Protección contra Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Llay-Llay

Foja: 62 Sesenta y Dos Vim.

C.A. Valparaíso Valparaíso, once de abril de dos mil catorce.

Visto:

A fojas 9 comparece doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Llay-Llay.

Expone, que es propietaria del local comercial Sociedad nombre reservado y otro, ubicado en Av. Las Palmas, Chalet s/n comuna de Llay- Llay, el cual cuenta con patente de alcoholes, la que se encuentra pagada para el primer semestre del año 2014. En este sentido, indica que con fecha 28 de junio de 2013 se dictó Decreto Alcaldicio Exento N°2158, en el cual se autorizaba el funcionamiento de locales comerciales con patente de alcoholes que requieren actualizar el informe de evaluación sanitaria, indicándose que la autorización regiría entre el 1 de julio a 31 de diciembre de 2013, quedando prohibido su funcionamiento hasta no contar con dicho informe favorable, siendo lo anterior notificado a la recurrente con fecha 22 de agosto de 2013. Sin embargo, a través de Decreto Alcaldicio Exento N°406 de 4 de febrero de 2014, se suspendió el funcionamiento de la patente de alcoholes de su local comercial, a pesar de haber pagado la referida patente el 31 de enero de 2014 -correspondiente al primer semestre del presente año- y que con fecha 22 de enero de 2014 se había iniciado la tramitación la evaluación sanitaria correspondiente.

Por otra parte, refiere que desde la dictación del Decreto Alcaldicio -que suspendió su patente de alcoholes- debió en forma semanal solicitar los permisos provisorios correspondientes, con el fin de seguir con su actividad económica, pero que fue informada por parte del alcalde subrogante que ya no le serian otorgados, lo que es contradictorio con el hecho de que la Municipalidad aceptó el pago de la patente de alcoholes, por lo que el actuar de la recurrida afecta las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°16, inciso 1, N°21 y N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se anule decisión del Honorable Consejo Municipal de Llay-Llay, se le permita trabajar en su local -cuya patente de alcoholes se encuentra pagada- mientras se le otorga la autorización sanitaria y se adopten las medidas que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho, con costas.

A fojas 16 no se hace lugar a la orden de no innovar solicitada por la recurrente.

A fojas 42 evacua informe la recurrida I. Municipalidad de Llay-Llay, solicitando el rechazo del recurso interpuesto en su contra con costas.

Indica, que la patente de alcoholes otorgada a la recurrente es aquélla prevista en el artículo 3 letra o) de la Ley N°19.925 -salón de baile o discoteque- aprobada en sesión ordinaria N°63 de 14 de junio de 2006 y otorgada Decreto Alcaldicio Exento N°1206, de 30 de junio de 2006.

Con fecha 19 de febrero de 2010 a través del Decreto 10/10 del Ministerio de Salud, se dictó el Reglamento de Condiciones Sanitarias Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales de Uso Público, estableciendo el artículo primero que las condiciones establecidas en el reglamento debían ser cumplidas por los locales de uso público con capacidad para recibir simultáneamente a 100 o más personas, cual es el caso del local comercial de la recurrente, además el artículo 29 del reglamento establece que los locales regidos por sus disposiciones deberán dar cumplimento al mismo dentro del plazo de un año contado desde su fecha de publicación. Al ser informada la municipalidad, se le indicó que la SEREMI respectiva realizaría la fiscalización para establecer el grado de cumplimiento del citado reglamento, indicando, además, que antes de otorgar las patentes comerciales, las municipalidades debían solicitar a la SEREMI de Salud correspondiente el informe de evaluación sanitaria, conforme artículo 83 del Código Sanitario. En este sentido, indica que la propia recurrente reconoce haber sido notificada de Decreto Alcaldicio N°2158 con fecha 28 de junio de 2013, el cual se le indicaba que debía dar cumplimiento al informe evaluación sanitaria para el siguiente semestre, hecho al que no dio cumplimiento, por lo que el 8 de enero de 2014 el Consejo Municipal aprobó prorrogar la suspensión de las patentes de alcoholes de los locales que no contaban con informe favorable hasta el 31 de enero de 2014, lo que coincide con el pago de patente alegado por la recurrente, el cual se paga de manera semestral.

Por otra parte, los aludidos permisos provisionales fueron otorgados para los días 9 y 23 de febrero y 2 de marzo, correspondiendo a una facultad extraordinaria del alcalde, conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley N°19.925, es decir, no puede ser considerado como un procedimiento habitual y permanente. Por lo tanto, al no cumplir con las exigencias señaladas en el reglamento, con fecha 4 de febrero se procedió a suspender el funcionamiento de la patente de alcoholes de la recurrente, sin que dicho acto pueda ser calificado como arbitrario o ilegal como tampoco atentatorio a sus garantías constitucionales.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto se adopten las medidas o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, en el evento de existir privación, perturbación a amenaza de alguna o algunas de aquellas garantías fundamentales mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que en la especie, se recurre por la actora expresando que siendo propietaria de un local comercial de salón de baile por el cual paga patente de alcoholes, la autorización para funcionar le fue suspendida por Decreto Alcaldicio n° 406, de 04 de febrero pasado, emitido por el recurrido, en atención a que no se había actualizado el informe de evaluación sanitaria para el periodo respectivo, es decir, al 31 de diciembre de 2013, habiéndose realizado el pago de la citada patente, que fuere suspendida, para funcionar el primer semestre de este año, el día 31 de enero de 2014, agregando, que la correspondiente tramitación de la evaluación sanitaria se encuentra en curso, de lo que da cuenta el comprobante de pago realizado en el sistema de trámites en línea de la autoridad sanitaria de esta región.

Tercero: Que el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, expresa que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la citada ley. A su turno, el artículo 26 señala que la Municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos….., de otros permisos que leyes especiales le exigieren, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad.

Cuarto: Que por otra parte, cabe decir, que la patente de alcoholes que le fuera otorgada a la recurrente, es para realizar actividades de discoteque, esto es, un establecimiento con expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en el mismo recinto, con pista de baile y música envasada o en vivo y que el informe sanitario que en su oportunidad se emitió por la autoridad respectiva, dispuso que el número máximo de personas que pueden permanecer en el recinto simultáneamente es de 140 personas.

Quinto: Que, asimismo, el Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales y de Seguridad Básicas en Locales de Uso Público, publicado en el Diario Oficial de 25 de septiembre de 2010, establece en su artículo1°, que “el presente reglamento establece las condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad básicas que deberán cumplir los locales de uso público con capacidad para recibir en forma simultánea a 100 personas o más, sin perjuicio de su cumplimiento de las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que le sean aplicables”.

Que el referido Reglamento fue remitido a todos los municipios de la región, agregándose, que la Secretaría Regional Ministerial de Salud controlaría el cumplimiento del mismo, expresándose, además, en el respectivo oficio, que las municipalidades respectivas “antes de otorgar las patentes comerciales, deberán solicitar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente, el Informe de Evaluación Sanitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Código Sanitario”, el que a su vez, prescribe que las municipalidades no podrán otorgar patentes definitivas para la instalación, ampliación o traslado de industrias, sin informe previo de la autoridad sanitaria sobre los efectos que ésta puede ocasionar en el ambiente y que “la autoridad sanitaria informará favorablemente una determinada actividad industrial o comercial, siempre que la evaluación sanitaria ambiental que se realice para evacuar el informe, determine que técnicamente se han controlado todos los riesgos asociados a su funcionamiento”.

Sexto: Que de lo señalado por la recurrente en el arbitrio deducido, aparece que con fecha 22 de agosto de 2013 se le notificó el Decreto Alcaldicio n° 2158, de 28 de junio de 2013, mediante el cual se permitía el funcionamiento de su local comercial, en el periodo que comprendía desde el 01 de julio al 31 de diciembre, ambos del 2013, agregando el referido decreto, que los locales que no cumplan con la exigencia de actualizar el informe de evaluación sanitaria a la fecha indicada “quedarán con prohibición de funcionar, hasta que presenten el informe de evaluación sanitaria favorable”. Que en este sentido la actora tenía perfecto conocimiento de la obligación que pesaba sobre ella, requisito imprescindible para la continuación de su actividad económica. Habiendo sido prorrogado los efectos de dicho decreto hasta el día 31 de enero de 2014.

Séptimo: Que la circunstancia de haber postergado el Concejo recurrido la exigencia del informe de evaluación favorable de la autoridad correspondiente, hasta el día 31 de enero de 2014, habiendo, también, otorgado un permiso especial y extraordinario a la recurrida para el funcionamiento de su local en los días 9 y 23 de febrero pasado, como asimismo, el día 02 de marzo último, dicha dispensa se hizo con el respaldo que el artículo 19 de la ley 19.925 otorga al Alcalde del municipio recurrido, sin que dicha autorización significara eximirla de su obligación de presentar el informe de evaluación favorable citado, el que, como se dijera, tenía como fecha de vencimiento el 31 de enero de 2014, después de la prórroga acordada, por lo que el hecho de haber pagado con esta fecha la referida patente de alcoholes, no habilitaba a la recurrente para eximirse de la obligación referida y prorrogar, con ello, el funcionamiento de su local comercial.

Octavo: Que en consecuencia, apareciendo de los antecedentes que se han expuesto en los motivos anteriores, que la recurrida con su actuar no vulneró la libertad de trabajo que se dice amagada por la actora, desde que el mismo debe ejercerse cumpliendo al efecto con las disposiciones legales que lo regulan, no habiéndose entorpecido, asimismo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la que como se ve en el desarrollo del recurso no ha sido conculcada y, por último, en cuanto al derecho de propiedad, no habiendo sido éste afectado con el actuar de la recurrida, desde que el derecho a la obtención de la patente requerida, lo debe ser bajo las condiciones que la ley establece, las que han sido debidamente cauteladas por la recurrida, el recurso deducido en cuanto ha pretendido sostener lo contrario, no podrá prosperar.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara sin lugar el recurso deducido por doña nombre reservado en contra del Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Llay-Llay.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Alejandro García Silva.

N° Protección-546-2014.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sra. María Angélica Repetto García, Sr. Alejandro García Silva y por el Abogado integrante Sr. Julio Reyes Madariaga.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario de hoy.