nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT SOCIEDAD ANÓNIMA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo José Silva Nuyens, abogado, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de AFP Habitat S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en haber reducido en un 28,8% la pensión de retiro programado, descontando indebidamente recursos de sus fondos previsionales, y por no haberse fiscalizado adecuadamente estas irregularidades por parte del órgano contralor, lo que estima vulnera su derecho fundamental garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor, pensionado bajo la modalidad de retiro programado Conforme a las condiciones establecidas en el documento denominado SCOMP, suscrito en diciembre de 2024, sufrió una reducción drástica de su pensión en marzo de 2024, pasando de $834.793 a $594.442, lo que representa una disminución del 28,8% respecto del monto anterior, sin que mediara notificación previa ni justificación alguna por parte de la administradora. Señala que, si bien la administradora reconoció posteriormente su error y compensó los años 2021, 2022 y 2023, jamás envió las fichas de recálculo correspondientes a dichos períodos, incumpliendo así sus obligaciones legales establecidas en el D.L. 3.500.

Añade que, en enero de 2025 persistieron las irregularidades al informársele una liquidación por $724.662 y enterársele únicamente $545.241 en su cuenta bancaria, lo que se repitió en agosto de 2025 cuando percibió únicamente $565.697, monto inferior al pactado en el documento SCOMP donde se estableció percibiría un promedio equivalente a 22,52 UF ($653.303). Sostiene que la recurrida justificó informalmente la baja en respuesta a una carta del diario “El Mercurio” alegando la necesidad de financiar el pago de su carga familiar y ajustar el retiro programado, lo cual califica de insólito pues su cónyuge ya estaba debidamente declarada en el certificado SCOMP. Aduce que la AFP utilizó fondos previsionales del recurrente para corregir errores administrativos propios, incumpliendo lo pactado en el SCOMP, instrumento que reviste las características de un contrato de adhesión del cual emanan derechos incorporales que representan el patrimonio previsional acumulado durante 45 años de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 565, 576 y 583 del Código Civil y protegidos por el derecho de propiedad.

Respecto de la Superintendencia de Pensiones, alega una omisión ilegal al no aplicar sanciones a la AFP pese a reconocer los errores de esta, limitándose a emitir oficios informativos sin ordenar restituciones inmediatas ni ejercer sus facultades fiscalizadoras de manera eficaz, convirtiéndose en cómplice de los agravios patrimoniales.

Finalmente, solicita que se ordene a la AFP Habitat S.A. a enviar las fichas de recálculos, fijar la jubilación en el monto previo a la rebaja, incorporar correctamente a su cónyuge como carga familiar conforme a lo establecido en el SCOMP y restituir las diferencias de dinero. En cuanto a l Superintendencia, pide se le ordene efectuar una fiscalización exhaustiva a AFP Habitat S.A. para verificar si ha cometido irregularidades respecto del recurrente y otros afiliados, restableciendo así el imperio del derecho y asegurando la debida protección del afectado, todo ello con costas.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 9, evacuó informe Jimena Holtheuer Vergara en representación de AFP Habitat S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el actor se afilió al sistema de pensiones en 1981, solicitando pensión de vejez anticipada en julio de 2020. Tras consultar el SCOMP en diciembre de 2020, seleccionó dos modalidades: Renta Vitalicia Inmediata con Metlife S.A. y Retiro Programado con AFP Habitat, solicitando además Excedente de Libre Disposición de 1.200 UTM en seis cuotas anuales.

Sostiene que el recurrente confunde conceptos previsionales, toda vez que la disminución en el monto de la pensión no obedece a un acto arbitrario, sino a la naturaleza misma de la modalidad de retiro programado, la cual exige recálculos anuales y extraordinarios basados en el saldo efectivo, tasas de interés y expectativas de vida, a diferencia de las rentas vitalicias donde el monto es fijo pero se pierde la propiedad de los fondos. Indica que se detectaron errores administrativos previos, como la inclusión errónea de saldos destinados a Excedentes de Libre Disposición (ELD) en el cálculo de la pensión, lo que generó pagos en exceso que debieron ser corregidos mediante recálculos extraordinarios en marzo de 2024 y enero de 2025 Respecto a la situación de la cónyuge, aclara que siempre estuvo registrada como beneficiaria de pensión de sobrevivencia, pero en los recálculos de 2022 y 2023 no fue considerada como factor para determinar el CNU, resultando en una pensión superior a la debida. Precisa que nunca se acreditó como carga familiar para asignación familiar estatal, concepto distinto al de beneficiaria de pensión de sobrevivencia.

Argumenta que el certificado SCOMP no constituye un contrato sino un documento meramente informativo, siendo las obligaciones exigibles solo desde la suscripción del formulario "Selección de Modalidad de Pensión", conforme al artículo 61 bis del D.L. 3.500 de 1980. Niega categóricamente haber utilizado fondos previsionales del recurrente para corregir errores, explicando que las pérdidas de rentabilidad fueron compensadas con recursos propios de AFP Habitat mediante el abono de 3,66 cuotas del fondo C y 3,85 cuotas del fondo E el 22 de abril de 2023, conforme al artículo 39 del D.L. 3.500.

Por último, sostiene que todo el proceso de corrección se efectuó bajo fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, sin que existan errores o gestiones pendientes, por lo que no se ha vulnerado el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, ajustándose su actuación estrictamente a la normativa previsional vigente.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 20, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones.

Como cuestión previa, plantea la inadmisibilidad del recurso de protección, argumentando que las materias ventiladas exceden del ámbito de esta acción cautelar, cuya finalidad es poner pronto solución a un abuso objetivo y no cuestionado, debiendo ser tratadas en un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso. Señala que el recurrente efectuó diversas presentaciones ante dicho Organismo desde el 8 de abril de 2024, reclamando la disminución del 28,8% de su pensión entre febrero y marzo de 2024. Ante cada requerimiento, esta Superintendencia solicitó informes a AFP Habitat S.A., quien reconoció errores en los recálculos de 2022 y 2023 al no considerar al grupo familiar en el Capital Necesario Unitario, y en enero de 2024 al incluir erróneamente la provisión de Excedente de Libre Disposición.

Añade que la Administradora compensó la pérdida de rentabilidad el 22 de abril de 2024 con recursos propios y que la Superintendencia instruyó medidas correctivas mediante diversos oficios, requiriendo que AFP Habitat S.A. corrigiera los errores, realizara auditorías internas para identificar casos similares y regularizara las compensaciones correspondientes.

Sostiene que el actuar del órgano fiscalizador ha sido legal y oportuno, emitiendo los Oficios Ordinarios N°4750, 8091 y 13809, mediante los cuales se obligó a la AFP a compensar al afiliado por los perjuicios de rentabilidad causados por sus propios errores administrativos. Niega la existencia de una omisión arbitraria, afirmando que se han ejercido las facultades de supervigilancia y que la determinación de sanciones es una facultad discrecional que se ejerce tras agotar las etapas de investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 93 y 94 del D.L. N°3.500 de 1980, el artículo 47 de la Ley N°20.255 y el artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980.

Finalmente, argumenta que no existe vulneración al derecho de propiedad, ya que el recurrente no tiene un derecho adquirido a un monto de pensión inalterable en la modalidad de retiro programado, el cual es esencialmente variable.

A folio 21, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se denuncia como ilegal y arbitrario, el actuar de la AFP recurrida, consistente en la disminución en un 28,8% de la pensión de retiro programado del recurrente y la supuesta utilización de sus ahorros para corregir errores administrativos, además de la falta de fiscalización adecuada de estas irregularidades por parte de la Superintendencia de Pensiones. El recurrente alega la vulneración de su derecho de propiedad sobre bienes incorporales derivados del SCOMP, solicitando que se restituyan las sumas descontadas, se fije el monto de la pensión y se ordene una fiscalización con sanciones a la recurrida.

Tercero: Que, los recurridos informan, en síntesis, que la disminución de la pensión se debe a un ajuste técnico necesario tras detectarse errores en el cálculo inicial. AFP Habitat S.A. asevera haber compensado con fondos propios la pérdida de rentabilidad, mientras que la Superintendencia de Pensiones sostiene haber cumplido su rol fiscalizador mediante instrucciones obligatorias para la administradora, descartando una omisión ilegal o afectación al derecho de propiedad, dado el carácter variable del retiro programado.

Cuarto: Que, para resolver la controversia, resulta necesario tener presente que el recurrente se encuentra pensionado bajo la modalidad de Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado, percibiendo de la AFP recurrida una pensión de retiro programado, regulada en el Decreto Ley N°3.500, que dispone en su artículo 65: “Retiro Programado es aquella modalidad de pensión que obtiene el afiliado con cargo al saldo que mantiene en su cuenta de capitalización individual, como resultado de retirar anualmente la cantidad expresada en Unidades de Fomento que resulte de dividir cada año el saldo efectivo de su cuenta de capitalización individual por el capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado y, fallecido éste, a sus beneficiarios, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el artículo 58.”

Por su parte, el Compendio de normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Pensiones, en su libro III, regula las particularidades del reajuste anual del retiro programado, estableciendo la fórmula del cálculo del mismo.

Asimismo, conforme al DFL N°101, que establece el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, corresponde a dicho organismo conforme a su artículo 2°: “…La Superintendencia será la autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones…”; y, agrega, en su artículo 3° que: “…Corresponde a la Superintendencia las siguientes funciones: (…) b) Fiscalizar las actuaciones de las Administradoras en sus aspectos jurídicos, administrativos y financieros, para lo cual, a su vez, podrá examinar y calificar el capital de esas entidades, el Fondo de Pensiones y el valor de las cuotas de éste, la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad, el Encaje, el valor de las comisiones que tengan derecho a cobrar a sus afiliados y los montos de las cotizaciones que éstos deban enterar en ellas, para el financiamiento y configuración de las pensiones que deban concederles;” y en su letra j) establece como función propia la de “…Absolver las consultas, peticiones o reclamos que los afiliados o beneficiarios de las Administradoras, formulen en su contra…”.

Quinto: Que, a partir de los antecedentes allegados al proceso, especialmente lo señalado por la Superintendencia de Pensiones y sin perjuicio de los errores detectados en el cálculo de la pensión del actor, los que fueron subsanados por la AFP recurrida y compensados con fondos propios en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto Ley N°3500, se desprende que lo solicitado sobrepasa la naturaleza cautelar del presente arbitrio, no siendo esta la vía idónea para cuestionar el mérito los fundamentos en el actuar de las recurridas, en cuanto se pide un pronunciamiento declarativo sobre circunstancias y derechos discutidos, los que deben ser determinados en un procedimiento de lato conocimiento Sexto: Que, además, respecto a la Superintendencia de Pensiones, no existe acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, toda vez que ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones de supervigilancia y fiscalización, en un procedimiento legalmente tramitado, encontrándose sus decisiones debidamente fundadas conforme al mérito de los antecedentes.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de AFP Habitat S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5462-2025.