nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales efectuado por la recurrente, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Expone que la actora solicitó por el portal web de la AFP, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156, el que fue rechazado el 14 de agosto de 2025, según fue informada de manera presencial en una oficina de la recurrida, por los siguientes motivos: falta de la constancia de afiliación, fundado en que el documento debía estar apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; el documento aportado corresponde a una constancia de cotizaciones, y no es el documento solicitado; y la apostilla estampada en el reverso del título universitario no cuenta con código de validación, enviándose a consulta a la entidad correspondiente.

Sostiene que cumple con todos los requisitos exigidos en la ley para solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados en Chile, específicamente, esto es, se encuentra afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), régimen que le otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso; y manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Aduce que la AFP recurrida actúa de manera arbitraria e ilegal al rechazar la solicitud, basándose en una interpretación errónea de la normativa, agregando requisitos que la ley no establece expresamente. Señala que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS puede ser verificada y validada mediante el código de verificación o con la cédula de identidad venezolana, por lo que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión contraria a derecho, rechazando la solicitud sin una motivación suficiente y sin cotejar la documentación aportada.

Sostiene que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a la representación consular venezolana en Chile para efectos de legalización o apostilla de documentos, toda vez que no existen actualmente relaciones diplomáticas entre ambos Estados, circunstancia que constituye un caso fortuito o fuerza mayor.

Aduce que el artículo primero de la Ley número 18.156 no exige que la constancia de afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino simplemente que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que en la especie se encuentra cumplido y acreditado mediante medios electrónicos verificables.

Argumenta que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, realizando el mismo procedimiento de verificación electrónica, han concluido que la constancia electrónica cumple con los requisitos establecidos en la ley, acreditando lo anterior mediante certificado de aprobación de retiro de fondos, de manera tal que la conducta de la recurrida vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, toda vez que, a la recurrente se le ha dado un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con los mismos requisitos, han obtenido respuestas favorables.

Asimismo, aduce que se vulnera el derecho fundamental de propiedad, toda vez que, la negativa de la recurrida constituye una retención injustificada de los fondos previsionales que son de la recurrente.

Solicita se acoja el recurso de protección, ordenándose a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Acompaña cedula de identidad chilena para extranjeros, cédula venezolana, constancia de cotizaciones previsional del país de origen, título universitario apostillado, contrato y anexo de contrato de trabajo y declaración jurada ante notario y apostillada.

A folio 5, informa Natalia Arena Muñoz, abogada, en representación de la Superintendencia de Pensiones, quien expone que la recurrente no registra reclamo alguno ante el organismo que representa, respecto de los hechos que motivan el recurso.

Expresa que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción aplicable sólo a trabajadores extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que den cumplimiento a los requisitos copulativos del artículo primero de la Ley número 18.156. Añade que, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva.

Afirma que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, para acreditar el requisito de cobertura previsional no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas, ni una cartola de cotizaciones, sino que se requiere que la autoridad previsional competente consigne en forma específica que el trabajador extranjero contó con protección por todos los riesgos durante el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Indica que, en el caso de autos, la declaración jurada suscrita por la recurrente ante notario no resulta idónea para probar la exigencia, toda vez que, la certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

Respecto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, señala que el mismo no indica las coberturas específicas con que cuenta la recurrente ni permite inferir un determinado período de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Además, no se encuentra firmado por quien emite el documento y carece de apostilla o legalización, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla.

Manifiesta que, mediante Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, ratificando el criterio sostenido en cuanto a los requisitos probatorios exigidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, criterio que se encuentra en armonía con la jurisprudencia judicial.

Concluye expresando que la Superintendencia no cuenta con antecedentes que permitan concluir que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 10, comparece Daniel Santoni Garrido, abogado, quien evacúa informe en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto su representada no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal respecto de las garantías constitucionales invocadas.

Señala que efectivamente se rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente el 14 de agosto de 2025, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Explica que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas y sin que señalen las coberturas y el periodo de tiempo de esta, no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156.

Sostiene que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exige que la certificación debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo primero del Convenio de la Apostilla.

Indica que antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular de ese país en Chile era útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Señala que, la Ley 18.156, norma la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo primero de dicha ley, tratándose de una norma de excepción que debe ser interpretada en forma restrictiva.

Argumenta que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, toda vez que el comportamiento adoptado ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, no habiéndose causado agravio alguno a la recurrente, ni privado, perturbado ni amenazado ninguna garantía constitucional.

Pide el rechazo del recurso, con costas, y acompaña Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones, además de citar un extenso catálogo de sentencias sobre la materia, junto a sus roles, de diversos tribunales superiores del país.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Provida S.A., de la devolución de los fondos previsionales cotizados por la recurrente, fundando la acción en que ella sí cumplió con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya ha sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde al documento solicitado (es una constancia de cotizaciones), no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, el periodo de cobertura y no se encuentra apostillado o legalizado. Además, la apostilla del título universitario no tiene código de validación.

Tercero: Que, el artículo 7º de la Ley 18.156, establece: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”.

A su turno, citado artículo 1 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, la actora no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa aplicable al caso. En efecto, la constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no permite acreditar que la actora se encontraba protegida por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de “asegurado CESANTE en la empresa OMEGA CAPITAL, C.A inscrita bajo el Número Patronal O81059955 con Fecha de egreso 15/07/2018 (…)”, información que resulta poco clara para acreditar que la actora se encontraba cubierta por el seguro social.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero. Situación que también debió cumplir el certificado de título universitario, pues no se acompaña el certificado de apostilla.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que la actora se encontraba cubierta por el seguro social venezolano durante el tiempo de trabajo en Chile, ni las prestaciones garantizadas.

Quinto: Que, además, tampoco ha acreditado ante esta Corte el requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, pues ha acompañado un contrato de trabajo de 22 de mayo de 2019, que no indica en ninguna de sus cláusulas dicha expresión de voluntad, con lo cual tampoco se cumple con un requisito indispensable para el retiro de los fondos.

Sexto: Que, en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, si bien podría configurar un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, corresponde a quien lo alega acreditar la existencia del impedimento, como también la imposibilidad absoluta de obtener la documentación requerida por vías alternativas. En el caso de autos, no se ha demostrado que la recurrente haya agotado todas las vías posibles para cumplir con esta exigencia formal, y tal es así, que, en innumerables recursos presentados por nacionales de Venezuela ante esta Corte, se presentan documentos debidamente apostillados.

Séptimo: Que, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que reviste especial relevancia en el contexto del sistema previsional chileno. En efecto, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Octavo: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria la decisión ni sus fundamentos, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-5238-2025.