nombre reservado con ADMINISTADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP MODELO S.A.)

Edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Valparaíso, e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por su Presidente don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Sostiene que el acto recurrido, consistente en la notificación de 6 de agosto de 2025 que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, es ilegal y arbitrario, pues vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 24 (derecho de propiedad) y del artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley), al impedirle disponer de los ahorros acumulados en su cuenta individual de capitalización previsional y al incorporarle exigencias no contempladas en la Ley N° 18.156.

Expone que la decisión constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto la Ley N° 18.156 no contempla la exigencia de apostilla, sino únicamente que el trabajador extranjero esté afiliado a un régimen previsional en su país de origen que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste su voluntad de mantenerse en dicho régimen en el contrato de trabajo. Precisa que ha cumplido íntegramente con tales requisitos, adjuntando la constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento verificable en línea mediante código alfanumérico y acompañado, además, de declaración jurada notarial con firma electrónica avanzada.

Sostiene que con dichos antecedentes ha dado íntegro cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156, por lo que resulta procedente autorizar el retiro de fondos. Sin embargo, se enfrenta a una obstaculización indebida del proceso, ya que la recurrida efectúa una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, que es permitir al trabajador extranjero disponer de sus ahorros previsionales cuando acredita su afiliación en el exterior. Recalca que los documentos presentados cuentan con la validez suficiente, tanto en lo que respecta al contrato como al certificado de afiliación, y que la exigencia de apostilla constituye un requisito no previsto en la ley, lo que configura un actuar ilegal y arbitrario.

Agrega que la negativa de AFP Modelo desconoce el carácter verificable y oficial de la constancia electrónica y le impone una exigencia imposible de cumplir, pues no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela que permitan la apostilla o legalización consular de tales certificados.

Indica que el rechazo impugnado vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, al impedirle disponer de los fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, incorporando trabas meramente formales y contrarias a la finalidad de la normativa especial que busca evitar la doble cotización de técnicos extranjeros.

En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la notificación de rechazo de 6 de agosto de 2025, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, que permita la devolución de los fondos previsionales solicitados.

A folio 6 comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien evacúa informe solicitando el rechazo del recurso.

Expone, en primer término, que el actor nombre reservado acompañó entre el 29 y 31 de julio de 2025, mediante la plataforma web de AFP Modelo, diversos antecedentes con el objeto de obtener la devolución de sus fondos previsionales invocando la Ley N° 18.156 sobre técnicos extranjeros. Los documentos consistieron en: título profesional, declaración jurada ante notario chileno, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo con anexo suscrito con la empresa Acondithermic SpA.

Indica que, tras el análisis de los antecedentes, la Administradora notificó al recurrente, mediante tickets N° 2645511 (30 de julio de 2025) y N° 2646397 (4 de agosto de 2025), que su solicitud se encontraba pendiente de ingreso, requiriéndole en un plazo de cuatro días hábiles acompañar el certificado de afiliación a un organismo de seguridad social extranjero, documento que debía dar cuenta específica de la cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que debía encontrarse debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en el país de origen.

Precisa que el actor volvió a presentar los mismos documentos, que fueron nuevamente rechazados, informándosele que la constancia electrónica de cotizaciones no cumplía con la normativa vigente, pues no acreditaba la afiliación personal del trabajador, se limitaba a señalar de manera genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, carecía de firma de quien lo emite y no estaba legalizada ni apostillada. Agrega que la declaración jurada notarial tampoco resulta idónea, pues el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 solo puede acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social extranjera o, excepcionalmente, con un certificado consular que señale expresamente las coberturas.

Sostiene que, en consecuencia, el actor no dio cumplimiento íntegro a las condiciones copulativas que establece la Ley N° 18.156, particularmente el requisito de acreditar afiliación vigente a un régimen extranjero que otorgue las coberturas mínimas señaladas.

Explica que la Administradora ha actuado conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa vinculante de dicho organismo, citando el Oficio Ordinario N° 3141, de 20 de febrero de 2024, y el Oficio N° 12.954, de 17 de julio de 2025, los que reafirman que certificaciones electrónicas no firmadas ni apostilladas carecen de valor probatorio y que las declaraciones juradas de los afiliados tampoco constituyen medios idóneos para acreditar afiliación.

Finalmente, la recurrida destaca que la jurisprudencia de distintas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema ha confirmado la validez de estas exigencias formales, rechazando recursos de protección en casos análogos, por lo que no puede estimarse ilegal o arbitraria la decisión adoptada. En mérito de lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, se impugna el acto consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales deducida por el recurrente en calidad de técnico extranjero al amparo de la Ley N°18.156, resolución notificada con fecha 6 de agosto de 2025, fundada en que la constancia electrónica de afiliación presentada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba debidamente legalizada ni apostillada y carecía de los requisitos formales exigidos.

Tercero: Que, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., informó que el actor presentó antecedentes entre los días 29 y 31 de julio de 2025, consistentes en título profesional, declaración jurada notarial, contrato de trabajo y constancia electrónica de cotizaciones, los que fueron revisados conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Sostuvo que la documentación acompañada no acreditaba la afiliación personal del trabajador a un régimen de seguridad social extranjero, carecía de firma y de la legalización o apostilla correspondiente, por lo que se resolvió rechazar la solicitud.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7° de la misma ley prevé que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Quinto: Que, en el caso de autos, el recurrente acompañó únicamente una constancia electrónica del IVSS y una declaración jurada, careciendo la primera de los requisitos de vigencia, firma y apostilla, y resultando la segunda un instrumento insuficiente para acreditar afiliación, según lo instruido por la Superintendencia de Pensiones en oficios vinculantes. Que la recurrente tampoco invoca ni acredita el retorno a su país de origen que es el fundamento de hecho para la aplicación de la norma.

Sexto: Que, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero solo producirán efectos en Chile si han sido debidamente legalizados o apostillados, requisito que en este caso no se cumplió, lo que impide otorgar mérito probatorio a los documentos acompañados.

Séptimo: Que, en tales condiciones, no se advierte que el actuar de la recurrida configure un acto ilegal o arbitrario, desde que se limitó a aplicar razonadamente las normas legales, reglamentarias y administrativas que regulan la devolución de fondos previsionales de trabajadores extranjeros, de modo que no se configura vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5435-2025.

En Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.