nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República y de la Tesorería Provincial de Viña del Mar, por la omisión de resolver su solicitud de sustitución, alzamiento e imputación de embargo, formulada en el procedimiento de cobro coactivo Rol Administrativo N° 11636-2026, y por mantener retenidos fondos de su cuenta bancaria, no obstante haber suscrito un convenio de pago respecto de la deuda perseguida, todo lo cual estima conculca sus garantías consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República Expone que en el marco de un procedimiento de cobranza de una deuda derivada del Crédito con Garantía Estatal, el 2 de junio de 2026 la Tesorería decretó y ejecutó el embargo de $5.643.854 desde su cuenta corriente del Banco Santander, suma que correspondería principalmente a remuneraciones y cuya retención lo habría privado de los recursos necesarios para su subsistencia y la de su grupo familiar.

Añade que, con el propósito de regularizar su situación, el 5 de junio siguiente suscribió un convenio especial de pago por $29.557.740 y, al día siguiente, enteró $1.500.000 por concepto de pie inicial.

Sostiene que dicho convenio fue calculado sin descontar la suma previamente embargada, por lo que actualmente se le exigiría pagar cuotas sobre el total de la deuda mientras se mantienen retenidos los fondos, configurándose, a su juicio, un doble cobro y un sobreaseguramiento injustificado.

Indica que el 10 de junio de 2026 presentó una solicitud requiriendo principalmente la sustitución del embargo por el convenio vigente y la restitución del dinero; en subsidio, su alzamiento parcial para resguardar su mínimo de subsistencia; y, en último término, la imputación de lo embargado a la deuda y la reliquidación de las cuotas.

Afirma que dicha presentación no fue oportunamente resuelta, pese a haber informado que los fondos eran necesarios para costear un tratamiento traumatológico y contribuir a la mantención de su madre y hermana, ambas afectadas por enfermedades crónicas.

Agrega que la cartola fiscal emitida el 30 de junio de 2026 redujo la deuda a $22.413.886, reconociendo contablemente la suma embargada, pero sin ajustar el convenio ni restituir los fondos.

Asimismo, señala que el 1 de julio fue notificado de las Resoluciones de Cobranza (E) N° 95795-TP-VIÑA y N° 96776-TP-VIÑA, dictadas los días 23 y 25 de junio, mediante las cuales se habría formalizado tardíamente el ingreso del dinero embargado a arcas fiscales, disminuyendo el capital neto a $19.765.117, aunque manteniéndolo sujeto al convenio calculado sobre una base superior.

Califica la actuación recurrida de ilegal, por contravenir el efecto suspensivo que el artículo 192 del Código Tributario atribuye al convenio de pago; desconocer la inembargabilidad de las remuneraciones prevista en el artículo 57 del Código del Trabajo; omitir la corrección de un error manifiesto conforme al artículo 177 del Código Tributario; e infringir los principios de celeridad, conclusividad, buena fe y proporcionalidad establecidos en la Ley N° 19.880.

Añade que el procedimiento ejecutivo tributario no sería aplicable al CAE, por tratarse de una obligación de origen civil, y que la ejecución del embargo sin emplazamiento previo constituiría una vía de hecho.

Estima, además, que el actuar de las recurridas es arbitrario, pues resulta contradictorio celebrar un convenio destinado a regularizar la deuda y, paralelamente, mantener una retención que le impide disponer de la liquidez necesaria para cumplirlo, denunciando también una diferencia injustificada de trato, un doble gravamen patrimonial y una afectación directa a sus remuneraciones, destinadas a solventar gastos habitacionales, médicos y familiares.

Afirma que lo anterior vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene el cese de la retención y la devolución de los $5.643.854, dejando sin efecto la resolución que consolidó su ingreso a arcas fiscales, en subsidio, pide la restitución de la parte inembargable de sus remuneraciones, equivalente a 56 unidades de fomento, o el alzamiento del embargo por resultar excesivo. Requiere, asimismo, la suspensión de nuevos apremios mientras se encuentre vigente el convenio y que las recurridas emitan un pronunciamiento fundado sobre su solicitud administrativa, con costas.

A folio 8, se concede orden de no innovar solicitada en el primer otrosí del recurso.

A folio 11, evacua informe doña nombre reservado, abogada de la Tesorería General de la República, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega su inadmisibilidad, por cuanto la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar actuaciones dictadas dentro del procedimiento ejecutivo especial regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, el cual contempla mecanismos propios de defensa, impugnación y control jurisdiccional.

Explica que, conforme a los artículos 30 y 35 del Decreto Ley N° 1.263 y al Dictamen N° D183-2026 de la Contraloría General de la República, corresponde al Servicio de Tesorerías cobrar los créditos CAE respecto de los cuales se haya hecho efectiva la garantía estatal o que hayan sido cedidos al Fisco, cualquiera sea su naturaleza, mediante el procedimiento previsto en el Código Tributario.

Reprocha que el recurso pretende impugnar resoluciones y actuaciones procesales adoptadas por el Tesorero Provincial en su calidad de juez sustanciador, transformando esta acción cautelar en una vía paralela al procedimiento legalmente establecido.

Sostiene, asimismo, que no existe un derecho indubitado, pues la controversia exige determinar la naturaleza jurídica del crédito CAE y el régimen aplicable a su cobro, cuestiones complejas que exceden el ámbito cautelar de la protección.

En cuanto al fondo, señala que en el expediente administrativo Rol N° 11636-2026 se notificó electrónicamente la demanda ejecutiva el 7 de abril de 2026 y que, conforme a la Resolución de Cobranza N° 57358-TP-VIÑA, el 2 de junio siguiente se embargaron $5.643.854 mantenidos por el recurrente en el Banco Santander.

Posteriormente, el 6 de junio de 2026, el deudor celebró un convenio de pago aprobado por Resolución N° 130100, suspendiéndose desde entonces los procedimientos de apremio.

Precisa que la presentación efectuada el 10 de junio únicamente solicitaba copia del expediente, petición acogida el día 18 del mismo mes, mientras que la sustitución, alzamiento o disminución del embargo fue requerida recién el 16 de junio y resuelta el 1 de julio, ordenándose estar al mérito de la imputación ya efectuada.

Explica que el Banco Santander remitió los fondos embargados el 17 de junio y que su imputación fue dispuesta mediante la Resolución de Cobranza N° 95795-TP-VIÑA, de 23 de junio de 2026, afirmando que por ello no infringió el efecto suspensivo del convenio, pues el embargo había sido trabado antes de su celebración y la imputación se retrotrajo al 2 de junio, sin que posteriormente se hayan decretado nuevos apremios.

Descarta la existencia de un doble cobro, indicando que el convenio contempla un pie de $1.500.000, veintidós cuotas de $423.479 y una cuota final de ajuste, la cual disminuirá como consecuencia de la imputación de los fondos embargados.

Explica que tampoco procedía sustituir o alzar el embargo, porque el recurrente no consignó una suma suficiente para cubrir la deuda y las costas, como exige el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, controvierte la supuesta inembargabilidad de los fondos, señalando que en el expediente no se acompañaron liquidaciones de remuneraciones ni cartolas bancarias que acreditaran su origen y que los antecedentes allegados a esta sede evidencian abonos de distinta naturaleza, por lo que se trataría de una cuestión controvertida que debe discutirse mediante las vías procesales correspondientes. ´ Por tales motivos, solicita rechazar el recurso.

A folio 13, comparece la recurrente formulando observaciones en relación al informe evacuado por la recurrida.

A folio 14, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia destinada a amparar derechos constitucionales preexistentes e indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, mediante la presente acción se cuestionan diversas actuaciones desarrolladas por la Tesorería General de la República en el procedimiento de cobro coactivo seguido en contra del recurrente por una deuda derivada del Crédito con Garantía Estatal, particularmente la procedencia y mantención del embargo practicado sobre fondos de su cuenta bancaria, su posterior imputación a la deuda, los efectos del convenio de pago celebrado y la falta de restitución o alzamiento de lo embargado, argumentando el actor que tales actuaciones importarían un doble cobro, afectarían fondos provenientes de remuneraciones y desconocerían el efecto suspensivo del convenio, controvirtiendo además la procedencia de aplicar a dicha obligación el procedimiento ejecutivo previsto en el Código Tributario.

Tercero: Que, de lo expuesto aparece que la controversia planteada excede los límites propios de esta acción cautelar, pues su resolución exigiría determinar, entre otras materias, la naturaleza jurídica del crédito perseguido y el régimen aplicable a su cobranza, los efectos del convenio de pago respecto de un embargo trabado con anterioridad, la procedencia de la imputación efectuada por la Tesorería y el eventual carácter inembargable de los fondos retenidos, cuestiones todas que requieren sean conocidas en un procedimiento contradictorio, que es incompatible con la naturaleza breve y urgente del recurso de protección.

Cuarto: Que, los antecedentes dan cuenta de la existencia de un procedimiento ejecutivo actualmente vigente, regulado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, en cuyo contexto fueron decretadas y ejecutadas las actuaciones que se impugnan.

Dicho procedimiento contempla mecanismos propios de defensa, impugnación y control de las decisiones adoptadas durante su tramitación, constituyendo la sede legalmente prevista para que el ejecutado haga valer las alegaciones relativas a la procedencia, extensión, efectos del embargo y demás actuaciones de cobro, desde que el convenio escrito no elimina el referido procedimiento, tanto así que luego de su celebración, el recurrente requirió lo que a través de esta acción constitucional persigue, esto es, la sustitución, alzamiento o disminución del embargo, sobre lo cual la Tesorería emitió pronunciamiento, de lo que deriva la existencia de un procedimiento legalmente sustanciado en el que no se advierte actuaciones ilegales o arbitrarias a las que deba ponerse remedio a través de la presente acción.

Quinto: Que, tampoco se advierte la existencia de un derecho preexistente e indubitado susceptible de tutela por esta vía, desde que las cuestiones sometidas al conocimiento de esta Corte se encuentran precisamente controvertidas, particularmente respecto de la naturaleza de los fondos embargados, pues mientras el recurrente afirma que corresponden a remuneraciones y, por ende, serían inembargables, la recurrida sostiene que tal circunstancia no fue acreditada en el procedimiento y que los antecedentes acompañados dan cuenta de abonos de diversa naturaleza.

Sexto: Que, en consecuencia, la acción de protección no puede erigirse en una vía paralela o sustitutiva de los procedimientos e impugnaciones que el ordenamiento jurídico contempla para discutir las actuaciones verificadas en el procedimiento de cobro, ni resulta idónea para declarar derechos cuya existencia y extensión requieren ser previamente determinadas, razón por la cual el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Hormazábal Abarzúa, quien estuvo por acoger el presente arbitrio, por las siguientes consideraciones:

1°) Que, de los antecedentes aparece que el 2 de junio de 2026 se trabó embargo sobre la suma de $5.643.854 mantenida por el recurrente en una cuenta bancaria en que se depositan el sueldo que percibe de su actividad laboral y que, posteriormente, el 6 de junio del mismo año, éste celebró con la Tesorería General de la República un convenio para solucionar la deuda. No obstante, los fondos embargados fueron remitidos por la entidad bancaria a la Tesorería el 17 de junio del presente año y no obstante se refirió por la recurrida que lo había imputado a la deuda, en estrados admitió que no se alteró el convenio en cuanto al pie pagado y a las cuotas mensuales en que se pactó el saldo.

2°) Que, el artículo 192, inciso sexto, del Código Tributario dispone que la celebración de un convenio de pago implica la inmediata suspensión de los procedimientos de apremio mientras este se encuentre vigente y sea cumplido. Si bien el embargo fue trabado con anterioridad, este como tal constituye únicamente una medida cautelar, de manera que al haberse suscrito un convenio de pago dichas sumas debieron restituirse al actor proteccional, de lo contrario la posterior remisión e imputación de los fondos, efectuadas una vez celebrado el convenio, importaron hacer efectivo el apremio cuando el procedimiento se encontraba legalmente suspendido.

3°) Que, considerando la naturaleza alimentaria que tiene el sueldo de los trabajadores el haberle embargado y retirado los fondos de su cuenta corriente, no obstante, haberse producido el término del juicio ejecutivo que lleva a cabo la Tesorería a través de un equivalente jurisdiccional implica que el actuar de la recurrida resulta ilegal por contrariar el efecto suspensivo establecido en el artículo 192 del Código Tributario, y arbitrario, al no restituir infundadamente los fondos embargados después de haberse suscrito un convenio de pago y, paralelamente, hacer efectivo el embargo destinado a obtener la satisfacción de la misma obligación, afectando con ello el derecho de propiedad del recurrente sobre los fondos retenidos.

La circunstancia invocada por la recurrida de haberse formulado estos mismos requerimientos en la gestión que lleva a cabo la Tesorería no impide que se accione por la vía del recurso de protección desde que la propia Constitución así lo establece, único remedio que le resta al profesional ejecutado ante la arbitrariedad referida en el párrafo precedente.

Atendido lo resuelto, álcese la orden de no innovar decretada una vez que este fallo se encuentre firme y ejecutoriado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-5248-2026.