de cobro expresamente previsto por la normativa y no una actuación arbitraria de la recurrida.

Asimismo, señala que los créditos sociales tienen un régimen especial derivado de la naturaleza de las Cajas de Compensación como entidades de previsión social, de modo que el descuento por planilla no depende de una decisión discrecional de la Caja, sino que constituye un mecanismo obligatorio establecido por la ley. Precisa que, una vez practicada la deducción, la obligación se entiende extinguida respecto del trabajador en la parte correspondiente, aun cuando el empleador no haya remesado las sumas a la Caja. Añade que, por estas mismas razones, el trabajador no puede oponerse al mecanismo de descuento por planilla mientras subsista una obligación exigible.

Por otra parte, la recurrida sostiene que la deuda mantiene plena exigibilidad, pues no existe declaración judicial de prescripción ni de otra causal de extinción de las obligaciones. Explica que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, por lo que mientras ello no ocurra subsiste la obligación de pago. Agrega que una discusión relativa a la exigibilidad o eventual prescripción de los créditos excede el objeto de la acción de protección y debe ser planteada ante el tribunal competente en un procedimiento de lato conocimiento. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, sostiene que tampoco se configura, pues no existe traspaso ilegal ni expropiación de las remuneraciones, sino el cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Finalmente, la recurrida explica que el descuento fue efectuado en el marco del Proyecto Intercajas, mediante el cual Caja Los Andes actuó por encargo de Caja Los Héroes para efectuar el cobro y recibir el pago de créditos sociales, informando al empleador de la existencia de la deuda y requiriendo su descuento conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833. Añade que dicho mecanismo se encuentra respaldado por jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, que ha descartado la existencia de arbitrariedad cuando la Caja utiliza el mecanismo legal de descuento para obtener el pago de una deuda vigente. Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso, por no existir acto ilegal o arbitrario atribuible a Caja Los Andes, con expresa condena en costas.

A folio 5, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe el ejercicio de ese determinado derecho.

Segundo: Que, los hechos que motivan la acción sometida al conocimiento de esta Corte consisten en los descuentos efectuados por la recurrida en las remuneraciones de la recurrente, quien sostiene que, en el mes de mayo de 2026, se le descontó la suma de $304.767, con motivo del cobro de obligaciones de crédito social, actuación que estima ilegal y arbitraria por haberse efectuado sin aviso previo y por exceder, según afirma, el límite legal correspondiente.

Tercero: Que, no es un hecho controvertido en estos autos que la recurrida otorgó a la recurrente diversas operaciones de crédito social, correspondientes a las operaciones N° 042CON104020346, por un capital inicial de $5.220.094; N° 208DIG100305372, por un capital inicial de $815.406; y N° 208DIG100319280, por un capital inicial de $269.523. Asimismo, consta que las respectivas obligaciones se encuentran en mora por doce cuotas, correspondientes al período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, encontrándose los créditos vigentes, exigibles y sin que exista declaración judicial de prescripción de las obligaciones.

Cuarto: Que, asimismo, consta que la recurrida informó al empleador de la existencia de las obligaciones y requirió el descuento de las cuotas de crédito social, invocando para ello lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Dicha disposición establece un mecanismo especial de pago de las obligaciones provenientes de créditos sociales, disponiendo que lo adeudado por un trabajador afiliado debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora. A su vez, la recurrida señala que el mecanismo se encuentra expresamente contemplado por la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, incluso para aquellos casos en que exista un procedimiento judicial de cobro pendiente.

Quinto: Que, atendidos los hechos asentados, no se aprecia que exista un actuar ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, desde que se encuentra ejerciendo una facultad cuyo fundamento se encuentra expresamente establecido en la ley, específicamente en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que contempla el descuento de las remuneraciones de los trabajadores afiliados para el pago de créditos sociales adeudados. En efecto, mientras las obligaciones mantengan el carácter de exigibles y no exista una declaración judicial de prescripción u otra causal de extinción, resulta procedente la aplicación del mecanismo legal de recaudación referido, sin que la sola existencia de un procedimiento judicial de cobro prive a la Caja de dicha facultad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-5500-2026.