Recurso de protección

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Mao Francisco Santiago Montoya, quien recurre ante esta Corte en representación de la ciudadana venezolana nombre reservado, solicitando la protección frente a lo que estima constituyen omisiones arbitrarias e ilegales, tanto del Servicio Nacional de Migraciones, como de la Subsecretaría del Interior, que conculcan la garantía de igualdad ante la Ley, del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada, el 22 de noviembre de 2024, solicitó a la Subsecretaría del Interior un permiso de residencia por razones humanitarias. Luego, el 12 de mayo de 2025, sostiene haber solicitado tanto a la Subsecretaría como al Servicio de Migraciones, por vía de transparencia, información acerca del estado de tramitación de la solicitud, obteniendo sólo respuesta de la primera, quien informó haber derivado los antecedentes de la petición de información al Servicio Nacional de Migraciones, por ser materia de su competencia. También señala haber deducido un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por denegación del derecho a la información.

Posteriormente, los días 8 y 15 de julio de 2025, señala haber denunciado primero, ante la misma Subsecretaría, el hecho de haber vencido el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, para requerir en la segunda fecha -siempre al mismo órgano- la certificación de no haberse pronunciado dentro del plazo legal, sin obtener respuesta alguna a sus requerimientos.

Plantea que las diligencias realizadas por la actora, denotan no solo el interés que ésta ha tenido en regularizar su situación migratoria, sino que además ponen en evidencia, la poca diligencia que las recurridas han tenido para resolver y tramitar lo solicitado.

Acompaña el pasaporte de la actora; el certificado de antecedentes penales, de 30 de enero de 2025, apostillado y sin registro de condenas; un comprobante de envío por Correos de Chile donde se lee “SUBSECRETARIO DEL INT. nombre reservado. POR RAZONES HUMANITARIAS”, de 22 de noviembre de 2024, dirigido por la actora a dicho órgano al Palacio de la Moneda; la solicitud de acceso a la información N° NUM000 del 12-05-2025 (SERMIG); un “print” de pantalla del estado de la solicitud N° NUM000; la solicitud de acceso a la información N° NUM001 del 12-05-2025 (Subsecretaría del Interior); carta respuesta de la Subsecretaría del interior a la solicitud Nº NUM001; el reclamo presentado ante el Consejo para la Transparencia por denegación de acceso a la información; un comprobante de envío por Correos de Chile de 08-07-2025 dirigido a la Subsecretaría del Interior.

A folio 4, Informando la Subsecretaría del Interior, señala básicamente que la solicitud de la recurrente se encuentra, actualmente, en etapa de tramitación, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve, haciendo presente que una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la actora, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Precisa que la solicitud de la actora corresponde a aquella establecida en el artículo 155 Nº 9 de la Ley de Migraciones, en cuya virtud corresponde al Subsecretario del Interior la potestad indelegable de disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de este tipo de permisos a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria de la persona beneficiaria de dicho permiso.

En lo pertinente al recurso, la recurrida informa, además, que el otorgamiento del referido permiso de residencia por razones humanitarias, constituye “una facultad de la autoridad, mas no una obligación, y siempre que aquella así lo determine.”.

Descarta que su actuar omisivo sea arbitrario o ilegal, ya que este tipo de solicitudes por su excepcional naturaleza, son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo que se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería.

Se permite recordar a esta Corte, que estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, siendo por tanto requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

Entrega cifras conforme a las cuales se habrían recibido entre los años 2022 y el 2025 más de 12 mil solicitudes de este tipo de permisos, planteando que este alto número de solicitudes permiten desechar por parte de dicho órgano arbitrariedad en su actuar.

En cuanto a la ilegalidad que la recurrente alega, basada en que no ha resuelto la solicitud dentro del plazo legal, informa la Subsecretaría que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, el plazo máximo de 6 meses que el artículo 27 de la ley N° 19.880 establece para todo procedimiento administrativo, no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad, ni invalidación del acto respectivo.

Plantea que la actora no aporta antecedentes suficientes que permitan apreciar de qué manera su omisión vulnera algún derecho o garantía tutelable por la vía de la acción de protección.

Sostiene, por último, que por esta vía se estaría instrumentalizando la acción de protección, la que de ser acogida, importaría vulnerar la garantía constitucional de igualdad ante la ley de todos aquellos otros migrantes a quienes aún no le son resueltas sus solicitudes.

A folio 6, el Servicio Nacional de Migraciones, informó básicamente no ser órgano competente para conocer y resolver la solicitud de la actora, motivo por el cual señaló haber derivado los antecedentes a la Subsecretaría del Interior.

En lo que importa a este recurso, el Servicio informó haber recibido el 22 de noviembre de 2024, una carta certificada por la cual la recurrente solicitó que se regularizara su condición migratoria en base a la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Señala que su actuación no es arbitraria, ni ilegal, pues remitió los antecedentes al órgano competente el 17 de septiembre de 2025, acompañando el Oficio Ordinario Nº NUM002, de 17 de septiembre de 2025, por el que el Director del Servicio Nacional de Migraciones remite al Subsecretario del Interior, los antecedentes, que citan, en primer lugar, la presentación de 22 de noviembre de la parte interesada; en segundo lugar, la resolución de esta Corte de 4 de septiembre de 2025, y; en tercer y último término, un proyecto de acto administrativo que resuelve la solicitud que indica.

A folio 7 se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones que sean arbitrarios o ilegales y que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO.- Que, la presente acción se ha interpuesto por actos omisivos de las recurridas, que no han resuelto oportunamente la petición de la actora, realizada el 22 de noviembre de 2024, quien al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 Nº 9 de la Ley 21.325 de Migraciones, pidió al Señor Subsecretario del Interior que se le otorgue un permiso de residencia temporal por razones humanitarias, haciendo presente que se encuentra en situación migratoria irregular, con todas las consecuencias que de ello se derivan.

TERCERO.- Que, en abono de sus planteamientos, la recurrente acompañó el comprobante de envío de carta certificada de 22 de noviembre de 2024, dirigida al Señor Subsecretario del Interior, al Palacio de la Moneda, la que según informe del Servicio Nacional de Migraciones habría sido recibida, extrañamente, por ese Servicio – a quien no le fue dirigida y que no tiene domicilio en el Palacio de la Moneda, sino en domicilio reservado de la comuna de Santiago- el mismo día 22 de noviembre de 2024; fecha desde la cual, más allá del lugar donde la solicitud fuera recibida, no tuvo ningún movimiento, sino hasta el 17 de septiembre de 2025, con motivo de la resolución de esta Corte de 4 de septiembre de 2025, pronunciada en estos autos.

Realizada la consulta en el sitio www.correos.cl con el número de envío NUM003 estamado en el comprobante de la carta certificada acompañada por la actora, ésta figura entregada a su destinatario el 25 de noviembre de 2024, en el Palacio de la Moneda, a “MIN INTERIOR MARINA”.

CUARTO.- Que, consta el envío de una segunda carta certificada dirigida al Señor Subsecretario del Interior, de 8 de julio de 2025, por la que, de acuerdo al planteamiento de la recurrente -no desvirtuado por ninguna de las recurridas- la actora, una vez vencido el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 (contado desde la presentación de 22 de noviembre de 2024) pidió que se resolviera su solicitud.

QUINTO.- Que, en las circunstancias fácticas descritas en el motivo precedente, el Señor Subsecretario del Interior incurrió en una omisión ilegal, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 19.880, debió darle a esta segunda solicitud de 8 de julio de 2025, el efecto establecido en la norma legal citada, a fin de permitir que, ante su silencio, la solicitud se entendiera acogida, atendidos los principios de desformalización, respecto del administrado, y de actuación de oficio, de celeridad, de eficiencia y eficacia, respecto a la administración.

SEXTO.- Que, aún cuando en la especie no es aplicable el plazo del artículo 27 de la Ley 19.880, en tanto decaimiento, por razones evidentes, es importante dejar anotado que la jurisprudencia, que esta Corte ha hecho suya (entre otros, Rol Contencioso Administrativo 74- 2024) establece que el transcurso del tiempo no es, por sí sólo, motivo suficiente para que el procedimiento administrativo decaiga, pues se requiere copulativamente la trascendencia, es decir, un perjuicio para el administrado, que en este caso es evidente, al tratarse de una persona que se encuentra en situación migratoria irregular, proveniente de un país que atraviesa por una situación social y política de particular complejidad, como es Venezuela.

SÉPTIMO.- Que, así como se ha observado el informe de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, en relación al órgano que habría recibido la solicitud de la actora de 22 de noviembre de 2024, esta Corte también observa el tercer antecedente del Oficio Ordinario Nº NUM002, de 17 de septiembre de 2025, por el que el Director del Servicio Nacional de Migraciones remite al Señor Subsecretario del Interior un proyecto de acto administrativo que resuelve la solicitud de la http://www.correos.cl/ actora, teniendo presente que tanto el conocimiento, como la resolución de ese tipo de requerimientos, según lo informado por la Subsecretaría del Interior, son facultades indelegables del Señor Subsecretario del Interior, de manera que el hecho de haber conocido de tales antecedentes, importa un acto ilegal del Servicio Nacional de Migraciones, por actuar fuera de sus competencias, arrogándose funciones que la ley no le ha otorgado.

OCTAVO.- Que, de acuerdo al tenor literal del informe del Servicio Nacional de Migraciones, éste habría retenido los antecedentes de una solicitud que no le fue requerida, y respecto de la cual no tiene competencias, por casi 10 meses, sin haberlo remitido oportunamente al órgano competente, lo que deviene necesariamente en un actuar arbitrario, pues de acuerdo con el informe de la Subsecretaría del Interior, la gran cantidad de solicitudes como la formulada por la actora, están radicadas ante ese órgano, y no ante el Servicio de Migraciones, lo que en consecuencia, no le permite excusar su retardo en la derivación en una cantidad excesiva de solicitudes que no están ante ese órgano.

NOVENO.- Que, el artículo 7 de la Ley 19.880 dispone que “El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.”

DÉCIMO: Que, en su informe la Subsecretaría del Interior sólo refiere cifras estadísticas, sin precisar, en concreto, el número de solicitudes en espera de resolución, como tampoco el orden riguroso que la ley establece para poder determinar el lugar en que se encuentra la solicitud de la actora, por lo que las omisiones, al no tener una explicación concreta al caso específico, devienen en arbitrarias, máxime cuando han estado supuestamente ante otro órgano, sin mayor explicación de cómo se habría producido esa extraña situación.

DÉCIMO PRIMERO.- Que, el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas importa una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley de la actora, quien ha visto dilatada en demasía una solicitud que, a su vez, y no obstante ser potestativa, debe ser resuelta fundadamente dentro del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, atendida la situación migratoria de la requirente, y en la medida que el administrado lo invoque, como en este caso, por la vía del silencio positivo. Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Señor Subsecretario del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena al primero resolver fundadamente la solicitud de la actora dentro del plazo de 5 días, entendiéndose aceptada en caso de silencio, debiendo otorgar la certificación correspondiente.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Álvaro Pavez Jorquera.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese N°Protección 5319-2025.

No firman los Ministros Suplentes señor nombre reservado y señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, en razón de haber cesado en su suplencia y retornado a su tribunal de origen.