nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece la abogada doña Jennifer Francisca Ogalde Vega, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°R-01-UJU-77190-2026 de 31 de mayo de 2026, que mantuvo la decisión de no otorgarle el subsidio por incapacidad laboral asociado a la licencia médica electrónica N°RUT reservado, extendida por 30 días de reposo a contar del 2 de enero de 2025.

Expone que el recurrente se desempeñaba como buzo mariscador básico para Sociedad Marítima y de Inversiones San Gabriel SpA, mediante contrato indefinido suscrito el 1 de octubre de 2024, en el que se reconoció como fecha de inicio de la relación laboral el 25 de enero de ese año, atendidos los servicios previamente prestados para Formasub Servicios Submarinos Ltda. Agrega que desarrollaba sus funciones principalmente en centros de cultivo ubicados en la Región de Aysén, sujeto a un sistema de jornada de 14 días de trabajo, seguidos de 12 días de descanso y 2 destinados a traslado, correspondiendo al empleador proporcionar los pasajes necesarios para concurrir a las faenas.

Señala que, durante los últimos días de diciembre de 2024, intentó comunicarse con su empleador para coordinar la entrega de los pasajes correspondientes al traslado que debía iniciar el 31 de diciembre de ese año, sin recibirlos. Indica que el 2 de enero de 2025, debido a una contingencia psicológica, informó a su empleador mediante WhatsApp, a las 8:23 horas, que no podría asistir a sus labores. Al día siguiente acudió a un facultativo, quien prescribió 30 días de reposo mediante licencia médica electrónica N°RUT reservado, fijando su inicio el 2 de enero de 2025.

Refiere que dicha licencia fue recibida digitalmente por la Subcomisión Viña del Mar de la COMPIN el 3 de enero de 2025. Añade que el 6 de enero siguiente recibió un correo electrónico de su empleador, mediante el cual se le comunicó su desvinculación y se adjuntó una carta de aviso de término de contrato datada el 2 de enero de 2025. Afirma que la carta certificada despachada por Correos de Chile nunca fue entregada en su domicilio, figurando en el seguimiento respectivo como “Envío no entregado”.

Explica que la tramitación posterior de la licencia presentó diversas modificaciones. Así, sostiene que el 18 de marzo de 2025 la Subcomisión Viña del Mar de la COMPIN autorizó inicialmente la licencia médica y el pago del subsidio por incapacidad laboral, decisión posteriormente alterada mediante un redictamen que la rechazó y cuya fecha figuraba como “01/01/00”. Agrega que ese mismo día la COMPIN de la Región de Aysén emitió un pronunciamiento respecto de la misma licencia, requiriendo nuevos antecedentes, pese a que, según afirma, ésta no había sido tramitada ante dicho organismo. Posteriormente, el 19 de marzo de 2025, se habría autorizado el reposo, pero sin derecho al subsidio, decisión que, según sostiene, no le fue notificada, manteniéndose en la plataforma electrónica únicamente el estado “Licencia Médica Recibida por COMPIN”.

Indica que, ante la falta de un pronunciamiento que le hubiese sido comunicado, el 12 de febrero de 2026 formuló reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, expediente R-43180-2026, solicitando que se dispusiera que la COMPIN resolviera su situación. Mientras aquel reclamo se encontraba pendiente, afirma que la COMPIN de la Región de Aysén autorizó el 17 de marzo de 2026 la licencia y el pago del subsidio por incapacidad laboral, decisión que posteriormente habría sido modificada de oficio, de manera que el 19 de marzo de 2026 se mantuvo la autorización del reposo, pero se rechazó el acceso al subsidio. Añade que, sin mediar recurso de su parte, se produjeron nuevas modificaciones respecto de la licencia, cuestión que hizo presente a la SUSESO mediante presentación de 14 de abril de 2026.

Sostiene que la recurrida se pronunció finalmente mediante la Resolución Exenta N° R-01-UJU-77190-2026 notificada el 31 de mayo de 2026, rechazando su pretensión sobre la base de que “se advierte que, el interesado no hizo uso de licencias médicas con anterioridad a la fecha de desvinculación”.

Cuestiona dicha conclusión, afirmando que al momento de iniciarse el reposo todavía mantenía vigente su vínculo laboral. Al efecto, señala que el 2 de enero de 2025 informó a su empleador, a las 8:23 horas, que no concurriría a trabajar por razones de salud; que la carta de despido fue suscrita electrónicamente ese mismo día a las 14:31 horas y recibida por Correos de Chile a las 17:14 horas; que dicho envío nunca fue entregado; y que sólo el 6 de enero de 2025 tomó conocimiento efectivo de su desvinculación mediante correo electrónico.

Invoca el Dictamen N°79.871-2014 de la propia Superintendencia, conforme al cual la separación del trabajador se produce al manifestarse la voluntad del empleador, la que, de acuerdo con el artículo 162 del Código del Trabajo, debe comunicarse por escrito, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio indicado en el contrato. Sobre esa base, sostiene que la voluntad de poner término a la relación laboral sólo le fue comunicada el 6 de enero de 2025, cuando ya se encontraba haciendo uso del reposo prescrito desde el día 2 del mismo mes.

Agrega que, aun si se estimara que el procedimiento de término de la relación laboral comenzó el 2 de enero de 2025, el reposo había principiado antes de que el empleador confeccionara y despachara la carta de despido, pues éste fue informado de su ausencia por razones de salud a las 8:23 horas, mientras que la carta fue suscrita a las 14:31 horas y entregada a Correos de Chile a las 17:14 horas.

Expone, asimismo, que la licencia fue extendida por su médico tratante luego de diagnosticar una enfermedad de origen común y estimar necesario el reposo por 30 días; que no fue necesario extender licencias posteriores por la misma causa; y que la recurrida no habría controvertido la justificación médica del descanso ni el cumplimiento de los requisitos de afiliación y cotización para acceder al subsidio.

Califica de ilegal y arbitraria la actuación impugnada, tanto porque la negativa a conceder el subsidio se fundaría en una desvinculación que, a su juicio, sólo le fue comunicada después de iniciado el reposo, como porque durante la tramitación administrativa se habrían dictado decisiones contradictorias, efectuado modificaciones de oficio y emitido pronunciamientos que no le fueron notificados. Añade que la decisión de la recurrida se apartaría de su propia jurisprudencia administrativa.

Estima vulneradas las garantías previstas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República. En cuanto a la primera, sostiene que ha recibido un trato diferente respecto de otros trabajadores que, encontrándose en iguales condiciones de salud y cumpliendo los requisitos pertinentes, acceden al subsidio por incapacidad laboral. Respecto del derecho de propiedad, afirma que, autorizada la licencia y reunidos los presupuestos previsionales necesarios, el subsidio habría ingresado a su esfera patrimonial, de modo que su negativa afectaría dicho derecho.

Por lo expuesto, solicita que deje sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UJU-77190-2026 y se ordene autorizar el pago correspondiente a la licencia médica electrónica N°RUT reservado, extendida el 3 de enero de 2025 por 30 días de reposo desde el 2 de enero del mismo año, disponiéndose un plazo para efectuar el pago del subsidio por incapacidad laboral, con costas.

A folio 6 informa la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega su extemporaneidad, sosteniendo que el recurrente tuvo conocimiento cierto del rechazo de la licencia médica N°3 RUT reservado y de la consecuente negativa al pago del subsidio por incapacidad laboral, a más tardar el 12 de febrero de 2026, oportunidad en que reclamó de aquella decisión ante la Superintendencia. Afirma que el ejercicio de esa vía administrativa no suspendió ni renovó el plazo de 30 días corridos previsto para deducir la acción de protección, pues ésta no tiene carácter subsidiario y su término es objetivo, de manera que no puede quedar sujeto a las sucesivas reclamaciones que decida formular el interesado. Por ello, habiéndose interpuesto el recurso el 30 de junio de 2026, estima que fue deducido fuera de plazo.

En subsidio, respecto del fondo, señala que el 12 de febrero de 2026 el recurrente reclamó ante esa Superintendencia en contra de la Subcomisión Viña del Mar-Quillota de la COMPIN Región de Valparaíso, por haber confirmado el rechazo de la licencia médica N°3 RUT reservado, emitida el 3 de enero de 2025 por 30 días de reposo a contar del 2 de enero del mismo año, por falta de vínculo laboral. Para resolver la reclamación recabó los antecedentes del caso, entre ellos la licencia médica, el maestro histórico de licencias de FONASA, certificado de cotizaciones y la carta de aviso de término del contrato de trabajo.

Expone que mediante Resolución Exenta N°R-01-UJU-77190-2026 de 31 de mayo de 2026, rechazó la reclamación y confirmó lo resuelto por la COMPIN. Tuvo para ello en consideración que la carta de aviso de término del contrato indicaba que el recurrente había prestado servicios hasta el 2 de enero de 2025 y que el vínculo laboral concluía por la causal prevista en el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo; que dicho documento contaba con firma electrónica avanzada del representante del empleador del 2 de enero de 2025; y que existía constancia del envío de la carta certificada por Correos de Chile ese mismo día.

Sostiene que, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene por objeto permitir al trabajador ausentarse justificadamente de sus labores durante el período de incapacidad y posibilitar el otorgamiento de un subsidio que reemplace su remuneración, finalidades que no concurren respecto de quien carece de vínculo laboral vigente. Añade que, excepcionalmente, el artículo 15 del D.F.L. N°44, de 1978, permite autorizar una licencia presentada por un trabajador cesante cuando sea continuación, sin solución de continuidad y por el mismo diagnóstico, de otra iniciada antes del término de la relación laboral.

Agrega que el Compendio de Normas sobre Licencias Médicas, Subsidios por Incapacidad Laboral y Seguro SANNA dispone el rechazo de la licencia emitida el mismo día del término de la relación laboral o posteriormente, aun cuando el reposo se inicie antes de dicho término. Afirma que, revisado el maestro de licencias médicas de FONASA, el recurrente no registraba licencias anteriores a su desvinculación, de modo que, habiéndose puesto término a la relación laboral el 2 de enero de 2025 y emitido la licencia al día siguiente, no correspondía autorizarla ni otorgar el subsidio reclamado.

Explica que actuó dentro de las atribuciones que le confieren los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N°16.395 para fiscalizar a las instituciones de previsión y resolver las reclamaciones formuladas en materias de su competencia, mientras que corresponde a las COMPIN pronunciarse sobre la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas de los trabajadores afiliados a FONASA.

Descarta, por consiguiente, haber incurrido en una actuación ilegal o arbitraria y sostiene que el recurrente carece de un derecho preexistente e indubitado al subsidio por incapacidad laboral, pues no se habrían cumplido los presupuestos legales necesarios para su nacimiento.

En cuanto a las garantías invocadas, niega la afectación del derecho de propiedad, argumentando que la sola emisión de una licencia por el profesional tratante no genera un derecho patrimonial al subsidio, puesto que su procedencia requiere la autorización del organismo competente y el cumplimiento de los demás requisitos legales. Cita al efecto el artículo 17 del Decreto Supremo N°3 de 1984, conforme al cual una licencia autorizada puede o no conferir derecho al subsidio o remuneración correspondiente.

Finalmente, sostiene que la controversia se refiere propiamente al derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, garantía que no se encuentra comprendida entre aquellas cauteladas por la acción prevista en su artículo 20.

Por estas razones, solicita que el recurso sea rechazado, con costas.

A folio 9, informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En cuanto al caso, señala que, según los registros del Sistema Informático de FONASA, la licencia médica N°3 RUT reservado comprende el período entre el 2 y el 31 de enero de 2025 y fue rechazada por la causal “R-27 Trabajador Finiquitado sin continuidad laboral”, al estimarse perdida la calidad de trabajador en los términos del artículo 1° del Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud.

Explica que durante la revisión de la licencia se efectuaron diversas anotaciones en la cartola médica. El 7 de abril de 2025 se dejó constancia de que no se había logrado contactar al trabajador y que existían licencias anteriores con el mismo empleador tramitadas ante otra COMPIN, rechazándose en esa oportunidad por encontrarse fuera del área. El 17 de marzo de 2026 se tuvo a la vista el contrato de trabajo, que indicaba como lugar de desempeño el Centro Williams 2, en la Región de Aysén. Posteriormente, el 24 de marzo de 2026, revisados los antecedentes previsionales y contractuales, se consignó que el reposo se iniciaba el 2 de enero de 2025, misma fecha indicada como término de la relación laboral, mientras que la licencia había sido emitida el 3 de enero siguiente. Asimismo, se dejó constancia de que el recurrente mencionaba acciones judiciales, pero no había acompañado antecedentes que permitieran verificar su existencia, sin perjuicio de poder reevaluarse la situación si una resolución judicial establecía la continuidad del vínculo laboral más allá del período indicado en el documento tenido a la vista. Finalmente, el 14 de abril de 2026 se mantuvo el rechazo por no haberse acreditado vínculo laboral vigente al inicio del reposo.

Sostiene que se aplicó el criterio contenido en la Circular N°3432 de la Superintendencia de Seguridad Social, conforme al cual corresponde rechazar la licencia cuando el mismo día en que comienza el reposo termina la calidad de trabajador dependiente, pues desde la fecha de término de los servicios comunicada por el empleador en la respectiva carta de aviso deja de existir una ausencia laboral que justificar y una remuneración que reemplazar.

Añade que el recurrente reclamó de lo resuelto ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que confirmó lo actuado por la Subcomisión Viña del Mar-Quillota de la COMPIN Región de Valparaíso, por estimar que al momento de emitirse la licencia el interesado carecía de ausencia laboral que justificar y de remuneración que reemplazar respecto del empleador para el cual había sido extendida.

Descarta la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, afirmando que las decisiones de la COMPIN se fundaron en los antecedentes disponibles y fueron adoptadas dentro de un procedimiento reglado, permitiéndose al recurrente ejercer las instancias de reclamación correspondientes. Sostiene, además, que la circunstancia de que las resoluciones sean escuetas no significa que carezcan de fundamento, pues deben ser consideradas conjuntamente con los antecedentes y análisis que precedieron a su dictación.

Finalmente, afirma que el recurrente no es titular de un derecho indubitado al subsidio por incapacidad laboral por la sola emisión de una licencia médica, pues aquel sólo puede surgir una vez cumplidos los requisitos correspondientes y emitido el pronunciamiento favorable de la autoridad competente. Añade que la revisión de las decisiones de fondo adoptadas por la COMPIN y la Superintendencia excedería, a su juicio, la naturaleza cautelar de esta acción y requeriría, en su caso, un procedimiento de lato conocimiento.

Por estas razones, solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 10, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad deducida por la Superintendencia de Seguridad Social:

Primero: Que, la recurrida alega la extemporaneidad de la acción, por cuanto el recurrente habría conocido el rechazo de la licencia médica, a más tardar, el 12 de febrero de 2026, al reclamar de dicha decisión ante la Superintendencia. Sin embargo, tal alegación será desestimada, toda vez que el acto impugnado en estos autos corresponde a la Resolución Exenta N°R-01-UJU-77190-2026, de 31 de mayo de 2026, dictada por dicho organismo al resolver aquella reclamación, de manera que, habiéndose interpuesto el recurso el 30 de junio del mismo año, lo fue dentro del plazo previsto para el ejercicio de esta acción cautelar.

II.- En cuanto al fondo:

Segundo: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Tercero: Que, el acto que se reprocha corresponde a la Resolución Exenta N°R-01-UJU-77190-2026, de 31 de mayo de 2026, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de la licencia médica N°3 RUT reservado y del consecuente subsidio por incapacidad laboral, por estimar que al momento de su emisión el recurrente carecía de vínculo laboral vigente. Éste sostiene que tal decisión es ilegal y arbitraria, pues el reposo comenzó el 2 de enero de 2025, antes de que se le comunicara el término de la relación laboral, del cual afirma haber tomado conocimiento únicamente el 6 de enero siguiente, por lo que solicita dejar sin efecto la resolución impugnada y disponer el pago del subsidio correspondiente.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, tanto la Superintendencia de Seguridad Social como la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Valparaíso sostienen que la relación laboral terminó el 2 de enero de 2025 y que la licencia médica fue emitida al día siguiente, de manera que el actor carecía entonces de una ausencia laboral que justificar y de una remuneración que reemplazar. Agregan que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normativa aplicable.

Quinto: Que, de lo expuesto por las partes se advierte que la procedencia de la pretensión del recurrente supone determinar, previamente, si al inicio del reposo prescrito mantenía vigente su relación laboral. En efecto, mientras el actor sostiene que el reposo comenzó el 2 de enero de 2025 y que sólo tomó conocimiento de su desvinculación el 6 de enero, las recurridas estiman que el vínculo laboral terminó el mismo 2 de enero, según consta en la carta de aviso de término de contrato considerada al resolver administrativamente.

Sexto: Que, de esta manera, la controversia planteada exige determinar los efectos jurídicos de la comunicación de término del contrato de trabajo y, consecuencialmente, establecer si la relación laboral se encontraba vigente al comenzar el período de reposo, cuestión que excede la naturaleza cautelar y urgente de la acción de protección, desde que supone resolver una materia propia de la jurisdicción laboral, mediante un procedimiento que permita a las partes discutir y acreditar los presupuestos de sus respectivas pretensiones.

Séptimo: Que, en tales circunstancias, no aparece establecido en esta sede un derecho preexistente e indubitado del recurrente al subsidio por incapacidad laboral que reclama, pues su procedencia depende precisamente de la resolución de la controversia antes descrita, lo que impide adoptar por esta vía cautelar la medida solicitada, sin perjuicio de los derechos que el actor pueda hacer valer ante la sede jurisdiccional correspondiente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-5220-2026.