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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 5406-20181 ago 2018
Fecha
1 de agosto de 2018
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 5406-2018, sentencia de 1 de agosto de 2018

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra Socofin S.A.: los hechos denunciados exceden el ámbito cautelar de la acción y el recurrente no acreditó el acoso telefónico; la visita al trabajo se debió a la imposibilidad de contactarlo antes.

Texto íntegro

Foja: 42 Cuarenta y dos.

Cgv C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de agosto de dos mil dieciocho.

Visto:

Que a fojas 4, comparece don nombre reservado, trabajador y estudiante y deduce recurso de protección en contra de la empresa Socofin S.A., por el acto ilegal arbitrario consiste en ejercer un abuso en los cobros extrajudiciales de una deuda, acosando telefónicamente y acudir a su lugar de trabajo a amenazarlo por una deuda, lo cual vulnera sus garantías consagradas en el art. 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 26 de junio de 2018, un cobrador en terreno de la empresa recurrida, nombre reservado, fue a las dependencias de la empresa Ripley ubicadas en domicilio reservado, que corresponde a su lugar a trabajo a efectos de notificarle una deuda con el Banco CrediChile.

Indica que el 28 de junio de 2017, se dirigió a la sucursal de Socofin a pagar parte de la deuda para que lo dejaran de acosar en su lugar de trabajo. Agrega que el día 04 de julio del presente, el mismo cobrador en terreno, don nombre reservado, se presenta nuevamente en su lugar de trabajo para exigirle el pago de la misma deuda.

Adjunta a su presentación una imagen de “Aviso de Cobranza” de fecha 26 de junio de 2018 y cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Hace presente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 19.496, inciso 6° y señala que existe un ámbito de protección de las personas referido a su integridad psíquica que no pueden ser vulnerada por los proveedores aún en caso de dudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticias al deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación incurrir en un verdadero acoso telefónico al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda.

Expone que se ve vulnerada su integridad psicológica en la medida en que el acoso de la cobranza en su lugar de trabajo resulta persistente, ajeno a lo razonable y pone en riego su fuente de trabajo.

Por lo expuesto solicita que se restablezca el imperio del derecho y se ordene a la recurrida que ponga término total y en forma inmediata a todo tipo de cobranza extrajudicial en su persona.

A fojas 31, informa el recurso Álvaro Preller Pinochet, en representación de Socofin S.A., quien señala que existen dos obligaciones impagas a la fecha, las cuales detalla en su presentación.

Indica que por tal motivo, fue asignado a terreno un cobrador, toda vez que en variadas ocasiones con anterioridad, se intentó contactar vía telefónica, lo cual sólo se logró con fecha 04 de junio de 2018, sin respuesta satisfactoria. Que el cobrador de terreno sindicado precedentemente acude en 2 oportunidades, al no haber contacto ni respuesta satisfactoria alguna de parte del recurrente, al domicilio particular señalado por él, los días 11 de junio y 19 de junio de 2018, sin ser habido, encontrándose la propiedad sin moradores, dejando aviso, solicitando se contacte en la reja del inmueble.

Posteriormente, al no tener contacto alguno con el recurrente, el cobrador de terreno, se apersona en el domicilio laboral el 27 de junio de 2018 entregándole personalmente el aviso de cobranza que el mismo recurrente adjunta en su presentación, y donde recurrente le informa a cobrador terreno que ira en la tarde del mismo día a Sucursal Socofin. El 28 de junio el recurrente asiste a Sucursal y al ser atendido se le explica su situación, que ya está en etapa de traspaso a cartera vencida porque el solo pagaría el pago mínimo asociado de la tarjeta al mes de abril, respondiendo el cliente que, de ser necesario, si tiene que pagar todo, el pagaría el total de la deuda de la tarjeta de crédito a fin de mes, situación que no ocurrió, por lo que la mora de la misma prosiguió en Julio, razón por la cual fue visitado nuevamente por el cobrador en terreno el 05 de julio de 2018, donde no acepta recibir el aviso de cobro .

Señala que no existe un acto u omisión ilegal o arbitraria y del tenor del recurso, no se colige ningún acoso persistente, discriminatorio.

Sostiene que la cobranza extrajudicial es un derecho que tiene el proveedor y en el caso de marras, se ha cumplido con lo dispuesto en artículo 37 de la Ley N°19.496, principalmente, en donde no se han enviado documentos al cliente que aparenten ser escritos judiciales, no se ha comunicado a terceros de la conducta morosa del mismo, las visitas y/o llamados telefónicos han sido siempre cumpliendo lo dispuesto en el artículo 59 de Código de Procedimiento Civil y, por sobre todo, respetando siempre los derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución Política de la Republica.

Alega la improcedencia del recurso del recurso de protección, al ser está una vía de carácter excepcional y que la acusación de acoso más bien se encuadra en la pretensión de demostrar una infracción a lo dispuesto en la Ley sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, la cual tiene un procedimiento establecido ante los Juzgados de Policía Local, como se señaló precedentemente, según el citado artículo 37 de la Ley N° 19.496.

A fojas 35, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que como aparece del recurso, el recurrente señala que se ha visto vulnerado en su integridad psíquica, afectándose la garantía constitucional contenida en el N°1 y 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al recibir llamados telefónicos de cobranza que se tornan en un acoso persistente, discriminatorio y por haber concurrido un cobrador en dos oportunidades a su lugar de trabajo.

Segundo: Que la parte recurrida, expone que es efectivo lo expuesto por el recurrente en cuanto a que concurrió un cobrador al lugar de trabajo del actor, pero ello sólo ocurrió ante la imposibilidad de poder contactarlo previamente, ya sea por vía telefónico o en su domicilio particular.

Tercero: Que para resolver la presente acción se debe tener presente que las disposiciones de la Ley N° 19.496 sobre Protección a los Derechos del Consumidor, a la que alude el actor para sostener la ilegalidad de la actuación del banco recurrido, sanciona las conductas que atenten contra los derechos que en ella misma se consignan, para lo cual establece un procedimiento específico, determinando sanciones, en caso de acreditarse tal incumplimiento. De esta forma, para que sea procedente la aplicación de alguna pena por infracción a tales disposiciones, es necesario llevar a cabo un procedimiento en el cual se determine la efectividad de las infracciones denunciadas y la forma en que ellas han afectado a un respectivo consumidor.

Cuarto: Que por su parte, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas cautelar inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Quinto: Que, de lo expresado en los dos fundamentos que anteceden es posible concluir que los supuestos fácticos de la acción constitucional deducida y las peticiones que en ella se formulan, exceden el ámbito cautelar de la misma, sin que exista alguna medida urgente que pueda adoptar esta Corte, para obtener los fines que a través de él se pretende.

Sexto: De otro lado y a mayor abundamiento, la parte recurrente no acreditó la existencia del acoso telefónico que denuncia y que se torna persistente, discriminatoria y ajeno a lo razonable, sino que precisamente y ante la imposibilidad de contactarse con el recurrente, se concurre a su lugar de trabajo, lo cual no es un hecho que vulnere las garantías constitucionales que el recurrente estima afectadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la empresa Socofin S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5406-2018.

N°Protección-5406-2018.