nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la ley N°18.156, comunicado el 18 de agosto de 2025, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que, el recurrente solicitó ante AFP UNO la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, pero fue rechazada su el 18 de agosto de 2025 bajo el argumento que su certificado de institución de seguridad social no cumple criterios de aceptación. La recurrida habría exigido un certificado apostillado, requisito imposible de cumplir dada la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, incorporando así una exigencia no contemplada expresamente en la normativa aplicable.

Señala que, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros solicitar la devolución de sus fondos previsionales cuando estén afiliados a un régimen de seguridad social en su país que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y hayan expresado su voluntad de mantener dicha afiliación. Al respecto, sostiene haber cumplido íntegramente estos requisitos, aportando una constancia electrónica verificable del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero enfrenta una interpretación formalista de la AFP que desatiende la finalidad de la ley y obstaculiza su derecho a disponer de sus ahorros previsionales.

Alega que la AFP incorpora requisitos no establecidos en la ley al rechazar su solicitud, ignorando que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable mediante el sitio web oficial usando el código alfanumérico del documento. A pesar de existir estos mecanismos de verificación accesibles, la recurrida rechazó la solicitud sin motivación suficiente, vulnerando su derecho de propiedad constitucionalmente protegido.

Menciona que otras AFP como CUPRUM han aceptado la constancia electrónica como válida mediante el mismo procedimiento de verificación y argumenta que la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela crea un obstáculo insuperable para obtener documentos apostillados, invocando el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor bajo el principio de que "a lo imposible nadie está obligado". Cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

Por último, sostiene que el actuar de la recurrida vulnera simultáneamente tres garantías constitucionales: la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) al dar trato discriminatorio respecto a otros solicitantes en idéntica situación; el derecho de propiedad (art. 19 N°24) al impedirle disponer de sus fondos previsionales; y la garantía del contenido esencial de los derechos (art. 19 N°26) al imponer condiciones que obstaculizan su ejercicio.

Pide, se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y efectuar dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 7, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el actor no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Añade que la jurisprudencia administrativa ha señalado que para acreditar la afiliación previsional extranjera se requiere un certificado consular o diplomático que represente expresamente a la Autoridad de Seguridad Social competente.

Respecto al caso concreto, señala que la documentación aportada por el recurrente no es idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera. La declaración jurada es insuficiente porque solo la autoridad previsional competente puede certificar válidamente esta circunstancia, y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tampoco sirve al carecer de firma autorizada y no estar apostillada o legalizada conforme a la normativa aplicable. Además, este documento no especifica las coberturas del recurrente ni permite determinar el período de cobertura, incumpliendo lo dispuesto en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

A folio 8, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no haber asumido la recurrida una actitud arbitraria e ilegal, sino haber dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa previsional vigente de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a los antecedentes fácticos, expone que el 08 de agosto de 2025, el recurrente inició ante dicha AFP el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.156, respecto del empleador "Forvis Mazars Auditores Consultores Limitada", acompañando diversos documentos, entre ellos, contrato de trabajo, anexo de contrato, título técnico de Contador Público, apostilla del título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada ante notario. Posteriormente, el 18 de agosto de 2025, la administradora informó al recurrente el rechazo de la solicitud, señalando que el documento denominado "Certificado Institución de Seguridad Social" no cumplía con los criterios de aceptación para dicha solicitud.

Argumenta que en Chile rige el principio de territorialidad en materia laboral y previsional, y que para acogerse a la excepción de quedar exento de cotizar según la Ley N°18.156, los trabajadores extranjeros deben cumplir tres requisitos copulativos: tener calidad de técnicos acreditada mediante documentos debidamente legalizados; estar afiliados a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (acreditado mediante certificación legalizada); y expresar en su contrato de trabajo la voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de origen.

Sostiene que su actuación no ha sido arbitraria ni ilegal, pues se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente, particularmente a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156, los Oficios Reservados N°2966 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, N°25057 de 2023 y el Oficio Ordinario N°12954 de 2025 de la Superintendencia de Pensiones, los que establecen requisitos específicos para la validez de documentos extranjeros en Chile. Afirma que el rechazo a la solicitud del recurrente se basa en el estricto cumplimiento de estas normas, pues la constancia electrónica presentada carecía de la legalización o apostilla exigida por la legislación chilena.

Agrega que la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile no exime del cumplimiento legal, y que la AFP carece de facultades para aceptar documentos sin la debida autenticación.

Además, señala que intentó buscar soluciones alternativas consultando a la Superintendencia de Pensiones sobre la posibilidad de reconocer certificados verificables en la plataforma oficial venezolana, propuesta rechazada por exceder las competencias del organismo. Cita el Oficio Ordinario N°12954/2025 que establece que las certificaciones electrónicas no firmadas ni apostilladas son insuficientes como prueba, respaldándose en jurisprudencia reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema.

Finalmente, en cuanto a la procedencia del recurso de protección, la recurrida argumenta que no concurren los requisitos copulativos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política, pues no existe un acto u omisión ilegal y arbitrario, ni se ha producido un agravio que se manifieste bajo la forma de privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley y que por lo demás, se encontraba vencida.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de treinta y uno julio de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, además, conforme a los antecedentes acompañados, es posible concluir que el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-5433-2025.

En Valparaíso, uno de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.