nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, Carolina Hidalgo Fiol, abogada, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta N°24324744 de 3 de julio de 2024, a través de la cual se rechaza su solicitud de residencia temporal y prohíbe su ingreso al territorio nacional por un plazo de cinco años, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Explica que la recurrente ingresó el 2 agosto de 2018 vía aérea a Chile, en compañía de sus hijos menores de edad nombre reservado y nombre reservado, con el propósito de buscar mejores condiciones de vida, solicitando y obteniendo de parte de la autoridad migratoria visación de residencia temporaria Sujeta de Contrato N°RUT reservado, aprobada según Resolución Exenta N°123733/13-05-2019, con vigencia desde el 9 de julio de 2019 hasta el 9 de julio de 2020. Agrega que así, obtuvo su cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado. Refiere que por motivos familiares y económicos debió, el 2 de febrero de 2020 debió retornar a su país de origen, Venezuela, para solucionar asuntos personales pendientes, encontrándose con la pandemia del COVID19 que conllevó el cierre de fronteras.

Indica que por la razón anterior, retoma nuevamente su proyecto migratorio el 27 de julio de 2022 una vez levantado el estado de excepción en ambos países, presentando solicitud de residencia temporal por motivos económicos registrada bajo el N°51821206. Añade que, transcurridos cuatro meses desde la solicitud, el 11 de noviembre de 2022 recibe orden de subsanar relacionada con su trámite, en la que se le otorga el plazo de 60 días para consignar información referente a su contrato de trabajo y carpeta tributaria. Sostiene que, el 23 de noviembre del mismo año procede a subsanar su trámite de residencia temporal, consignando nuevamente y dentro del plazo otorgado, la documentación requerida.

Señala que transcurridos más de 2 años desde la presentación de la solicitud en cuestión el 3 de abril del presente año recibe notificación de “previo-rechazo” a través de la cual se le indica que dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar antecedentes adicionales respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad migratoria. Menciona que solo en virtud de la anterior comunicación, la recurrente tomó conocimiento cierto de la referida causa penal, pues nunca fue efectiva ni legalmente notificada al respecto de la apertura del referido procedimiento, siéndole en consecuencia, imposible comparecer a las audiencias fijadas a tal efecto. Añade que así se explica la razón del decreto de sobreseimiento temporal en la referida causa.

Arguye que pese a la presentación de descargos, la recurrida le notifica la Resolución Exenta N°24324744 de 3 de julio de 2024, mediante la cual, se procede a rechazar su solicitud de residencia temporal, disponiendo además su prohibición de ingreso al país por un plazo de 5 años. Estima que la medida adoptada por la recurrida es desproporcionada, dado que, la causa penal antes referida no ha culminado y por consiguiente no ha sido condenada en Chile, ni tampoco en Venezuela, por ningún delito. Expone que, en audiencia verificada en causa RIT 7081-2021, RUC 2100350351-5 en enero de 2023, se comunicó por parte del Ministerio Público la aplicación de la facultad del artículo 170 del Código Procesal Penal a una de las coimputadas, en la cual, se ordenó certificar si aquello era extensible al resto de imputados, encontrándose actualmente a la espera de la referida certificación por parte del Ministro de Fe del Tribunal.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°24324744 de 3 de julio de 2024 ordenando al recurrido, dar continuidad a la solicitud de residencia temporal presentada el 27 de julio de 2022, acogerla a trámite y sustanciarla conforme a derecho en el plazo más breve.

A folio 6, informa el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, señalando que mediante notificación electrónica N°56262554 de 3 de abril de 2024, se comunicó al recurrente que su solicitud de residencia definitiva no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa, toda vez que registra antecedentes negativos, por haberse declarado su rebeldía en causa RIT 7081-2021, RUC 2100350351-5, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares, por lo que le fueron requeridos mayores antecedentes respecto a dicha causa y su estado para poder continuar su tramitación.

Agrega que en virtud del incumplimiento en remitir documentos, mediante Resolución Exenta N°24324744 de 3 de julio de 2024 se rechazó la solicitud de residencia definitiva del recurrente, disponiendo, además, su prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de 5 años.

Refiere que el motivo del rechazo es por presentar antecedentes negativos por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 88 número 1, de la Ley N°21.325 es procedente el rechazo de su solicitud.

Finalmente, hace presente que se reservó al recurrente los recursos administrativos que establece la Ley N°19.880 como métodos de impugnación de la Resolución Exenta impugnada.

A folio 7, se ordena traer los autos en relación.

A folio 23 evacua informe doña nombre reservado, Fiscal Regional de Valparaíso, quien da cuenta que en causa RIT 7081-2021 del Juzgado de Garantía de San Bernardo, el 23 de diciembre de 2021 se fijó audiencia de formalización por el delito de estafa, la recurrente no asiste, fijándose una nueva audiencia para el 13 de enero de 2022 ante el Juez de Garantía de San Bernardo, donde la actora tampoco asiste, despachándose la respectiva orden de detención. El 08 de abril de 2022, en audiencia de ampliación de plazo de la investigación se declara su rebeldía y se decreta sobreseimiento temporal.

Hace presente que la investigación se encuentra vigente, estando pendiente la fijación de una audiencia de formalización.

A folio 25, rija autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, se impugna a través de esta vía cautelar la Resolución Exenta N°24324744 de 3 de julio de 2024, a través de la cual se rechaza la solicitud de residencia temporal de la recurrente y prohíbe su ingreso al territorio nacional por un plazo de cinco años.

Tercero: Que, tal resolución tiene como antecedente, lo que se informó a la recurrente por el Servicio mediante notificación electrónica N°56262554 de 3 de abril de 2024, en cuanto su solicitud de residencia definitiva no se encontraba en condiciones de avanzar por registrar antecedentes negativos, al haberse declarado su rebeldía en causa RIT 7081-2022, RUC 2100350351-5, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares. Por ello le fueron requeridos mayores antecedentes de la causa y se indicara su estado, lo que no fue cumplido, motivando el rechazo de la solicitud.

Cuarto: Que, el Ministerio Público informa que efectivamente la recurrente se encuentra en calidad de prófuga en causa RIT 7081-2022, RUC 2100350351-5, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares, atendida su incomparecencia a las audiencias fijadas a efecto de formalizarla por el delito antes mencionado.

Quinto: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 N°1 de la Ley N°21.325; “Prohibiciones facultativas. Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional a los extranjeros que: 1. Hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen o en los últimos cinco años por actos que la ley chilena califique de simple delito. También se podrá impedir el ingreso a aquellos extranjeros que, respecto de crímenes o simples delitos, se encuentren con procesos judiciales pendientes en el extranjero o se encuentren prófugos de la justicia”

Sexto: Que, los antecedentes reunidos y conforme a la norma precitada, no se advierte un trato desigual hacia la actora que constituya un acto ilegal o arbitrario que afecte la garantía constitucional invocada, desde que el actuar de la recurrida se ha enmarcado dentro de sus facultades, en los supuestos contemplados por la ley y sus decisiones se encuentran debidamente fundadas. En efecto, tanto el rechazo de la solicitud de residencia temporal, como la prohibición de ingreso al territorio nacional por el plazo de cinco años, se sustentan en los antecedentes que tuvo a la vista al momento de resolver y que lo justifican.

Séptimo: Que, en este orden de ideas, se descartan las alegaciones de la actora relativas al principio de inocencia que la ampara en el proceso penal, puesto que el artículo 88 inciso final de la Ley 21.325 faculta a la autoridad migratoria a rechazar las solicitudes de residencia de quienes se encuentren comprendidos en alguna de las causales del artículo 33 de la misma ley, y su numeral primero establece, a su vez, la prerrogativa de la recurrida de impedir el ingreso a territorio nacional a quienes se encuentren prófugos de la justicia. En consecuencia, la acción intentada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Decisión acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Eduardo Morales Espinosa, quien estuvo por acoger la presente acción constitucional tiendo en consideración que la norma aplicada por el Servicio recurrido dice relación con prófugos de la justicia extranjera y no nacional. Al contrario, el Estado de Chile tiene interés en que las personas imputadas se presenten ante sus tribunales. Al impedirlo se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley invocada por el recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5353-2024.

En Valparaíso, veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.