Protección contra Ilustre Municipalidad de La Cruz y de la Contraloría General de la República

C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado don Raimundo Jesús Palamara Stewart, quien en representación de don nombre reservado, profesional de la educación y exfuncionario docente municipal, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cruz y de la Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Valparaíso, por la dictación y mantención de los actos administrativos que dispusieron el término de su relación laboral.

Expone que la acción se dirige contra el Oficio N° NUM000, de 24 de junio de 2026, mediante el cual la Contraloría Regional rechazó su reclamo de ilegalidad; y contra los Decretos Registrados N° NUM001, de 12 de marzo de 2026, y N° NUM002, de 14 de abril del mismo año, por los cuales la Municipalidad aplicó y confirmó, respectivamente, la medida de término de la relación laboral contemplada en el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070.

Señala como contexto que ingresó a la educación municipal de La Cruz el 3 de marzo de 1996, desempeñándose como docente y en funciones directivas, hasta ejercer como director y posteriormente fue destinado como encargado de la biblioteca del Colegio Leonardo Da Vinci.

Indica que, mediante Decreto Alcaldicio N° NUM003, de 9 de junio de 2023, se ordenó instruir un sumario administrativo para investigar una denuncia relacionada con una estudiante menor de edad, referida a supuestas miradas reiteradas y de connotación sexual que aquel habría dirigido hacia ella, hechos que también fueron denunciados ante la Fiscalía Local de La Calera, causa RUC N° 2300732008-6, en la cual se dispuso el archivo provisional el 6 de mayo de 2024 por falta de antecedentes suficientes para continuar la investigación.

Expone que la etapa indagatoria del sumario concluyó el 18 de junio de 2025; los cargos fueron formulados el 14 de julio siguiente; la etapa probatoria se cerró el 5 de septiembre; y la vista fiscal se emitió el 3 de octubre del mismo año, proponiendo el término de su relación laboral, medida que fue aplicada mediante el Decreto Registrado N° NUM001 y mantenida al rechazarse su reposición por el Decreto Registrado N° NUM002.

Sostiene que el cargo formulado fue genérico, compuesto e incongruente, pues junto con la conducta principal incorporó la afectación emocional de la estudiante, declaraciones relativas a su desempeño en otro establecimiento, una supuesta falta de colaboración y antecedentes de su vida privada, familiar y matrimonial, circunstancias que le impidieron ejercer una defensa eficaz frente a hechos concretos, separados y debidamente delimitados.

Alega, además, que varias diligencias probatorias solicitadas y aceptadas por la fiscal instructora no fueron materialmente ejecutadas antes del cierre del término probatorio, entre ellas una pericia destinada a evaluar técnicamente el relato y la connotación atribuida a la conducta; antecedentes sobre la existencia de cámaras de vigilancia; su hoja de vida funcionaria; registros de reclamos en otras dependencias municipales y prueba testimonial.

Añade que otras diligencias pertinentes fueron rechazadas o limitadas, reduciéndose la posibilidad de defensa a una concesión meramente formal.

Cuestiona que los hechos hayan sido establecidos fehacientemente, como exige el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070, y que se hayan aplicado conjuntamente las causales de falta de probidad y conducta inmoral, sin determinar cuál de ellas se configuraba, reprochando también la falta de ponderación de su trayectoria funcionaria, la ausencia de sanciones anteriores y el archivo provisional de la investigación penal.

Agrega que dedujo un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional de Valparaíso, denunciando tales irregularidades; sin embargo, el Oficio N° NUM000 rechazó su presentación, limitándose a señalar que los cargos constaban en el expediente y que la valoración de la prueba y la proporcionalidad correspondían a la Administración activa.

Estima que, de este modo, el órgano contralor omitió ejercer un control efectivo de juridicidad sobre la congruencia de los cargos, el derecho a rendir prueba, el estándar de acreditación de la causal y la motivación de la sanción.

Afirma que los actos impugnados vulneran las garantías previstas en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso quinto, N° 4, N° 16 y N° 24 de la Constitución Política de la República, al someterlo a un procedimiento irregular, afectar su honra y vida privada y privarlo de su trabajo, remuneraciones y derechos estatutarios.

Solicita que se deje sin efecto el oficio de la Contraloría Regional y los decretos municipales, ordenándose su reincorporación a funciones compatibles con las medidas de resguardo que se estimen pertinentes, con pago de remuneraciones, cotizaciones y demás prestaciones, junto con eliminar las anotaciones derivadas de la sanción; en subsidio, pide retrotraer el procedimiento a la formulación de cargos claros y congruentes, con un término probatorio efectivo, o disponer que la Contraloría emita un nuevo pronunciamiento completo y fundado, con costas.

A folio 11, informa la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega falta de legitimación pasiva, por cuanto los actos que pusieron término a la relación laboral fueron dictados por la Municipalidad de La Cruz, mientras que el Oficio N° NUM000 se limitó a resolver el reclamo presentado por el propio recurrente, sin intervenir en la formulación de cargos, la tramitación del sumario, la ponderación de la prueba ni la imposición de la medida disciplinaria.

Detalla que el procedimiento se inició a raíz de una denuncia formulada por el apoderado de una estudiante menor de edad y que durante su tramitación se incorporaron declaraciones, informes psicosociales y otros antecedentes.

Añade que el cargo describió una conducta reiterada de observación visual con connotación sexual hacia la estudiante, ocurrida durante el primer semestre de 2023, junto con la afectación emocional producida y otros antecedentes vinculados al comportamiento profesional del funcionario.

Señala que el recurrente formuló descargos, solicitó diligencias y rindió prueba testimonial, y posteriormente la fiscal instructora estimó acreditados los hechos y propuso el término de la relación laboral, medida aplicada por el Decreto N° NUM001 y confirmada mediante el Decreto N° NUM002.

Afirma que, al resolver el reclamo de ilegalidad, constató que la tardanza en la tramitación no invalidaba el procedimiento; que los cargos se encontraban suficientemente detallados; que no existía incongruencia entre estos y la sanción; que no se acreditó parcialidad de la fiscal; y que la independencia entre las responsabilidades penal y administrativa permitía sancionar pese al archivo provisional de la causa penal.

Esgrime que la vista fiscal analizó los medios de prueba y explicitó el razonamiento empleado para tener por comprobados los hechos, su gravedad y las normas infringidas, y que que tampoco advirtió irregularidades en la proporcionalidad de la medida ni en la ponderación de circunstancias modificatorias, mientras que los decretos municipales expresaron los fundamentos para aplicar y mantener la sanción.

Sostiene, asimismo, que el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de un procedimiento disciplinario ni sustituir la valoración efectuada por la Administración activa, descartando que su oficio haya afectado las garantías invocadas, pues no incorporó nuevas imputaciones ni produjo directamente el término de la relación laboral o sus consecuencias patrimoniales, sino que fue dictado dentro de sus atribuciones de fiscalización y control de juridicidad.

A folio 12, informa la Ilustre Municipalidad de La Cruz, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega su extemporaneidad, señalando que el Decreto N° NUM001 fue notificado al recurrente el 24 de marzo de 2026 y que el Decreto N° NUM002, que rechazó la reposición y afinó el procedimiento disciplinario, le fue comunicado el 23 de abril del mismo año, de manera que al haberse interpuesto la acción el 7 de julio de 2026, esta habría sido deducida una vez vencido el plazo de treinta días.

En cuanto al fondo, expone que el sumario fue instruido y tramitado conforme a la Ley N° 18.883, respetándose las etapas correspondientes y el derecho de defensa del recurrente, precisando que este fue notificado, prestó declaración, formuló presentaciones y rindió prueba, concediéndosele un término probatorio y nuevas fechas para la declaración de sus testigos.

Afirma que el cargo formulado describió suficientemente la conducta atribuida, consistente en observaciones visuales reiteradas y de connotación sexual dirigidas hacia una estudiante menor de edad, dentro del establecimiento y durante la jornada escolar.

Añade que los antecedentes incorporados permitieron establecer los hechos y su gravedad, así como su incompatibilidad con el rol docente y con los deberes de probidad y conducta funcionaria.

Niega que las diligencias probatorias hayan sido omitidas arbitrariamente, señalando que las solicitudes de la defensa fueron resueltas fundadamente y que la prueba pertinente fue incorporada y ponderada, reprochando que el recurrente no presentó descargos después de ser notificado de la formulación de cargos, sin perjuicio de las demás actuaciones defensivas realizadas durante el procedimiento.

Sostiene que, acreditada fehacientemente la causal del artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070, la medida de término de la relación laboral era procedente y que las sanciones menores de la Ley N° 18.883 no resultaban aplicables a los profesionales de la educación, defendiendo que la calificación de la gravedad y la ponderación de los antecedentes corresponden a la alcaldesa, como titular de la potestad disciplinaria.

Respecto del archivo provisional de la investigación penal, invoca la independencia de las responsabilidades penal y administrativa, de modo que la falta de una decisión incriminatoria en sede penal no impide establecer responsabilidad disciplinaria sobre la base de los antecedentes reunidos en el sumario.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías invocadas, afirmando que el recurrente fue sometido al mismo estatuto aplicable a los demás funcionarios, contó con un procedimiento racional y justo y que la incorporación de antecedentes personales surgió de la propia investigación. Añade que el término de una relación estatutaria por una causal legal no vulnera la libertad de trabajo ni el derecho de propiedad, pues la permanencia y los beneficios asociados al cargo subsisten mientras se mantenga la calidad funcionaria.

A folio 13, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, las recurridas, al evacuar su informe y al comparecer en estrado alegaron la extemporaneidad del recurso, fundadas en que el Decreto N° NUM001 fue notificado al recurrente el 24 de marzo de 2026 y que el Decreto N° NUM002, que rechazó la reposición y afinó el procedimiento disciplinario, le fue comunicado el 23 de abril del mismo año, de manera que al haberse interpuesto la acción el 7 de julio de 2026, esta habría sido deducida una vez vencido el plazo de treinta días.

Segundo: Que, conforme al Auto Acordado que regula la tramitación del recurso de protección, esta acción debe interponerse dentro del plazo de treinta días corridos contado desde la ejecución del acto recurrido o desde que se haya tenido conocimiento cierto del mismo.

En la especie, el acto municipal que afinó el procedimiento disciplinario corresponde al Decreto Registrado N° NUM002, que rechazó la reposición deducida contra la medida de término de la relación laboral y fue comunicado al recurrente el 23 de abril de 2026; sin embargo, la presente acción solo fue interpuesta el 7 de julio de 2026, esto es, una vez ampliamente vencido el referido plazo.

Tercero: Que, no altera lo anterior la circunstancia de haberse deducido posteriormente un reclamo ante la Contraloría Regional de Valparaíso, resuelto mediante Oficio N° NUM000, de 24 de junio de 2026, desde que dicha gestión administrativa no tiene la virtud de suspender, interrumpir ni renovar el plazo para recurrir de protección respecto de actos anteriores cuyo conocimiento ya se encontraba administrativamente asentado, máxime cuando la pretensión formulada persigue, en lo sustancial, dejar sin efecto los decretos municipales que dispusieron el término de la relación laboral. Siendo los actos recurridos el Decreto N° NUM001 de 12 de marzo de 2026 y el Decreto N° NUM002 de 14 de abril del mismo año, se agotó con ellos la vía administrativa que constituye el fundamento del recurso de protección en este caso.

En consecuencia, habiéndose deducido el recurso fuera del término previsto para ello, este deberá ser rechazado por extemporáneo, resultando innecesario emitir pronunciamiento acerca de las restantes alegaciones formuladas por las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cruz y de la Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Valparaíso, por extemporáneo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5401-2026.