nombre reservado con UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de junio de dos mil veinte.

Visto:

En folio 1, nombre reservado, estudiante de la Universidad Andrés Bello, deduce recurso de protección en contra la Universidad Andrés Bello, y su Representante Legal, don nombre reservado, Rector de la Universidad Andrés Bello, campus Viña del Mar, ambos domiciliados en domicilio reservado, por las acciones ilegales y arbitrarias de las cuales tomó conocimiento el pasado día 23 de enero 2020, al ser notificado vía correo electrónico del rechazo de la apelación, acciones que se han perpetuado a la fecha y que vulneran de manera cotidiana los derechos y libertades fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio, solicitando que se acoja el presente recurso de protección en mérito de los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho que señalan.

En cuanto a los antecedentes de hechos, señala que con fecha 6 de mayo del 2019, aproximadamente 400 estudiantes bajo la calidad de alumnos regulares del campus Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello durante pleno federativo llevado a cabo en el patio central de la Universidad, la comunidad estudiantil explicitó diversas problemáticas de carácter común entre las distintas carreras de la Universidad. Dentro de las medidas de movilización deliberadas de manera democrática y ejecutadas por la comunidad estudiantil, fue la de llevar a cabo una toma de las dependencias del campus. Entre los y las estudiantes se discute la legitimidad de aquella toma de la Universidad debido a que efectivamente es de público conocimiento por los alumnos el Reglamento para la Convivencia de la Comunidad Universitaria que en su artículo N° 8 letra a) establece el carácter gravísimo de aquel tipo de movilización. La Federación de Estudiantes tensiona para que aquella movilización no sea una toma de las dependencias debido a que se encontraba agendada una reunión con Rectoría de Santiago quiénes son los facultados para resolver y tomar este tipo de decisiones de todos los campus de la Universidad. No obstante y a pesar de esta instancia pendiente, los estudiantes presentes en la asamblea decidieron y accionaron para realizar la toma ya que se encontraban en una posición firme, concreta e inamovible.

Refiere que con fecha 4 de julio de 2019 son notificados diez estudiantes, todos ellos dirigentes, parte de la mesa ejecutiva de la representación estudiantil del campus Viña del Mar de la respectiva Universidad. Se les comunica que se encuentran en un proceso de sumario por la aplicación del artículo 8 letra a) del Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Universidad y la sanción establecida en el artículo 9 letra d) calificando infracción gravísima que establece la suspensión o expulsión de la institución por la causal en específico de “participar, promover o llamar a la toma de alguna dependencia de la Universidad en cualquiera de sus campus”, siendo los únicos, en ser sumariados y sancionados Agrega que con fecha 5 de julio, se llevan a cabo audiencias en dependencias de la Facultad de Derecho a cargo de la Investigadora designada sin la composición correspondiente -faltando ministro de fe, afectando desde ya el Debido Proceso-; audiencia en que se notifica que se ha abierto una investigación en contra de ellos y les solicitan firmar una cláusula de confidencialidad, certificándose por la investigadora que se entrega la notificación de la investigación, sin indicarse claramente quién fue el o la denunciante de los hechos; informándoseles que cuentan con 15 días hábiles para formular “descargos”, situación irregular que va en contra del reglamento interno de la universidad, afectando el debido proceso.

Que con fecha 23 de julio, envía descargos, aun cuando no se les había imputado cargo alguno. Que esta fecha ya habían transcurrido los plazos del artículo 24 del Reglamento por lo que debió haberse sobreseído el sumario, lo que no ocurrió sino que se prorrogó la investigación por 30 días, sin haberle informado a los investigados sino hasta cuando ellos consultaron por correo electrónico en una fecha muy posterior, lo que ocurrió con fecha 22 de agosto. En su caso, solicitó la carpeta investigativa por correo electrónico el mismo 23 de julio, pero nunca la recibió, sólo se acusó recibo de sus descargos y sólo tuvo acceso a ella por una compañera recién diciembre del 2019.

Que el 12 de diciembre, los estudiantes reciben en sus correos electrónicos la formulación de cargos a que se refiere el artículo 24 del reglamento, otorgando un plazo de 3 días para formular descargos.

Notificándoseles la sentencia el 2 de enero del 2020 resolviéndose la expulsión para tres de los siete investigados y suspensión de dos semestres para los demás. En su caso se sanciona con la expulsión.

Con fecha 09 de enero de 2020 se recurre de apelación al Rector, tal como se les instruyó, no obstante que el reglamento interno, señala que se debe constituir una comisión ad-hoc, para resolver la apelación interpuesta, lo que en definitiva efectivamente ocurrió, y con ello, sin duda alguna se afecta la norma constitucional del articulo 19 Nº3, inciso quinto: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Que el 23 de enero de 2020, esta comisión especial, creada al efecto, designada por la misma parte acusadora y que ordenó el sumario, rechaza la apelación, sin mayor fundamento, habiéndose afectado el debido proceso, durante toda su tramitación del sumario no existiendo pruebas suficientes y contundentes, afectando además el derecho a no ser discriminados, por el hecho de representar a otros y en definitiva afectando el derecho a la Educación.

En cuanto a los antecedentes de derecho, expone que ha agotado todos los medios internos por los cuales se puede recurrir a la Universidad Andrés Bello, por lo que recurre de protección, sosteniendo que se ha vulnerado el derechos de asociación, consagrado en el artículo 19, número 15 de la Constitución Política de la República, pues en el marco del sumario establecido según los mismos medios que la UNAB plantea para perseguir la responsabilidad de hechos constitutivos de faltas gravísimas, graves y leves no es posible vincular causalmente la comisión de los hechos que allí se señalan con la maniobra que se intenta imputar por parte de la Unab, pues no guarda relación con el hecho mismo, sino con la responsabilidad política que se intenta sancionar y el recurrente junto con otros miembros de la federación de estudiantes se ven perjudicados por ser parte de la mesa ejecutiva del órgano de representación estudiantil, puesto que perturba no sólo el derecho propio que le asiste al recurrente de asociarse sin miedo a represalias sino que perturba el derecho de asociación al conjunto de estudiantes organizados en su federación. Transcribe el artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República, el artículo 16 en relación con el artículo 1.1 del Pacto de San nombre reservado Rica.

Indica como segunda garantía conculcada el debido proceso legal consagrado en el artículo 19 número 3, incisos 5y 6 de la Carta Fundamental, puesto que los estudiantes son informados de los cargos que se les imputan en su primera audiencia con la Investigadora, donde el Ministro de Fe correspondiente no firmó la notificación en cuestión de acuerdo a lo que señala el artículo 20 del reglamento. Además, no se les solicitó fijar domicilio según el mismo artículo. En cuanto al período de 15 días de descargos se asumen aquellos del artículo 24 del reglamento, confundiendo la notificación del inicio de la investigación con la formulación de cargos del mismo artículo. A la fecha 24 de julio de 2019, habiendo transcurrido 15 días hábiles desde el 04 de julio del mismo año, día en que se les notificó de la investigación sumaria, se evidencia una expresa contravención al citado artículo 24 del reglamento, pues no se les formularon cargos ni los sobreseyeron debido a que la Investigadora concedió prórroga de 30 días, habiendo transcurrido más de 15 días de investigación regular contemplados en el reglamento. Una vez notificada la resolución a los sancionados se les indica a estos que deben apelar a la decisión al Rector de la Universidad Andrés Bello, nombre reservado, en un plazo de 5 días hábiles, en directa contravención del artículo 29 del reglamento donde específicamente se señala que en aquellos casos donde la sanción es de suspensión de más de un semestre o de expulsión se interpondrá ante un Tribunal constituido por el nombre reservado, el Vicerrector de Investigación y Doctorado y el Secretario General. Lo anterior es una vulneración al debido proceso, consagrado en el artículo 19 número 3 inciso 5 y 6 de la Constitución Política de la República, pues el órgano que realiza el sumario no es una comisión de disciplina regular que funcione en la Universidad, sino una comisión especial, que se conforma para resolver el caso puntual. Por último, se vulnera el derecho, puesto que el órgano que es el ente sancionador, no es un órgano independiente e imparcial, toda vez, que sus miembros cumplen funciones regulares y están bajo la supervisión directa, de quien mismo instruye el sumario.

Como tercera garantía constitucional conculcada señala el derecho de propiedad de un bien incorporal, contemplado en el artículo 19 N°24 inciso primero de la CPR. Esta norma establece un único estatuto para ambas clases de bienes, corporales, incorporales, tal y como los define el artículo 583 del Código Civil que preceptúa que, sobre bienes incorporales hay, también una especie de propiedad. De acuerdo a lo anterior, los derechos de los estudiantes son bienes incorporales.

Por último, solicita se ordene a los recurridos hacer cesar la medida de expulsión del recurrente, permitiendo que éste vuelva a clases regularmente; que se instruya a la recurrida en orden a que sus facultades disciplinarias no pueden ser ejercidas en términos que vulneren las garantías constitucionales de los alumnos de la Universidad Andrés Bello, campus Viña del Mar, imponiendo sanciones ilegales y arbitrarias.

Que la expulsión del actor no tiene motivo plausible que la justifique debido a que vulnera el derecho de asociación consagrado en nuestra carta magna. Asimismo, se afecta el derecho de propiedad del recurrente protegido en su esencia por el constituyente, al no haber justificación alguna de su privación, convirtiendo la suspensión (sic), en una medida ilegal y arbitraria más aún cuando la misma universidad ha permitido matricularse para el presente año percibiendo el dinero por concepto de matrícula y arancel enero – febrero 2020.

Acompaña al recurso contrato de matrícula, comprobante de pago arancel enero y febrero 2020, Reglamento para la Convivencia universidad y carpeta investigativa.

Que a folio 12, por la recurrida Universidad Andrés Bello informan las abogadas doña Isidora Fernández Hitschfeld y Nicole Nannig Tuchie, solicitan el rechazo del recurso con costas, luego de hacer referencia a los antecedentes de hecho relatados por el recurrente arguyen que el actor no desconoce su participación en la toma, sino que se limita a cuestionar la Reglamentación interna que rige la materia y a señalar que la tramitación del procedimiento sumario en comento adolecería de una serie de vicios que vulnerarían el debido proceso.

Indican que el relato del recurrente omite una serie de hechos de vital importancia para la resolución del presente recurso de protección, en que además se incurre en una serie de imprecisiones y ponderaciones que no guardan relación con la realidad. Expresan que, un grupo de alumnos de diversas facultades de la Universidad Andrés Bello llevaron a cabo una toma del campus de Viña del Mar, entre los días 6 y 28 de mayo de 2019, interrumpiendo el normal funcionamiento de las labores académicas, docentes y administrativas de la Universidad y obstruyendo con ello las libertades de tránsito, enseñanza, trabajo y la integridad de estudiantes colaboradores y académicos de la Institución. Agregan que las demandas “históricas” de los alumnos no constituyen motivo legítimo para llevar a cabo tomas, las que, además de constituir un delito, han sido catalogadas por nuestra jurisprudencia como actos de fuerza que no constituyen un medio legítimo de expresar opinión ni forman parte del contenido del derecho a manifestarse, según se desarrollará más adelante. Que el recurrente forma parte de la sede de Viña del Mar de la Universidad, que, como se dijo, estuvo en toma casi la totalidad del mes de mayo de 2019, hecho que fue constatado por el Notario Público de Viña del Mar, don nombre reservado, mediante Acta Notarial del día 17 de mayo de 2019. Refieren sobre el procedimiento sumario que habiéndose identificado a los partícipes en la toma y con arreglo a lo dispuesto en el Titulo Cuarto del Decreto Universitario N°2378/2016, que fija el texto del Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Comunidad (“Reglamento”), específicamente en base a lo dispuesto en el artículo 17 y siguientes del citado Reglamento, se instruyó con fecha 4 de julio de 2019 el inicio de 9 procedimientos sumarios, entre los cuales se encuentra el recurrente, destinados a determinar: (i) la existencia de los hechos descritos; (ii) si éstos eran constitutivos de infracciones al Reglamento; (iii) si los alumnos sumariados incurrieron en dichas infracciones; y (iv) en la afirmativa, aplicar las sanciones correspondientes. Que contrario a lo indicado por el actor, el procedimiento contempla una serie de instancias para que los alumnos sean oídos y puedan al mismo tiempo presentar los descargos que estimen convenientes, en fiel respeto y apego al debido proceso, a la bilateralidad de la audiencia y derecho de defensa, con apego estricto a las normas del Reglamento, lo que consta en la copia del procedimiento sumario que se acompaña.

Señala las fechas en que se inicio el referido sumario y todas las actuaciones que este comprendió cumpliéndose todos los tramites y requisitos dispuestos en el referido reglamento.

Sostienen que del sumario consta que el Sr. nombre reservado prestó sus primeros descargos ante un Investigador especialmente designado para desempeñar esa función (conforme al artículo 18 del Reglamento), quien luego de las indagaciones, realizadas dentro de sus facultades de investigación (conforme al artículo 21 del Reglamento), formuló cargos (conforme al artículo 24 del Reglamento), estimando que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de una infracción al artículo 8 letra a) del Reglamento, el que señala que constituye falta gravísima “participar, promover o llamar a la toma de alguna dependencia de la Universidad, en cualquiera de sus Campus”. Que hecho lo anterior, consta que el recurrente tuvo derecho a formular sus descargos y ofrecer los medios de pruebas que dispone el artículo 25 del Reglamento, la que fue apreciada en conciencia. Es del caso señalar que la misma norma citada contempla expresamente que la confesión del inculpado tendrá mérito suficiente para probar tanto el hecho punible como su participación en él. Luego, con todos estos antecedentes el Investigador emitió un dictamen con todos los requisitos que establece el artículo 26 del Reglamento, proponiendo una sanción, y envió copia de todo lo obrado al Juez para que dictara sentencia (conforme al artículo 27 del Reglamento). Que estimando el Juez que los hechos acreditados constituían una infracción a lo dispuesto en el artículo 8 letra a) del Reglamento, aplicó lo dispuesto en el artículo 9 letra d) que sanciona las faltas gravísimas con medidas que van desde la suspensión por uno o dos semestres, hasta la expulsión de la Universidad, en contra del fallo el artículo 29 del Reglamento contempla el Recurso de Apelación, el que, en la especie, atendida las sanciones impuestas, es conocido y fallado por un Tribunal Colegiado.

En cuanto a que se habría “formado una comisión especial, creada al efecto, designada por la misma parte acusadora, subalternos al Rector”, es del caso señalar que la constitución del Tribunal Colegiado que debe conocer la apelación se encuentra expresamente determinado ex ante en el Reglamento que regula la materia, atendida la gravedad de la sanción que imponga el Juez de instancia. De esta forma, el Tribunal de apelación está constituido con anterioridad al proceso sumario, en pleno apego al principio jurídico de “Juez Natural”. En la especie, el Tribunal Colegiado fue constituido efectivamente por el nombre reservado, el Secretario General y el Vicerrector de Investigación y Doctorado de la UNAB, como consta en la Sentencia de apelación, Tribunal que, analizando los antecedentes rolantes en autos y el mérito del recurso interpuesto, fundadamente confirmó, con declaración, la sentencia apelada, quedando firme la sanción de expulsión respecto del recurrente, atendida su participación en la toma de la sede de Viña del Mar. Continúan exponiendo que el reproche que realiza el actor al procedimiento sumario, contenido y regulado en el Reglamento, es absolutamente improcedente, toda vez que él mismo declaró conocer y se obligó a respetar y cumplir los Reglamentos de la Casa de Estudios, al momento de suscribir el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.

Refieren que UNAB no incurrió en ningún acto ilegal o arbitrario. Que actuó facultada por el Reglamento que el propio recurrente se obligó a respetar al suscribir su contrato y, con apego irrestricto al mismo, sancionó al actor por la falta gravísima contenida en el artículo 9 letra d) del Reglamento, al haberse acreditado su participación en la toma de la sede la Universidad de Viña del Mar.

Concluyen que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de UNAB, argumentando en base a la autonomía universitaria y la aplicación del reglamento, requisito indispensable para que prospere la acción cautelar de protección es la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la Ley; o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando con ello una o más garantías constitucionales contempladas expresamente en el artículo 20 de la CPR. Indican que la Universidad Andrés Bello, en tanto grupo intermedio de la sociedad, reconocido y amparado por nuestra Carta Fundamental, tiene la facultad para regular sus actividades a través de normas obligatorias para sus miembros, con miras a la consecución de sus fines. Así lo ha reconocido el Legislador regulando y reconociendo mediante norma expresa esta facultad. En efecto, la Ley General de Educación consagra en su artículo 8 la libertad de enseñanza que comprende no sólo abrir y mantener establecimientos educacionales, sino también el derecho de organizarlos. En el mismo sentido el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de Educación de fecha 3 de enero de 1981 que fija normas sobre Universidades reconoce en su artículo 3 y 4. En relación a esta última, precisa que “la autonomía administrativa faculta a cada universidad para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes”.

Esta tradición de reconocimiento se vio refrendada recientemente a través de la Ley de Educación Superior (Ley 21.091), que definió expresamente el sentido y alcance de la autonomía universitaria en su artículo 2 letra. Conforme a las normas citadas, UNAB está facultada legalmente para establecer su normativa interna, estableciendo planes, reglas, condiciones y Reglamentos aceptados libre y voluntariamente por cada uno de los alumnos, quienes, como se dijo, declaran conocerlos y se obligan a respetarlos expresamente al momento de suscribir el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales con la Universidad.

En ejercicio de estas disposiciones, con fecha 21 de noviembre de 2016 la Universidad dictó el Reglamento de Convivencia para la vida en Comunidad D.U.N. 2378/2016, que persigue inspirar, reconocer y velar por garantizar todos aquellos principios que tengan por objeto asegurar la normal convivencia de sus estudiantes y un normal desarrollo de las actividades académicas, conforme dispone expresamente el Título Preliminar. En el mismo cuerpo normativo la Universidad dispone de un procedimiento y un Tribunal prestablecido para que adopte las medidas necesarias conforme a la regulación que establece el estatuto que rige la conducta y la convivencia, contando con amplias facultades para investigar y eventualmente sancionar cualquier contravención al mismo.

Agregan que la toma de dependencias de la universidad constituye un acto ilegal y arbitrario, como se advierte los sumarios se inician con ocasión de la toma de la sede de Viña del Mar de la Universidad, acto que, por más democrático, deliberado y justificado históricamente que sea, como alega el actor, en sí mismo es ilegal y arbitrario. En efecto, la toma de dependencias de la Universidad es un acto ilegal ya que se encuentra expresamente prohibido bajo nuestro ordenamiento jurídico: es la misma garantía constitucional que el recurrente alega como infringida la que consagra el derecho de propiedad, señalando que nadie puede ser privado de su propiedad o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio (artículo 19 N°24 de la CPR). Por otra parte, las tomas también constituyen conductas arbitrarias pues se manifiestan como la voluntad y capricho de un grupo de estudiantes que no necesariamente representan a la totalidad de los miembros de la comunidad educativa, imponiendo una situación de hecho determinada.

Es del caso remarcar que UNAB respeta las asociaciones u organizaciones estudiantiles disponiendo de vías legítimas e institucionales para que se expresen y manifiesten al interior de la Universidad, sin embargo, no hay que confundir el derecho de asociación alegado en autos, con una toma ilegal.

Señala que por lo anterior no hay vulneración a los derechos constitucionales aludidos. Al efecto, indican que respecto a la infracción al derecho de asociación consagrado en el artículo 19 N° 15 de la Constitución Política de la República. Que el Sr. nombre reservado yerra completamente al pretender que los sumarios se debieron a supuestas represalias de la Universidad por su calidad de dirigente estudiantil. Estos procedimientos fueron iniciados en razón de los hechos constados en la sede de la Universidad el día 17 de mayo de 2019, instruyéndose el mismo contra 9 alumnos, quienes, luego de la etapa investigativa, culminaron con sobreseimiento o sanciones, en base a hechos objetivos acreditados en el procedimiento, debidamente ponderados y clasificados por los sentenciadores de primera y segunda instancia. Adicionalmente, el actor confunde la licitud de demandas estudiantiles, que pueden expresarse públicamente, generar debates y mesas de trabajo, con el empleo de mecanismos a través del uso de la fuerza.

En cuanto a la supuesta vulneración al debido proceso garantizado en el artículo 19 N° 3 de la CPR, se basa en que “el órgano sumario no es una comisión de disciplina regular en la Universidad sino que una comisión especial que se conforma para resolver el caso puntual que no es independiente ni imparcial”. Al respecto, el recurrente no fue juzgado en segunda instancia por una comisión especial, sino que por el Tribunal Colegiado que está llamado ex ante a conocer de estas apelaciones, constituido conforme lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento, atendida la gravedad de la sanción dictada por el Juez de primera instancia.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la CPR. Lo cierto es que el Sr. nombre reservado pagó su matrícula y colegiatura para el año 2019 y nuestra representada dio estricto cumplimiento a la contraprestación de las obligaciones contraídas contractualmente. Por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Tercera del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, el actor se obligó a obedecer y respetar los Reglamentos de UNAB, cuestión que no ocurrió.

Agrega que en la especie concurre improcedencia del recurso atendida la disponibilidad de acciones y procedimientos idóneos para discutir y resolver asuntos de lato conocimiento, establecidas en el Código Civil y las derivadas del Estatuto de Protección de los Derechos de los Consumidores con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19.496.

Acompaña los siguientes documentos reglamento de conducta para la convivencia de la comunidad de fecha 21 de noviembre de 2016,l copia digital del tomo I del sumario ordenado contra el recurrente, copia digital del tomo II del sumario ordenado contra el recurrente, copia digital del tomo III del sumario ordenado contra el recurrente, contrato de prestación de servicios educacionales suscrito entre don nombre reservado y la Unab para el año académico 2019.

Solicita, rechazar el Recurso de Protección interpuesto en contra de UNAB, con expresa condena en costas.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistente que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio.

Segundo: Que, el recurrente ha señalado como acto arbitrario y/o ilegal la resolución de fecha 23 de enero de 2020, dictada por el Tribunal de apelación de la Universidad Nacional Andrés Bello, integrada por el nombre reservado, Vicerrector de Investigación y Doctorado y el Secretario General, en virtud a la cual se confirma la sentencia de fecha 31 de diciembre de 2019, dictada en el procedimiento sumario que aplica la sanción al actor consistente en expulsión de la universidad, según lo dispuesto en el artículo 9 letra d) del Reglamento de Convivencia.

Tercero: Que la acción entablada tiene por objeto que la recurrida Universidad Andrés Bello, Campus Viña del Mar, representada por el rector de esa casa de estudios superiores don nombre reservado, deje sin efecto la medida de expulsión aplicada al recurrente en el sumario administrativo incoado en su contra con ocasión de la toma de Sede de Viña del Mar, al haberse rechazado la apelación deducida con fecha 23 de enero de 2020, por estimar que en la investigación sumaria que se realizó en su contra se ha vulnerado el debido proceso, atendido que en su tramitación se cometieron una serie de vicios como asimismo, el haber sido juzgado por una comisión especial.

Cuarto: Que el recurrente, sostiene en síntesis, que los alumnos recurrentes fueron informados de los cargos que se les imputaron en una primera audiencia con la Investigadora, donde el Ministro de Fe no firmó la correspondiente notificación de acuerdo al artículo 20 del Reglamento de Convivencia, no se le solicitó fijar domicilio, según el mismo artículo y además se asume el plazo de 15 días para efectuar los descargos, confundiendo la notificación del inicio de la investigación con la formulación de cargos del mismo artículo. Señala, además, que en dicha oportunidad no se les formuló cargos ni tampoco se les sobreseyó, sino que la Investigadora solicitó prórroga de 30 días para efectuar la imputación de cargos. Una vez notificada la resolución a los alumnos sumariados, se les indica que deben apelar de dicha resolución ante el Rector de la Universidad en un plazo de 5 días fatales, lo que contraviene el artículo 19 del Reglamento, puesto que según dicho artículo debe interponer ante un tribunal constituido por el nombre reservado, el Vicerrector de Investigación y Doctorado y el Secretario General, siendo una abierta vulneración al derecho del debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República en sus incisos 5 y 6, ya que el órgano que realiza el sumario no es una comisión de disciplina regular que funcione en la Universidad, sino una comisión especial y, además, el órgano sancionador, no es un órgano independiente e imparcial, sus miembros cumplen funciones regulares y están bajo la supervisión directa, de quien instruye el sumario.

Quinto: Que, para resolver el asunto es menester dejar asentados los hechos que fluyen del examen de los antecedentes que se han tenido a la vista, en esta carpeta virtual a) Con fecha 4 de julio de 2019, Mediante Resolución N°90.148-2019, emitida por don nombre reservado, Secretario General se dispone investigación sumaria en contra de don nombre reservado por la gravedad de los hechos denunciados sobre las posibles infracciones consistentes en la participación del alumno sumariado y su eventual responsabilidad en la infracciones contempladas en el artículo 5 a), 6 d) y e), 7 b) y g) y 8 a) del Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Comunidad, ordenando se instruya sumario según procedimiento establecido en el artículo 17 y siguientes del referido reglamento, designándose a la abogado doña Carolina Correa como investigadora y a la abogado doña Viviana Readi como Juez.

b) Que, con fecha 31 de diciembre de 2019, doña Viviana Readi Silva, Juez dicta la sentencia por la que se le aplicó la sanción de expulsión de la universidad, establecida en el artículo 9 letra d) del Reglamento al alumno nombre reservado, medida que se hará efectiva desde que quede firme la signada resolución. Respecto de dicha sanción el recurrente con fecha 9 de enero 2020, ante el Rector de la Universidad deduce apelación que fue conocida por el Tribunal señalado en el artículo 29 del Reglamento de Convivencia, esto es, constituido por el nombre reservado, Vicerrector de Investigación y Doctorado y el Secretario General.

c) Que, según consta de la resolución de fecha 23 de enero del año 2020, que resuelve la apelación deducida por el alumno sumariado don nombre reservado, los fundamentos que hacen posible atribuir la participación del sumariado en los hechos constitutivos de los cargos formulados según el motivo séptimo de la misma consisten en, en el acta notarial de fecha 17 de mayo del año 2019, la declaración voluntaria (sic) del sumariado, el informe ejecutivo y el set fotográfico que identifican a los alumnos que se mantenían al interior del campus, los registros audiovisuales, los descargos formulados por el sumariado y el escrito de apelación en que reconoce su participación en la toma y sólo cuestiona su actividad en ella.

Sexto: Que, cabe precisar, de la lectura del Reglamento de Conducta para la Convivencia de la Comunidad, de fecha 21 de noviembre de 2016, D.U. N°2378/2016, de la Rectoría de la Universidad Andrés Bello, se advierte que éste contempla dos procedimientos sancionatorios: uno de carácter breve y otro que regula en su artículo 14 según la naturaleza de los hechos denunciados, el procedimiento denominado regular del artículo 17, se aplicará cuando no sea procedente lo dispuesto en el artículo anterior.

En efecto, se dispone en su artículo 14°: “El Secretario General de la Universidad determinará la procedencia de instruir un sumario, cuyo procedimiento podrá ser de carácter breve o regular, según la naturaleza de los hechos denunciados”, detallando en los artículos siguientes las etapas del mismo.

Por su parte, se dispone en el artículo 17°:

“En los casos en que no sea aplicable lo dispuesto en el artículo anterior, la denuncia dará origen a un procedimiento regular, destinado a establecer la existencia o no de la infracción, la participación en ella de alumnos de la Universidad y las eventuales responsabilidades de los inculpados.

Dicho procedimiento se iniciará por resolución del Secretario General a requerimiento de cualquier autoridad de la Universidad, de los presuntamente afectados o de oficio si tuviere conocimiento directo de los hechos”.

Séptimo: Que de acuerdo a los antecedentes que obran en el sumario, se constata que fue instruido el 04 de julio de 2019 mediante la resolución citada, la que fue notificada al día siguiente, sin haber dado cumplimiento al artículo 18 del Reglamento de Convivencia, en cuanto a haber designado Ministro de fe, el cual fue designado recién el día 15 de julio de 2019. Además, tampoco se dio cumplimiento por parte de la señora investigadora al artículo 19 del referido reglamento, en cuanto a citar a los inculpados para una audiencia. Asimismo, de la formulación de cargos de fecha 11 de diciembre del año 2019, se indica entre otros, como antecedente “la declaración voluntaria del alumno nombre reservado, de fecha 23 de julio de 2019”, lo cual no es efectivo, pues no aparece ninguna declaración del sumariado, sino que con esta fecha consta el escrito descargos de la notificación efectuada el día 5 de julio.

Por otra parte, la investigadora solicita ampliación de plazo de investigación los días 25 de julio, 16 de agosto, 06 de septiembre y 4 de octubre todos del año 2019, sin notificar al actor de la prórroga de la investigación.

Octavo: Que del mérito de lo expresado en los considerando precedentes, se puede concluir que ha existido una superposición de dos procedimientos distintos, cada uno de los cuales estipula regulación diferentes según la naturaleza de los hechos denunciados. Dicha circunstancia explicaría que el estudiante haya formulado sus descargos en dos ocasiones distintas, en julio y diciembre de 2019, configurándose la confusión entre la notificación de la resolución que instruye el procedimiento de fecha 4 de julio y la formulación de cargos efectuado con fecha 11 de diciembre.

Noveno: Que, por otra parte, el Secretario General, don nombre reservado, fue parte del Tribunal de Segunda Instancia que resolvió el recurso de apelación, quien ya había manifestado con anterioridad su parecer sobre los hechos al haber pronunciado la resolución instructora en la cual se hacía referencia a “la gravedad de los hechos”, lo que atenta contra el principio del debido proceso en su vertiente de contar con un juez imparcial e independiente.

Décimo: Que, aún más, el acto por el cual se recurre, afecta la garantía constitucional del debido proceso, por cuanto la recurrida no reparó ni subsanó los vicios de orden procedimental que se plantearon por el actor, y si bien es cierto, las actuaciones efectuadas en el sumario son de orden intermedio, la decisión posterior, en confirmar la sanción aplicada al alumno, basada en un procedimiento ilegal y arbitrario, constituye vulneración a la garantía constitucional denuncia por este arbitrio, siendo por ello, objeto de medidas de urgencia para reestabler el imperio del derecho.

Undécimo: Que, del análisis precedente se colige que el procedimiento administrativo seguido para establecer la responsabilidad del alumno recurrente no se ajusta al debido proceso, por lo que se constituye vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 3 inciso 5 y 6 de la Constitución Política de la República. No se emitirá pronunciamiento respecto de las otras dos garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado, Rector de La Universidad Andrés Bello, Campus Viña Del Mar y, en definitiva, se deja sin efecto la medida disciplinaria de expulsión del indicado alumno de la carrera de Derecho, debiéndose reincorporar como alumno al actor de inmediato, una vez ejecutoriada la sentencia.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Rosa Herminia Aguirre Carvajal.

N°Protección-5235-2020.