nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, licenciado en administración de empresas, 36 años, residente definitivo de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales efectuado por la recurrente, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Expone que el actor solicitó por el portal web de la AFP, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156, el que fue rechazado el 27 de agosto de 2025, según fue informada de manera telefónica por parte de la recurrida y posteriormente mediante correo electrónico, por detectarse duplicidad en el timbre del Oficial de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, estampado en el certificado de afiliación aportado.

Sostiene que cumple con todos los requisitos exigidos en la ley para solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados en Chile, habiendo acompañado contratos de trabajo y sus anexos, constancia de afiliación con cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente legalizado, y título profesional debidamente apostillado.

Aduce que la AFP recurrida actúa de manera arbitraria e ilegal al rechazar la solicitud, basándose en una interpretación errónea de la normativa, agregando requisitos que la ley no establece expresamente. Señala que la duplicidad no es efectiva, ya que, en la época en la que se encontraba operativa la embajada de Venezuela en Chile, ésta era la forma específica y correcta en que se legalizaba el documento correspondiente a la certificación de la afiliación del solicitante a la institución de seguridad social de su país de origen, no siendo justificable ni ajustada a derecho la motivación invocada para rechazar la solicitud de devolución de los fondos previsionales de la recurrente. Por otro lado, hace presente que se debe considerar la imposibilidad de obtener legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS, como se hacía anteriormente, puesto que, es el caso que nos encontramos frente a una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, circunstancia que constituye un caso fortuito o fuerza mayor.

Aduce que el artículo primero de la Ley número 18.156 no exige que la constancia de afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino simplemente que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que en la especie se encuentra cumplido y acreditado mediante medios electrónicos verificables.

Argumenta que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, realizando el mismo procedimiento de verificación electrónica, han concluido que la constancia electrónica cumple con los requisitos establecidos en la ley, acreditando lo anterior mediante certificado de aprobación de retiro de fondos, de manera tal que la conducta de la recurrida vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, toda vez que, a la recurrente se le ha dado un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con los mismos requisitos, han obtenido respuestas favorables.

Asimismo, aduce que se vulnera el derecho fundamental de propiedad, toda vez que, la negativa de la recurrida constituye una retención injustificada de los fondos previsionales que son de la recurrente.

Solicita se acoja el recurso de protección, ordenándose a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Acompaña cedula de identidad del recurrente, comunicación de rechazo de retiros de fondos, contrato de trabajo y anexos, título profesional apostillado, constancia de afiliación legalizada y constancia electrónica de cotizaciones.

A folio 9, informa Natalia Arena Muñoz, abogada, en representación de la Superintendencia de Pensiones, quien expone que la recurrente no registra reclamo alguno ante el organismo que representa, respecto de los hechos que motivan el recurso.

Expresa que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción aplicable sólo a trabajadores extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que den cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo primero de la Ley número 18.156. Añade que, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva.

Afirma que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, para acreditar el requisito de cobertura previsional no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas, ni una cartola de cotizaciones, sino que se requiere que la autoridad previsional competente consigne en forma específica que el trabajador extranjero contó con protección por todos los riesgos durante el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Sostiene que, la “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para Retiro de Fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones”, emitido por el Consulado de Venezuela en Chile el 23 de julio de 2024, expiró en noviembre de 2024, atendido que su validez era de 120 días. Sin embargo, la solicitud del recurrente se habría ingresado en la AFP durante el segundo semestre de 2025, encontrándose vencido dicho documento.

Respecto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, señala que el mismo no indica las coberturas específicas con que cuenta la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Además, no se encuentra firmado por quien emite el documento y carece de apostilla o legalización, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla.

Por otro lado, señala que la afectación a un régimen de seguridad social fuera de Chile debe existir con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios del técnico extranjero en nuestro país y que la voluntad de mantenerse afecto a éste debe manifestarse en el contrato de trabajo que suscriba con su empleador chileno.

Concluye expresando que la Superintendencia no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple con las exigencias de la Ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 16, comparece Daniel Santoni Garrido, abogado, quien evacúa informe en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías constitucionales invocadas.

Señala que, efectivamente se rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Explica que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas y sin que señalen las coberturas y el periodo de tiempo de esta, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156.

Sostiene que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exige que la certificación debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo primero del Convenio de la Apostilla.

Indica que antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular de ese país en Chile era útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Señala que, la Ley 18.156, norma la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo primero de dicha ley, tratándose de una norma de excepción que debe ser interpretada en forma restrictiva.

Por otro lado, señala que, en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Argumenta que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, toda vez que el comportamiento adoptado ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, no habiéndose causado agravio alguno a la recurrente, ni privado, perturbado ni amenazado ninguna garantía constitucional.

Pide el rechazo del recurso, con costas, y acompaña Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones, además de citar un extenso catálogo de sentencias sobre la materia, junto a sus roles, de diversos tribunales superiores del país.

A folio 17, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Provida S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente, fundando la acción en que ella sí cumplió con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde al documento solicitado (es una constancia de cotizaciones), no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, el periodo de cobertura y no se encuentra apostillado o legalizado. Además, afirma que el certificado de cotizaciones si bien se encuentra legalizado, este ha perdido su vigencia de 120 días, pues caducó en el mes de noviembre de 2024, con anterioridad a la solicitud de retiro de fondos presentada.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no han incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa aplicable al caso. En efecto, la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no permite acreditar que el actor se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa OV VISUAL, C.A inscrita bajo el Número Patronal O71109790 con Fecha de egreso 30/09/2019 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que el actor se encontraba cubierto por el seguro social.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero, situación que también debió cumplir el certificado de cotizaciones, el que si bien se encuentra legalizado, ha perdido su vigencia de 120 días contenido en el mismo documento, a la fecha de presentación de la solicitud de retiro de fondos.

Quinto: Que, además, tampoco ha acreditado ante esta Corte el requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, pues ha acompañado un anexo a un contrato de trabajo de 17 de agosto de 2021, que no cumple con ninguna formalidad para acreditar su fecha de suscripción, llamando la atención que tenga la misma data que el contrato original que dispuso que las cotizaciones serían pagadas por el empleador.

Sexto: Que, en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar la existencia del impedimento, como también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que el recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal, y tal es así, que, en innumerables recursos presentados por nacionales de Venezuela ante esta Corte, se presentan documentos debidamente apostillados.

Séptimo: Que, conforme a los antecedentes acompañados, el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria la decisión ni sus fundamentos, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Se previene que la Ministra Sra. Nancy Bluck Bahamondes, concurre a la decisión pero en consideración a que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales, requiriendo de una discusión dentro de un procedimiento laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5473-2025.

En Valparaíso, tres de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.