nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolana, médico cirujano y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que importaría la comunicación de 2 de enero de 2026, emitida por la recurrida, en que no acepta su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, ordene a la recurrida que se reconozca la validez de la documentación presentada por su parte al efecto, procediendo a un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, ordenando la devolución de los fondos dentro del plazo razonable que esta Corte estime.

Funda su arbitrio en que solicitó ante la AFP, mediante portal web, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, a saber, consignadas en los artículos 1° y 7° de la referida Ley.

Señala que, mediante la comunicación señalada, se le informa que no se dio lugar a su solicitud, desde que el documento acompañado como constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no cumple con los requisitos para dar lugar a la solicitud, desde que no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, por lo que carece de validez legal en el país.

Indica que de los antecedentes acompañados al recurso, consta que acreditó fehacientemente su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, mediante certificaciones oficiales emitidas por las instituciones competentes; no obstante, no le ha sido posible obtener la correspondiente apostilla ni acreditar la filiación consular, debido a que la Embajada del país emisor se encuentra actualmente cerrada, circunstancia que imposibilita la realización de dicho trámite, cuestión que no le resulta imputable por tratarse de un hecho ajeno a su voluntad y constitutivo de un caso fortuito o fuerza mayor, En este sentido, aduce que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el legislador para la procedencia del beneficio, al que no se le ha dado lugar arbitraria e ilegalmente por la recurrida.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando, que la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 señala, para la procedencia de la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, que se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Al respecto, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que, para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; tal cobertura debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales; y además, debe ser efectiva, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios ya indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella.

Así, hace presente que en relación al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, dicho documento no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado. Además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

En efecto, según se desprende del examen de dicho certificado se ha verificado que no existe constancia alguna de que haya sido apostillado por la autoridad competente venezolana; cuestión que impide que ese documento pueda producir efectos en nuestro país.

A folio 10, evacua informe afp Habitat S.A., solicitando el rechazo del recurso, e indicando, que mediante la comunicación atacada no se dio lugar a la solicitud de la recurrente, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada y apostillada, con lo que el documento, fundamental para acceder a la solicitud, no tiene validez en nuestro país Refiere que se ha ceñido rigurosamente a las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Pensiones en esta materia, haciendo presente que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

En este sentido, indica que no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte, desde que ha cumplido con toda la normativa y las instrucciones de la superintendencia del ramo sobre la materia.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, mediante el presente arbitrio, se impugna la comunicación de 2 de enero de 2026, emitida por la recurrida, en que se informa la no tramitación de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente conforme a la ley N°18.156, en su artículo 7°.

Al efecto, cabe destacar que, conforme al artículo 1° de la ley en comentario, es necesario que el trabajador que impetra el beneficio “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.”

Segundo: Que, al informar la recurrida, señala que el rechazo de la solicitud se funda en que el certificado de afiliación a un sistema previsional extranjero, en el caso de Venezuela, acompañado por la solicitante, no cumple con los aludidos requisitos, desde que el mismo carece de la apostilla procedente para su valor en Chile.

Tercero: Que, analizados los antecedentes, se puede constatar que el certificado que la actora presentó para el cumplimiento del requisito del artículo 1° de la Ley N°18.156, no cumple con los requisitos formales para su validez que prescriben los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de la Haya sobre Apostilla, desde que, de su solo análisis, se advierte que no se encuentra firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado y legalizado, conforme al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir la constatación de la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Cuarto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla o legalización del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando dichos antecedentes resultan determinantes para acreditar el cumplimiento del requisito sustancial establecido en la letra a) del artículo 1 de la citada ley, esto es, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Quinto: Que, en este orden de cosas, careciendo el documento acompañado de valor probatorio, en razón de las circunstancias anotadas en el considerando precedente, lo cierto es que no se cumplen los requisitos de la Ley N°18.156 para la procedencia del retiro de fondos solicitado, de lo que se sigue que el presente arbitrio debe ser desechado.

Sexto: Que, sin perjuicio de que el rechazo sostenido por la recurrida se funda en la insuficiencia de los documentos acompañados a su solicitud, en el caso de autos aparece que el recurrente no se encuentra en la hipótesis contemplada en el artículo 7° de la Ley N°18.156, toda vez que del mérito de la copia de la cédula de identidad acompañada al recurso aparece que tiene permanencia definitiva, lo que contraría la lógica de la ley referida a trabajadores extranjeros que en Chile desempeñan labores remuneradas por un período de tiempo acotado o de manera transitoria.

Por estas consideraciones y conforme con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida a folio 1 en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-526-2026.

En Valparaíso, cinco de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.