Recurso de protección

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en contra de nombre reservado, Jefe de Docencia de la Escuela de Ingeniería Mecánica, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en su eliminación del Plan Complementario de Ingeniería Mecánica, invocando el cierre del programa, comunicado el 5 de junio de 2026, minutos después de entregar formalmente su Memoria de Título, y que vulnera sus derechos a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, expone que cursó el referido plan durante 2019 y 2020, aprobando todas las asignaturas, salvo el Proyecto de Título, afirmando que, una grave emergencia médica (obstrucción intestinal) entre 2020 y 2021 le dejó una secuela pulmonar permanente que, llevó a su empleador a mantenerlo en teletrabajo, dificultando así la obtención de los datos necesarios para su memoria.

Refiere que en octubre de 2021 se aprobó su tema de memoria y que, en mayo de 2022, el recurrido reconoció por escrito su vigencia como egresado. Tras años de supervisión, el 14 de mayo de 2026 el co- guía declaró su tesis lista para entregar, siendo entregada finalmente por el actor el 5 de junio de 2026 a las 10:22 horas, y recepcionada sin objeción. Sin embargo, horas después, a las 12:10 horas, se le comunicó su eliminación por cierre del programa, sin acompañarse el decreto respectivo.

Añade que la Dirección de Procesos Docentes certificó, los días 6 y 10 de junio, que no tenía impedimentos académicos ni administrativos, y que el recurrido, tras una reconsideración, reconoció que la eliminación excedía las atribuciones de la Escuela. Afirma, además, que nunca recibió aviso del cierre, y que sus gestiones ante el Director, el Decano y la Vicerrectora Académica no prosperaron. Finalmente, invoca el caso del alumno nombre reservado, a quien, pese a estar eliminado desde 2021, la misma autoridad gestionó en 2025 un trimestre de gracia para titularse.

En cuanto al derecho, sostiene que el recurso es oportuno, al computarse el plazo desde el 5 de junio de 2026. Afirma que el acto es ilegal, por cuanto el Reglamento Interno de los Planes Complementarios solo sanciona con eliminación la reprobación de asignaturas, sin fijar plazo para el Quinto Módulo; que, en subsidio, el artículo 30 del Reglamento General de Estudios de Pregrado, Decreto de Rectoría Académico N°8/2021, permite fijar un currículo especial de titulación, mecanismo no activado; y que no existe resolución fundada de autoridad competente.

Asimismo, lo estima arbitrario por infringir la doctrina de los actos propios y la confianza legítima. Agrega que el Decreto de Rectoría Académico N°38/2023 y el artículo 25 ter de la Ley N°20.129 exigen que todo plan de cierre resguarde a las cohortes previas y sea aprobado por la Subsecretaría de Educación Superior, lo que no consta. Cita jurisprudencia.

Finalmente, estima vulnerado su derecho de propiedad, pues los estudios aprobados y su trabajo de título validado constituyen bienes incorporales incorporados a su patrimonio, de los que se le priva mediante una comunicación informal; su igualdad ante la ley, dado que la misma autoridad concedió al señor nombre reservado, en situación más desfavorable, una vía excepcional que a él se le niega sin justificación razonable; y su integridad psíquica, atendido el modo abrupto de la comunicación, su condición de salud crónica y la incertidumbre prolongada respecto de un proceso sostenido por más de cinco años.

Pide, se deje sin efecto su eliminación; se disponga que la Dirección de Procesos Docentes fije el currículo especial de titulación del artículo 30 del Reglamento General de Estudios de Pregrado; se dé curso a las revisiones pendientes de su Memoria y se fije fecha para su Examen de Título; y se adopten las demás medidas pertinentes, con costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 11, evacuó informe nombre reservado, jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación.

En cuanto al caso, informa que, revisados su sistema de gestión documental y los registros de su Oficina de Partes, no consta el ingreso formal de un plan de cierre del referido programa. En consecuencia, carece de antecedentes para informar en los términos requeridos y concluye que el procedimiento de cierre no se ha ejecutado conforme a la regulación vigente, pues no consta ni el ingreso ni la aprobación del plan.

Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia de Educación Superior y de las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

A folio 22, evacuó informe Hugo Muñoz López, abogado, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto a los hechos, expone que el recurrente ingresó al Plan Complementario de Ingeniería Mecánica en el segundo trimestre de 2019 y mantuvo matrícula hasta el segundo trimestre de 2020, en modalidad casi íntegramente online. Según el artículo 6° del Decreto de Rectoría Académico N°29/2018, que autorizó las versiones 2018 y 2019 del plan, el plan debía cursarse en un plazo máximo de dos años, que en su caso venció en mayo de 2021. Sostiene que el actor conocía este plazo, pues lo contenía el Reglamento Interno que recibió bajo firma y se le recordó por correo electrónico en mayo de 2020 por el Coordinador. Además, él mismo pidió flexibilidad en el plazo de entrega de una memoria que, según dijo, debía defender ese año, al presentar una licencia médica en marzo de 2021.

Agrega que, vencido ya el plazo y en atención a sus antecedentes médicos y a la pandemia, la Escuela le concedió dos trimestres de gracia, durante los cuales se aprobó su tema de memoria en noviembre de 2021, sin que ello implicara una prórroga indefinida. Finalmente, señala que su última comunicación con la Unidad Académica fue en mayo de 2022, y que entregó su memoria cerca de cinco años después de vencido el plazo reglamentario.

En cuanto al derecho, invoca la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 19 N°11 de la Constitución Política de la República, y el principio de autonomía universitaria, reconocido en las Leyes N°21.091, N°18.962 y N°21.094. En virtud de ellos, la Universidad puede dictar su normativa interna, la que se incorpora al contrato de prestación de servicios educacionales. En ese orden, el artículo 15 del citado decreto exige, como requisitos copulativos para obtener la licenciatura y el título, aprobar todas las asignaturas y el Proyecto de Título, y hacerlo dentro del plazo de dos años.

A continuación, controvierte los actos propios alegados. Sostiene que la supervisión de los profesores guía no prorroga la permanencia en el programa, que el correo de mayo de 2022 solo respondió a una consulta sobre otro programa, y que los certificados de la Dirección de Procesos Docentes únicamente acreditan la ausencia de deudas o sanciones, sin habilitar para titularse.

Respecto del alumno nombre reservado, explica que fue uno de seis estudiantes autorizados excepcionalmente en 2025 porque sus tesis ya estaban en etapa final de revisión. El actor, en cambio, no registraba gestión alguna desde 2022, y su memoria no había iniciado ninguna etapa de revisión, añadiendo que la comunicación de 5 de junio de 2026 no fue una decisión personal del Jefe de Docencia, sino que derivó del vencimiento del plazo y de instrucciones de las autoridades centrales sobre el término de estos programas, cuya versión 2019 fue la última impartida. Además, sostiene que el artículo 30 del Reglamento General de Estudios de Pregrado no resulta aplicable, pues su inciso primero remite a las normas de reincorporación, y la cohorte del actor se rige por el Decreto N°29/2018. A ello agrega que la interpretación de la normativa interna es prerrogativa exclusiva de la Universidad.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías invocadas.

Sostiene que no se afecta la integridad psíquica del actor por aplicar una norma clara y conocida. Tampoco la igualdad ante la ley, porque la excepción concedida a otros alumnos no era vinculante y la situación del recurrente no era análoga. Respecto de la propiedad, afirma que, sin la aprobación del Proyecto de Título, el actor solo tenía una mera expectativa, y que acoger su tesis afectaría la seguridad jurídica que el plazo resguarda.

A folio 24, el recurrente solicita que, al resolver, se pondere especialmente que la recurrida no acreditó documentalmente los hechos y decisiones en que funda su defensa, ni el fundamento normativo de la eliminación automática. Pide considerar, además, las contradicciones entre la comunicación de eliminación, el informe y los registros institucionales, así como la incompatibilidad de la conducta posterior de la Universidad con la imposibilidad definitiva de continuar que se le comunicó. Acompaña documentos.

A folio 26, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso acompaña documentos.

A folio 31, nombre reservado, quien ratifica y se adhiere a lo informado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a folio 22.

A folio 33, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, se impugna la decisión adoptada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, comunicada el 5 de junio de 2026, minutos después de entregar formalmente su Memoria de Título, que informa su eliminación de la carrera del Plan Complementario de Ingeniería Mecánica por supuesto vencimiento de plazos y cierre del programa, acto que se califica de ilegal y arbitrario al carecer de un plan de cierre formalmente aprobado por la autoridad sectorial y de un acto administrativo institucional, contraviniendo el principio de confianza legítima y los registros académicos vigentes.

Tercero: Que, la recurrida informa, en síntesis, que la Universidad actuó amparada en su autonomía y normativa interna, dado que el reglamento del plan fijaba un plazo máximo de dos años para su aprobación, el cual venció en mayo de 2021. Señala que, si bien otorgaron plazos de gracia excepcionales por la pandemia y problemas de salud, ello no implicaba una extensión indefinida de vigencia académica.

Añade que el estudiante entregó su tesis superando ampliamente los plazos máximos, negando vulneración de garantías.

Por su parte, la Subsecretaría de Educación Superior informó no poseer ningún registro de un plan de cierre aprobado que ampare la decisión institucional para dicho programa.

Cuarto: Que, para resolver, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 6, inciso final del Decreto de Rectoría N°29/2018, que autorizó las versiones 2018 y 2019 del plan, y que dispone: “El plan deberá cursarse en un plazo máximo de dos años.”

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 15 de dicho cuerpo reglamentario que señala: “Se otorgará el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y el título profesional de Ingeniero Mecánico, al candidato que haya aprobado la totalidad de las asignaturas señaladas en el Plan de Estudios establecido en este decreto y haya aprobado el Proyecto de Título.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el recurrente ingresó al Plan Complementario de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el segundo trimestre de 2019 y mantuvo matrícula hasta el segundo trimestre de 2020. Asimismo, que la Escuela le concedió dos trimestres de gracia al actor, durante los cuales se aprobó su tema de memoria en noviembre de 2021 y que, remitió el documento final de su memoria por correo de 5 de junio de 2026, esto es, excediendo el plazo de 2 años establecido por la normativa antes citada.

Sexto: Que, en consecuencia, no se advierte actuar ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, desde que su actuar se ajustó a la normativa reglamentaria que la rige, no existiendo situación alguna que deba ser enmendada por esta Corte, por lo que el presente el arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de don nombre reservado. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5301-2026.

En Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.