nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, trece de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos ProVida S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, solicitó ante la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece un sistema de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Señala que, realizó la solicitud de retiro de fondos mediante el formulario dispuesto para ello, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado y lo establecido en la normativa regulatoria. Indica que posteriormente, mediante comunicación de correo electrónico de 5 de agosto de 2025, fue informada por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud, indicando que: "Se detecta duplicidad en el timbre del Oficial de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile estampado en título o certificado de afiliación el cual fue aportado por diferentes afiliados".

Sostiene que, en cuanto a la legalización del certificado, es importante traer a colación lo establecido en el artículo 345 N°3 del Código de Procedimiento chileno. Alega que, en la época en la que se encontraba operativa la embajada de Venezuela en Chile, ésta era la forma específica y correcta en que se legalizaba el documento correspondiente a la certificación de la afiliación del solicitante a la institución de seguridad social de su país de origen, no siendo justificable ni ajustada a derecho la motivación invocada para rechazar la solicitud.

Argumenta que, existe imposibilidad de obtener actualmente la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Refiere que la recurrente presentó un certificado que da cuenta de su afiliación a la institución de previsión social, así como de las prestaciones otorgadas y cuya autenticidad puede ser verificada electrónicamente.

Concluye solicitando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días o el que se estime conforme al mérito de autos.

A folio 5, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Indica que, la recurrente no registra presentaciones respecto de solicitudes de devolución de fondos, invocando la Ley N°18.156. Sostiene que para acreditar el requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, los solicitantes deben acreditar que han tenido protección ante las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad durante todo el tiempo en que prestaron servicios en nuestro país, a todo evento y de manera efectiva. Refiere que el documento debe ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Menciona que la recurrente señala que acompañó a su solicitud de retiro de fondos una Constancia de Afiliación al IVSS debidamente legalizada, pero según se desprende del documento, tal constancia fue emitida el 24 de julio de 2024, es decir, su plazo de vigencia expiró el 22 de noviembre de 2024, mientras que la presentación de la solicitud de retiro se habría ingresado durante el segundo semestre del año 2025. Agrega que, el referido documento no se encuentra firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada.

Concluye que, no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley N°18.156, para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 10, evacúa informe Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. Señala que, la presente acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. Expone que, el 5 de agosto de 2025, rechazó la solicitud de la recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas y sin que señalen las coberturas específicas, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la Ley N°18.156. Agrega que a partir del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

Argumenta que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

A folio 11, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero deducida por la actora, quien solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que rechazó la solicitud de la recurrente por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, y que además, las certificaciones electrónicas emitidas por dicho Instituto no han sido legalizadas o apostilladas, ni señalan las coberturas específicas, por lo que no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la Ley N°18.156.

Cuarto: Que, el artículo 7° de la Ley N°18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley".

A su turno, citado artículo 1° dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744".

Quinto: Que, atendido el mérito de lo informado y los antecedentes acompañados, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso. En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que la actora se encuentra protegida por el seguro social venezolano, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Sexto: Que, aun cuando la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, el Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente tanto en Chile como en Venezuela, aunado a las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones en el artículo 1 letra b) la Circular N°553, así como en el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Por lo anterior, la exigencia de legalización o apostilla constituye una garantía de autenticidad que no puede omitirse, en especial cuando se trata de un régimen previsional de excepción que exige acreditar con certeza los requisitos copulativos de la ley. Por su parte, la declaración jurada acompañada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que la recurrente se encontraba cubierta por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., al rechazar la solicitud de devolución de fondos del actor, toda vez que dicha decisión se encuentra fundada en la falta de acreditación suficiente de los requisitos legales y en el cumplimiento de instrucciones dictadas por la autoridad fiscalizadora competente, sin que se advierta vulneración de las garantías constitucionales invocadas, teniendo presente, además, en este caso, que se trata de una residente venezolana que no ha invocado su interés en retornar a su país de origen, lo que autorizaría, cumpliéndose los requisitos legales, el retiro de los fondos previsionales.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5342-2025.