Protección contra Instituto de Previsión Social de la Región de Valparaíso

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.

Visto:

A folio 1 comparece María Elena Riquelme Ainol, abogado, e interpone recurso de protección a favor de nombre reservado, 67 años, divorciada, pensionada, con domicilio en domicilio reservado, en contra del Instituto de Previsión Social de la Región de Valparaíso, por el acto ilegal y arbitrario que consiste en haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000 de 25 de junio de 2024, notificada mediante carta certificada recibida el 27 de junio pasado, que rechazo el recurso de reposición y jerárquico en subsidio, contra Resolución N° NUM001 de 7 de mayo de 2024, que a su vez, rechazó otorgar a la actora una pensión de orfandad y un seguro de vida, lo que estima conculca las garantías fundamentales de la actora, de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que pide se deje sin efecto la Resolución recurrida, y declarar que corresponde otorgar a la recurrente la pensión de orfandad y seguro de vida establecido en el artículo 35 de la Ley N°6.037 En cuanto a los hechos, señala que la actora contrajo matrimonio el 5 de abril de 1982, con Noé, de quien se divorció, por sentencia dictada el 11 de diciembre de 2009, subinscrita el 11 de mayo de 2010.

Refiere que el 14 de noviembre de 2015 falleció la madre de la recurrente, Paz, con lo cual la Sra. nombre reservado continuó viviendo con su padre, nombre reservado, y cuidando de él, ya que se encontraba postrado, sustentándose ambos con los ingresos de él. Si bien la actora tiene una hermana, Ada, ella se casó en 1982, y vive en Canadá hace 15 años, y desconoce su paradero exacto.

Luego refiere que el padre de la actora trabajó por más de 40 años, que tenía un ahorro previsional que él sabía, le permitiría a su hija nombre reservado subsistir después de su fallecimiento, pues no estaba casada ni tenía un trabajo que le otorgara ingresos.

Refiere que el 13 de enero de 2024 fallece el Sr. nombre reservado, quien imponía en el sistema de previsión Caja de la Marina Mercante Nacional o CAPREMER. A continuación, el 13 de febrero de 2024 la actora pidió la pensión de orfandad y seguro de vida que le corresponde, en virtud del artículo 35 de la Ley N°6.037 de 1937, refundida en el decreto N°606 de 5 de mayo de 1944.

Señala que el 7 de mayo de 2024 se dictó la Resolución Exenta NUM001, firmada por el Sr. Director Regional del Instituto de Previsión social de la Región de Valparaíso, que rechazó el pago de la pensión de orfandad, puesto que la solicitante no cumple con el estado civil requerido por la ley, que es de “soltera” o “viuda”, sino que era “divorciada”.

Añade que el 14 de junio de 2024 interpuso recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio, pero fueron rechazados por la Resolución Exenta N°NUM000, de 25 de junio de 2024, la que indica lo ya señalado, y agrega que las normas invocadas más arriba, refieren que la mujer casada podría recuperar el derecho a pensión de montepío si posteriormente adquiere el estado civil de viuda, pero nada dicen respecto al estado civil de divorciada, por lo que cabe entender “a contrario sensu” que el estado civil de divorciada es incompatible con la pensión de orfandad, pues de haber pretendido lo contrario, el legislador de la Ley N°19.947 de Matrimonio Civil, habría modificado el artículo 35 de la Ley N°6.037.

Posteriormente se refiere al derecho, e indica que el artículo 35 de la Ley N°6037 refiere: “No tendrán derecho a montepío las mujeres casadas, y lo perderán las que se casaren después de deferida la pensión; pero lo recuperarán si quedan viudas más tarde y desde el momento de la viudez;

Tampoco lo tendrán: 1- La viuda del imponente que contrajere nuevas nupcias, caso en el cual la pensión corresponderá a los hijos legítimos en la forma establecida en el inciso 1° del artículo 33; 2- El hijo varón mayor de 21 años, salvo el caso de invalidez absoluta para ganarse el sustento diario, o en el caso que sea estudiante hasta la edad máxima de 25 años; 3- El muerto civilmente, y ; 4- El indigno de suceder al difunto, como heredero o legatario.

Para los efectos de deferir el montepío a los llamados a él no se considerará a aquellos que, teniendo mejor derecho, se encuentren comprendidos en alguno de los números anteriores.”

Refiere que la interpretación que hace la recurrida, plasmada en la Resolución objeto de este recurso, es errada, porque de acuerdo a la norma recién trascrita, la única hipótesis que excluye la norma citada es el de las mujeres casadas o bien, aquellas montepiadas que se vuelven a casar. En tanto, la Ley N°19.947 sobre nueva Ley de Matrimonio Civil data de 2004, esto es, mucho después que la Ley N°6.037 y es por eso que esta última no contempla la excepción de divorciada.

Indica que la diferencia que ha hecho la autoridad en tal sentido es arbitraria, pues no pasa el test de razonabilidad, atendido que la situación de una mujer divorciada, para estos efectos, es igual que el de una soltera o viuda. Señala que no hay ninguna razón justificable para que la recurrente no obtenga la pensión de orfandad y el seguro de vida pedido, solo porque es divorciada.

Enseguida se refiere al espíritu de la Ley N°6037, que data de 1937, cuyo objetivo fue proteger a las mujeres que no estaban casadas, pues el legislador entendía que ellas no tenían una fuente de subsistencia económica. Es por eso que se estableció que la mujer casada vuelve a tener derecho a montepío en caso de viudez, porque se entiende que ha vuelto a quedar desprotegida, que es el mismo caso de las divorciadas, esto es, se han quedado sin su fuente de ingresos.

También se refiere al proyecto de ley que modifica el Código Civil, en cuanto a elección y acreditación del estado civil, que forma parte del Boletín N°16.658-36, y que permitiría a las personas que terminan un vínculo matrimonial, por divorcio o fallecimiento del cónyuge, a elegir entre los estados civiles de soltero, viudo o divorciado al momento de inscribir su cambio de estatus en el Registro Civil, fundando en el principio de autonomía de la voluntad y el derecho a no ser sujeto de discriminación.

En cuanto a los derechos vulnerados, se refiere al derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 6, evacúa informe el Instituto de Previsión Social, el que solicita el rechazo del recurso de protección, por las razones que expone.

En primer lugar, indica que el recurso de protección es improcedente, porque el articulo 420 en su letra e) indica que es competencia del Juzgado del Trabajo conocer de las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social, que es el caso de autos, por lo que la presente acción no resulta idónea, debiendo discutirse lo expuesto en esta causa en un juicio de lato conocimiento.

Refiere sentencias dictadas por esta Corte, Rol 4472-2017 y 40.740- 2020, sobre la misma materia, que fueron rechazados por carecer los actores de derechos indubitados.

Posteriormente se refiere al fondo, y se refiere al artículo 35 del Decreto Supremo N°606 de 1944, del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, que aprobó el texto refundido de la Ley N°6.037 sobre la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, el que indica lo expuesto más arriba, de lo que la recurrida concluye que la mujer casada puede recuperar el derecho a pensión de montepío en caso de adquirir el estado civil de viuda, pero nada dijo del de divorciada, cuestión que no cambió con la dictación de la Ley N°19.947, que no modificó el señalado artículo 35.

También dice que para ser titular del Seguro de Vida establecido en el artículo 29 inciso 3° del Decreto Supremo N°606, hay que detentar la condición de beneficiaria de montepío u orfandad.

Se refiere al fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, causa Rit O-923-2018, que rechazó una petición idéntica a la de este caso, decisión que fue confirmada por esta Corte, en causa Rol 722- 2018 que rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el demandante.

Enseguida señala que no existe vulneración de los derechos fundamentales de la actora, puesto que solo aplicó la ley vigente, y que esta tenía solo una mera expectativa de adquirir la pensión de orfandad y seguro de vida pedido, lo que en definitiva no le fue reconocido.

Finalmente se refiere a la improcedencia de condenar a su parte en costas.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 7 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, por el presente recurso, la actora denuncia la ilegalidad de Resolución Exenta N°NUM000 de 25 de junio de 2024, que rechazó recursos de reposición y jerárquico interpuestos a su vez contra Resolución N° NUM001 de 7 de mayo de 2024, que rechazó su solicitud de pensión de orfandad y seguro de vida, por la muerte de su padre, atendido que a la fecha de fallecimiento de aquél, esta tenía el estado civil de divorciada, no el de soltera o viuda, que según el artículo 35 de la Ley N°6.037 serían los únicos que la habilitarían para recibir tales prestaciones.

Segundo: Que, por su parte la recurrida alega que esta no es la vía para reclamar de aquello, puesto que cabría dentro del supuesto de competencia de los Juzgados del Trabajo, establecido en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo. Enseguida, se refiere al fondo y señala que su interpretación de la norma ya referida fue correcta, puesto que de haber querido el legislador que la mujer divorciada pudiese recuperar su derecho a montepío, lo hubiese señalado en la ley, a través de una modificación al señalado artículo 35, y no como existe hoy en día, que solo se refiere a la mujer viuda.

Tercero: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección debe estarse en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal que vulnere derechos indubitados de la recurrente. En la especie, resulta que la existencia del derecho de la actora a percibir una pensión de orfandad y un seguro de vida, producto de la muerte de su padre, cotizante de la Caja de la Marina Mercante Nacional o CAPREMER, resulta ser un hecho controvertido, el que exige previamente un pronunciamiento que declare su existencia, lo que excede los objetivos propuestos para el medio elegido Cuarto: Que, de acuerdo a lo señalado, la decisión judicial sobre el conflicto planteado por las partes exigirá interpretar determinadas normas de carácter previsional, materia contemplada en la letra e) del artículo 420 del Código del Trabajo, de competencia de los Tribunales Ordinarios del Trabajo, sede en la cual, además, las partes se encuentran en mejores condiciones de aportar sus argumentos y presentar las pruebas que correspondan, razones todas que importan rechazar la acción que se ha intentado.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, contra el Instituto de Previsión Social de la Región de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Sujeto a anonimización N°Protección-5253-2024