nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiuno de octubre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por estimar ilegal y arbitrario el acto de 12 de agosto de 2025 mediante el cual se declaró no ingresada su solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero.

Refiere que, habiendo solicitado a través del portal web de AFP Modelo la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, fue notificado por correo electrónico el 12 de agosto de 2025 de que su petición “no fue ingresada”, por no haberse recibido certificado del Instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero apostillado o legalizado, cerrándose la solicitud por “falta de documentación”. Sostiene que dicha exigencia no se encuentra prevista ni en el artículo 1° ni en el artículo 7° de la citada ley, los que solo requieren acreditar que el trabajador técnico extranjero está afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y que, en ese sentido, manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación, por lo que la decisión recurrida constituiría un formalismo excesivo que desconoce la finalidad del legislador.

Expone que acompañó constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual —indica— es verificable mediante los enlaces que señala, incorporando código alfanumérico de validación visible en la parte inferior del documento y mecanismos alternativos de comprobación por número de cédula.

Aduce que la decisión impugnada vulnera sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales, por cuanto importa una retención o afectación de sus fondos al impedirle continuar el trámite; además invoca el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política, señalando que no pueden imponerse condiciones o requisitos que restrinjan el ejercicio de derechos más allá de lo previsto por el legislador. Indica, asimismo, que la falta de apostilla o legalización no es exigida por la ley y, en todo caso, obedece a circunstancias ajenas a su esfera —describe dificultades para obtener documentación desde Venezuela—, por lo que estima improcedente que se condicione el avance del procedimiento a una formalidad que califica de imposible o de muy difícil cumplimiento.

Por lo expuesto, solicita que se reconozca como válida la documentación que acompaña y se ordene proceder a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados y que en general se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, informa Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso. Señala, en síntesis, que el actor ingresó su solicitud de devolución de fondos como técnico extranjero acompañando título profesional, declaración jurada ante notario, “constancia electrónica de cotizaciones” y contrato de trabajo con su anexo. Indica que, tras revisar los antecedentes, el 17 de julio de 2025 requirió al solicitante aportar certificado de afiliación a seguridad social extranjera que acreditara coberturas mínimas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado o apostillado, otorgándole un plazo de 4 días para dicho efecto; al no cumplirse aquello y reiterarse los mismos documentos, comunicó que la petición no sería ingresada por falta de documentación.

Sostiene que la “constancia electrónica de cotizaciones” no es un certificado de afiliación idóneo, pues no acredita específicamente, para el caso del actor, las coberturas exigidas, carece de firma de autoridad competente y no se encuentra legalizada ni apostillada. Agrega que la declaración jurada del recurrente no satisface el estándar probatorio previsto para acreditar afiliación extranjera. Afirma, además, que no fue posible validar la apostilla del título profesional.

A folio 8, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. En primer término, opone como cuestión previa que la materia sometida a conocimiento excede el ámbito propio del recurso de protección, por cuanto la acción cautelar tiene por objeto amparar el ejercicio de derechos claros e indubitados, mientras que en la especie existe una controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156, lo que debería resolverse en un procedimiento declarativo.

Explica que el recurrente, accionó por estimar que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia actuaron de forma arbitraria e ilegal al rechazar su solicitud de devolución de fondos, sosteniendo que cumple con las condiciones de la Ley N° 18.156. Precisa, sin embargo, que no existe registro alguno de reclamo ni presentación del recurrente ante dicho organismo, por lo que no ha mediado acto administrativo ni resolución por parte de dicha entidad, careciendo el recurso de acto específico que la vincule.

En cuanto al fondo, expone que la ley en comento constituye un régimen de excepción, aplicable solo a trabajadores extranjeros dependientes que reúnan copulativamente los requisitos del artículo 1°: acreditar afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y dejar constancia en el contrato de trabajo de la voluntad de mantener tal afiliación. Indica que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la acreditación debe efectuarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, o excepcionalmente a través de un certificado emitido por embajada o consulado actuando en representación de la autoridad previsional competente.

Agrega que, tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, este servicio ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para determinar mecanismos de validación de las constancias emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), informándose que, desde agosto de 2024, no es posible verificar los códigos QR de dichos certificados por inactividad del sitio web oficial, y que los documentos electrónicos no están siendo legalizados. Añade que, según el Oficio Reservado N° 4488 de 2025 del Ministerio, solo se legalizan documentos con firma manual que cumplan las condiciones de seguridad fijadas por la embajada venezolana, y que, en todo caso, la página https://mppre.gob.ve/ permanece disponible para apostillas emitidas directamente en el país de origen.

Expone que, pese a estas dificultades, las administradoras han seguido autorizando devoluciones de fondos a afiliados venezolanos cuando se acreditan todos los requisitos copulativos exigidos por la ley, por lo que —asegura— no existe trato discriminatorio. No obstante, destaca que el documento acompañado por el recurrente, consistente en una constancia de afiliación al IVSS, carece de firma, legalización o apostilla, y no acredita cobertura durante toda la relación laboral, por lo que no cumple con los requisitos legales. A ello suma que el actor no acompañó el contrato de trabajo donde debía constar expresamente su voluntad de mantener la afiliación extranjera, incumpliendo el requisito del literal b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Concluye que ni la Administradora ni esta Superintendencia han incurrido en actos ilegales o arbitrarios, sino que han actuado conforme a la ley, al Compendio de Normas y a la jurisprudencia administrativa vigente. Precisa que la negativa a cursar la solicitud no implica afectación del derecho de propiedad, pues el recurrente mantiene íntegramente sus fondos previsionales y podrá disponer de ellos conforme al régimen general del D.L. N° 3.500.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

Segundo: Que, en la especie, la acción constitucional se ha interpuesto en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, denunciando como acto ilegal y arbitrario la decisión de 12 de agosto de 2025, mediante la cual se declaró no ingresada su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada al amparo de la Ley N° 18.156.

Sostiene que acompañó toda la documentación exigida por la normativa, entre ellos constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), verificable en la web institucional mediante código de validación, declaración jurada notarial y título profesional apostillado. Alega que la negativa de la Administradora fundada en la falta de apostilla o legalización del certificado constituye una interpretación formalista y desprovista de razonabilidad, que vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.

Tercero: Que, al evacuar su informe, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. señala que el documento acompañado por el actor no cumple con los requisitos exigidos para acreditar su afiliación previsional en el extranjero, por cuanto la constancia presentada no se encuentra firmada, legalizada ni apostillada, ni especifica las coberturas previsionales que contempla. Agrega que la declaración jurada no sustituye la certificación que debe emitir la autoridad competente del país de origen y que, además, no fue posible validar la apostilla del título profesional, por lo que tampoco quedó acreditada su calidad de técnico o profesional. Sostiene que su actuación se ajustó a las instrucciones dictadas por la autoridad fiscalizadora y al marco normativo vigente.

Cuarto: Que, la recurrida Superintendencia de Pensiones, oponiendo como cuestión previa que la materia debatida excede el ámbito del recurso de protección, toda vez que la acción cautelar procede solo respecto de derechos indubitados, y que en la especie existe controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156, lo que debe resolverse en un procedimiento de lato conocimiento. En subsidio, solicita el rechazo del recurso, señalando que el recurrente no registra presentación ni reclamo alguno ante dicho organismo, y que no ha emitido acto o resolución respecto de su solicitud. Explica que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente, y que las administradoras sólo pueden acceder a la devolución de fondos si el trabajador acredita copulativamente los requisitos de afiliación a un régimen extranjero y manifestación de voluntad en el contrato de trabajo. Precisa que el certificado acompañado carece de firma, legalización o apostilla, y que no acredita cobertura durante todo el período laboral, por lo que no satisface las exigencias del literal a) del artículo 1° de la ley citada.

Quinto: Que, para resolver, corresponde tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que, en los contratos celebrados con personal técnico extranjero, tanto el empleador como el trabajador quedan exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley dispone que los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una administradora podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Libro II, Título XI, dispone que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones señaladas durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra firmado ni apostillado o legalizado, y no consigna de manera específica la cobertura de los riesgos exigidos ni la acreditación de dicha cobertura durante el tiempo en que el actor prestó servicios en Chile. En consecuencia, el antecedente acompañado no cumple con las exigencias formales y sustantivas que la normativa impone para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Séptimo: Que, aun cuando la Ley N° 18.156 no explicite la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en la Convención de La Haya. En consecuencia, la legalización o apostilla constituye una garantía mínima de autenticidad y validez, especialmente tratándose de un régimen de excepción que requiere acreditar con certeza los requisitos copulativos previstos por la ley. A lo anterior se suma que, según lo informado por la Administradora, no fue posible validar la apostilla del título profesional acompañado, por lo que tampoco se acreditó la calidad de técnico o profesional exigida por la normativa, de modo que el actuar de la recurrida se fundó en antecedentes objetivos y verificables.

Octavo: Que, en cuanto a la alegación de la Superintendencia de Pensiones, no se advierte de los antecedentes aportados la existencia de un acto concreto, ilegal o arbitrario, que le sea imputable, toda vez que no ha emitido resolución ni intervención directa en la solicitud del actor.

Noveno: Que, en las condiciones descritas, tampoco puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por cuanto su proceder se ajustó a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por el órgano fiscalizador competente, sin que se advierta vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que el Ministro (I) Sr. Germán Manuel Núñez Romero concurre a la decisión de rechazar el recurso, teniendo únicamente presente que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por el actor, contiene una referencia genérica que no permite tener por acreditado, en los términos del artículo 1° de la Ley N° 18.156 y de la normativa complementaria, que el trabajador contaba efectivamente con cobertura copulativa en materia de salud, invalidez, vejez y sobrevivencia durante el período de prestación de servicios en Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5268-2025.