nombre reservado con HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, siete de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece nombre reservado, abogado, en representación de doña nombre reservado, técnico, grado 21, funcionaria a contrata de la Unidad de Gestión Clínica Otorrino Oftalmología del Hospital Carlos Van Buren, e interpone recurso de protección en contra del Hospital Carlos Van Buren, establecimiento dependiente del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, representado por su director don nombre reservado, fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°2829, de 18 de junio de 2026, que ordena de forma unilateral, automática y sin tope legal alguno el reintegro de la suma de $4.441.980 mediante la deducción directa de las remuneraciones de su representada, con vulneración de las garantías consagradas en los numerales 1°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, en cuanto a los hechos, que su representada percibe ingresos que constituyen su único medio de subsistencia y el de su grupo familiar, y que entre octubre de 2025 y abril de 2026 hizo uso de licencias médicas emitidas por profesionales facultativos.

Agrega que mediante Resolución Exenta N°2082, de 24 de abril de 2026, la Dirección del Hospital le notificó el rechazo de seis licencias médicas por parte de la COMPIN, bajo el criterio de incumplimiento de reposo, otorgándole un plazo para acreditar apelaciones o la solicitud de facilidades de pago ante la Contraloría General de la República, y que el 18 de junio de 2026 la autoridad dictó el acto terminal impugnado, que ordena ejecutar el reintegro inmediato de la suma acumulada ya referida.

Señala que en el considerando segundo de dicha resolución la recurrida sostiene que el artículo 72 de la Ley N°18.834 no establece un límite para tales deducciones ni concede facilidades para su pago, y que sobre la base de esa interpretación de su potestad pretende afectar la totalidad o una parte sustancial de las liquidaciones de sueldo de una funcionaria de grado menor, privándola de la subsistencia básica sin ponderación alguna de proporcionalidad.

Funda la ilegalidad del acto, en primer término, en la vulneración del principio de confianza legítima y de la buena fe del funcionario, pues las remuneraciones percibidas durante el período de licencias contaban con el amparo de un título técnico médico idóneo al momento de su pago, de modo que se incorporaron a su patrimonio, sin que la Administración pueda utilizar mecanismos de cobro ejecutivo que destruyan la estabilidad patrimonial diaria del trabajador.

Sostiene, enseguida, que la recurrida efectúa una interpretación restrictiva y abusiva del artículo 72 del Estatuto Administrativo al atribuirse una potestad ilimitada de descuento, en circunstancias que todo descuento administrativo tiene como frontera infranqueable el carácter alimentario de las remuneraciones, según se desprende del principio general recogido en el artículo 57 del Código del Trabajo, y que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República exige conciliar dicha norma con los techos ordinarios de descuentos permitidos en el sector público, de manera que ejecutar la deuda sin fijar tramos proporcionales transforma el reintegro en una sanción confiscatoria.

Alega, finalmente, la arbitrariedad del acto por falta de razonabilidad y desviación de poder, pues la autoridad se limita a señalar que, como la funcionaria no acudió a la Contraloría General de la República en el plazo intermedio, corresponde descontar sin límites, omitiendo ponderar el impacto socioeconómico de la medida, determinar el sueldo líquido de la afectada, evaluar sus cargas familiares y fijar de oficio un esquema de cuotas racionales.

En cuanto al derecho, estima conculcada la garantía del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por cuanto se le despoja de sus legítimos ingresos sin sentencia judicial, mediante una autotutela ejecutiva prohibida; la del artículo 19 N°1, pues someter a una funcionaria técnica de la salud a la amenaza de ver reducidos sus ingresos mensuales a montos ínfimos configura un trato desproporcionado que genera angustia e indefensión; y la del artículo 19 N°3, al privársele de un procedimiento en que pueda discutir el monto, la procedencia o la parcialidad de las cuotas de devolución antes de sufrir la merma patrimonial.

Pide, en definitiva, que se declare que la Resolución Exenta N°2829, de 18 de junio de 2026, es un acto ilegal y arbitrario; que se la deje totalmente sin efecto, así como el cobro en las condiciones ejecutadas; que se ordene a la recurrida retrotraer el procedimiento y estructurar, en caso de proceder el reintegro, un esquema de facilidades de pago proporcional, racional y con topes mensuales que protejan el carácter alimentario del sueldo, todo con expresa condenación en costas. Acompañó informes psicológicos de 15 de mayo y 16 de octubre de 2025 y copia de la resolución impugnada, y solicitó orden de no innovar, la que fue denegada por resolución de 3 de julio de 2026.

A folio 7 evacua informe doña nombre reservado, abogada, en representación del Hospital Carlos Van Buren, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que los hechos descritos en el libelo omiten antecedentes esenciales, ya que mediante Resolución Exenta N°2082, de 24 de abril de 2026, el Hospital comunicó formalmente a la funcionaria el rechazo de las licencias médicas emitido por la autoridad competente, circunstancia que produjo como consecuencia jurídica que las remuneraciones percibidas durante dichos períodos pasaran a constituir remuneraciones indebidamente percibidas, y en el mismo acto se le informó expresamente el procedimiento que el ordenamiento contempla para estos casos, esto es, la posibilidad de ejercer el derecho previsto en el artículo 67 de la Ley N°10.336, solicitando ante la Contraloría General de la República la condonación o facilidades para el reintegro, debiendo acreditar oportunamente ante la institución la interposición de dicha gestión.

Añade que la recurrente no ejerció el referido derecho ni presentó solicitud alguna ante el Órgano Contralor, de modo que, vencido el plazo otorgado y no existiendo antecedente que suspendiera o modificara el procedimiento administrativo, se procedió a dictar la Resolución Exenta N°2829, de 18 de junio de 2026, en cumplimiento del deber legal de resguardar correctamente los recursos públicos.

Precisa que el artículo 72 de la Ley N°18.834 dispone que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, correspondiendo efectuar los descuentos respectivos cuando aquellas hubieren sido pagadas indebidamente, lo que ocurre precisamente cuando una licencia médica es rechazada de manera definitiva por la autoridad competente, pues desaparece el fundamento jurídico que justificaba la ausencia.

Sostiene que el Hospital carece de facultades para condonar, rebajar o modificar unilateralmente la obligación de restitución, así como para dejar sin efecto o suspender los efectos derivados del rechazo de las licencias médicas, por tratarse de decisiones que corresponden exclusivamente a los organismos competentes del sistema de seguridad social, y que el único órgano legalmente facultado para otorgar condonaciones o facilidades de pago respecto de beneficios pecuniarios indebidamente percibidos por funcionarios públicos es la Contraloría General de la República, conforme al artículo 67 de la Ley N°10.336.

Agrega que la acción constitucional no constituye la vía idónea para revisar la legalidad de los actos administrativos cuestionados, pues lo que se pretende es que la Corte determine si la interpretación efectuada respecto del artículo 72 de la Ley N°18.834 resulta correcta y si la modalidad de reintegro debió sujetarse a determinados límites, materias que exceden el ámbito cautelar del recurso al requerir interpretaciones normativas y resolver una controversia jurídica que carece del carácter de indubitada.

Finalmente, descarta la concurrencia de acto ilegal o arbitrario y de vulneración de las garantías invocadas, señalando que la sola circunstancia de que un acto administrativo produzca consecuencias patrimoniales desfavorables no importa afectación de la integridad física o psíquica; que el debido proceso administrativo fue respetado, desde que la funcionaria fue formalmente notificada e informada de las vías que la ley pone a su disposición, sin que las utilizara; y que no puede invocarse derecho de propiedad sobre sumas que perdieron su causa jurídica una vez rechazadas definitivamente las licencias médicas. Acompañó copia de las Resoluciones Exentas N°2082 y N°2829, y el mandato judicial de su representación.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre y legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que, en razón de lo anterior, resulta presupuesto indispensable de la acción que se demuestre la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que dicho acto u omisión conduzca a la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de alguno de los derechos indubitados que la propia norma enumera.

Que, asimismo, esta acción no constituye una instancia de declaración de derechos ni un mecanismo destinado a dirimir controversias de interpretación normativa que exijan un debate de lato conocimiento, sino un remedio de urgencia frente a atropellos manifiestos de derechos ciertos y no discutidos.

Segundo: Que, el recurso se dirige en contra del Hospital Carlos Van Buren y tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2829 de 18 de junio de 2026, que ordenó el reintegro de la suma de $4.441.980 por concepto de remuneraciones percibidas durante los períodos amparados por seis licencias médicas rechazadas por la COMPIN entre octubre de 2025 y abril de 2026.

Que la recurrente no controvierte el rechazo de las licencias médicas ni la cuantía liquidada, sino la modalidad del cobro.

Su reproche de ilegalidad se construye sobre tres premisas, a saber, que las sumas ingresaron a su patrimonio de buena fe y quedan amparadas por la confianza legítima; que el artículo 72 de la Ley N°18.834 no confiere una potestad ilimitada de descuento y debe conciliarse con el carácter alimentario de la remuneración y con los topes de descuento del sector público y que el acto es arbitrario por no ponderar su situación socioeconómica ni fijar de oficio un esquema de cuotas. Su pretensión, en consecuencia, consiste en que se deje sin efecto el acto y se ordene a la recurrida retrotraer el procedimiento y estructurar un plan de pago proporcional con topes mensuales.

Tercero: Que, la recurrida afirma que el rechazo definitivo de las licencias médicas por la autoridad competente hizo desaparecer el título que justificaba la ausencia, transformando las remuneraciones pagadas en remuneraciones indebidamente percibidas, cuya restitución le viene impuesta por el artículo 72 de la Ley N°18.834 y que mediante la Resolución Exenta N°2082, de 24 de abril de 2026, notificó a la funcionaria dicha circunstancia y le informó expresamente el derecho contemplado en el artículo 67 de la Ley N°10.336, otorgándole un plazo de treinta días hábiles para apelar ante la COMPIN o la Superintendencia de Seguridad Social, o para solicitar condonación o facilidades de pago ante la Contraloría General de la República, sin que la recurrente ejerciera alguna de esas vías, por lo que defiende que el Hospital carece de competencia para condonar, rebajar o conceder facilidades de pago, atribución que el legislador radicó de manera exclusiva en el Órgano Contralor.

Finalmente, alega que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para revisar la legalidad de actos administrativos firmes ni para dirimir la correcta interpretación del artículo 72 del Estatuto Administrativo, y que no concurre vulneración de las garantías invocadas.

Cuarto: Que, delimitado de ese modo el debate, conviene precisar los hechos que no son objeto de controversia y que aparecen acreditados con los documentos incorporados.

I.- Consta que la recurrente presentó seis licencias médicas, individualizadas en la Resolución Exenta N°2082 y en el Informe de Situaciones de Licencias de 17 de abril de 2026, todas las cuales fueron rechazadas por la COMPIN;

II.- Que dicho rechazo le fue notificado mediante la citada Resolución Exenta N°2082, de 24 de abril de 2026, en la que se le informó el derecho contemplado en el artículo 67 de la Ley N°10.336 y el plazo de treinta días hábiles para hacerlo valer;

III.- Que, no consta en el expediente antecedente alguno que dé cuenta de que la recurrente hubiere apelado del rechazo de sus licencias ante la COMPIN o la Superintendencia de Seguridad Social, ni de que hubiere formulado solicitud de condonación o de facilidades de pago ante la Contraloría General de la República;

IV.- Que, transcurrido dicho plazo, se dictó la Resolución Exenta N°2829, de 18 de junio de 2026, que ordenó el reintegro de $4.441.980, según la liquidación mensual que la misma resolución contiene.

Quinto: Que, siendo ello así, el problema jurídico sometido al conocimiento de esta Corte no consiste en determinar si la obligación de restituir existe, cuestión que la propia recurrente no discute derechamente, ni en revisar el mérito del rechazo de las licencias médicas, decisión que emana de un órgano distinto del recurrido y que no ha sido impugnada en estos autos, sino que se reduce a establecer si el Hospital Carlos Van Buren, al ordenar el reintegro sin fijar por sí mismo una modalidad de pago fraccionada ni topes mensuales de descuento, obró fuera del marco de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere, o bien de un modo carente de razonabilidad.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de ilegalidad, esta no podrá prosperar.

En efecto, conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que puedan atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido.

De ello se sigue que el juicio de legalidad de un acto administrativo supone contrastar lo obrado con las potestades efectivamente entregadas al órgano, y no con aquellas que el interesado estima deseables.

Que, en esa perspectiva, rechazadas las licencias médicas por la autoridad competente, desaparece el antecedente que justificaba la ausencia al servicio y, con ello, la causa jurídica de las remuneraciones pagadas durante esos períodos, las que pasan a tener el carácter de indebidamente percibidas. Frente a esa situación, el artículo 72 de la Ley N°18.834 impone a la Administración el deber de practicar los descuentos correspondientes, mandato que no queda entregado al criterio del servicio, de modo que el Hospital recurrido, lejos de contar con un margen de discrecionalidad para omitir la actuación, se encontraba jurídicamente compelido a disponer el reintegro.

Que, por otra parte, la facultad de liberar total o parcialmente de la restitución de las sumas percibidas indebidamente por funcionarios públicos, así como la de conceder facilidades para su pago, ha sido radicada por el legislador en el artículo 67 de la Ley N°10.336 en la Contraloría General de la República, previa solicitud del afectado y con arreglo al procedimiento reglado en la Resolución N°35, de 2018, del mismo origen. Se trata, por tanto, de una potestad ajena a la esfera de competencia del establecimiento recurrido.

Que, la constatación anterior resulta decisiva, pues aquello que la recurrente reprocha al Hospital no haber hecho, esto es, ponderar su situación socioeconómica y fijar de oficio un esquema de cuotas racionales con topes mensuales, constituye precisamente el ejercicio de una atribución que la ley no le ha conferido. Mal puede calificarse de ilegal la conducta de un órgano de la Administración que se abstiene de ejecutar una actuación para la cual carece de competencia; por el contrario, es la hipótesis inversa la que habría importado una infracción a los preceptos constitucionales antes citados. Que, a mayor abundamiento, la vía para obtener el resultado que la recurrente persigue no se encontraba cerrada, sino que le fue expresamente comunicada mediante la Resolución Exenta N°2082, sin que conste que la hubiere impetrado.

Séptimo: Que, en cuanto a la arbitrariedad, tampoco concurre.

La resolución impugnada expresa sus fundamentos normativos, se apoya en antecedentes objetivos, cuales son el rechazo de las seis licencias médicas por la COMPIN, la liquidación mes a mes de las sumas percibidas y la ausencia de gestiones acreditadas por la funcionaria dentro del plazo conferido, y fue precedida de un acto previo de notificación que puso a la interesada en situación de reaccionar. Un acto administrativo que se explica de ese modo, cualquiera sea el parecer que merezca su contenido, no puede reputarse producto del mero capricho de su autor.

Que, en lo relativo a la alegada infracción de los límites de descuento y al carácter alimentario de la remuneración, cabe observar, por un lado, que la determinación de si al reintegro de remuneraciones indebidamente percibidas por un funcionario público le resultan aplicables los topes que la recurrente invoca supone dilucidar una cuestión de interpretación normativa que carece del carácter indubitado que exige la acción cautelar, y que corresponde ventilar ante la sede competente; y, por otro, que del mérito de los antecedentes no aparece que se hubieren materializado descuentos ni la cuantía o porcentaje de estos, de manera que el reproche de confiscatoriedad se construye sobre una proyección de efectos que el expediente no permite verificar.

Que, por último, la invocación del principio de confianza legítima no altera lo concluido, desde que el título que amparaba el pago quedó sin efecto por decisión de la autoridad competente en materia de licencias médicas, sin que conste que dicha decisión hubiere sido impugnada, y desde que el ordenamiento ha previsto un cauce específico, precisamente el del artículo 67 de la Ley N°10.336, para que la buena fe o la justa causa de error del funcionario sean ponderadas por el órgano al que la ley entregó esa apreciación.

Octavo: Que, no concurriendo acto ilegal ni arbitrario, resulta innecesario un examen pormenorizado de las garantías que se dicen conculcadas, bastando consignar, en lo que interesa, que respecto del numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental el derecho de propiedad supone la incorporación legítima del bien al patrimonio, calidad de la que carecen las sumas cuya causa jurídica se extinguió; que en cuanto al numeral 3° la recurrente fue formalmente notificada del rechazo de sus licencias y de las consecuencias que de él derivaban, y se le informó el plazo y las vías administrativas disponibles, de suerte que no cabe sostener privación de oportunidades de defensa respecto de quien no las ejerció; y que en lo tocante al numeral 1°, sin desconocer el contenido de los informes psicológicos acompañados, el acto impugnado no contiene medida alguna dirigida a la persona de la recurrente ni de naturaleza tal que pueda estimarse atentatoria contra su integridad física o psíquica, sin que las consecuencias patrimoniales derivadas del cumplimiento de una obligación legal basten, por sí solas, para configurar la vulneración alegada.

Noveno: Que, en consecuencia, no concurriendo en la especie los presupuestos que hacen procedente la acción constitucional de protección, el recurso será desestimado, sin perjuicio de las gestiones que la recurrente pueda impetrar ante la Contraloría General de la República en los términos del artículo 67 de la Ley N°10.336, o de las demás acciones que el ordenamiento jurídico le franquee.

Por estas consideraciones, citas legales, y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra del Hospital Carlos Van Buren.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-5227-2026