CORPORACION EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE QUILPUE con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparecen los abogados don Mario G. Navia Salinas y don Felipe Andrés Espinoza Zegers, en representación convencional de la Corporación Iglesia Presbiteriana Reformada Misionera de Quilpué, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, e interponen acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, RUT N° RUT reservado, representada por su Director Regional don Jesús Virgilio Figari Luengo, fundada en la vulneración de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, relativos a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad.

Sostienen que la conducta ilegal y arbitraria atribuida a la Dirección del Trabajo consiste en no haber dado respuesta a la consulta formal efectuada por el empleador dentro del procedimiento administrativo asociado a la denuncia Ley Karin N° E197407/2025, presentada por la trabajadora nombre reservado en contra de la Inspectora de Patio nombre reservado, manteniendo el expediente en un estado de inactividad pese a haber transcurrido el plazo legal de treinta días previsto en los artículos 211-C inciso segundo del Código del Trabajo y 17 del Decreto N° 21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que ordenan concluir la investigación dentro de dicho término.

Relatan que, con fecha 14 de julio de 2025, la Dirección Regional del Trabajo notificó al empleador la presentación de la referida denuncia, instruyendo la aplicación inmediata de una medida de resguardo consistente en la separación de los espacios de trabajo entre la denunciante y la denunciada. Sin embargo, al cumplirse el plazo legal de treinta días, la autoridad no emitió resolución alguna ni informó la conclusión del procedimiento ni la vigencia de las medidas adoptadas.

Agregan que, durante la semana del 18 de agosto de 2025, el empleador concurrió presencialmente ante la Dirección Regional del Trabajo para consultar por el estado del procedimiento y la subsistencia de las medidas de resguardo, sin obtener respuesta hasta la fecha, configurándose así una omisión ilegal y arbitraria, al incumplirse el deber de resolver dentro del plazo perentorio que la normativa laboral impone.

Sostienen que esta inactividad ha generado incertidumbre jurídica y afecta directamente el patrimonio del empleador, quien se ha visto obligado a mantener el pago de remuneraciones e imposiciones a la trabajadora denunciante sin contraprestación efectiva de servicios, contrariando la naturaleza bilateral del contrato de trabajo y el principio de proporcionalidad.

Por lo anterior, solicitan que esta Corte acoja la presente acción constitucional de protección, y en consecuencia se declare que la Dirección Regional del Trabajo incurrió y continúa incurriendo en una omisión ilegal y arbitraria con ocasión de la tramitación del procedimiento administrativo asociado a la Denuncia Ley Karin N° E197407/2025, al no haber cumplido con el plazo máximo de investigación previsto en los artículos 211-C del Código del Trabajo y 17 del Decreto N° 21, sin fundamento normativo ni racional alguno; disponga la adopción inmediata de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, en particular, ordenando a la recurrida cerrar la investigación a su cargo asociada al expediente N° E197407/2025, informar a la entidad empleadora los resultados de la misma, y señalar expresamente que las medidas de resguardo adoptadas inicialmente no continúan vigentes, además del cumplimiento de las demás cargas que la normativa vigente impone al ente investigador; con costas en caso de existir oposición.

A folio 6, evacúa informe la abogada Carolina Pérez Rodríguez, en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido por la Corporación Iglesia Presbiteriana Reformada Misionera de Quilpué, fundado en las razones de hecho y de derecho que expone.

En primer término, la recurrida precisa los antecedentes fácticos que motivaron la intervención del Servicio, señalando que con fecha 17 de julio de 2025, la trabajadora nombre reservado interpuso una denuncia por acoso laboral en contra de su empleador, Corporación Presbiteriana de Quilpué, al amparo de la Ley N° 21.643 (“Ley Karin”), denunciando maltrato verbal de parte de la funcionaria nombre reservado, inspectora de patio del establecimiento ubicado en Villa Alemana.

Agrega que, recibida la denuncia, la Inspección del Trabajo de Quilpué dictó medidas de resguardo consistentes en que el empleador debía proporcionar protección adecuada a la denunciante, conforme a su protocolo de prevención. Posteriormente, la empleadora informó haber adoptado la medida de separación de espacios de trabajo entre las partes. Indica, además, que el 11 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una mediación voluntaria, conforme a la Circular N° 29 de la Dirección del Trabajo, la cual concluyó sin acuerdo.

En cuanto al marco jurídico aplicable, la Dirección Regional recuerda que la Ley N° 21.643 de 15 de enero de 2024, que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, introdujo nuevas obligaciones a la autoridad administrativa en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, fijando directrices específicas a través del Decreto Supremo N° 21 de 28 de mayo de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Estas normas, sostiene, ampliaron considerablemente las competencias y carga de trabajo del Servicio, sin que se haya aumentado proporcionalmente el número de funcionarios.

A continuación, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente, por cuanto no constituye la vía idónea para impugnar actuaciones administrativas, existiendo procedimientos expresos de reclamación, conforme al artículo 15 de la Ley N° 19.880, mediante recursos de reposición y jerárquico. Añade que el recurso se ha interpuesto como un sustituto procesal del control contencioso-administrativo, contrariando lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su defensa en cuanto a que esta acción cautelar no reemplaza los mecanismos ordinarios de impugnación de actos administrativos.

Seguidamente, la Dirección Regional del Trabajo niega haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, explicando que la demora en la investigación no obedece a negligencia, sino a causas de fuerza mayor, derivadas del aumento exponencial de denuncias bajo la nueva ley (más de 800 en la región), el ingreso de más de 1.200 solicitudes vía SUAC, y la falta de recursos humanos y presupuestarios para atenderlas oportunamente. Agrega que la sobre carga laboral ha ocasionado numerosas licencias médicas entre funcionarios, lo que agrava las demoras, sin que ello implique infracción a la legalidad.

En cuanto a los plazos de investigación, sostiene que éstos no son fatales para la Administración, citando dictámenes de la Contraloría General de la República (N°s 96.251/2015, 3.860/2018 y 19.288/2019), que establecen que su incumplimiento no invalida el procedimiento, sino que puede generar solo responsabilidad administrativa. Añade que, conforme al artículo 6° y 7° de la Constitución, el Servicio debe cumplir su función fiscalizadora en forma íntegra antes de dictar la decisión final, sin estar sujeto al silencio administrativo positivo, el cual no aplica en materias de control legal o fiscalización.

Por otra parte, la recurrida argumenta que la omisión denunciada se refiere a una cuestión accesoria —la vigencia de las medidas de resguardo— y no al fondo del procedimiento investigativo. Expone que tales medidas son transitorias y pueden modificarse a petición del empleador si demuestra cambios en las circunstancias de riesgo, sin perjuicio de los derechos fundamentales involucrados.

En relación con los derechos constitucionales invocados, la autoridad niega la existencia de vulneración. En cuanto al artículo 19 N° 2, sostiene que no existe trato discriminatorio, pues la demora afecta a todos los empleadores debido a la alta carga de trabajo, y no de modo particular al recurrente. Respecto del artículo 19 N° 24, afirma que no se ha afectado derecho de propiedad alguno, ya que las medidas de resguardo no implican privación patrimonial, siendo provisionales y modificables. Concluye que la Dirección del Trabajo ha actuado dentro del ámbito de sus competencias legales, y que no existe ilegalidad ni arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte.

Finalmente, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, declarando su improcedencia o, en subsidio, su falta de fundamento, con expresa condena en costas.

A folio 7, comparece el abogado Felipe Espinoza Zegers, en representación de la Corporación Educacional Presbiteriana de Quilpué, recurrente en estos autos sobre recurso de protección caratulados “Corporación Educacional Presbiteriana de Quilpué con nombre reservado”, Rol Corte 5351-2025, solicitando se tenga presente lo que expone y acompañando documentos en el otrosí.

Expone que, contrariamente a lo informado por la recurrida, la denuncia por Ley Karin interpuesta por la trabajadora nombre reservado fue notificada a su representada el 14 de julio de 2025, y no el 17 de julio, como se señaló en el informe. En esa misma oportunidad, la Inspección del Trabajo dispuso el cumplimiento de las medidas de resguardo correspondientes a la gravedad de los hechos denunciados, conforme al protocolo de prevención vigente en el establecimiento educacional. Indica que dicha medida fue acatada de inmediato por el empleador.

Agrega que, en consecuencia, el procedimiento de investigación debía concluir dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la denuncia, esto es, a más tardar el 14 de agosto de 2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 211-C del Código del Trabajo y en el artículo 17 del Decreto N° 21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el reglamento de la Ley N° 21.643 (“Ley Karin”). No obstante, sostiene que la Dirección del Trabajo recién el 11 de septiembre de 2025 —esto es, casi dos meses después— inició formalmente el proceso de investigación, y ello únicamente a raíz de la interposición del presente recurso constitucional.

Refiere que, al iniciar la investigación, la Inspección del Trabajo solicitó a su representada acreditar el cumplimiento de las medidas de resguardo y acompañar comprobante de comunicación de las mismas a la denunciante y a la denunciada, sin disponer el alzamiento de tales medidas, pese a que el plazo legal de treinta días ya se encontraba vencido hacía casi un mes. En tal contexto, afirma que la mantención de las medidas de resguardo más allá del plazo legal ha generado un perjuicio concreto al funcionamiento del establecimiento educacional, toda vez que la denunciante se desempeña como encargada de enfermería (TENS) y la denunciada como inspectora de patio, funciones que requieren contacto frecuente con alumnos. En cumplimiento de la orden administrativa, el colegio debió reubicar a la inspectora denunciada en labores distintas, y asignar a otra persona sus funciones habituales, lo que —afirma— ha provocado afectaciones tanto a las trabajadoras involucradas como a la institución empleadora.

Sostiene que esta situación se mantiene hasta la fecha, incluso luego de evacuado el informe por parte de la Dirección Regional del Trabajo, subsistiendo lo que califica como una situación de ilegalidad, al persistir una medida de resguardo más allá del límite temporal fijado por el legislador, vulnerando las garantías constitucionales de su representada.

Finalmente, solicita a esta Iltma. Corte tener presente lo expuesto al momento de resolver, y en el otrosí, pide tener por acompañados los correos electrónicos de 14 de julio de 2025 y de 11 de septiembre de 2025, mediante los cuales se notificó la denuncia y se dio inicio a la fiscalización, respectivamente, documentos con los que pretende acreditar la inactividad del Servicio y la extensión indebida de las medidas de resguardo.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, los hechos que motivan el presente recurso dicen relación con la omisión atribuida a la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, consistente en no haber dado respuesta oportuna a la consulta formal efectuada por la Corporación Iglesia Presbiteriana Reformada Misionera de Quilpué, dentro del procedimiento administrativo asociado a la denuncia Ley Karin N° E197407/2025, presentada por la trabajadora nombre reservado en contra de la funcionaria nombre reservado, manteniendo el expediente en estado de inactividad pese a haber transcurrido el plazo legal de treinta días previsto en los artículos 211-C del Código del Trabajo y 17 del Decreto N° 21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que disponen la conclusión de la investigación dentro de dicho término.

Tercero: Que, evacuando informe, la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso reconoce la existencia de un retardo en la tramitación, atribuyéndolo al aumento sustantivo de denuncias bajo la Ley N° 21.643 y a la falta de recursos humanos y presupuestarios, sosteniendo que los plazos establecidos por la ley no tienen carácter fatal y que su incumplimiento solo podría generar responsabilidad administrativa.

Cuarto: Que, para resolver el presente arbitrio, se tendrá presente que la Ley N° 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, incorporó el artículo 211-B al Código del Trabajo, en el que expresamente se estableció que los procedimientos de investigación deberán sujetarse, entre otros, al principio de celeridad y perspectiva de género.

Quinto: Que, asimismo, se contempla en forma expresa, en el artículo 211-C del Código precitado, que la investigación deberá tener una duración máxima de 30 días, lo que encuentra su fundamento en la gravedad de las conductas denunciadas por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo.

Sexto: Que, en tal sentido, no resulta inocua la omisión denunciada, en tanto mantiene, hasta la actualidad, la incertidumbre acerca del tiempo en que las medidas cautelares adoptadas al inicio de este procedimiento deberán estar vigentes, manteniendo pendiente la resolución del conflicto sometido a su decisión.

Séptimo: Que, de conformidad con lo expresado hasta ahora, la ilegalidad denunciada se ha configurado, toda vez que, tratándose de una materia de suyo urgente, en la que el legislador, con la finalidad de impedir conductas que socialmente hoy resultan inaceptables en el plano laboral, ha previsto un plazo perentorio para resolver la investigación puesta a su cargo. Así, habiendo preterido lo dispuesto en el artículo 211-C del Código del Trabajo, la autoridad administrativa ha incurrido en la referida ilegalidad, pudiendo inferirse que dicha conducta acarrea perjuicio tanto al trabajador como al empleador involucrados en la denuncia.

Octavo: Que, en las condiciones antes anotadas, se acogerá la presente acción cautelar en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por la Corporación Iglesia Presbiteriana Reformada Misionera de Quilpué en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, y se ordena:

I. Cerrar la investigación que motiva este recurso dentro del plazo establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo, pronunciándose expresamente acerca de la vigencia de las medidas de resguardo ya adoptadas.

II. Notificar en forma legal tanto a la denunciante nombre reservado como a la entidad empleadora, el resultado de la investigación, así como toda decisión que se adopte en su mérito.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5351-2025.